La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Bienestar realizaron el nuevo “censo” de personas desaparecidas sin fijar reglas sobre cómo se llevarían a cabo las acciones de búsqueda y sin lineamientos sobre cómo evitar la revictimización de las familias que fueran consultadas.
Ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron estas reglas, pero lo hicieron nueve meses más tarde del inicio de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, tras la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e incluso 14 días después de que las autoridades presentaron los resultados de este ejercicio, con el que redujeron de 110 mil, hasta agosto pasado, a solo 12 mil los casos confirmados de desaparición.
El 3 de marzo de 2023, la CNB y la Secretaría de Bienestar suscribieron un convenio de colaboración para realizar el censo, pero fue hasta el 27 de diciembre de 2023 cuando ambas dependencias firmaron un anexo técnico donde establecieron cómo llevarían a cabo este ejercicio y cómo se evitaría la revictimización de las familias consultadas.
Edgar Cortéz, experto en temas de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cuestionó esta forma de operar.
“El convenio es el qué quieres hacer y el anexo técnico es el cómo lo vas a hacer (…) Evidentemente es una irregularidad porque el hecho de que firmes ese convenio, pero no tienes anexo técnico, significa que puedes hacerlo de manera discrecional, como quieras o como te convenga porque no tienes ese lineamiento”.
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, también conocida como censo de víctimas de desaparición, ha sido cuestionada por organizaciones, especialistas y familiares debido a fallas en su implementación y errores en sus resultados, por ejemplo, haber borrado casos de personas desaparecidas o clasificarlos de forma equivocada.
Animal Político accedió a documentos clave de la Estrategia Nacional a través de solicitudes de información. En una primera instancia, la CNB entregó solo el convenio de colaboración que firmó con la Secretaría de Bienestar para realizar el censo. Luego se requirió la intervención del INAI para obtener el anexo técnico.
En este segundo documento, firmado con nueve meses de demora, exhibe el papel central que la Secretaría de Bienestar tuvo en la elaboración del censo: esa dependencia recibió de la CNB una lista con los nombres de víctimas y las buscó en sus bases de datos con el objetivo de encontrar “indicios útiles y/o nueva información”, es decir, cualquier tipo de actividad de las personas desaparecidas luego de su reporte de ausencia.
La CNB revisaría los resultados de esa primera búsqueda para seleccionar los casos con indicios útiles, mismos que serían enviados a las comisiones locales de búsqueda, a las fiscalías estatales y de nuevo a la propia Secretaría de Bienestar para realizar otras acciones para la localización.
La participación activa de la Secretaría de Bienestar en la elaboración del censo ha sido criticada porque sus funcionarios no están capacitados en temas de desaparición ni su papel en acciones de búsqueda está contemplado en la ley.
“Quienes han llevado en realidad el papel determinante es Bienestar a través de los servidores de la nación. Lo que sabemos por más de un testimonio es que en realidad la CNB en muchos casos ha tenido una participación marginal (en el censo)”, expresó Cortez.
Más allá de confrontar bases de datos, en el anexo técnico también se estableció que las acciones de búsqueda en campo consistirían en visitar los domicilios elegidos por la CNB para tratar de ubicar a las personas que tenían un reporte de desaparición. En este punto la Secretaría de Bienestar también participaría con su personal desplegado “para aumentar la capacidad operativa”.
Para las visitas casa por casa se agruparían los domicilios que estuvieran cerca uno del otro; se formarían células mixtas “para facilitar la construcción de confianza”; los funcionarios debían presentarse con nombre completo e identificación; y se debía proporcionar una explicación clara sobre las acciones realizadas.
El anexo técnico solo incluye la participación de la CNB y la Secretaría de Bienestar en la Estrategia Nacional y no se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que meses atrás estuvo a cargo de un Centro Telefónico en el que se realizaron más de 86 mil llamadas a familiares para conocer si sus seres queridos seguían ausentes.
El anexo técnico firmado por la CNB y la Secretaría de Bienestar también estableció medidas que los funcionarios públicos debían tomar para evitar casos de revictimización al momento de visitar a las familias de personas desaparecidas.
Virginia Garay, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lamentó que el gobierno haya establecido las reglas de cómo elaborar el censo de desaparición hasta el 27 de diciembre de 2023, nueve meses más tarde de haberlo empezado.
