Jueces y magistrados separados de su cargo por reforma judicial protestan fuera de la Corte para exigir pago de indemnizaciones y pensiones
Jueces y magistrados del Comité Coordinador Titulares Federales Cesados protestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el pago de los conceptos de indemnizaciones y pensiones complementarias a 250 personas tras la reforma judicial.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, reclamaron que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha dado cumplimiento, en seis meses, a lo dispuesto en el artículo 10° transitorio del decreto constitucional de la reforma judicial publicado el pasado 15 de septiembre de 2024.
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“Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias… en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Las magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyen su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo… serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado…”, señalaron.
Afectaciones a jueces y magistrados tras no recibir pago
En tanto, los jueces indicaron que el incumplimiento de los pagos sigue afectando “gravemente” a las familias de las personas juzgadoras y más a aquellas que no han recibido ninguna de las dos prestaciones constitucionales.
“Las mujeres que son cabeza de familia y tienen a su cargo hijos y padres mayores de edad, compromisos escolares, pagos de hipotecas y deudas en general; a lo que se suma también el impedimento constitucional de no poder ejercer su profesión durante dos años en la entidad donde fueron cesadas”, recordaron.
Nueva Corte en seis meses
El 1 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió sus primeros seis meses operando con una nueva conformación de ministras y ministros electos por voto popular, medio año que transitó entre protestas ciudadanas por proyectos de sentencia “polémicos” y un distanciamiento con las organizaciones de la sociedad civil.
La llegada de las nuevas ministras y ministros —Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte; Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra— ocurrió tras la aprobación de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que provocó la destitución de jueces, magistrados y ministros de todo el país.
La reforma judicial fue impulsada con el argumento de otorgar legitimidad democrática a las y los juzgadores de todo el país, y de reemplazar a funcionarios para erradicar prácticas de corrupción y nepotismo, entre otras irregularidades.
Las movilizaciones se han centrado en denunciar afectaciones a derechos colectivos de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, desalojos arbitrarios, derechos laborales y hasta medioambientales.
Protestas ciudadanas frenan a proyectos “polémicos” en la SCJN
La presión ciudadana ha logrado el aplazamiento o retiro de proyectos propuestos por las y los ministros que han cumplido parcialmente la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de “tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, según dijo al presidir su primera sesión.
La primera gran protesta ocurrió el 9 de octubre de 2025 y fue convocada por Repartidores Unidos de México (RUM), organización que agrupa a más de 40 colectivos de repartidores, conductores y mensajeros de aplicaciones digitales.
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Ese mismo día, se aplazó otro proyecto de la ministra Lenia Batres sobre el pago de indemnizaciones por causa de muerte civil, criticado por especialistas debido a que el valor de la UMA (113.14 pesos) era menor al salario mínimo (278.80 pesos). El proyecto sigue pendiente de resolución.
Otra gran protesta ocurrió el 19 de enero: organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectadas por desalojos en la Ciudad de México, incluyendo a personas desalojadas del edificio de Cuba 11, se manifestaron contra un proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González.
El proyecto buscaba validar cambios en la Constitución de la Ciudad de México que, según los colectivos, eliminarían garantías mínimas y podrían “legalizar desalojos arbitrarios” en la capital del país.
