Comunidades pesqueras de México, Honduras, Bahamas y Colombia exigieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acciones concretas para atender la movilidad forzada provocada por el cambio climático.
“El cambio climático no espera a los tiempos políticos, al contrario, avanza sin piedad“, dijo Guadalupe Mayoral, una de las personas que testificó sobre el impacto de este fenómeno en El Bosque, Tabasco, de donde ella es originaria.
Esta es la primera vez que la CIDH analiza la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. Los relatores del organismo coincidieron en que “es crucial atender la situación de las comunidades”.
En su mayoría se trata de comunidades costeras México, Honduras, Las Bahamas y Colombia, que ya resienten los impactos como el aumento en el nivel del mar, escasos recursos marinos para pescadores y la falta de soluciones a lo largo de los años, tras el paso del huracán Dorian en el Caribe.
El presidente de la comisión, Carlos Bernal Pulido, exhortó a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a escuchar los testimonios que se presentaron en la audiencia y aseguró que “el problema del cambio climático y la migración son estructurales y regionales”.
Ambas problemáticas, añadió Bernal Pulido, necesitan la cooperación de los estados donde se producen más gases de efecto invernadero. “Todos deben estar involucrados”, enfatizó.
En la audiencia estuvieron presentes los relatores de la CIDH, miembros de la organización civil en Latinoamérica y el Caribe, además de la Red de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Naciones Unidas junto con la Organizaciones Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y los representantes de las comunidades afectadas.
La demanda de las comunidades es que las autoridades internacionales escuchen sus testimonios y se atiendan las consecuencias que ya están viviendo ante la pérdida, no solo de sus casas por el impacto de la crisis climática sino también, la advertencia a la pérdida de su identidad, su pasado, su cultura y tradiciones.
La comunidad costera Twuliá en La Guajira, Colombia, denunció la pérdida de lanchas, artes de pesca y el riesgo de morir a la hora de adentrarse al mar para buscar su sustento.
“Somos una comunidad de pescadores, como cultura, como aborígenes; somos guardianes de la naturaleza y hemos sido tocados por el fenómeno del cambio climático”, declaró la vocería de la comunidad en un vídeo que se presentó durante la audiencia.
Las comunidades haitianas en las Bahamas también estuvieron presentes en esta audiencia donde denunciaron la falta de resultados luego del pasó del huracán Dorian, de categoría 5, y que en 2019 impactó a la población.
Guadalupe Mayoral declaró que en México, la reubicación prometida por el Estado mexicano ha sido lenta. Durante su intervención narró cómo era la comunidad de El Bosque antes de que el mar avanzara hacia sus casas.
Después de perder las tres líneas de casas que caracterizaban a El Bosque, una comunidad costera de pescadores, la población decidió hacer pública su situación ante medios de comunicación y en compañía de la sociedad civil.
“En noviembre de 2022, la comunidad de El Bosque lanzó un llamado de auxilio a autoridades, para que les ayudarán a lidiar con las consecuencias del cambio climático en Tabasco. Consecuencias que trascienden a la comunidad y que se derivan de una mala gestión ambiental en el país”, declaró Guadalupe durante la audiencia.
Con lentitud en los procesos por parte de las autoridades mexicanas, Mayoral anunció que aunque “la comunidad sabe que será reubicada, algunas personas firmaron convenios, pero ha sido un proceso caótico. Nos hemos quedado sin agua”, dijo.
El Bosque fue una comunidad que años antes exportó toneladas de pescado y ahora sobreviven en techos de láminas que la población tuvo que adaptar.
“Improvisamos casas que no son casas, solo sirven para cubrirnos del sol”, denunció Guadalupe.
Higinio, un migrante de la comunidad de Cedeño, al sur de Honduras, declaró verse obligado a salir de su país para encontrar una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Fue uno de los sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua en el 2023.
Él, junto con su padre, conectados de forma virtual a la audiencia, narraron cómo el mar ha avanzado sobre su comunidad.
“El mar botó. No queda más que salir y migrar a los Estados Unidos con ese suelo y esa ilusión de que uno puede tener un mejor nivel de vida”.
Sobre la atención de las autoridades al impacto de la emergencia en Honduras, padre e hijo denunciaron que el gobierno hondureño no ha hecho caso.
“Esperamos que no nos vean con esa indiferencia y que todos somos humanos y tenemos el derecho a un lugar mejor. Sobre el cambio climático pedimos una alianza para ver si esto se puede solventar y puedan ayudar a toda la población para poder sobrevivir. Ya no es el mismo nivel de vida, es demasiado ya. Nosotros pasamos a otro nivel”, señalaron.
Durante la audiencia se acordó el reconocimiento de la emergencia climática que obliga a las personas a la movilidad forzada tanto interna como en el cruce de fronteras en busca de mejores condiciones de vida.
