“Que la calle no lxs calle”: proponen en Congreso CDMX garantizar vivienda, educación y empleo a poblaciones callejeras
Diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano e integrantes de la asociación civil El Caracol presentaron una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, con la que buscan establecer las bases que permitan la “reintegración a la sociedad” de estas personas, teniendo como principio rector su autonomía y voluntad sin discriminación.
De acuerdo con el texto presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, las autoridades facilitarán las acciones para que las personas en situación de calle superen las condiciones de pobreza, con opciones de capacitación, salud, educación y ofertas laborales.
Además, establece que “ninguna persona perteneciente a las poblaciones callejeras o a las poblaciones post calle podrá ser desalojada, desplazada, retirada o reubicada, sin que medie mandamiento judicial emitido por la autoridad competente“, como ocurre actualmente con los operativos de limpieza social.
Aunque la iniciativa reconoce que desde hace décadas en la capital del país se han implementado medidas de apoyo para estas poblaciones, como albergues, indica que “también es cierto que ello no ofrece una solución integral que mejore su vida, pues son lugares de estancia temporal, que muchas veces no cumplen con medidas de salubridad y seguridad mínimas”, además de estar sujetos a la disponibilidad del espacio, por lo que señala que hay una “ausencia de apoyo institucional”.
De acuerdo con el primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Censo 2025 en la Ciudad de México se identificaron a 2 mil 869 personas en situación de calle, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
¿Qué propone la ley para el acceso a derechos de las poblaciones callejeras?
La iniciativa plantea que se requieren mecanismos específicos que permitan a las personas de poblaciones callejeras adquirir una vivienda adecuada, ya sea en propiedad o arrendamiento, con el mínimo de requisitos.
Para ello, propone que haya programas de vivienda que otorguen estímulos fiscales a propietarios que arrienden viviendas a estas personas, así como la existencia de apoyos económicos destinados exclusivamente al pago de renta por parte de las autoridades capitalinas.
En materia educativa, se pide la integración de estas poblaciones a la educación pública, así como la creación de programas de alfabetización y mecanismos que permitan reconocer y acreditar los estudios con los que puedan contar.
También señala que se necesitan guarderías de tiempo completo para sus hijas e hijos, y que se deben celebrar convenios con instituciones educativas para otorgar estímulos fiscales y administrativos a quien otorgue becas, facilite útiles escolares, uniformes y servicio de comedor.
Acerca del derecho al trabajo, se propone la celebración de convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México e instituciones privadas, con el fin de capacitarlos, y la prohibición de que los empleos que se les ofrezcan atenten contra su dignidad o reduzcan su calidad de vida.
Otro derecho que se menciona es el de la salud, para lo cual se pide darles opciones para la atención médica y de desintoxicación, contar con baños y regaderas móviles en zonas de alta concentración de estas personas, así como bebederos de agua potable y vales que les permitan acceder a alimentos nutritivos y balanceados en comedores móviles o comunitarios.
En cuanto a su derecho a la justicia, se busca que cuenten con asesoría y representación jurídica en los procedimientos administrativos o judiciales de los que sean parte.
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Estas competencias estarían bajo la responsabilidad de la Jefatura de Gobierno, las 16 alcaldías, la SEBIEN, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Sistema DIF, el Instituto de la Juventud, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como del Instituto para el Envejecimiento Digno de la capital.
“Las poblaciones callejeras no son un problema qué resolver”, subrayan activistas
Alexia Moreno, coordinadora ejecutiva de la asociación El Caracol, apuntó que iniciativas como esta buscan que no se repitan injusticias e historias de dolor como las que viven a diario las poblaciones callejeras, como Hermelinda, quien murió tras ser llevada a un albergue.
“En El Caracol desde hace 30 años estamos por la causa de que todas las personas merecen vivir una vida digna. Las poblaciones callejeras no son un problema qué resolver, sino un sector que debe tener derechos y que a diario participan en la economía de este país y ciudad, por eso saludamos esta iniciativa que les dota de derechos humanos y lo que busca es que justo estas historias como la de Hermelinda no se repitan”, expresó.
