Para entender mejor
El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, se perfilaba para ser juez en la próxima elección judicial.
Con su denuncia, Rosalinda Ávalos consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales, que el comité de selección no había detectado. Sin embargo, la mujer tiene que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados.
Pese a que hay nueve detenidos por el ataque a sus hijos ocurrido en 2020, Rosalinda Ávalos no ha logrado que los lleven a juicio. En los últimos meses, uno de ellos obtuvo prisión domiciliaria, por lo que ella teme que se dé a la fuga; y el fin de semana pasado, autoridades del Centro de Readaptación Social de La Pila en San Luis Potosí liberaron “por error” a otro de los implicados, autor material de la muerte de su hija Daniela, de 18 años, y su hijo Carlos, de 20.
Rosalinda Ávalos, quien continúa como policía de investigación en San Luis Potosí, se enteró el lunes pasado de esa liberación, cuando amistades y familiares le alertaron. Así supo que Felipe Prisciliano N. quedó libre hasta que autoridades del Cereso se dieron cuenta y lo reaprehendieron 20 horas después.
“Él es sicario, saben la peligrosidad, ellos lo quieren minimizar, decir ‘ya no pasó nada, ya lo agarramos otra vez’. Pero fueron casi 24 horas o 20 horas que estuvo sustraído. ¿En 20 horas qué pudo haber hecho? Nada les costaba avisarnos o mandarnos una unidad, avisarnos que tuviéramos precaución. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me busca, nos busca?”, dice en entrevista.
Ávalos, quien pertenece a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, está analizando una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie una investigación contra el personal del Cereso.
“Todos tenemos errores. Pero debían haber aceptado el error y avisarnos. O mandarnos una unidad, no sé, tomar alguna medida. Pero les valió, les valimos. Les valió la seguridad de mi hija, la mía, ocultaron todo. (…) Mi hija ya estaba asustada porque ella lo identificó, él fue el que le disparó. Dice que tiene mucha ansiedad, mucho miedo desde que pasó, que se enteró de este sujeto que estaba en libertad. Ella tiene estrés postraumático….”.
Tras dos décadas como policía en San Luis Potosí, la vida de Rosalinda dio un vuelco el 11 de septiembre de 2020. Mientras trabajaba halló a dos de sus compañeros, agentes ministeriales, a bordo de una camioneta robada. La policía jaló del hilo y descubrió una red de encubrimiento y corrupción policiaca.
Rosalinda Ávalos recibió amenazas y lo notificó a sus superiores, pero no recibió protección. Justo dos meses después, la tarde del 11 de noviembre de ese año, la policía de investigación recibió una llamada de una de sus hijas, Yajaira —única sobreviviente— quien le avisó que les habían disparado a ella, a su hermana Daniela y a su hermano Carlos a bordo de su automóvil afuera de su vivienda.
A partir de diciembre comenzaron las detenciones de los implicados, cinco en total. Con las investigaciones, Rosalinda supo que cuatro policías acompañaron a los sicarios el día del ataque y les señalaron dónde vivía la familia. Esas son las nueve personas detenidas, de una veintena que la madre de familia tiene identificados bajo lo que denomina “el cártel de la ministerial”.
La liberación por error de uno de los implicados en el ataque a su familia no es el primer caso con el que tiene que lidiar Rosalinda Ávalos. Unos meses antes, el 18 de diciembre de 2024, un juez concedió un cambio de medida cautelar a otro de los imputados, José Guadalupe N., y le otorgó la prisión preventiva justificada, por lo que se encuentra en su domicilio.
Para Rosalinda, el juez se excedió y no consideró el peligro que pueden correr las víctimas. Ella teme que se dé a la fuga y tome represalias contra ella o su hija.
“Como es de alta peligrosidad, en cualquier momento puede decidir darse a la fuga”, advierte.
Ahora, Rosalinda tiene que estar monitoreando de forma constante si esa persona continúa en prisión domiciliaria, con una patrulla afuera custodiándole.
Cuatro años después del ataque contra sus hijas, Rosalinda Ávalos dice que se siente frustrada y agotada de permanecer alerta de su propia seguridad y la de su hija, pendiente además de vigilar que ninguno de los nueve detenidos por el caso sean liberados.
“Sientes como cuando vas nadando contra la marea, que ya vas, avanzaste un paso y te regresas 10 (…) Eso de que maten a los hijos es algo muy fuerte. O sea, mis propios compañeros, ¿te das cuenta?”, cuestiona.