Isabel Márquez, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), celebró la decisión de la CIDH por traer el tema de cambio climático en la movilidad humana forzada y el impacto directo en las comunidades sobre las afectaciones de esta crisis ante la atención y respuesta que los estados dan a las poblaciones.
“El cambio climático las arranca de sus tierras natales y sus hogares, agrava los desafíos y plantea un mayor riesgo a los derechos humanos de las personas desplazadas. Casi dos tercios de solicitantes de asilo provenían de comunidades afectadas por el cambio climático”, dijo Márquez.
Otro de los puntos abordados fueron efectos del cambio climático y el impacto al acceso de soluciones duraderas en países altamente vulnerables. Incluso, advirtió que las personas que se ven obligadas a realizar una movilidad interna o fuera de sus fronteras aumenta el riesgo a la explotación, entrecruza desigualdades socioeconómicas y aumenta la pobreza, xenofobia y desafíos de gobernabilidad.
Pablo Escribano, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recordó la importancia de reconocer los derechos humanos en personas de movilidad por efectos del cambio climático.
Explicó que dentro de la migración climática, los derechos de las personas deben ser oídos, reconocidos y proteger a infantes, mujeres, población LGBTI, como poblaciones altamente vulneradas.
“Si los estados no pueden atender a las personas por el cambio climático no deben prohibirles la movilidad. Se debe entregar visas humanitarias. Las obligaciones de los Estados incluye el principio de la no devolución con políticas desde el área migratoria también se debe incluir los problemas de atención a la movilidad”, señaló en la audiencia.
Andrea Pochack, una de las relatoras de la CIDH, reconoció los efectos que las personas sufren directamente debido al cambio climático y reiteró el interés de la comisión por apoyar y aportar soluciones para que los gobiernos de las comunidades afectadas den solución a sus casos.
Pochack señaló que los aportes jurídicos vinculados y las buenas prácticas han servido para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático.
“Se puede reducir el riesgo a los derechos humanos por el impacto climático. Los Estados deben integrar medidas para la reintegración interna de las comunidades. La Relatoría de movilidad humana, este año, será impulsar una resolución sobre la protección de personas que se desplazan por efectos de cambio climático y que haga foco en políticas públicas para bajar a los Estados”, señaló.
Además del impacto relacionado al cambio climático, las comunidades pidieron que se reconozca el racismo ambiental como parte de la movilidad forzada por impacto de la crisis climática en las comunidades.
En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas inglés) señalaron que el futuro del cambio climático proyecta severos impactos naturales en los que las comunidades humanas se verán implicadas donde las zonas costeras en América Latina y el Caribe, serán de las regiones más afectadas.
La institución educativa advirtió que los ocupantes se exponen a ser expulsados.
Las protestas en contra de la guerra en Gaza se intensificaron en la noche del martes en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando manifestantes tomaron un edificio académico.
Activistas propalestinos se atrincheraron en el llamado Hamilton Hall, que rebautizaron con el nombre de Hind Rajab, una niña de 6 años encontrada muerta en Gaza a principios de este año.
Esto ocurrió después de que algunos estudiantes fueran suspendidos por la universidad por desafiar la hora límite dada por las autoridades para que abandonaran el campamento montado en el campus.
Tras la ocupación del edificio, Columbia instó a los estudiantes y al personal a mantenerse alejados del campus y advirtió sobre posibles expulsiones.
Ben Chang, portavoz de la institución, dijo que “los estudiantes que ocupan el edificio se enfrentan a la expulsión”.
“Los manifestantes han optado por escalar a una situación insostenible (destrozando propiedades, rompiendo puertas y ventanas y bloqueando entradas) y estamos aplicando las consecuencias que describimos ayer”, dijo el portavoz en un comunicado.
La estudiante Jessica Schwalb describió el campus como “sin ley, anarquía absoluta”.
En declaraciones a CBS News, socio estadounidense de la BBC, dijo que el grupo había entrado con “bolsas llenas de cosas” y añadió: “Supongo que vivirán allí de forma indefinida”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que la toma Hamilton Hall fue “un abordaje absolutamente equivocado” por parte de los estudiantes.
El mandatario demócrata se ha opuesto a “las difamaciones repugnantes y antisemitas y la retórica violenta” toda su vida, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates,
Biden “respeta el derecho a la libre expresión”, afirmó Bates, pero las protestas deben ser “pacíficas y legales”.
“Tomar el control del edificio por la fuerza no es pacífico, está mal”, añadió Bates.
“Y el discurso de odio y los símbolos de odio no tienen cabida en EE.UU.”, dijo.
El expresidente republicano Donald Trump calificó la ocupación como “las protestas de Biden”.
“Todo es causado por él porque no sabe hablar. No puede juntar dos oraciones. Tiene que salir y hacer una declaración porque las universidades están siendo invadidas en este país”, dijo.
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