Sheinbaum envía reforma para regular trabajo en plataformas digitales; no tomó en cuenta exigencias de trabajadores: colectivo
La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para garantizar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales como Didi o Uber, aunque no tomó en cuenta las propuestas que organizaciones sociales hicieron al respecto.
Los trabajadores habían pedido que en la ley se estableciera que podían trabajar en más de una plataforma digital al mismo tiempo; que tuvieran un esquema especial para pago de impuestos; que recibieran una contraprestación por el desgaste de sus vehículos; que no existieran sindicatos o intermediarios entre ellos y sus patrones, y que se considerara como empleados de plataformas digitales solo a quienes laboraran 40 horas a la semana.
Ninguna de estas exigencias fue incluida en la iniciativa que Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados el martes 3 de diciembre por la noche.
Los trabajadores de plataformas digitales también pidieron que no se establecieran horarios de trabajo fijos, sino que estuvieran activos en el lugar y momento que ellos quisieran. Esto fue atendido por las autoridades de forma parcial.
La reforma a la Ley Federal de Trabajo propone en el artículo 291-E que la persona trabajadora de plataformas digitales tendrá “completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera”.
No obstante, la fracción III del artículo 291-L indica que los trabajadores de plataformas digitales tienen la obligación de “recibir, entregar y prestar las tareas, servicios, obras o trabajos aceptados en los horarios, condiciones y lugares convenidos”.
Luego de que la presidenta Sheinbaum envió su reforma a la Cámara de Diputados, trabajadores de plataformas digitales mostraron su descontento porque no se tomaron en en cuenta sus propuestas al momento de elaborar el proyecto.
“Reiteramos nuestra apertura al diálogo, pero también nuestra posición de tener una reforma que nos proporcione derechos, sin retirar la flexibilidad que caracteriza nuestro modelo de trabajo, por la cual muchas personas han entrado, como estudiantes, madres, padres, así como personas que buscan un ingreso extra”, indicó el colectivo Repartidores Unidos de México.
El colectivo pidió retomar el diálogo con Maiella Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, así como con Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena. De igual forma con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que los recibieron el pasado 30 octubre.
“A pesar de los ofrecimientos de negociación y las mesas de trabajo, estas siempre han estado acompañadas de secretismos, tratos condescendientes y de promesas incumplidas o engaños, para hacer ver que esta reforma se ha ‘dialogado’ y ‘acordado’ con todas las partes”, reclamó el colectivo Repartidores Unidos de México.
Reforma concede prestaciones sociales a trabajadores de plataformas digitales
La reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo busca garantizar derechos laborales a quienes trabajan en plataformas digitales que cada vez crecen más en México. Ejemplo de ello son empresas como Uber, Didi, Rappi o Cabify.
La iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum garantiza que los trabajadores de estas plataformas tengan derecho a un aguinaldo, vacaciones, utilidades, días de descanso e indemnización en caso de terminar la relación laboral.
Si una persona trabajadora genera ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo de la Ciudad de México, también tendrá derecho a ser inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que su patrón retenga sus cuotas obrero patronales, además de que realice aportaciones correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El trabajador y la empresa que administra una plataforma digital tendrán que firmar un contrato con todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. El documento será revisado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La iniciativa fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para su dictaminación.
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El presidente llega a los 100 días de su segundo gobierno con varias medidas encaminadas, pero encuentra obstáculos a algunos impulsos reformistas.
En los primeros 100 días de su segundo mandato, Donald Trump mostró que busca ampliar el poder de por sí descomunal que tiene como presidente de Estados Unidos.
Ha invocado una autoridad extraordinaria para diversos cometidos: desde remodelar el comercio internacional hasta deportar migrantes sin seguir necesariamente el debido proceso.
Con una catarata de órdenes ejecutivas firmadas en este lapso, el presidente quiere modificar el gobierno de EE.UU. a su gusto y reclama mayor influencia sobre los bufetes de abogados, las universidades y las reglas electorales de su país.
Trump ha indicado incluso que podría buscar un tercer mandato pese a que la Constitución le impone un límite de dos.
Pero Erica Frantz, una profesora de ciencia política en la Universidad Estatal de Michigan experta en autoritarismo, descarta que el apetito de poder de Trump sea mayor ahora que en su primer gobierno (2017-2021).
“Lo que es diferente es su capacidad para tener éxito en la búsqueda del poder”, dice Frantz a BBC Mundo. “Está siendo mucho más exitoso en marginar, silenciar o desmantelar a cualquier individuo, institución o grupo que potencialmente pudiera limitar su poder”.
Sin embargo, Trump 2.0 tampoco se ha salido siempre con las suyas. Y esto se debe en gran medida a tres obstáculos importantes con los que se ha topado hasta ahora:
1. La Justicia
Trump domina a su Partido Republicano, que a su vez tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, por lo que el Poder Judicial es un contrapeso clave del presidente de EE.UU.
Los tribunales federales han suspendido temporalmente medidas polémicas de Trump, como su intento de terminar con la ciudadanía automática que la Constitución otorga a quien nace en el país.
Otro caso notorio en el que intervino la justicia es la deportación de un inmigrante al que Trump acusa de pertenecer a la pandilla MS-13.
Kilmar Abrego García fue enviado a una cárcel de El Salvador junto a otros inmigrantes pese a que un fallo judicial prohibía hacerlo. El gobierno primero dijo que se trató de un error administrativo y luego reivindicó la expulsión.
