
El presidente Donald Trump bajó el tono este lunes ante la tensa situación en el estado de Minnesota y aseguró que no quiere gente “herida o muerta” durante las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la “resistencia y el caos”.
Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, Trump anunció en su plataforma Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y prometió diálogo.
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“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, dijo en alusión al gobernador.
Trump también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunirá con el alcalde de Mineápolis el martes, explicó Trump.
El presidente no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos” aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Al mismo tiempo, Trump quiere que cese “la resistencia y el caos” en esa ciudad del norte del país.
Frey anunció el lunes que “algunos agentes federales” se irán este martes de Mineápolis.
“Seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación”, escribió.
El funcionario informó más temprano que habló con Trump y que “el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar“.
Según medios de comunicación estadounidenses, el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonará Mineápolis, en un gesto de apaciguamiento.

Activistas se volvieron a reunir este lunes en las calles de la ciudad, bajo una temperatura gélida, para rendir homenaje a Alex Pretti.
Agentes federales balearon a este enfermero de 37 años al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.
Según el DHS, los agentes intentaron desarmarlo y él “se resistió violentamente”.
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Un análisis de videos hecho por AFP y por medios estadounidenses parece contradecir la versión oficial que lo presenta como amenazante.
“Basta con mirar el video. Cualquiera que tenga ojos puede ver lo que pasó ese día. Esta no es la América que queremos”, declaró a la AFP Tricia Dolley, enfermera de 38 años.
El activista tenía licencia para portar armas, según las autoridades locales.
El pasado 7 de enero un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a la activista Renee Good, una madre de tres hijos, también de 37 años, a bordo de su coche.
Un tribunal federal de Minnesota celebró una audiencia este lunes sobre si el despliegue del ICE viola las leyes en el estado. En otra audiencia, una jueza analizó una demanda para obligar al gobierno federal a conservar las pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.
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Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.
Varios senadores del Partido Republicano —el mismo de Trump— han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

Los demócratas en el Congreso amenazan con bloquear votaciones presupuestarias inminentes si no se suspende el despliegue de ICE y la policía fronteriza en las ciudades santuario.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, explicó que bloquearía cualquier nueva financiación que incluya al DHS, que considera “lamentablemente inadecuado para controlar los abusos del ICE”.
En año electoral, Trump mantiene además la presión sobre otro frente político en Minnesota.
“Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales, de más de 20,000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minnesota”, explicó Trump en Truth Social.
El gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí en este estado gobernado por los demócratas.

Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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