“Por eso existieron tantas revictimizaciones, por eso existió tantas anomalía al momento de hacer este censo, por eso es que lastimaron a tantas familias (…) Esto habla de que lo hicieron al ‘ahí se va’, con sus prisas y urgencias, con esta necesidad de reducir el registro de los desaparecidos”, dijo Garay, madre de Bryan Eduardo, víctima de desaparición en el estado de Nayarit el 6 de febrero de 2018, cuando tenía 19 años de edad.
La revictimización durante la elaboración del censo fue uno de los temas más criticados, debido a que en muchos casos las familias han buscado a sus seres queridos por años, sin que las autoridades avancen en las investigaciones para dar con el paradero.
En el anexo técnico del convenio de colaboración, las dependencias acordaron que en las visitas casa por casa el personal de gobierno debía ser “sensible a los posibles escenarios y grupos vulnerables con los que puede encontrarse, entre ellos, casos de mujeres, personas adultas mayores, personas que fueron víctimas de cualquier tipo de violencia, entre otros, y en ese sentido deberá evitar la revictimización y asumir que la persona desaparecida se encuentra con vida”.
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De igual forma el anexo técnico estableció que “el personal debe evitar a toda costa antagonizar a las personas entrevistadas. La entrevista de ninguna manera debe convertirse en un interrogatorio”.
Aunque se establecieron estas reglas, Virginia Garay acusa que durante la elaboración del censo los funcionarios de la CNB y Bienestar sí incurrieron en revictimización.
“Fueron a muchas casas de familiares que tenían una persona desaparecida, preguntaban por su ser querido y las familias se sentían con temor porque las preguntas eran directas, no se presentaban, no hacían un preámbulo, no se identificaban formalmente”, señaló Garay, quien también es parte de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, un colectivo del estado de Nayarit.
Para la madre buscadora, el hecho de que el gobierno federal ya haya acordado de manera oficial las reglas para la elaboración del censo “es patada de ahogado, después de ahogado el niño quieren tapar el pozo, después de que entraron a las casas, revictimizaron a las familias, después de todo lo que hicieron están tratando de mencionar sus reglamentos”.
Para obtener el anexo técnico del convenio, Animal Político tuvo que recurrir al INAI porque en un inicio la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CNB aseguró que no existía un documento de este tipo.
El 18 de octubre y el 4 de diciembre de 2023, en dos solicitudes de información diferentes, la Comisión Nacional de Búsqueda negó la existencia de este documento, a pesar de que en el convenio de colaboración firmado el 3 de marzo del mismo año ya se hacía referencia a que en los anexos se establecerían las reglas con las que se realizaría el censo.
Animal Político tramitó un recurso de revisión ante el INAI. El 21 de diciembre de 2023 el organismo autónomo ordenó a la CNB hacer una búsqueda exhaustiva de sus archivos para tratar de localizar los anexos técnicos del convenio de colaboración.
Seis días después de la orden del INAI, el 27 de diciembre de 2023, la CNB y la Secretaría de Bienestar elaboraron el primer anexo técnico del convenio de colaboración para realizar la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Quienes firmaron el documento fueron las titulares de esas dependencias, Teresa Reyes Sahagún y Ariadna Montiel Reyes, respectivamente.
Se buscó a la CNB, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para preguntar por qué las reglas del censo de desaparición se establecieron nueve meses más tarde de que se empezó a elaborar y 14 días después de que se dieron a conocer los resultados de este ejercicio.
También se cuestionó a la CNB si este retraso en el establecimiento formal de las reglas pudo haber tenido un impacto negativo en la elaboración del censo.
Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de la dependencia.
Aunque unos 240 millones de estadounidenses están llamados a votar el 5 de noviembre, el resultado de las elecciones dependerá de unos miles de votos en un puñado de estados bisagra.
Las pequeñas empresarias de los suburbios de Filadelfia, los “trabajadores de cuello azul” de Milwaukee o las empleadas de la limpieza de cualquier casino de Las Vegas pueden tener este año las llaves de la Casa Blanca.
Y es que, aunque unos 240 millones de estadounidenses están citados el 5 de noviembre para elegir entre Kamala Harris o a Donald Trump para otorgarles la presidencia, el resultado de las elecciones dependerá de unos miles de votos en un puñado de estados clave.
Esto se debe al sistema de democracia indirecta que existe en EE.UU.
Al final, es un organismo llamado Colegio Electoral el que determina quién gana la contienda.