El asunto llegó a la Corte Suprema, que exigió al gobierno “facilitar” la liberación de Abrego García. Y, ante señales de que esto se demoraba, la jueza federal que supervisa el caso, Paula Xinis, acusó al Ejecutivo de actuar de “mala fe” por negarse a informar sobre el caso y ordenó una investigación inusual al respecto, que luego pausó por unos días.
El máximo tribunal de EE.UU. ha fallado sobre otras acciones del gobierno, por ejemplo al ordenarle que le avise con “tiempo razonable” a los migrantes venezolanos que quiere deportar, para que puedan desafiar legalmente su expulsión.
Pero también ha desactivado bloqueos que jueces de menor rango pusieron a medidas controversiales de Trump, como los despidos de personal y congelamientos de fondos en el gobierno.
Con una mayoría conservadora de seis jueces en nueve —tres de ellos nombrados por Trump—, la Corte Suprema será decisiva en varios de estos casos y, según Frantz, aún está por verse su voluntad de servir de control significativo al mandatario.
“Otros tribunales pueden desempeñar un papel importante, como lo están haciendo, en los intentos de hacer retroceder a Trump”, dice la experta. “Pero en última instancia, si la Corte Suprema cede, la puerta se abre de par en par para que siga la toma de poder y la democracia decaiga”.
2. Harvard
Una de las novedades del regreso de Trump a la Casa Blanca han sido sus esfuerzos para ganar influencia sobre algunas de las principales universidades de EE.UU.
El mandatario y sus asesores sostienen que buscan combatir el antisemitismo que hay en esas casas de estudios desde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza.
Pero las exigencias que el gobierno ha hecho a las universidades, bajo amenaza de cortarles la ayuda financiera federal, van desde reformas internas hasta cambios en las políticas de admisiones, y según sus críticos comprometen la libertad académica.
Muchos se inquietaron cuando la Universidad de Columbia aceptó en marzo varias demandas del gobierno, incluido un cambio de supervisión en su departamento de Medio Oriente, para intentar mantener US$400 millones de fondos y contratos federales.
Sin embargo, en abril Trump y sus colaboradores chocaron con una institución que se negó a cumplir sus exigencias: la Universidad de Harvard.
“Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder— debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, sostuvo el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado.
El gobierno congeló US$2.200 millones de fondos federales para esa universidad de élite, y podría hacer lo mismo con cerca de US$8.000 millones más.
Pero Harvard se mantuvo firme y presentó una demanda contra la administración de Trump, quien a su vez amenazó con quitarle la exención fiscal.
Joshua Sandman, un profesor emérito de ciencia política en la Universidad de New Haven, sostiene que Harvard no consiguió “proteger a estudiantes judíos de agresiones físicas, intimidación y acoso”.
Pero “Trump ha utilizado esto como pretexto para presionar a Harvard para que capitule y cambie su cultura y actitud liberal”, dice Sandman, que es experto en la presidencia de EE.UU., a BBC Mundo.
Tal vez otras universidades que evitaban confrontar a Trump en público hayan tomado nota de la actitud de Harvard ante la Casa Blanca.
La semana pasada, los líderes de más de 400 instituciones de enseñanza terciaria de EE.UU. emitieron un comunicado conjunto “contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ahora ponen en peligro la educación superior estadounidense”.
3. El mercado (y la Fed)
Dos de los mayores retrocesos de Trump desde que asumió el 20 de enero están vinculados a un actor difícil de ignorar: el mercado.
La primera marcha atrás de Trump fue la tregua que anunció en su guerra comercial global, ante caídas extraordinarias en bolsas de valores y precios de bonos del Tesoro por el temor de los inversores al impacto de esa política en la economía.
“La gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo un poco nerviosos”, declaró el mandatario al anunciar en abril que suspendía por 90 días el aumento de aranceles a decenas de países excepto China.
Eso provocó cierto alivio en el mercado, pero Wall Street y los bonos volvieron a caer la semana pasada junto al dólar cuando Trump arremetió contra el presidente de la Reserva Federal (banco central) de EE.UU., Jerome Powell, por resistirse a sus reclamos de bajar las tasas de interés para impulsar la economía.
Trump llegó a pedir en redes sociales el despido de Powell, pese a que su labor es independiente, pero volvió a ceder tras otra reacción adversa del mercado a sus presiones.
“No tengo intención de despedirlo”, declaró el mandatario sobre Powell y el mercado volvió a dar señales de alivio.
Trump también sugirió que podría buscar una salida a la guerra comercial con China, ante advertencias empresariales de que los aranceles de 145% que anunció a importaciones de ese país podrían causar aumentos de precios y escasez de ciertos productos.
“145% es muy alto, y no será tan alto”, declaró Trump a la prensa, aunque China ha descartado negociar bajo coerción y tomó sus propias medidas de represalia comercial contra EE.UU.
Los analistas creen que el mandatario podría volver a cambiar sus posturas en cualquier momento, pero advierten que el mercado ya probó que puede doblarle el brazo.
“(Trump) es un empresario nato, así que claro que le importa cuando el mercado financiero —ya sea la bolsa, los bonos o las monedas— le pone el pulgar hacia abajo”, dice a BBC Mundo Arturo Porzecanski, un economista basado en Washington con experiencia en Wall Street.
A su juicio, también es significativo que Elon Musk anunciara que reducirá “significativamente” su participación en el gobierno de Trump después de que un informe mostró un desplome en los beneficios de su empresa Tesla, atribuido entre otros factores a sus actividades políticas.
“Lo que le saca la alfombra a Trump”, concluye Porzecanski, “es lo que pasa en los mercados”.
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