La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Bienestar realizaron el nuevo “censo” de personas desaparecidas sin fijar reglas sobre cómo se llevarían a cabo las acciones de búsqueda y sin lineamientos sobre cómo evitar la revictimización de las familias que fueran consultadas.
Ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron estas reglas, pero lo hicieron nueve meses más tarde del inicio de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, tras la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e incluso 14 días después de que las autoridades presentaron los resultados de este ejercicio, con el que redujeron de 110 mil, hasta agosto pasado, a solo 12 mil los casos confirmados de desaparición.
El 3 de marzo de 2023, la CNB y la Secretaría de Bienestar suscribieron un convenio de colaboración para realizar el censo, pero fue hasta el 27 de diciembre de 2023 cuando ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron cómo llevarían a cabo este ejercicio y cómo se evitaría la revictimización de las familias consultadas.
Por qué cuestionan el censo de AMLO sobre desaparecidos en México
Edgar Cortéz, experto en temas de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cuestionó esta forma de operar.
“El convenio es el qué quieres hacer y el anexo técnico es el cómo lo vas a hacer (…) Evidentemente es una irregularidad porque el hecho de que firmes ese convenio, pero no tienes anexo técnico, significa que puedes hacerlo de manera discrecional, como quieras o como te convenga porque no tienes ese lineamiento”.
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, también conocida como censo de víctimas de desaparición, ha sido cuestionada por organizaciones, especialistas y familiares debido a fallas en su implementación y errores en sus resultados, por ejemplo, haber borrado casos de personas desaparecidas o clasificarlos de forma equivocada.
Acuerdo entre Secretaría del Bienestar y el Comisión Nacional de Búsqueda
Animal Político accedió a documentos clave de la Estrategia Nacional a través de solicitudes de información. En una primera instancia, la CNB entregó solo el convenio de colaboración que firmó con la Secretaría de Bienestar para realizar el censo. Luego se requirió la intervención del INAI para obtener el anexo técnico.
En este segundo documento, firmado con nueve meses de demora, exhibe el papel central que la Secretaría de Bienestar tuvo en la elaboración del censo: esa dependencia recibió de la CNB una lista con los nombres de víctimas y las buscó en sus bases de datos con el objetivo de encontrar “indicios útiles y/o nueva información”, es decir, cualquier tipo de actividad de las personas desaparecidas luego de su reporte de ausencia.
La CNB revisaría los resultados de esa primera búsqueda para seleccionar los casos con indicios útiles, mismos que serían enviados a las comisiones locales de búsqueda, a las fiscalías estatales y de nuevo a la propia Secretaría de Bienestar para realizar otras acciones para la localización.
Secretaría de Bienestar, ¿por qué busca personas desaparecidas?
La participación activa de la Secretaría de Bienestar en la elaboración del censo ha sido criticada porque sus funcionarios no están capacitados en temas de desaparición ni su papel en acciones de búsqueda está contemplado en la ley.
“Quienes han llevado en realidad el papel determinante es Bienestar a través de los servidores de la nación. Lo que sabemos por más de un testimonio es que en realidad la CNB en muchos casos ha tenido una participación marginal (en el censo)”, expresó Cortez.
Más allá de confrontar bases de datos, en el anexo técnico también se estableció que las acciones de búsqueda en campo consistirían en visitar los domicilios elegidos por la CNB para tratar de ubicar a las personas que tenían un reporte de desaparición. En este punto la Secretaría de Bienestar también participaría con su personal desplegado “para aumentar la capacidad operativa”.
Para las visitas casa por casa se agruparían los domicilios que estuvieran cerca uno del otro; se formarían células mixtas “para facilitar la construcción de confianza”; los funcionarios debían presentarse con nombre completo e identificación; y se debía proporcionar una explicación clara sobre las acciones realizadas.
El anexo técnico solo incluye la participación de la CNB y la Secretaría de Bienestar en la Estrategia Nacional y no se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que meses atrás estuvo a cargo de un Centro Telefónico en el que se realizaron más de 86 mil llamadas a familiares para conocer si sus seres queridos seguían ausentes.
