México suma 379 mil desplazados por violencia, pero la ley para atender a esta población lleva tres años congelada en el Senado
En México, cada 24 horas hasta 38 personas dejan sus hogares a causa del crimen organizado, los proyectos mineros, y los efectos climáticos, llegando a un total de al menos 379 mil desplazados en el país al corte de 2021.
De acuerdo con organizaciones civiles como Serapaz, estas cifras, que fueron documentadas por el Observatorio de Desplazamiento Interno, dan cuenta de “una crisis humanitaria” en México; país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar oficialmente en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo.
Sin embargo, todo lo anterior no ha sido suficiente para que los legisladores del Senado de la República aprueben el proyecto de Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que sí recibió luz verde por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados desde el 19 de septiembre de 2020, día en el que se turnó al Senado. Desde entonces, hace ya prácticamente tres años, el proyecto ha permanecido en la congeladora, a pesar de la gravedad de la situación que enfrentan cientos de miles de mexicanos.
Se trata de una iniciativa de ley que prevé una respuesta integral para un problema que apenas fue reconocido por el Estado mexicano desde el pasado 2019, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre otros puntos, proyecta que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas, y además el reconocimiento de quienes huyen como víctimas de desplazamiento a las que el Estado debe atender con ayuda humanitaria, acceso a vivienda digna, trabajo, y educación para los niños.
Pero años después, nada de eso está sucediendo, denunció en entrevista León Alberto Pérez, integrante de Serapaz y del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado, que aseguró que las comisiones en el Senado de Gobernación, Hacienda y de Estudios Legislativos, son las que “están frenando la iniciativa”.
“No sabemos ni entendemos por qué no se aprueba. Para ellos, la excusa es que no hay presupuesto suficiente para atender una crisis humanitaria. Pero para nosotros eso no tiene sentido, porque el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y ahí ya se aprobó esta iniciativa de Ley porque ya la revisaron y ya dijeron que sí podría haber un presupuesto suficiente para operarla”, expuso el activista, que consideró que el motivo por el que no avanza la ley puede ser de falta de voluntad política.
“El Estado no lo está manejando como una crisis humanitaria, no lo está reconociendo como tal, porque hacerlo implica aceptar que has perdido el control en muchos territorios indígenas y rurales, y también en las poblaciones urbanas. Y no sé si, aprobando esta ley, se estaría reconociendo esta crisis, y quizá por ello los senadores no quieran aprobarla en este momento”, apuntó León Pérez.
“A este gobierno ya no le interesan los desplazados”
Teodomira Rosales es directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos, con sede en Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Y es también desplazada por la violencia desde 2020, cuando, como resultado de su activismo en las comunidades expulsoras de personas por la violencia, autoridades municipales y el crimen organizado la amenazaron hasta el punto que tuvo que abandonar su lugar de residencia en la costa chica de Guerrero.
“Este gobierno va de salida y pues está claro que ya no le interesa este tema, ni hacer acuerdos con las víctimas ni los colectivos, pero nosotros seguiremos luchando para que las víctimas tengan un lugar digno para vivir y para morir, y para que los niños tengan acceso a la educación y a las becas”, subrayó en entrevista la activista, que además denunció que, debido a que miles de personas tienen que huir de sus lugares de residencia “solo con lo puesto”, éstas tampoco pueden acceder a las becas y apoyos gubernamentales porque no tienen documentos.
Por ello, los colectivos de víctimas consideran fundamental dos cosas, además de la aprobación de la ley: primero, la tipificación del delito de desplazamiento forzado, para que las personas sean, formalmente, reconocidas como víctimas directas o indirectas de violencia. “Esto ayudaría mucho a reconocer la crisis humanitaria del desplazamiento forzado como una situación de violencia generalizada, sin que las personas hayan tenido que ser agredidas directamente, pues hay muchos casos en los que la gente huye después de que amenazaron, secuestraron o mataron a sus vecinos o familiares”, señaló el activista León Pérez.
