En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.

Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.

En un recorrido por la Normal, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, o estandartes internacionales de la Revolución, como El Ché Guevara.

De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.

La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.

Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal de este municipio, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.

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En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.

Ayotzinapa en cuatro tiempos

Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.

Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.

El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el Centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal rural, pero sí un internado para formar maestros.

Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello, se fundó bajo los dos conceptos y se dedicó a educar a maestros rurales.

El primer nombre que tuvo la normal fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después, cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en lengua náhuatl significa “lugar de tortugas”.

Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.

Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967 por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.

Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su recuerdo en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.

La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.

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Diez normalistas de Ayotzinapa asesinados

Los estudiantes de la normal rural contabilizan 10 compañeros asesinados en diferentes momentos. El primer caso ocurrió el 12 de octubre de 1988, cuando Juan Manuel Huikan, originario de Campeche, fue asesinado en una de los accesos a la escuela conocida como “La Gloria”, unas escaleras que conectan con la carretera federal Tixtla-Chilpancingo.

El normalista que había llegado de la delegación Campeche de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cayó herido por balas de policías estatales. Los normalistas actuales sostienen que la lucha de sus compañeros de ese entonces era en protesta porque el gobierno mexicano intentaba quitar el bachillerato pedagógico, “una manera de enseñar que les resultaba un poco peligrosa, porque se formaban personas como nosotros decimos críticas, analíticas y reflexivas”.

Otro hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados dos estudiantes más, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la zona conocida como Parador del Marqués, en la capital de Guerrero.

Los normalistas bloqueaban la Autopista del Sol, debido a que ya era diciembre y el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero no había aprobado su pliego petitorio, entre lo que contemplaban aumentar la matrícula y subsanar la falta de infraestructura de la normal. Ante la manifestación, fuerzas policiacas -con algunos elementos vestidos de civiles- les dispararon con armas de alto calibre para liberar la vía, lo que dejó a los dos estudiantes muertos sobre la carretera.

“Fue la primera vez que un gobierno se atrevió a tocar directamente Ayotzinapa. Es una manera muy impactante de verlo, pero tristemente así fue”, menciona el estudiante.

La toma de autobuses en 2014

El 18 de septiembre de 2014, comenta el estudiante, se acordó que a Ayotzinapa le tocaba organizar distintas labores para la marcha del 2 de octubre que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre en Tlatelolco de 1968.

Además de Ayotzinapa, participarían las normales rurales de Tenería, del Estado de México, y la de Amilcingo, del estado de Morelos, por lo que los estudiantes tenían que realizar una labor “tan peligrosa y tan exigente” como tomar 20 autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre.

Las tomas de autobuses eran acciones comunes y el gobierno estatal o municipales no se atrevían a repeler a los normalistas. Los estudiantes no se preocupaban tanto, porque sabían que el gobierno no hacía mucho escándalo. Era más un convenio con los encargados de los autobuses: los tomaban prestados, al chofer y al autobús, le decían al chofer que bajara a las personas allá en las centrales y se los traían para la normal.

Para el 25 de septiembre, los normalistas apenas habían tomado ocho unidades. Presionados, ese día estaban dispuestos a tomar más vehículos.

La tarde del 25 iban a tomar autobuses de Chilpancingo, cuando se dio la orden de que tenían que dirigirse a Iguala, porque ya era mucho el hostigamiento en la capital del estado, narra el estudiante.

Según su relato, ya a las afueras de Iguala, un chofer, de uno de los vehículos tomados, les dijo a los estudiantes que descargaría a los pasajeros hasta la central y de ahí regresarían a la Normal, lo que aceptaron los jóvenes, pero al bajar a los pasajeros, el conductor encerró a los normalistas dentro del autobús, quienes pidieron ayuda a sus demás compañeros para salir.

Ya en el lugar, los estudiantes tomaron tres autobuses más para armar una caravana de cinco autobuses, que se dividieron en dos partes para salir de la ciudad, y fue cuando comenzó el hostigamiento de los policías coludidos con el crimen organizado de Guerreros Unidos.

Aquella noche, los ataques con armas de fuego contra los normalistas fueron simultáneos, Aldo Gutiérrez Solano, un estudiante, quedó en estado vegetativo debido a que recibió un balazo en la cabeza cuando bajó de un autobús y los policías municipales accionaron sus armas contra los jóvenes.

Minutos más tarde, cuando algunos estudiantes estaban dando una entrevista con algunos reporteros, acompañados de maestros, fueron atacados nuevamente y ahí cayeron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

Después, los estudiantes fueron acorralados, trasladados por autoridades y otras fuerzas a lugares desconocidos y, a nueve años de lo ocurrido, su destino sigue sin quedar claro.

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El caso Ayotzinapa en tiempos de López Obrador

Los estudiantes de la Normal, comenta el entrevistado, están molestos porque el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el inicio, en 2018, a apoyar a los padres y madres de familia para resolver el caso y que no quede impune.