Reglas contra revictimización de personas desaparecidas y familias
El anexo técnico firmado por la CNB y la Secretaría de Bienestar también estableció medidas que los funcionarios públicos debían tomar para evitar casos de revictimización al momento de visitar a las familias de personas desaparecidas.
Virginia Garay, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lamentó que el gobierno haya establecido las reglas de cómo elaborar el censo de desaparición hasta el 27 de diciembre de 2023, nueve meses más tarde de haberlo empezado.
“Por eso existieron tantas revictimizaciones, por eso existió tantas anomalía al momento de hacer este censo, por eso es que lastimaron a tantas familias (…) Esto habla de que lo hicieron al ‘ahí se va’, con sus prisas y urgencias, con esta necesidad de reducir el registro de los desaparecidos”, dijo Garay, madre de Bryan Eduardo, víctima de desaparición en el estado de Nayarit el 6 de febrero de 2018, cuando tenía 19 años de edad.
Revictimización y búsqueda de desaparecidos en México
La revictimización durante la elaboración del censo fue uno de los temas más criticados, debido a que en muchos casos las familias han buscado a sus seres queridos por años, sin que las autoridades avancen en las investigaciones para dar con el paradero.
En el anexo técnico del convenio de colaboración, las dependencias acordaron que en las visitas casa por casa el personal de gobierno debía ser “sensible a los posibles escenarios y grupos vulnerables con los que puede encontrarse, entre ellos, casos de mujeres, personas adultas mayores, personas que fueron víctimas de cualquier tipo de violencia, entre otros, y en ese sentido deberá evitar la revictimización y asumir que la persona desaparecida se encuentra con vida”.
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De igual forma el anexo técnico estableció que “el personal debe evitar a toda costa antagonizar a las personas entrevistadas. La entrevista de ninguna manera debe convertirse en un interrogatorio”.
Aunque se establecieron estas reglas, Virginia Garay acusa que durante la elaboración del censo los funcionarios de la CNB y Bienestar sí incurrieron en revictimización.
“Fueron a muchas casas de familiares que tenían una persona desaparecida, preguntaban por su ser querido y las familias se sentían con temor porque las preguntas eran directas, no se presentaban, no hacían un preámbulo, no se identificaban formalmente”, señaló Garay, quien también es parte de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, un colectivo del estado de Nayarit.
Para la madre buscadora, el hecho de que el gobierno federal ya haya acordado de manera oficial las reglas para la elaboración del censo “es patada de ahogado, después de ahogado el niño quieren tapar el pozo, después de que entraron a las casas, revictimizaron a las familias, después de todo lo que hicieron están tratando de mencionar sus reglamentos”.
Orden del INAI obliga a Búsqueda a elaborar anexo técnico de reglas de censo de desaparecidos
Para obtener el anexo técnico del convenio, Animal Político tuvo que recurrir al INAI porque en un inicio la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CNB aseguró que no existía un documento de este tipo.
El 18 de octubre y el 4 de diciembre de 2023, en dos solicitudes de información diferentes, la Comisión Nacional de Búsqueda negó la existencia de este documento, a pesar de que en el convenio de colaboración firmado el 3 de marzo del mismo año ya se hacía referencia a que en los anexos se establecerían las reglas con las que se realizaría el censo.
Animal Político tramitó un recurso de revisión ante el INAI. El 21 de diciembre de 2023 el organismo autónomo ordenó a la CNB hacer una búsqueda exhaustiva de sus archivos para tratar de localizar los anexos técnicos del convenio de colaboración.
Seis días después de la orden del INAI, el 27 de diciembre de 2023, la CNB y la Secretaría de Bienestar elaboraron el primer anexo técnico del convenio de colaboración para realizar la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Quienes firmaron el documento fueron las titulares de esas dependencias, Teresa Reyes Sahagún y Ariadna Montiel Reyes, respectivamente.
Se buscó a la CNB, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para preguntar por qué las reglas del censo de desaparición se establecieron nueve meses más tarde de que se empezó a elaborar y 14 días después de que se dieron a conocer los resultados de este ejercicio.
También se cuestionó a la CNB si este retraso en el establecimiento formal de las reglas pudo haber tenido un impacto negativo en la elaboración del censo.
Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de la dependencia.
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El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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