Mientras que el otro punto es la creación de un carnet de personas víctimas de desplazamiento, que ayude, por ejemplo, a que, ante la pérdida de documentación como actas de nacimiento o boletas escolares, los hijos de personas desplazadas puedan volver a las escuelas, o que las personas desplazadas puedan acceder a trabajos sin necesidad de contar con todo el papeleo burocrático.
Pero, de nuevo, nada de lo anterior se ha materializado a cinco años de que el Estado mexicano admitió la situación de desplazamiento forzado interno que viven miles de personas en el país, y a casi tres de la aprobación en Diputados.
Hasta el momento, solo se han dado algunos pasos. Por ejemplo, en estados como Guerrero, Michoacán, o Oaxaca, ya tienen leyes estatales, o las están discutiendo, en materia de desplazamiento forzado, mientras que otras entidades como Chihuahua tienen protocolos de actuación.
“Sin embargo, esto no es suficiente. Se necesita un protocolo federal, porque lo que pasa ahora es que muchas personas acuden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o a la Comar, y ahí les dicen que no tienen competencia para ayudarlos, y los van rebotando de un lado para otro porque no hay claridad de quién debe atender y resolver la situación de estas personas”, explicó el activista de Serapaz.
La activista y desplazada Teodomira Rosales, no obstante, no se mostró optimista de que esta ley o protocolo federal vaya a ver la luz antes de que termine este sexenio el próximo año.
“Yo perdí la esperanza”, lamentó. “Porque si este gobierno, que yo lo vi sensible al inicio, y en el que hay personas que vienen de la lucha social, como (el subsecretario de Derechos Humanos) Alejandro Encinas, o el propio presidente López Obrador, no pudieron o no han querido hacer nada con este problema tan grande, que nos rebasa, pues ahora no sé en manos de quién vamos a dejar esta lucha por las víctimas de desplazamiento forzado”, agregó la activista guerrerense, que concluyó diciendo: “Falta mucha voluntad para atender esta crisis humanitaria, y sin eso, no se puede hacer nada”.
Presupuesto para una ley que atienda a personas desplazadas
Por otra parte, este martes se realizó un foro en la Cámara de Diputados sobre los retos del desplazamiento forzado interno. Durante su intervención, la senadora Néstora Salgado dijo que este “es un tema principalmente de recursos”.
“Sí hay intención política, pero es un tema de presupuesto. Y necesitamos que esto se mire desde abajo, desde los pueblos, y no desde los escritorios”, señaló la legisladora, que pidió públicamente una reunión con la Secretaría de Gobernación, al frente de la cual ahora está Luisa María Alcalde, la Secretaría de Hacienda federal, los legisladores, junto con los activistas y las víctimas.
“La parte del presupuesto es muy importante”, abundó. “Pero los derechos humanos también lo son, y ya no podemos argumentar un retraso (en la aprobación de la Ley) por falta de presupuesto, pues el propio presidente López Obrador ha dicho que no hay tope de gasto cuando se trata de defender derechos humanos. Por eso, tenemos que encontrar una ruta para que esta Ley se haga ya realidad”.
Por su parte, Ramón Coria, activista e integrante del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento, recordó que cuando se desplaza a una comunidad indígena, “no solo se rompe su patrimonio, sino que se rompe toda su visión biocultural. Hay un etnocidio, aunque la gente siga viva”.
Además, advirtió que “el Estado mexicano no controla muchas partes del país”, lo que está generando cientos de miles de desplazados, a pesar de lo cual, criticó, el gobierno de López Obrador ha sido muy crítico con las organizaciones civiles que atienden en su mayoría a esas personas que no tienen respuesta del Estado.
“Este gobierno ha sido muy ingrato con la sociedad civil. Hizo tabla rasa y a todos nos metió en el mismo saco de saqueadores del erario”, criticó.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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