En un acto considerado histórico, las Fuerzas Armadas mexicanas y víctimas de la llamada “guerra sucia” se encontraron el pasado 22 de junio en el Campo Militar Número 1, la base militar más grande de México y en la que se ha documentado la existencia de cárceles clandestinas para integrantes del movimiento contrainsurgente en este país. Pero desde la perspectiva de las sobrevivientes y familiares de víctimas, se trató de un acto revictimizante en el que se exculpó a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y que puso en duda su confianza en la recién creada Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. 

Esta crónica reconstruye los detalles del encuentro, la preparación, las motivaciones y la experiencia de las sobrevivientes y familiares de víctimas que decidieron asistir al lugar donde, 50 años atrás, ellas o sus familiares fueron encarceladas ilegalmente, torturadas o vistas por última vez antes de desaparecer, así como las impresiones sobre el futuro de la comisión.

Entrar al lugar que desde niña evoca tus peores pesadillas, que es el epicentro del horror y del dolor, no es una decisión fácil de tomar, dice Tania Ramírez, militante de la organización H.I.J.O.S. México, integrada por hijas e hijos de personas desaparecidas, la mayoría en el periodo considerado como “guerra sucia” en México. Tania se refiere al Campo Militar Número 1, donde encarcelaron ilegalmente, torturaron y desaparecieron a su padre, Rafael Ramírez Duarte, en junio de 1977, cuando ella apenas era una bebé. En ese mismo lugar estuvieron detenidas clandestinamente al menos otras 13 personas conocidas suyas o de su familia.

El Campo Militar Número 1 es la base militar más grande de todo el país. Ahí están las oficinas centrales de las Fuerzas Armadas y su cárcel principal; también hay unidades habitacionales para los soldados y sus familias. Se trata de un terreno de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, totalmente enrejados y custodiados por grupos de uniformados que todo el tiempo se mantienen vigilantes detrás de las puertas cerradas. 

El día 22 de junio de 2022, 45 años después de que su padre fue desaparecido, Tania y otras familias decidieron asistir a un evento al Campo Militar Número 1, invitadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob). La invitación, enviada apenas cinco días antes del evento, prometía el “Arranque de los trabajos de coordinación para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico entre la Sedena y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.

En este acto público, el presidente de México y jefe de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, ordenaría al Ejército abrir por primera vez sus archivos e instalaciones para la Comisión de Acceso a la Verdad, un mecanismo impulsado por las víctimas y creado por la Segob en 2021. 

Prepararse para entrar a la casa del perpetrador

“Es de las decisiones más pesadas de mi vida”, cuenta Tania, una mujer de 45 años, pequeña, pero con un discurso desafiante. Tania estaba en un viaje de trabajo y no sabía si tendría la fuerza emocional para entrar a la cueva del lobo. De último momento, decidió ir. Tomó un avión en la madrugada desde el lugar donde estaba hasta la Ciudad de México y se reunió con sus compañeras del colectivo para prepararse.

“Yo no sé si hay quien dimensione eso (el impacto emocional de entrar a la casa del perpetrador). Había personal de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) que lo más que llevaban eran cajitas de kleenex. Cuando nos pusimos furiosos con toda la gritoniza que se armó, se acercaban a darnos contención emocional. Tienen buenas intenciones, pero no tienen idea de la trayectoria en manejo de crisis que una tiene que hacer con unas cosas así”, narra Tania.  

Alba Santiago Navárez, otra de las víctimas, se enteró del evento convocado en el Campo Militar un día antes. Como Tania, también dudó mucho en ir. Pero la idea de su madre, Elda Navárez Flores, regresando sola al sitio en el que estuvo recluida ilegalmente en 1979, la convenció. También el sentido de comunidad que ha forjado a lo largo de décadas de pertenencia al Comité ¡Eureka!, organización nacida en México que aglutinó a madres y familiares de desaparecidos de 1970 a 1980. 

Una noche antes de entrar al Campo Militar, Tania y las otras hijas e hijos de víctimas de la “guerra sucia” se preguntaron: ¿será prudente acudir, participar, entrar a ese lugar? Decidieron ir. Eligieron algunas frases que llevarían en carteles, los imprimieron y, al día siguiente, los escondieron debajo de la ropa para no ser descubiertas. Hasta ese momento no estaban seguras de cómo usarían esos afiches.

“Era importante vehicular en algún objeto material los nervios de la noche anterior —que por supuesto hubimos quienes no pudimos dormir bien— y tener algo en las manos para mantenernos paradas y con dignidad ahí adentro. No sentir solamente que íbamos a llenar un evento en el que éramos invitadas para la foto de los novios”, reflexiona Tania. 