En la entrevista, la mujer relata que a pesar del cansancio y la frustración, mantiene su lucha por amor a sus hijos y la necesidad que tiene de que su hija Yajaira sepa que ella no tiene ninguna implicación en algún delito, como sugirieron algunas personas cuando se dio a conocer el ataque a su familia.
“Todavía está mi hija. Mucha gente habló muy mal de mí al principio, esa es otra de las cosas que me da ese valor, limpiar mi nombre y que mi hija sepa que yo no hice nada mal. O sea, porque entre sus crisis me ha culpado a veces de que por mi trabajo ella perdió a sus hermanos. Entonces, como que esa situación de demostrarle que era un trabajo, que era mi trabajo, al que yo amaba también, al que yo le dediqué muchos años”.
Desde hace cuatro años, Rosalinda tuvo que colocar cámaras en su vivienda. Tener cuidados especiales en las rutinas y trayectos propios y los de su hija.
“Eso no es vida. No solamente me tengo que cuidar del cártel de los Jaliscos, me tengo que cuidar del cártel de la ministerial, de mis propios compañeros”.
Además, la mujer dice que tiene que estar pendiente de que los procesos jurídicos de estas nueve personas marchen como debe ser.
Luego de que se dio prisión domiciliaria a José Guadalupe N, el 18 de diciembre pasado, el juez anunció que giraría un oficio para que la Fiscalía se encargue de las medidas de protección para Rosalinda y su hija.
En esos días, también hubo amenazas contra periodistas que difundieron el caso. Sin embargo, fue hasta el 6 de enero de 2025, cuando el Ministerio Público decretó las medidas de protección en respuesta a un oficio que Rosalinda y su asesor ingresaron en diciembre.
El 7 de enero comenzaron las medidas de protección a cargo de la Guardia Civil estatal. Pero Ávalos solicitó que la cuidaran elementos de la Guardia Nacional. Espera que la corporación le dé protección a partir de este 8 de marzo, día internacional de las mujeres.
Uno de los raperos más influyentes de la industria musical de EE.UU. enfrenta graves acusaciones relacionadas con el tráfico sexual, algo que él rechaza. Aquí te contamos qué se espera de este juicio.
El rapero Sean “Diddy” Combs, uno de los íconos de la música de Estados Unidos, se enfrenta desde este lunes en un esperado juicio a la acusación de dirigir una extensa operación de trata de personas y explotación sexual.
Los cargos contra Combs, de 55 años, incluyen conspiración para extorsionar, trata de personas con fines de explotación sexual y proveer transporte para el ejercicio de la prostitución.
De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
El rapero también se enfrenta a decenas de demandas civiles de particulares que lo acusan de utilizar su influencia para drogar, agredir, violar, intimidar y silenciar.
Combs se declara inocente de los cargos penales y rechaza las demandas civiles que califica como intentos de “obtener un dinero rápido”.
En el proceso penal federal que se instruye en Nueva York, Combs está acusado de asociación ilícita, dos cargos de trata de personas con fines de explotación sexual y dos cargos de transporte para el ejercicio de la prostitución.
Muchas de las acusaciones más graves se refieren al cargo de conspiración para la extorsión.
Se le acusa de secuestrar, drogar y coaccionar a mujeres para que realizaran actividades sexuales, a veces con armas de fuego o amenazas de violencia.
En una redada en su mansión de Los Ángeles, la policía encontró suministros que, según ellos, estaban destinados a ser utilizados en orgías, incluidas drogas y más de mil botellas de aceite para bebés.
Por otra parte, Combs se enfrenta a varias demandas en las que se le acusa de violación y agresión.
Tony Buzbee, un abogado de Texas que se ocupa de algunos de estos casos, dijo que más de 100 mujeres y hombres de todo el país han presentado demandas contra el magnate del rap o que tenían intención de hacerlo.
En diciembre de 2023, una mujer señalada en los documentos judiciales como Jane Doe alegó que fue “violada en grupo” por Combs y otras personas en 2003, cuando tenía 17 años. Afirmó que le habían suministrado “grandes cantidades de drogas y alcohol” antes de la agresión sexual.
El equipo legal de Combs desestimó la avalancha de demandas como “claros intentos de conseguir publicidad”.
Los problemas legales actuales de Combs comenzaron a finales de 2023, cuando fue demandado por abuso violento y violación por su exnovia Cassie Ventura.