Alonso de la Cruz, educador de El Caracol, señaló que con esta legislación se podría ayudar a cambiar vidas, “ya que casos como el de Hermelinda hay muchos más”.
Royfid Torres, legislador que presentó la iniciativa, explicó que con esta propuesta “lo que intentamos es cambiar el enfoque asistencialista con el que se pretende atender a estas personas y queremos que sean sujetos de derechos, que tengan una concepción de autonomía”.
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El pastor Sergio Amezcua asegura que su iglesia distribuye comida a unas 100 mil personas en Minesota, en su mayoría migrantes que se niegan a abandonar sus casas para evitar ser detenidos en las redadas de las autoridades migratorias de EU
El pastor Sergio Amezcua recibió una llamada de emergencia. Un muchacho se lanzó desde un tercer piso cuando descubrió que agentes uniformados recorrían el edificio donde vivía para detener a migrantes indocumentados.
Amezcua, de 46 años, recuerda que pidió detalles: dónde estaba el muchacho, cómo se encontraba, qué se podía hacer para ayudarlo. Su interlocutor respondió que el joven había resultado herido en la caída.
“El muchacho estaba lavando su ropa en el cuarto de lavandería y cuando escuchó el ruido en el pasillo, rompió la ventana y se tiró para escapar”, explica en una llamada telefónica desde Mineápolis, donde lidera la iglesia evangélica Dios Habla Hoy.
El migrante caminó alrededor de un kilómetro hasta que unos vecinos le dieron refugio, cuenta el pastor. “Cuando se le ayudó, estaba sin zapatos ni camisa, andaba en shorts en temperaturas bajo cero, tocando puertas y llorando”.
Amezcua asegura que recibe llamadas sobre casos diferentes todos los días desde la primera semana de diciembre del año pasado, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) inició las redadas en Minesota.
Una mujer de su congregación se arrodilló con su bebé en brazos ante uniformados de ICE para pedir que no se llevaran a su esposo, un gesto que quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales.
En otro caso, un hombre permaneció escondido en una construcción durante cuatro horas, en temperaturas bajo cero, para escapar de una redada de ICE.
“Me llaman para pedir que ayudemos a localizar a familiares que fueron detenidos, para ver si les podemos conseguir un abogado o para pedir comida, leche y pañales”, detalla Amezcua. “Muchas veces nos piden asistencia para pagar la renta”.
“Los agentes están cazando a la gente común y corriente cuando sale de los apartamentos a tirar la basura. Es muy feo lo que se está viviendo en Minesota”.
En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que más de 2,5 millones de migrantes irregulares abandonaron Estados Unidos en 2025.
Más de 605.000 fueron deportados, en medio de una ofensiva nacional que lanzó el gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes indocumentados.
Feligreses que no se congregan
Amezcua nació en México. Llegó a Minesota hace 24 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense. Hace más de una década, fundó una iglesia evangélica que oficia servicios en inglés y en español para una feligresía mayoritariamente latina.
En mayo del año pasado, la mayor comunidad de migrantes de Minesota provenía de México, con 59.137 habitantes, seguida por ciudadanos somalíes (42.503) e indios (30.632), de acuerdo con cifras de la legislatura estatal.
Aunque Minesota alberga menos del 1% de los cerca de 14 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, según estimaciones del Migration Policy Institute, el gobierno de Trump ordenó el mayor despliegue de ICE precisamente en este estado fronterizo con Canadá.
La Operación Metro Surge supuso la movilización de más de 2.000 agentes federales en Mineápolis desde diciembre del año pasado, con el objetivo de capturar y deportar a migrantes indocumentados.
Esta decisión fue anunciada después de que estallaran varios escándalos de presuntos fraudes de fondos públicos que involucraban a miembros de la comunidad somalí de Minesota.
En uno de estos casos, un YouTuber partidario de Trump mostró en un video supuestas guarderías administradas por somalíes que no estaban operativas, a pesar de que recibían dinero público.