Para esta cita en las urnas Harris tiene prácticamente asegurados 226 votos electorales de los 270 que se necesitan para proclamarse vencedor, y Trump, 219. Y es que hay estados que, elección tras elección, suelen mantenerse fieles a uno u otro partido.
La pelea es entonces por 93 votos repartidos en los siete estados que en esta ocasión se prevén indecisos –por factores como el cambio demográfico— y que se agrupan en dos zonas geográficas: el Cinturón de Óxido (Rust Belt), la región del Nordeste y Medio Oeste que solía ser el motor industrial del país y hoy en decadencia, y el Cinturón del Sol (Sun Belt), la franja que se extiende de costa a costa en la parte sur del país.
También llamados estados péndulo o bisagra (swing states), el que tiene más peso es Pensilvania (19 votos), y aunque no son mayoría como en estados del suroeste, allí juegan un rol crucial los votantes hispanos, la población que más rápidamente ha crecido en la última década.
Los siguientes estados clave con más votos electorales son Georgia (16) y Carolina del Norte (16), seguidos de Míchigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).
En ellos han centrado sus esfuerzos las campañas.
Saben que son estos siete estados los que decidirán si Harris hace historia como primera mujer en llegar a la Casa Blanca o si Trump recupera la presidencia tras haberla perdido en las elecciones de 2020.
Arizona es uno de los estados cuya población más ha crecido: se ha duplicado desde 1990 hasta llegar a los 7,4 millones, y un tercio son latinos o de origen hispano.
El 60% se concentra en Maricopa, condado que abarca Phoenix, que en 2020 fue clave para la victoria del demócrata Joe Biden y sigue atrayendo hoy toda la atención.
El perfil de la población de este condado ha cambiado drásticamente en la última década, y tiene que ver con la inversión de US$50.000 millones de la administración Biden para tratar de volverlo una potencia en el sector tecnológico.
Ya están instaladas allí varias multinacionales de microchips, que han impulsado el crecimiento económico del condado y atraído a la zona trabajadores con un nivel educativo más alto, con salarios mayores, y que tienden a votar demócrata.
Siendo un estado fronterizo, con 600 km que colindan con México, se prevé que la inmigración sea uno de los grandes movilizadores del voto.
Debido en parte al endurecimiento de las leyes de asilo y al trabajo de contención que está haciendo el país vecino, las detenciones por cruces ilegales han descendido en un 21% con respecto al año pasado.
Aun así, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados — “la mayor de la historia de EE.UU.”— se ha convertido en la promesa de campaña estrella de Trump, mientras Harris asegura que, de ganar, recuperará un proyecto de ley bipartidista para gestionar la crisis migratoria que su rival “destruyó”.
Otro de los temas que se prevé impulsará a los votantes de Arizona a las urnas son los derechos reproductivos, después de que un intento fallido de los republicanos locales de recuperar una ley de 1864 que prohibía el aborto en casi todos los casos generara polémica en abril.
Hoy por hoy el procedimiento es ilegal después de las 15 semanas de embarazo, y junto con la elección presidencial, en noviembre se llevará a cabo una consulta popular sobre la propuesta de blindar el derecho al aborto en la Constitución estatal.
Arizona solía ser bastión republicano, hasta que Biden lo ganó en 2020.
La anterior vez que un candidato demócrata había ganado las elecciones presidenciales en el estado fue en 1996.
Carolina del Norte se ha convertido en un estado competitivo gracias a dos factores demográficos principales.
En primer lugar, por su proporción de población afroestadounidense: el 21% de los ciudadanos en edad de votar en este estado son negros, frente a un 12% a nivel nacional.
Este electorado tiende a favorecer a los demócratas, más aún en Carolina del Norte. Según las encuestas a boca de urna de 2020, mientras a nivel nacional Biden obtuvo el 87% del voto negro, en el estado logró acaparar el 92%.
El otro factor demográfico que lo vuelve tan disputado de cara a las elecciones de noviembre es su amplia población rural.
Un tercio de los habitantes del estado, unos 3,4 millones de personas, residen en zonas rurales. Y estos ha evolucionado hacia un voto cada vez más republicano.
Los temas que preocupan a los votantes en Carolina del Norte son en general los mismos y en similar orden que los de otros estados clave: la economía con notable ventaja, la inmigración y el aborto.
Pero sí hay matices que podrían haber sido claves en cómo articulan las campañas sus mensajes.
