Antonio González, el caso del zapatista desaparecido que llevó a México a la Corte IDH; el Estado espera sentencia
Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”.
Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años.
Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.
Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.
“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”.
En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas.
La guerra contrainsurgente en Chiapas
Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”.
En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.
Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90.
En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González.
“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.
Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.
Incumplimientos del Estado
En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada.
El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla.
Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.
En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional.
“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.
La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.
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El cartel que lideraba “El Mencho” tuvo un meteórico crecimiento debido a su extrema violencia y la diversificación de sus operaciones. La muerte de su líder deja incógnitas sobre el futuro del grupo.
Es el cartel más poderoso de México, y una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.
Muerto su máximo y único líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, este domingo en una operación del ejército mexicano, el cartel que más dinero, armas, hombres y droga controla en el país, se enfrenta ahora a un periodo de reacomodo que aventura una peligrosa ola de violencia.
El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) logró convertirse en menos de una década en una poderosa maquinaria cuyos nexos criminales se extienden por toda América, desplazando a otras organizaciones históricamente dominantes como el Cartel de Sinaloa.
Su principal negocio se ha centrado en el mercado ilegal de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según Washington. También se le acusa de comerciar anfetaminas en Europa y se han detectado vínculos con el comercio de drogas en Asia.
El CJNG no solo es el más potente en términos militares y en presencia territorial en México, donde seguía en expansión, sino que es, “sumamente poderoso también en términos de mercados criminales que operaba: no sólo de producción y tráfico de drogas, sino de mercados de extorsión en las regiones de agricultura y minería de México”, según explicó a BBC Mundo David Mora, analista sénior en México del International Crisis Group e investigador sobre crimen organizado.
Cómo nació el CJNG
El CJNG tiene su origen en un brazo armado local del poderoso cartel de Sinaloa, del que se tiene conocimiento por primera vez en 2007, y que tenía como cometido cuidar sus zonas de influencia en Jalisco.
El grupo había sido creado por Ignacio Coronel, “El Nacho”, uno de los principales operadores financieros del cartel de Sinaloa y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que también había acogido bajo su brazo en la región a otro grupo conocido como “Cartel del Milenio”.
Los Zetas eran, en aquel momento, sus principales rivales en la región, un violento grupo (que también surgió como brazo armado de otro cartel, el del Golfo) que pugnaba por asentarse en Jalisco.
Pero se toparon con este brazo armado creado por “El Nacho”, que se ganó el nombre de los “Matazetas” a base de sangre.
Su revelación pública ocurrió en septiembre de 2011, cuando aparecieron 35 cadáveres en la avenida principal de la localidad turística de Boca del Río, en Veracruz. El grupo se atribuyó la matanza en un video difundido por redes sociales.
Para entonces, en realidad, el grupo ya había roto con sus aliados de Sinaloa.
“El Nacho” había muerto un año antes en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, momento que “El Mencho”, que hasta entonces había formado parte del Cartel del Milenio, aprovechó para llenar ese vacío de poder y enfrentarse a su antiguo aliado en la región montañosa de Sinaloa.
Cómo se hizo “El Mencho” con el control
“El Mencho” logró escalar hasta la cima del narcotráfico en México desde uno de los escalafones más bajos.
En sus inicios, formaba parte del círculo de protección del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, “El Maradona”, un jefe del Cartel del Milenio, también conocido como Cartel de los Valencia. Más tarde, asentó su posición en el grupo al casarse con una de las hermanas del jefe del clan.
Antes, Oseguera Cervantes, nacido en la zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, había sido policía de un municipio de Jalisco.
Su ingreso en las fuerzas de seguridad se produjo después de ser deportado por Estados Unidos -adonde había migrado con su familia en la década de 1980- por involucrarse en la venta de droga.
Cuando el líder del Cartel del Milenio fue detenido, el grupo se dividió en dos ramas enfrentadas entre ellas. “El Mencho” lideró una, la conocida como “Los Matazetas”, que logró imponerse y que años después pasó a llamarse Cartel Jalisco Nueva Generación.
El CJNG pasó de ser una banda local de los estados de Jalisco y Colima a una organización con presencia en más de la mitad del territorio mexicano.
Lo que más sorprendió a los expertos es cómo logró encumbrarse en relativamente poco tiempo. En sólo cinco años desplazó al poderoso cartel de Los Caballeros Templarios en el control del sur de Michoacán.
Desalojó al cartel de Los Zetas del norte de Jalisco y de una parte de su territorio en el vecino estado de Zacatecas.
Fue el principio. Los siguientes años amplió su presencia al resto del país y, lo más importante según especialistas, logró disputar el mercado de drogas sintéticas a grupos más grandes y antiguos, como el cartel de Sinaloa.