También hubo quienes decidieron no entrar “por una cuestión de principios políticos, de con quién se coopera y con quién no”. Afuera de las instalaciones militares se quedaron algunas integrantes del Comité ¡Eureka!, esposas de militantes desaparecidos, repartiendo volantes que ellas mismas escribieron, imprimieron y recortaron. “Siempre creo que cuando no se puede tener toda la capacidad y la fuerza del Estado, y los recursos, la dignidad se mantiene en esas pequeñas enormidades que hace la gente imprimiendo en su casa el día anterior, recortando con sus tijeras en sus cocinas”, relata Tania.

Lealtad militar 

La cita fue a las 8:00 de la mañana, aunque el evento empezó hasta las 10:00. En la puerta tres del Campo Militar, las y los soldados pidieron nombres y credenciales, revisaron sus listas impresas en computadora y hablaron por sus radios. No dejaron entrar a nadie que no estuviera en las listas de invitados elaboradas por Gobernación, la Oficina de Presidencia o ellos.

Las y los soldados pidieron a la prensa entrar en fila, custodiada y caminando por donde indicaban, sin posibilidad de explorar o retrasarse. Adentro, el predominio del color verde, en los edificios, en el campo. Limpieza, silencio, quietud. A la mitad del camino, un helicóptero del que colgaba un muñeco que representa a un militar y simula saltar interrumpió la parsimonia del recorrido. “Leales entre los leales”, se leía en letras grandes, irremovibles, en uno de los edificios centrales de este Campo Militar Número 1.

No lo anunciaron, pero la explanada en la que se llevó a cabo el evento de “reconciliación”, como diría después el presidente, fue la Glorieta de Las Águilas, del Batallón de Fusileros Paracaidistas, nombrada así en honor a uno de los grupos más importantes de élite del Ejército, utilizados en la contrainsurgencia en la década de 1970.

Las víctimas de la “guerra sucia”, aproximadamente unas 70 personas, registraron estos símbolos desde los autobuses de la Segob en los que entraron.  

El evento —organizado por la Sedena, la Oficina de Presidencia y la Subsecretaría de Derechos Humanos— pretendía ser un acto simbólico de apertura de la institución para entregar sus archivos y someterse al escrutinio público para permitir el esclarecimiento de los hechos en la “guerra sucia”. Sin embargo, estuvo repleto de símbolos de lealtad castrense y terminó convirtiéndose en lo que Tania llamó “una boda apocalíptica improbable”.  

En la explanada del Campo Militar en la que se dispusieron los asientos, de un lado se encontraban varias filas de uniformados, mientras del otro estaban las víctimas invitadas. Además, después de escuchar el discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, Tania comprendió que algunos civiles que estaban del lado de los militares eran elementos retirados o familiares de algunos caídos en combate durante la “guerra sucia”.

Aunque este encuentro fue impulsado por la Segob como parte clave de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, que inició formalmente el 10 de diciembre de 2021 (Día Internacional de los Derechos Humanos), la Sedena se impuso en cada detalle.

En las mamparas que suelen colocarse detrás del estrado en los eventos oficiales, la Sedena cambió el nombre “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990” por “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990”, sustituyendo el concepto “violaciones graves a los derechos humanos” por “hechos ocurridos”. La diferencia no es menor: una violación grave a los derechos humanos es una conducta en contra de los derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad (como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales), cometida por agentes del Estado, de acuerdo con el derecho internacional.

Además, la maestra de ceremonias de la Sedena nombró a las y los funcionarios, a las y los elementos de las Fuerzas Armadas y a sus familiares presentes. Pero nunca nombró a las familias de quienes fueron desaparecidos, torturados o asesinados por la contrainsurgencia.

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La primera en ocupar su asiento en el estrado dispuesto para la ceremonia fue la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del emblemático Comité ¡Eureka!. Subió acompañada de Micaela Cabañas Ayala, hija de Isabel Ayala Nava, detenida, encarcelada y torturada en ese mismo Campo Militar. Hace casi 48 años, en noviembre de 1974, Micaela, con dos meses de nacida, fue llevada a ese lugar junto a su madre, ambas, por ser familiares del guerrillero Lucio Cabañas. Aprendió a hablar y a caminar recluida, y su presencia fue utilizada por los militares para torturar a su madre, según contó durante su intervención.

Los siguientes en aparecer en escena fueron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo; el director general de Derechos Humanos de la Sedena, Ángel Primitivo Flores González, y Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenida en ese lugar y posteriormente desaparecida. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el secretario de la Defensa subieron al estrado juntos.