Sostuvo que los familiares aceptaron las propuestas de López Obrador porque “vieron que un gobierno estaba apoyando en la investigación”, no como el anterior, el priista, Enrique Peña Nieto, quien con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lanzó la llamada “verdad histórica” que retrasó el caso por las mentiras, e incluso, restos del estudiante Alexander Mora, fueron sembrados en bolsas de basura en el río San Juan, en el municipio de Cocula.

Pero la situación actual del caso Ayotzinapa es complicada, comenta el joven, sobre todo a un año de que concluya la administración de López Obrador, y con la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su momento “desenmascaró la verdad histórica” del gobierno mexicano, al invalidar esa hipótesis de que los cuerpos habían sido cremados en un basurero.

Con seis informes, el GIEI avanzó “contundentemente” en el caso con evidencias palpables y reales, y puso en jaque también a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), así como a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabezó primero Omar Gómez Trejo y actualmente, Rosendo Gómez Piedra, ambos creados por López Obrador.

De acuerdo con el estudiante, otra incongruencia del gobierno morenista es que se permita la impunidad a algunos de los involucrados como al ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien le absolvieron del cargo de desaparición forzada.

Otro es que no puedan extraditar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, y señalado de construir la “verdad histórica”.

Además, sostiene el estudiante, también se ha negado la existencia del Centro Regional de Inteligencia (CRFI) alojado en el 27 Batallón de Iguala, y del que el coronel Rafael Hernández Nieto era el entonces coordinador.

“Sabemos que ese RCFI fue negado totalmente por el Ejército y era un medio para intervenir también a los compañeros y hay registros de que sí existió y el Ejército vuelve a negar que existe”, asegura el normalista.

Hernández Nieto fue detenido en julio de 2023, acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, sin embargo, en agosto pasado, ganó un amparo y enfrentará su proceso en prisión domiciliaria.

El estudiante expresa que los normalistas y las madres y padres de los 43 desaparecidos no se cansan de exigir al gobierno que solucione el caso y de una vez se sepa dónde están sus compañeros y que todos los culpables sean encarcelados.

La pregunta que se hacen, tras la salida del GIEI del país, es ¿cómo el gobierno federal garantizará que harán las investigaciones sin ocultar la verdad, modificar evidencias o retrasar la investigación?

“Son 43 razones para seguir luchando, nuestros compañeros, los padres de familia siguen buscándolos, siguen buscando justicia por ellos y no podemos por ningún motivo dejarlos”, añade el normalista.

Las necesidades de la Normal

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, cada año los estudiantes entregan un pliego petitorio al gobierno estatal, que este año aún no ha sido firmado por el gobierno morenista de Evelyn Salgado. Por ende, el gobierno estatal no ha dado material didáctico, de primeros auxilios, para el área deportiva, del comedor y para las prácticas profesionales.

El estudiante entrevistado asegura que “no son cosas del otro mundo, son cosas que se piden para el mejoramiento de la infraestructura de la Normal. Es un internado, varias personas viven aquí 24 horas del día, se tiene que satisfacer las necesidades mínimas, pero como ya se mencionó, aquí el gobierno del estado no está llevando a cabo el procedimiento como debe ser”.

Otros materiales que requieren son de mantenimiento para los dormitorios, y equipo para labrar y trabajar en el campo.

En la Normal de Ayotzinapa estudian cerca de 500 alumnos; este año, hay 165 de nuevo ingreso, de los cuales 120 estudian la Licenciatura en Educación Primaria y 45 la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque bilingüe.

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El estigma

Ayotzinapa ha sido estigmatizada desde antes de 2014. Una de esas razones es que tiene un filtro muy duro para identificar a los estudiantes de origen campesino, denominada “la semana de inducción”.

“Es un proceso, aunque algunas personas lo ven como una novatada, lo ven como una manera de humillar a los compañeros, claro que no lo es. Es una manera de formarse porque sabemos que trabajamos bajo los cinco ejes, y que las personas que de verdad saben trabajar en el campo tienen esa resistencia para que se mantengan aquí y son las personas que en verdad necesitan de la Normal”, comenta el normalista, quien ya pasó por ese trance.

En esa semana, no sólo les rapan el cabello a los aspirantes de nuevo ingreso para identificarlos, también se les pide sembrar y mantener limpia la Normal. “Además, se hace ejercicio por la mañana, nada más, no son cosas del otro mundo”, añade.

Tras cada protesta de los normalistas, son tratados de manera despectiva e incriminatoria. En redes sociales se les llama guerrilleros, vándalos y delincuentes.

Pero para los normalistas de Ayotzinapa cada actividad política que realizan tiene “un propósito, un fin, un bien común”, porque “son causas justas cada vez que se sale por nuestros compañeros desaparecidos”.

“No se está protestando porque queramos o porque digamos ‘vamos a hacer destrozos porque sí’, no”.

Los estudiantes luchan para que las próximas generaciones tengan la formación que ellos están teniendo y mantengan viva a la Normal que está cercana a cumplir sus primeros cien años de vida, en marzo de 2026.