Aumentan casos de sobredosis de fentanilo en 636 %; poblaciones callejeras las más vulnerables, alerta ONG
La llegada del fentanilo a Baja California ha ocasionado cambios significativos en las dinámicas de consumo para la población usuaria de drogas en el espacio público, asegura la organización Elementa DDHH en su estudio “Entre la calle y el uso: situación de los derechos humanos de personas que habitan calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali”.
Entre ellos están el aumento de los riesgos a la salud por su potencialidad; un mayor número de lesiones físicas, ya que si bien el fentanilo es más potente, sus efectos psicoactivos tienen menor durabilidad; la presencia de un síndrome de abstinencia más resistente que aumenta la cantidad de sustancias a usar, así como un alarmante aumento en el número de sobredosis fatales y no fatales.
De acuerdo con el documento, entre 2019 y 2021 la cantidad de personas tratadas por sobredosis de fentanilo en México aumentó en un 636 %; la mayoría ocurrió en Sonora y Baja California. Al mismo tiempo, esto ha potenciado las vulneraciones a derechos humanos en Mexicali y Tijuana, así como la obstaculización a servicios de salud en condiciones de dignidad.
Sin embargo, la ausencia de datos sobre el consumo y sus dinámicas por parte del gobierno federal, que suma ocho años sin recabar datos sobre drogas, y el gobierno de Baja California ha generado vacíos que ponen a las personas usuarias en constante riesgo y permiten políticas discriminatorias en contra de la población que usa sustancias y habita la calle.
El documento recuerda que a partir de 2019, las pruebas positivas empezaron a aumentar exponencialmente, lo que demostró que tres cuartas partes de las sustancias que se vendían en las calles de Tijuana y Mexicali estaban mezcladas con fentanilo que se vendía como heroína. Para 2023, un 100 % de las pruebas que realizaron las organizaciones que dan servicios de reducción de daños resultaron positivas a fentanilo, mientras que el 90 % de la población usuaria lo fue mediante un policonsumo entre heroína, fentanilo y metanfetamina.
En este contexto, la mirada hacia las personas usuarias “está fuertemente condicionada y estigmatizada en razón de su condición social; por eso cuando una persona que habita las calles es encontrada con una sustancia psicoactiva, tiene mucho mayor riesgo a ser detenida”, sostiene la organización.
Además, las ideas equivocadas y patologizantes sobre el consumo son la justificación para forzar tratamientos e internamientos que, a su vez, conllevan prácticas violentas. Sumado a ello, el estigma y discriminación de las que son víctimas también impactan en su derecho a la salud.
De manera común, las personas que viven en la calle –de acuerdo a lo documentado en el informe– viven acoso policial que les impide recibir atención primaria en materia de salud, detenciones por posesión de drogas o parafernalia y operativos diseñados para obligar a las personas usuarias a abandonar el espacio público.
Del mismo modo están cada vez más expuestas a traslados a otras entidades federativas para internamiento forzado o involuntario en centros de rehabilitación, trabajo forzado y desaparición, así como extorsiones para no ser presentadas ante el Ministerio Público. Igualmente experimentan robo de dinero y paquetes higiénicos para uso de drogas inyectables y fumables, confiscación o destrucción de parafernalia para uso de drogas, violencia física y psicológica, y violencia sexual en contra de las mujeres usuarias.
“Sobre las violencias que viven las mujeres que usan drogas y habitan la calle, es importante reconocer que el género es una característica que las hace más vulnerables, por lo que las violencias se experimentan de manera diferenciada, focalizada y sistemática”, añade el informe.
Obstáculos y política pública
Pese a la situación que prevalece, las iniciativas de reducción de riesgos y daños en México como Verter o Prevencasa –cuya acción documentó Animal Político– enfrentan obstáculos normativos para poder implementarse en el país, como la eliminación de apoyos gubernamentales tanto económicos como de operación, la criminalización por parte de las autoridades de seguridad y la falta de insumos y recursos limitados para expandir sus servicios.
Aunque la NOM-028 menciona la reducción de daños como una estrategia a implementar –señala el informe– en la práctica sigue siendo una formulación abstracta sin mecanismos vinculantes. Por otro lado, pese a que planes gubernamentales mencionan y reconocen que las personas que habitan la calle pertenecen a un grupo vulnerable, a nivel estatal no existen políticas públicas destinadas a este sector.
En cambio, su abordaje apuesta al fortalecimiento de programas preventivos que se basan en enfoques prohibicionistas y abstencionistas, así como a la regulación de los establecimientos especializados en tratamiento de las adicciones, sin que exista un análisis interseccional en relación con quienes habitan la calle y usan drogas.
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“Aunque en el imaginario colectivo se suele asociar la habitabilidad de calle con el consumo de drogas, es importante reconocer que ambas experiencias no forman un binomio inseparable”, aclara Elementa DDHH. Sin embargo, las condiciones de la vida en la calle a menudo son inapropiadas para la satisfacción de las necesidades básicas de vida digna.
En tanto, la intemperie y la itinerancia son características fundamentales para la comprensión de los riesgos que experimentan quienes viven en calle: el clima, las condiciones sanitarias del exterior y la temporalidad de los refugios o viviendas causan afectaciones directas e inmediatas en la calidad de la salud de las personas que permanecen en esta situación.
Aunado a ello, el contexto particular de Baja California, donde la garita de San Ysidro presenta uno de los puntos más estratégicos para el tráfico de sustancias declaradas ilícitas hacia Estados Unidos, hace de Tijuana un espacio territorial fundamental para las estructuras del crimen organizado, y escenario de disputa por su control.
Además, Baja California es el cuarto estado a nivel nacional con más personas privadas de la libertad, pues concentra el 5.8 % (13 mil 130) del total. En cuanto a los delitos relacionados con drogas, ocupa el tercer lugar, detrás del Estado de México y Ciudad de México, con un total de 2 mil 028 personas privadas de la libertad, entre las que mil 176 lo están por narcomenudeo y 852 por narcotráfico.
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El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
La cuestión de la colaboración
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
No es un blindaje absoluto
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
Chicago en la mira
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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