En respuesta a la polémica, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ICE haría una investigación “puerta a puerta” en medio del “fraude” de las guarderías en Minesota.
Sin embargo, los habitantes de Mineápolis salieron a protestar contra la presencia de ICE, especialmente después de que agentes federales dispararan y mataran a Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, dos ciudadanos estadounidenses que se resistieron a la detención de los migrantes.
El arresto de Liam
La indignación provocada por estos casos se agravó luego de que un transeúnte fotografiara a un funcionario de ICE cuando sujetaba por la mochila a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que fue arrestado junto con su padre el 20 de enero a las puertas de su casa, también en Mineápolis.
“¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”, cuestionó en su momento Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.
“ICE NO tenía como objetivo a un niño”, replicó DHS en un comunicado difundido en X.
Días después, Liam y su padre fueron liberados del centro de detención de Texas al que fueron transferidos y regresaron a Mineápolis.
Más allá del debate público, Amezcua advierte que los migrantes han optado por replegarse en sus casas y limitar sus movimientos para evitar toparse con patrullas de ICE, una decisión que repercute incluso en la vida espiritual de los habitantes de Mineápolis.
“El 80% de los feligreses no se están congregando por temor a ICE. Estoy hablando de gente ciudadana, legal, de todo tipo, porque han arrestado ciudadanos y la gente no quiere que sus hijos pasen el trauma de esa experiencia”.
El pastor percibe el temor incluso dentro de su casa, a través de sus hijas adolescentes. “Cuando llega un paquete de Amazon a mi casa, muchas veces los repartidores van con las caras cubiertas por el frío y mis hijas se asustan porque piensan que es ICE”.
“El trauma es colectivo y atraviesa a todas las personas, no solamente a los migrantes sino también a la gente nacida acá”.
“Si necesitas una despensa…”
Amezcua se enfrentó al reto de coordinar ayuda humanitaria para los miembros de la iglesia por primera vez durante la pandemia, cuando las familias se vieron obligadas a permanecer en casa debido al confinamiento.
Pero desde que ICE recorre las calles de Mineápolis, el pastor lidera una operación masiva para llevar comida a los migrantes que temen correr el riesgo de ser capturados en las calles y luego ser deportados a sus países de origen.
La ayuda se anuncia a través de las cuentas de la iglesia en redes sociales. Y desde su chat personal, el pastor responde con un mensaje que invita a inscribirse en una lista para recibir una despensa de comida en los próximos siete días.
“Estamos apoyando a más de 100.000 personas en nuestra comunidad, repartiendo entre 175 a 200 toneladas de comida a la semana”, explica. Los alimentos son costeados por miembros de la iglesia, bancos de comida y fundaciones que los apoyan.
Amezcua asegura que la iglesia entrena a los voluntarios que se ofrecen a repartir la comida. En este momento, 4.000 personas colaboran con esta tarea.
“No puedo dar detalles pero si ellos ven que ICE los está siguiendo, se regresan y no entregan la comida”.
La ayuda para una familia contiene vegetales, frutas, pastas, salsas, proteína, leche y queso.
“Varía un poco todos los días, pero incluye: tortillas, harina, masa, aceite, azúcar, sal, jabón, pañales, fórmula y papel de rollo”.
El reto que busca superar la mañana que conversamos es conseguir un camión propio o rentado y una bodega para almacenar los productos.
“Hay mucha ayuda y no tenemos dónde poner toda esa materia prima”.
Los feligreses no sólo evitan ir al supermercado. Muchos también dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas y no acuden al hospital cuando caen enfermos.
“Es un esfuerzo colectivo”, dice el pastor. “Estamos aquí para ayudar, no para hacerle frente a ningún gobierno. No preguntamos quién tiene documentos. Al que pide ayuda, se le ayuda”.
Aunque prefiere no dar mayores detalles sobre el migrante que se lanzó del tercer piso, el pastor asegura que sobrevivió y se está recuperando.
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