Por ejemplo, los votantes de Carolina del Norte parecen en promedio más conservadores en materia de aborto que el resto de la nación.
Según una encuesta reciente de SurveyUSA/WRAL-TV, el 43% apoyan la ilegalización de la interrupción del embarazo más allá de las seis semanas, cuando la ley vigente en el estado la prohíbe después de la semana 12.
Mientras, a nivel nacional solo el 29% apoya la prohibición tras seis semanas de gestación, mientras un 63% la rechaza.
Ningún candidato demócrata a la presidencia se ha impuesto en Carolina del Norte desde Barack Obama en 2008.
Para el 5 de noviembre las encuestas también le dan ventaja a Trump, aunque de menos de un punto porcentual en promedio.
Está por ver hasta qué punto podría afectarle un escándalo que involucra al candidato republicano a gobernador Mark Robinson, quien se refirió a sí mismo como un “NAZI negro” y expresó su apoyo a la reinstauración de la esclavitud en un foro de un sitio web pornográfico.
Quizá por ello Trump se ha volcado a hacer campaña en Carolina del Norte más que en ningún otro estado aparte de Pensilvania.
Uno de cada tres habitantes de Georgia es afroestadounidense. Es el segundo estado con mayor población negra después de Texas.
Se cree que este electorado fue fundamental para que hace cuatro años Biden se impusiera en el estado.
Ahora, las encuestas también le dan la ventaja a Harris entre los votantes afroestadounidenses del estado.
Mientras, la población blanca de zonas rurales y los evangélicos son uno de los motores principales del Partido Republicano en Georgia.
Los temas prioritarios para los votantes de Georgia coinciden con los expresados por al ciudadanía a nivel nacional: el costo de la vida, la seguridad en la frontera con México y el acceso al aborto.
Pero en este estado del llamado Cinturón del Sol también acaparan la conversación temas como la integridad del proceso electoral y la salud de las instituciones estatales.
Y eso es el resultado directo de los comicios presidenciales de hace cuatro años.
En 2020, Joe Biden se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar Georgia en casi 30 años. El último había sido Bill Clinton en 1992.
Pero lo hizo con un margen muy estrecho, lo que llevó a Trump y a sus aliados a presentar demandas y difundir señalamientos infundados de fraude electoral. El ahora candidato llegó a presionar al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que “encontrara 11.780 votos”, la cantidad exacta que le hubiera dado la victoria.
Hoy Trump tiene una causa judicial abierta por tratar de revertir su derrota electoral en el estado, cuyo juicio aún no tiene fecha.
Ahora, una recién aprobada regla electoral estatal ha vuelto a despertar los temores de que pueda abrir campo a errores e incluso fraudes, además de retrasar los resultados en este estado clave. La norma obliga al conteo manual de votos en todos los condados.
Es el estado con la mayor población árabe-estadounidense del país.
Alberga a Dearborn, una ciudad industrial pegada a Detroit y apodada la capital árabe de EE.UU., donde más de la mitad de sus residentes (el 54,5%) tiene ese origen.
En 2020 se inclinaron mayoritariamente por Biden, pero los analistas adelantan que el descontento por el apoyo militar de la Casa Blanca a Israel podría hacerle perder votos al presidente estadounidense, favoreciendo a Trump.
Puede que sea uno de los estados en el que la política exterior tiene más peso en la intención de voto; en concreto, la posición de EE.UU. ante la operación militar de Israel en Gaza.
Ya durante las primarias demócratas en febrero, más de 100.000 votantes optaron por marcar con un “no comprometido” su boleta, como parte de una campaña que reivindicaba dejar de proveer de armas al gobierno israelí.
Harris ha mostrado un tono más duro que Biden con respecto a Israel. Pese a que ha dicho que este país tiene derecho a defenderse y ha solicitado la liberación de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023, también ha llamado a un cese al fuego inmediato, para que “el sufrimiento de Gaza termine y que los palestinos puedan tener su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación”.
Trump también ha llamado a Israel a terminar su campaña contra Hamás en Gaza, pero sin mencionar a los palestinos.
Hasta 2016, Míchigan se consideraba leal a los demócratas en las elecciones presidenciales.
Ese año, sin embargo, se impuso Trump, el primer candidato presidencial republicano en ganar el estado desde la victoria de George H.W. Bush en 1988. Lo hizo por menos de 11.000 votos.