El primero en hablar fue el subsecretario de Derechos Humanos, quien relató: “En este lugar, en el mes de julio de hace 46 años, se instaló una de las agrupaciones represivas más temidas en el país: la Brigada Blanca, integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de la Segob y la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial y la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Policía Militar. Desde este lugar, hace 51 años, se implementó el ‘Plan Telaraña’ para combatir y desarticular las guerrillas encabezadas por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Desde esta zona, de Lomas de Sotelo, se emitió un telegrama a la comandancia de la zona militar de Chilpancingo, Guerrero, ordenando (…) localizar, hostigar, capturar o exterminar a las guerrillas que operan en esa región”.

Encinas calificó ese momento como un “día inimaginable” en el que las víctimas de tortura volvieron al lugar que fue su infierno. Un evento en el que militares, desde el secretario de Defensa, pasando por altos mandos y uniformados, escucharon de la boca de las víctimas: “Aquí fueron interrogados, torturados y mutilados nuestros padres y madres”, mientras los miraban a tan solo unos metros de distancia. 

Por tener la oportunidad de desenmascarar a la institución perpetradora en su propia casa, Alicia de los Ríos consideró el evento como un día histórico. Con todo, resaltó al gran actor ausente: la Fiscalía General de la República, que no participó en el acto. Su presencia era clave porque muchas de las víctimas tienen procesos judiciales abiertos que han permanecido rezagados por décadas. “No habrá verdad sin justicia. Y sin justicia tampoco podrá haber paz”, dijo Alicia en su intervención. 

Sentada de lado del presídium, Alicia observó a los dos actores de esa disputa desequilibrada y desigual: por un lado, sus compañeras de colectivos de familiares y sobrevivientes de la “guerra sucia”, quienes han dedicado su vida a la protesta social para exigir verdad, justicia y reparación, y aún no se les reconoce; por el otro, las familias de los perpetradores caídos, quienes han recibido por años el reconocimiento, el apoyo económico y la protección de la institución militar.

Como la mayoría de las personas, Alicia no notó en ese momento el cambió del concepto “violaciones graves a los derechos humanos” por “hechos ocurridos”. Ahora que lo sabe, responde: “Para mí es evidente que hay una resistencia a aceptar que cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Son sofismas. Por más que intenten cambiarlo en la mampara de ahí, hay un decreto. A mí me parece que les incomoda este concepto, estas categorías, pero cambiarlas en una mampara no cambia el fondo legal que tienen”. 

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Las víctimas escucharon en silencio cada intervención, hasta que tocó el turno del secretario de Defensa. Dejaron transcurrir en calma varios minutos del discurso del general Sandoval, quien se refirió a las violaciones graves de derechos humanos como “los hechos ocurridos”, “las acciones realizadas”, “los hechos que marcaron un hito”, “las medidas que buscaron garantizar la seguridad y el orden constitucional”, “los hechos del pasado”. En su exposición nunca usó un término que hablara de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército. 

Después de que el secretario de Defensa empezó a enlistar números de fojas, solicitudes de transparencia y documentos que ha entregado para la resolución de otros casos de personas desaparecidas, principalmente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Octaviano Garvasio Serrano, hijo del desaparecido Octaviano Garvasio Benítez e integrante del Colectivo de Esposas e Hijos Desaparecidos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, gritó: “¡Díganos dónde están nuestros familiares, secretario!”. 

“Nunca pensamos que se llegara a este extremo. Todos los indicios que hemos ido observando apuntan a que era una simulación y una impunidad sistemática. Lo hemos venido denunciado cada reunión (de la Comisión para el Acceso a la Verdad) y documentos, y cuando ellos nos avisaron de esta reunión, el pasado viernes, apenas, pues no nos explicaron. Anteriormente nos explicaban cuál era la dinámica de estos eventos con el presidente y quién iba a hablar”, dice Octaviano.

“No nos comentaron de la mecánica (…) ellos se quedan callados cuando les hacemos algunos cuestionamientos que nosotros creemos que son pertinentes. Por ejemplo, ¿dónde está la participación del MP (Ministerio Público)? Después de ese acto, ¿qué significa? Aquí no se trata de actos protocolarios, se trata de que se apersone el MP y se tomen cada una de las diligencias. Y se quedaron callados”, agrega.  

Desde su perspectiva, con estas declaraciones, la Sedena está justificando la actuación de las Fuerzas Armadas en ese periodo: un “exterminio de Estado, acciones de represión extrema, de desaparición forzada, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes”, y  “dando carpetazo” al asunto. “Enfrente de nosotros estaban avalando barbaries cometidas”, lamenta. 

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Con el grito de Octaviano el público comenzó a alebrestarse. Pero fue hasta que el secretario equiparó a los soldados caídos en combate con las personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos que Tania, Alba y sus compañeras decidieron protestar y también desplegaron carteles para la vista de quienes estaban en el estrado. Entraron con ánimo de apertura, escucha y no provocación, “hasta que la víscera no nos dio”, cuenta Alba.

