Desaparecer dos veces: estos son 10 mil nombres que el censo borró de lista oficial de desaparecidos
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
CDMX, la entidad con más registros de desaparecidos borrados
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
El resto de las entidades redujeron sus cifras de desaparecidos entre 6% y 20%, borrando nombres de víctimas.
Desapareciendo a desaparecidos
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
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La corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles narra cómo se están viviendo los históricos incendios que afectan a la ciudad californiana.
“Sube a la terraza. Dicen que el fuego es ya visible desde Santa Mónica”.
Al mediodía del martes, recibí la llamada de mi marido con incredulidad.
A pesar de que las condiciones climatológicas auguraban ya desde el domingo una receta para el desastre —los “vientos endemoniados” de Santa Ana con rachas de hasta 160km/h y una sequedad extrema por meses sin lluvias—, parecía una alerta más en una ciudad acostumbrada a ellas.
Poco podía imaginar que estaba a punto de presenciar la primera de una serie de escenas apocalípticas; una de las muchas que desde entonces siguen dejando los que ya son los peores incendios de la historia de Los Ángeles.
Subida al techo de mi bloque de apartamentos, avisté en las montañas de Santa Mónica una tímida llama.
A los cinco minutos, era ya una mancha naranja que se expandía a toda velocidad desde las colinas boscosas hacia Pacific Palisades, un área residencial de clase alta densamente poblada y salpicada de mansiones de famosos.
Una espesa y negra columna de humo se inclinaba hacia el Pacífico, borrando de la vista viviendas, palmeras, arena, el icónico muelle de Santa Mónica y su parque de atracciones que, con 10 millones de visitantes anuales, es uno de los grandes focos del turismo de Los Ángeles.
En menos de 24 horas los incendios serían ya cuatro, unos monstruos llamados Palisades, Woodley, Eaton y Hurst que acorralaban la ciudad por distintos frentes, avanzando sin precedentes en zonas urbanas y dejando a su paso escenas dignas del peor infierno imaginado por Hollywood.
Y para la tarde del miércoles otro, bautizado Sunset, empezaría a arder en las colinas de Hollywood, cerca de donde se ubica el famoso cartel.
Caos y miedo
“Es un momento trágico en nuestra historia, algo nunca antes visto”, le dijo a los periodistas el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, el martes por la noche.
Mientras, los medios locales repetían las imágenes caóticas de las primeras horas de evacuación en Pacific Palisades: un cuello de botella de cinco kilómetros en la principal vía de entrada y salida a la zona, por vecinos que huían despavoridos y bomberos que trataban de acceder.
Maquinaria pesada empujando, amontonando y dejando para el desguace los vehículos que otros residentes habían dejado atrás, obstaculizando el paso a los camiones cisterna.
Gente huyendo a pie, cargando niños y mascotas, y arrastrando maletas, con álbumes de fotos bajo el brazo.
También estaba la resistencia, aquellos que, a pesar de la orden de las autoridades, se negaban a abandonar sus hogares y los defendían —ilusos e imprudentes— de Goliat con sus mangueras desde el jardín.
“Por favor, prioricen su seguridad y el bienestar de quienes les rodean”, tuvo que repetir en una rueda de prensa el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, un mensaje en el que ya habían insistido otros funcionarios, incluido el gobernador Gavin Newsom.
Empezaron a reportar muertos, heridos por quemaduras, más de 1.000 edificaciones destruidas. Los evacuados se contaban ya por decenas de miles.
Algunos, como los residentes de un centro para la tercera edad de Altadena, fueron sacados en sus sillas de ruedas, muchos de ellos confundidos y asustados, para ser reubicados en un lugar seguro.
Destrucción
Mis redes sociales y mi WhatsApp se llenaron de videos con el fuego avanzando por la Autopista de la Costa Pacífica (PCH), la carretera estatal que bordea California a lo largo de cientos de kilómetros.
Por ella regresé el sábado de surfear la icónica ola de Malibú, una de las mejores del mundo cuando las condiciones acompañan.
Observando desde el auto las mansiones suspendidas sobre el océano, volvimos a uno de nuestros comentarios más recurrentes: “Con el cambio climático, en 50 años esas casas no estarán ahí”.
Muchas ya no están. Pero no fue el mar el que se las llevó por delante. Vivienda tras vivienda quedaron reducidas a cenizas, el esqueleto a la vista.
La misma suerte corrió el Reel Inn, restaurante especializado en pescado a pie de carretera y que ocupa un lugar en el corazón de muchos angelinos.
“Tuve varias citas preciosas en el Reel Inn tras un día de playa. Terrible que ya no exista”, escribió en Instagram una antigua compañera.
Y las llamas llegaron a amenazar la Villa Getty, situada también sobre la PCH, réplica de una casa de campo sepultada en el año 79 d.C. por una erupción del Vesubio que el multimillonario petrolero y mecenas J. Paul Getty mandó a construir en los setenta.
Museo y centro de arte, es también conocido por acoger veladas de Hollywood y reuniones políticas de alto nivel.
En contraste a ese glamour, pensé en las autocaravanas aparcadas a la orilla de la carretera que sirven de vivienda a aquellos que no tienen techo y que he visto multiplicarse desde que llegué a Los Ángeles en marzo de 2022.
“Hablé con Jose (el tipo que vive en una RV con su familia) y están bien, lejos de la zona (de Palisades)”, escribió en un story de Instagram un fotógrafo e instructor de surf que recorre cada mañana las playas desde Malibú a Sunset.
“Randy decidió quedarse, pero uno de los centros de comando (de los bomberos) está en el cruce de PCH con Sunset (Boulevard) y espero que lo hagan evacuar”, añadió.
Sin embargo, con varios frentes abiertos, los servicios de emergencia no dan abasto. “Lo estamos haciendo lo mejor posible pero no tenemos suficiente personal”, le reconoció a Los Angeles Times el jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone.
El condado de Los Ángeles cuenta con 9.000 efectivos, entre el departamento de bomberos y otras agencias.
Pero apenas pudieron descansar desde mediados de diciembre, cuando un incendio llamado Franklin devoró durante nueve días las colinas de Malibú. Noviembre fue otro mes de apagar fuegos.
Y es que Los Ángeles es particularmente vulnerable a los incendios,ya que los barrios ricos y suburbios se encuentran con la naturaleza y se extienden cual laberinto entre cañones y cadenas montañosas.
Para asistirlos esta vez, departamentos de bomberos de condados vecinos mandaron refuerzos, y Marrone pidió ayuda más allá del estado, llamado al que ya respondieron Nevada, Oregón y Washington.
Mientras, decenas de voluntarios se lanzaron a colaborar.
Iniciaron colectas para aquellos que tuvieron que correr a albergues, para los que se quedaron sin nada, los que sacaron de residencias de ancianos o centros para menores.
Yo seguí revisando cada 10 minutos la página del gobierno estatal que refleja el avance de los incendios a tiempo real en California, especificando daños y marcando zonas de evacuación: en amarillo cuando es sugerida, en rojo cuando es ya obligatoria.
Y viendo la línea de desalojo acercarse a la calle en la que vivo con mi familia, empacamos los enseres básicos en el coche.
Precavidos y para evitar atascos, el miércoles al mediodía dejamos atrás Santa Mónica.
De camino al hotel leí que ya habían empezado el desalojo obligatorio de mi barrio.
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