En 2020, Biden logró devolver el estado a los demócratas tras hacerse con casi un 30% más de sufragios que su rival.
Los análisis postelectorales mostraron que el voto árabe-estadounidense fue instrumental en ello.
Es un estado que está creciendo y diversificándose rápidamente. Su población aumentó un 15% entre 2010 y 2020.
Hoy algo más del 28% de los residentes de Nevada son latinos o de origen hispano. De hecho, es el estado que le dio por primera vez un escaño en el Senado a una latina: Catherine Cortez Masto.
Por ello, tanto la campaña de Harris como la de Trump se han centrado en apelar a ese voto en concreto, sobre todo con eventos en el área de Las Vegas, que concentra a tres cuartas partes de los 3,1 millones de habitantes del estado.
La región metropolitana de Reno es la otra concentración urbana del llamado “estado plateado”, mayormente desértico y rural.
La economía es uno de los temas importantes para los votantes de este estado que cuenta con una de las tasas de desempleo más altas del país: 5,5% frente al 4,2% nacional en agosto.
La región de Las Vegas es, además de la más poblada con diferencia, la más vulnerable a los ciclos económicos. Dependiente del turismo, el covid la golpeó duro y aún está recuperándose.
Es donde se concentra el mayor número de trabajadores que completan su sueldo a base de propinas. Y tanto Trump como Harris han tratado de ganarse su voto prometiendo eximir a las propinas de impuestos, a lo que la candidata demócrata ha sumado la intención de incrementar el salario mínimo.
Los sindicatos tienen en Las Vegas una fuerte presencia. El culinario, por ejemplo, cuenta con 60.000 miembros, lo que lo convierte en un actor político importante.
Salvo en 1976, Nevada ha votado por el ganador en todas las elecciones presidenciales desde 1912 hasta 2016.
Ese año rompió la racha, al apoyar a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien obtuvo en el estado dos puntos más que su rival Donald Trump, quien terminó llegando a la Casa Blanca.
Si bien solo cuenta con seis votos electorales, estos han resultado decisivos en las contiendas recientes más reñidas. Nevada ayudó así a Biden a imponerse en 2020, con un margen similar al de Clinton.
De cara a la cita del 5 de noviembre en las urnas, las encuestas le dan a Harris la delantera en el estado, aunque por un solo punto, mientras aventaja a Trump por tres a nivel nacional. Para los demócratas es una mejora con respecto a Biden, a quien los sondeos mostraban por detrás de Trump cuando aún aspiraba a la reelección.
Es el más poblado, extenso y complejo de los siete estados bisagras.
Alberga una población eminentemente conservadora, que enfrenta el declive económico postindustrial del Cinturón del Óxido.
Y este convive con la realidad de urbes como Filadelfia y Pittsburgh, más progresistas y cuya economía tiene más en común con la de las grandes ciudades de la costa Este.
Es otro de los estados que está siendo testigo de una transición poblacional.
Aunque la población es mayoritariamente blanca (9,7 millones de los 13 que tiene el estado), la que está creciendo más desde 2010 es la latina.
De ascendencia predominantemente dominicana y puertorriqueña, hoy por hoy los latinos ya suman más de un millón.
Además de en las grandes ciudades, se concentran encuatro condados al este de Filadelfia —Luzerne, Berks, Lehigh y Northampton, con municipios donde hasta el 60% de los habitantes tie nen ese origen étnico—, en lo que algunos medios ya denominan el Cinturón Latino de Pensilvania.
La economía es un tema importante aquí, al igual que en muchos otros lugares.
La inflación se disparó en todo el país bajo la administración Biden antes de empezar a reducirse gradualmente.
Así que los residentes de Pensilvania están lejos de ser los únicos entre los estadounidenses que sufren por el alto costo de vida como resultado de la inflación.
Sin embargo, el precio de los alimentos ha aumentado en este estado más rápidamente que en cualquier otro, según el sitio de análisis de mercados Datasembly.
En Erie, uno de los condados que se prevé serán más cruciales, una de cada ocho personas vive en situación de “inseguridad alimeticia”.
Es el estado péndulo que aporta más votos electorales, por lo que ganarlo da grandes opciones de imponerse el 5 de noviembre.
Asimismo, perder en él cierra el paso a buena parte de las rutas hacia el triunfo.