Esta organización padeció una disputa interna tras la tercera captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El proceso fue aprovechado por el CJNG para disputar el mercado a sus adversarios, e incluso el grupo secuestró en Puerto Vallarta a dos de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que fueron liberados en pocas horas.
A partir de ese momento nació el CJNG. Y la carrera delincuencial de “El Mencho” se aceleró.
Cómo creció el CJNG
Detrás del explosivo crecimiento del grupo hay varias razones.
Una de ellas es la captura de muchos de los principales líderes de carteles rivales, lo que hizo que se dividieran en algunos casos o que algunos se extinguieran, como Los Templarios en el estado de Michoacán. El CJNG llenó los huecos en el mercado que dejaron los rivales.
Otra de las claves es que el CJNG reclutó a expertos en finanzas y químicos que diseñan nuevas mezclas para fabricar drogas sintéticas.
La violencia del cartel ha sido otra clave.
Las autoridades habían señalado en la última década a “El Mencho” como un personaje muy peligroso, con una gran capacidad de fuego. Algunos especialistas en el tema aseguraban que Oseguera Cervantes creció precisamente a costa de “triturar” a sus grupos rivales.
Los intereses del CJNG y su líder no se limitaron al narcotráfico.
Aprovechó el auge económico en la ganadería, agricultura y construcción de Jalisco para crear negocios en esos rubros y tener en ellos vías para lavar el dinero producto del narcotráfico.
El CJNG también se ha destacado por su poder corruptor de autoridades locales y de aduanas. Esto le ha facilitado el ingreso de precursores o sustancias iniciales para elaborar drogas sintéticas en los puertos de Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ambos en la costa oeste de México, según los expertos en narcotráfico.
Otra de sus fuentes de ingresos ha sido la extorsión a negocios pequeños y medianos en el oeste de México.
El grupo ha logrado expandirse no solo por la mayor parte de los estados mexicanos, donde tiene presencia propia o alianzas, sino por muchos países.
Según la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Nueva Generación tiene presencia en más de 40 países.
El grupo mantiene, además, según la DEA, una vasta operación de lavado de dinero a través de su rama financiera, “Los Cuinis”, liderada por su cuñado Abigael Sánchez Valencia.
Este grupo se dedicaría a supervisar “la diversa red de operaciones de lavado de dinero del cartel para repatriar a México las ganancias ilícitas obtenidas con las drogas a nivel mundial”, según el organismo estadounidense, que asegura que para ello utilizan “redes chinas de lavado de dinero, intercambios de criptomonedas, contrabando de efectivo a granel, lavado de dinero basado en el comercio y otros métodos para lavar las ganancias ilícitas relacionadas con las drogas”.
Qué puede suceder ahora sin “El Mencho”
La desaparición del máximo y único líder del grupo abre ahora numerosos interrogantes sobre quién podría sucederlo o si otros grupos aprovecharán el vacío de poder para intentar ocupar su lugar.
“La gran pregunta es, de aquí a unas semanas y meses, cómo se va a reacomodar el cartel en sí mismo y en las batallas que tiene contra grupos locales más pequeños en diferentes estados. Los ciclos de violencia en Guanajuato, Michoacán y demás se explican por esos conflictos”, reconoce el investigador David Mora.
Desde 2022 surgieron rumores sobre la condición de salud de Oseguera Cervantes, e incluso se llegó a reportar en un par de ocasiones que había muerto. Algunos expertos creen que probablemente “El Mencho” ya no estaba directamente al frente de las operaciones del CJNG cuando fue abatido este domingo.
Pero tampoco tenía claros sucesores.
Uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo y conocido como “El Menchito”, fue extraditado en 2020 de México a EE.UU. en lo que se calificó como uno de los golpes más duros contra la organización hasta la muerte de su padre.
Otros lugartenientes que tenía están presos o fueron asesinados en distintos enfrentamientos.
“El Mencho” nunca permitió que, de las múltiples alianzas y células criminales con las que operaba Jalisco, alguna fuera lo suficientemente fuerte para retar su poder central, explica David Mora.
“Entonces no hay una claridad absoluta, ni sanguínea, ni familiar, ni por vínculos que nos permita ver quién sigue. Ese reacomodo de Jalisco es una gran incógnita. Y estos procesos suelen venir aparejados no sólo de tensión, sino de violencia”, señala el experto de International Crisis Group.
Mientras que la oleada de violencia que se está viendo estos días en las calles de México podría “pasar rápido”, en opinión del experto, es posible que en los próximos dos meses veamos cómo las organizaciones rivales reaccionan al proceso de Jalisco y cómo la propia organización reacomoda la desaparición de “El Mencho”, que podría desatar una lucha intestina.
“Y si la historia es indicativa de algo, simplemente el descabezamiento de un cartel no significa la extinción de la organización”, advierte David Mora.
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