Esa demanda se resolvió por una cantidad no revelada de dinero un día después de que se presentó, aunque Combs sostenía que era inocente.
Desde entonces, docenas de personas han presentado demandas acusando a Combs de agresión sexual, incluidos algunos señalamientos que se remontan a 1991.
Combs niega todas las acusaciones.
Su controvertida historia con Ventura resurgió en 2024, cuando la cadena de noticias CNN filtró imágenes de cámaras de seguridad de 2016 en las que se veía a Combs pateando a su exnovia mientras yacía en el suelo del pasillo de un hotel.
Entonces el músico se disculpó por su comportamiento, diciendo: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video”.
En una declaración a la BBC sobre los cargos penales federales, el abogado de Combs dijo: “El señor Combs y su equipo legal confían plenamente en los hechos y en la integridad del proceso judicial.
“En los tribunales prevalecerá la verdad: que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie, ni hombres ni mujeres, ni adultos ni menores”.
Los abogados presentaron posteriormente una moción para desestimar una parte de la acusación federal en la que se le acusa de proveer transporte para el ejercicio de la prostitución. Su equipo argumentó que se le acusaba injustamente por su raza.
En una vista celebrada en Nueva York una semana antes del inicio oficial del juicio, sus abogados declararon ante el tribunal que el rapero llevaba el “estilo de vida” de un swinger y que no era un delincuente.
Dijeron que le parecía “apropiado” tener múltiples parejas sexuales, incluidas trabajadoras sexuales.
Los abogados de Sean “Diddy” Combs han negado en todo momento las acusaciones formuladas contra él en las demandas civiles, calificándolas de “repugnantes” y sugiriendo que fueron hechas por “individuos que buscaban dinero fácil”.
Si es declarado culpable del delito de conspiración, Combs se enfrenta a cadena perpetua.
Se enfrenta a otra pena mínima de 15 años si es declarado culpable de trata de personas. El transporte con fines de prostitución conlleva además una pena máxima de 10 años.
Combs está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, desde su detención el 16 de septiembre de 2024.
La prisión ha sido denunciada por organizaciones civiles e incluso por jueces de estar superpoblada y no tener personal suficiente, además de mantener una cultura de violencia.
Sus abogados defienden su puesta en libertad, citando las “horribles” condiciones de la cárcel, pero un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de libertad bajo fianza, alegando que Combs representa un “grave riesgo de fuga”.
Los fiscales habían alegado anteriormente que Sean Diddy Combs había infringido las normas penitenciarias al ponerse en contacto con posibles testigos. Lo acusaron de realizar “esfuerzos incesantes” para “influir de forma corrupta en el testimonio de los testigos”.
Un juez concedió a Combs permiso para llevar ropa no carcelaria durante el juicio, en lugar del uniforme que usan los internos.
Cuando compareció ante el tribunal para la selección del jurado, el rapero llevaba un suéter azul y una camisa blanca con gafas en la cabeza.
Combs, también conocido como Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love y Brother Love, reescribió las reglas del hip-hop poco después de aparecer en la escena musical en la década de 1990.
Sus primeros éxitos musicales los consiguió al lanzar las carreras de Mary J Blige y Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls o Notorious B.I.G.
Su sello discográfico Bad Boy Records se anotó un triunfo temprano con el álbum de Biggie Smalls Ready to Die, que alcanzó un disco platino. Pronto se convirtió en uno de los sellos más importantes del rap e incorporó a figuras como Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey y Jennifer Lopez.
Combs también ha desarrollado una prolífica carrera empresarial al margen de la música. En 2007 firmó un acuerdo con la empresa británica de bebidas Diageo para promocionar la marca francesa de vodka Cîroc en Estados Unidos.
En 2023 publicó su quinto disco, The Love Album: Off The Grid, y obtuvo su primera nominación como solista en los premios Grammy. También fue nombrado icono mundial en los premios MTV de ese año.
Durante décadas de logros, Combs también se enfrentó a múltiples desafíos legales.
En mayo de 1999 fue detenido como sospechoso de agresión. En marzo de 2001 fue declarado inocente de los cargos de posesión de armas y soborno en relación con un tiroteo ocurrido en 1999 en un club de Nueva York.
En 2003, fue demandado por amenazar a su socio comercial con un bate de béisbol, y en 2015 fue detenido por cargos de agresión contra el entrenador de fútbol de su hijo.
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