Desde 1948, ningún candidato demócrata ha logrado llegar a la Casa Blanca sin imponerse en este estado.
Hoy las encuestas muestran a Harris y Trump prácticamente empatados, con la demócrata con 0,7 puntos de ventaja según FiveThirtyEight, un agregador de encuestas de intención de voto.
Es el mismo margen con el que Trump se impuso a Hillary Clinton en 2016.
Por un poco más, un 1,17% del total de votos, ganó Biden en el estado en 2020.
Con esos antecendentes, y ante lo reñido del panorama que pintan las encuestas hoy, conquistar a un grupo que no se haya inclinado por uno u otro candidato podría marcar la diferencia en noviembre.
Del millón de habitantes hispanos de Pensilvania, 600.000 están habilitados para votar.
Los análisis postelectorales apuntan a que general acuden a las urnas menos que los ciudadanos de otros orígenes étnicos, por lo que convencerlos para que lo hagan puede aquí más crucial que en ningún otro lado.
Así, aunque sea en los estados del suroeste donde más peso tenga el voto latino, puede que en Pensilvania termine siendo más determinante.
No es un estado muy diverso: el 80% de su población es blanca, el 7,6% latina y un 6,6% afroestadounidense.
Sin embargo, así como en otros estados, los cambios demográficos han alterado los cálculos políticos para ganar Wisconsin.
Aunque Milwaukee, tradicional bastión demócrata, sigue siendo con sus 550.000 habitantes la ciudad más grande, registra hoy su densidad poblacional más baja desde 1920, de acuerdo a datos de la Oficina del Censo.
Mientras, más allá de esta concentración urbana y la de Madison, en las regiones menos pobladas, salpicadas de granjas lecheras, almacenes y pequeñas fábricas, Trump ha demostrado ser extremadamente popular, obteniendo para los republicanos en las urnas márgenes mucho más amplios que en elecciones anteriores.
Que los republicanos escogieran Milwaukee para su convención dice mucho sobre la importancia de Wisconsin para la cita de noviembre en las urnas, y también que Harris diera allí su primer mitin después de que Biden la respaldara como su sucesora en la carrera electoral.
En el Cinturón del Óxido al que pertenece Wisconsin, sumido en un proceso de decadencia industrial desde la década de 1970, se espera que el principal movilizador del voto vuelva a ser la economía.
Así lo fue en 2016, cuando sus residentes, sobre todo los denominados trabajadores “de cuello azul” (blue–collar workers) o los blancos de clase trabajadora apoyaron mayoritariamente el mensaje proteccionista de Trump.
Y también en 2020, cuando, desencantados, impulsaron a Biden.
Hoy los mensajes destinados al estado tienen de nuevo un fuerte componente económico.
Harris, con el apoyo del actual presidente, ha hecho campaña destacando las inversiones incentivadas por su gobierno y la fuerte creación de empleo industrial de estos años, mientras Trump lo ha hecho subrayando las altas tasas de interés e insistiendo en la idea de que “el sueño americano, durante la administración Biden, ha muerto”.
En 2016, Trump fue el primer candidato republicano en ganar Wisconsin desde que lo hiciera Ronald Reagan en 1984.
No por nada forma parte, junto a Míchigan y Pensilvania, de lo que los demócratas han bautizado como “el muro azul”, el color con el que se identifica su formación.
Tras la derrota del Partido Demócrata en 2016, Biden logró recuperar los tres en 2020.
Los análisis postelectorales apuntan a que superó a su rival por 20 puntos entre los trabajadores sindicalizados del estado.
Biden sigue manteniendo la buena relación, cultivada durante años, con los líderes sindicales. Varios de ellos han pedido el voto para Harris.
Según todas las encuestas, sondeos y análisis de los expertos, Harris necesitaría hacerse con 44 votos electorales entre los estados bisagra para ganar la elección, mientras Trump tendría que conseguir 51.
A la demócrata le bastaría por ejemplo con retener Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, el trío que su partido ha bautizado como “el muro azul”, para llegar a la Casa Blanca.
Tiene a Biden como precedente, y también a Barack Obama, quien se impuso en los tres en 2008 y en 2012.
Trump lo logró en 2016 y llegó a la Casa Blanca.
Hoy, si el republicano se metiera en el bolsillo a Pensilvania, además de Georgia, y conservara Carolina del Norte, la balanza estaría ya de su lado.
Las combinaciones posibles son, pues, múltiples.
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