A punto de cumplir su condena de nueve años, nueva imputación mantendría a Javier Duarte en prisión
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta una nueva imputación por la presunta comisión del delito de peculado, que no solo lo vincula al desvío de 5 millones de pesos destinados a grupos vulnerables, sino que también lo mantiene en prisión al frustrar su posible salida programada para el próximo mes de abril.
La gravedad del caso radica en el destino de los recursos que eran para grupos vulnerables de Veracruz: un dinero federal que debía ser usado para la casa hogar “Manuel Gutiérrez Zamora”, que beneficiaría a niñas, niños y adolescentes, y la casa hogar “Mariana Sayago”, para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, pero que presuntamente fue desviado por diversos funcionarios públicos en beneficio propio.
Duarte: la audiencia inicial por peculado
Este jueves la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte se convirtió en escenario de un nuevo y tenso capítulo de la situación legal de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.
En punto de las 9:18 horas de la mañana, el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor dio apertura a la audiencia inicial por la causa penal 667/2025 contra Duarte, su sexto proceso, esta vez por un presunto desvío de 5 millones de pesos.
La cifra, aunque menor comparada con otros cargos de su historial, llevaba un peso distinto, pues el dinero desviado tenía un destino específico y sensible: el Fondo para la Infraestructura para el Fortalecimiento e Inclusión Social (Foros), creado para apoyar a niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores en situación de vulnerabilidad de Veracruz.
El laberinto de la extradición de Duarte
Antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera formular la imputación por peculado en su contra, la defensa de Duarte lanzó su primer ataque, un incidente legal para solicitar el diferimiento de la audiencia.
El abogado Diego Ulises Parra trazó un recuento de la compleja extradición de Duarte desde Guatemala en 2017.
La defensa argumentó que, si bien el Tercer Tribunal de Narcoactividad guatemalteco había autorizado en 2017 la extradición de Duarte para los delitos de orden estatal, el Quinto Tribunal había hecho lo propio para los delitos federales.
Pero ahora, para iniciar este nuevo proceso, el abogado Parra dijo que la FGR solo contaba con la autorización de uno de los tribunales.
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“Por lo que, de someterlo a un procedimiento nuevo en este momento, el Estado mexicano incurriría en una falta grave del Tratado de Extradición que firmó con Guatemala”, advirtió.
El propio Duarte tomó la palabra para asegurar que a la FGR le había bastado solo una “autorización verbal” por parte del Tercer Tribunal para intentar mantenerlo en prisión: “Es decir que a la FGR le bastó solo una llamada para pedir la autorización para volver a proceder en mi contra, lo cual es una injusticia”.
Pese a los intentos de la defensa por frenar el proceso, el Juez Aquiles Villaseñor fue contundente. Aunque coincidió en la necesidad de la autorización de Guatemala, aclaró que el tratado no exige que “deban de ser dos autoridades las que den su consentimiento”.
“Yo no puedo revisar la legislación interna de ese país, pero el Estado guatemalteco sí puede estar representado por cualquier Tribunal que represente a su estado soberano”, dijo el juez, para sentenciar que el incidente fue negado.
El esquema de desvío de recursos: la ‘cuenta licuadora’ y Tarek Abdalá
Superado el primer obstáculo legal de la audiencia, el fiscal Julio Antonio Cobos, de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), reveló los detalles de cómo el dinero destinado a los más débiles fue supuestamente desviado.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, en 2012 la Tesorería de la Federación (Tesofe) transfirió 10 millones de pesos a una cuenta receptora de Santander a nombre del Gobierno de Veracruz.
Sin embargo, la FGR detalló un complejo entramado financiero para mover los fondos, a través del cual se transfirieron 5 millones de pesos a una cuenta del banco BBVA, denominada “concentradora”, cuenta que, señaló el fiscal, “no fue autorizada para recibir estos recursos públicos”.
La FGR señaló que varios exfuncionarios actuaron para operar este complejo, pero que al haberlo hecho bajo una ‘instrucción’ de Duarte mediante una publicación en la Gaceta Oficial de Veracruz, él estaba involucrado como posible “coautor”.
Para sustentar la acusación, el fiscal se apoyó en la figura de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de Duarte y ahora testigo protegido, cuya declaración es crucial.
Según la versión ministerial, Tarek Abdalá reveló que los recursos se desviaban a la cuenta “concentradora o ‘licuadora’”, la cual era “conocida por todos los trabajadores que en su mayoría fueron instruidos por Duarte”.
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La crónica de este esquema de supuestos desvíos de recursos se completaba con detalles sobre las “reuniones donde se establecía cuánto dinero había en la ‘caja’ para pagos del estado y cuánto se podía utilizar para ir ‘barriendo’ las cuentas”, detalló el fiscal.
Duarte, en su defensa, rechazó la acusación, argumentando que no era su función: “Yo no soy o fui secretario de Finanzas y Planeación, dependencia que de acuerdo con el organigrama de Veracruz cuenta con autonomía para operar los recursos”.
Así, el exgobernador descalificó las pruebas en su contra, afirmando que lo estaban acusando de “mal funcionario, una bola de sandeces que pacientemente he escuchado, pero en la que yo no participé”.
El golpe final contra Duarte: prisión preventiva justificada
Cuando la vinculación a proceso se pospuso para el 17 de febrero para que la defensa preparara su respuesta, la FGR asestó el golpe final. De manera sorpresiva, solicitó la prisión preventiva justificada contra Duarte.
La defensa intentó desestimar la medida al señalar que Duarte ya estaba preso, cumpliendo una sentencia de nueve años por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que no existía riesgo de fuga.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Javier Duarte tomó la palabra por última vez, acusando directamente al sistema político en el país: “Queda claro que la ‘instrucción’ es que Javier Duarte no salga de prisión”.
En un último intento por salvarse de una nueva prisión preventiva, le pidió al juez que no permitiera que el Poder Judicial fuera “tomado como un instrumento político del Estado, porque si usted lo permite ya no hay nada qué hacer”.
A pesar de lo anterior, el juez Aquiles Villaseñor dictó la prisión preventiva justificada, asegurando que si bien “los tintes políticos escapan a mi función”, consideraba que “por los antecedentes que tiene, sí existe una gran necesidad de cautela”.
Esta medida cautelar, dictada apenas unas semanas antes de que Duarte pudiera haber cumplido su sentencia previa y optado por su libertad, frustró cualquier esperanza de que el exgobernador saliera de prisión en abril próximo.
En tanto, los 5 millones de pesos desviados de los grupos vulnerables se han convertido, de facto, en el nuevo grillete legal de Javier Duarte.