El cierre en el que Luis Cresencio Sandoval se refirió a la solicitud de la inscripción de los nombres de militares caídos fue también interrumpido por el grito: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Alba tomó entre sus manos un cartel que armó ahí mismo con cuatro hojas tamaño carta, que decía: “Si no entra la justicia, ¡de nada sirve entrar!”.

Aun cuando los ánimos de las víctimas ya no estaban en tono para continuar, al general le siguió la exposición del presidente, quien habló de la necesidad de un “acto de reconciliación”. No fue interrumpido, pero conforme avanzaba en su diatriba, más personas del lado de las víctimas se ponían de pie con letreros. El discurso del presidente iba y venía como un péndulo, como si tratara de equilibrar un mismo mensaje para dos actores enfrentados: en un momento apeló a uno de los valores que más se enaltecen desde la institución castrense diciendo: “Agradezco su lealtad, su verdadera lealtad”, y al siguiente agregó: “La instrucción es no ocultemos nada, cero impunidad”.

Después de cantar el himno nacional, los asistentes comenzaron a dispersarse. Tania, Alba, su madre, Elda, y otros más se acercaron a las y los reporteros. Mientras un grupo de víctimas y funcionarios públicos asistentes se saludaban y abrazaban, como en un festejo, ellas expresaban ante las cámaras y grabadoras de la prensa lo agraviadas que quedaban después del evento. Tania, por ejemplo, acabó el evento de frente a la prensa y de espaldas al presídium; sostuvo la pancarta que decía: “Si no entra la justicia, ¡de nada sirve entrar!” y, con ambas manos ocupadas, atoró en el gorro de su chamarra un palo con la imagen de su padre desaparecido con la pregunta “¿Dónde está?”.

Un “último centavo de credibilidad” 

Un día después del acto, Alba evoca la lucha de sus abuelas y madres, quienes durante años hicieron lo que el Estado no hizo: buscar a sus familiares e investigar. Lo único que no hicieron fue hacer justicia por cuenta propia “porque no son igual que los perpetradores”, dice.  

Frente a este esfuerzo que han sostenido las familias, se queja de haber recibido, sexenio tras sexenio, durante más de 40 años, la burla, la indolencia e incluso la humillación de las autoridades. “En el mejor de los casos: las buenas intenciones, que siempre se quedan en eso, en la intención de hacer algo”, lamenta Alba. Y a pesar de esto, las víctimas siempre acuden a los eventos aferradas al “último centavo de credibilidad”, dice Tania. 

“De pronto —reflexiona Alba— ocurren actos como ayer que nos desploman nuevamente esas esperanzas. Nos regresan a la ira y al dolor. Eso fue lo que yo sentí el día de ayer. Haber puesto nuevamente todas tus expectativas, creyendo que esta vez a alguien sí le importa, esta vez sí va a ser diferente, porque este gobierno es diferente, porque está representado por personas que sí entienden el fondo de la situación. Y de pronto te das cuenta de que en el mejor de los casos, el tema sigue sin entenderse: ¿cuál es la exigencia de los familiares, cuál es la diferencia de hablar de guerra sucia y hablar de terrorismo de Estado? Y regresan esas emociones de frustración y dolor, y a la mejor incluso potenciadas porque de verdad estábamos algo convencidos de que había una intención real de cambio en este sexenio”.

El encuentro con la Sedena aún no se traduce en la apertura de los archivos y ocurrió a siete meses de haberse creado la Comisión para el Acceso a la Verdad, cuyo mandato terminará en 2024. Como este, la mayoría de los actos de la comisión han sido protocolarios: su instalación formal el 10 de diciembre, cinco encuentros regionales con víctimas y cuatro sesiones ordinarias del pleno. Además, los cinco mecanismos que la integran han avanzado en la creación de planes de trabajo, pero aún están preparando metodologías y diagnósticos para iniciar el trabajo de campo, de acuerdo con el cronograma de trabajo y otros documentos solicitados vía transparencia. 

Además del esclarecimiento histórico, la búsqueda de los desaparecidos, la reparación y compensación, y el impulso a la memoria y no repetición, esta comisión tiene como mandato el impulso a la justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en ese periodo. Esta última es una de las exigencias más importantes para las víctimas y un momento clave para iniciar las investigaciones es la apertura de dos actores: la FGR y las Fuerzas Armadas. 

Para Alicia, como para otras víctimas, la resistencia que mostró la Sedena en el evento en el Campo Militar Número 1 no es desconocida. “Nosotras debemos saber qué queremos del Ejército hoy. Para mí es claro que cualquier cosa que queramos del Ejército los involucra en lo que ya llaman hechos, pero que son violaciones graves a los derechos humanos. (Queremos) las periciales en las instalaciones, queremos hablar con los comandantes o tropa retirada y necesitamos archivos. No estamos dudando, sabemos que fueron ellos”.