El Senado de Estados Unidos publicó un acuerdo entre demócratas y republicanos que propone, entre otras cosas, endurecer las leyes en materia migratoria y de seguridad en la frontera.
El acuerdo incluye 20 mil 200 millones de dólares para la seguridad de las fronteras estadounidenses y una gran cantidad de cambios en la política de migración acordados por los negociadores demócratas y republicanos.
El pacto alcanzado por un grupo de senadores republicanos y demócratas prevé “una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera” entre Estados Unidos y México cuando “esté colapsada”, informó este sábado el presidente Joe Biden.
De ser aprobado por el Congreso, las autoridades podrán restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4,000 en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5, 000 al día -en un periodo de siete consecutivos- u 8,500 en una sola jornada, se lee en el texto del acuerdo bipartidista.
No está claro que el proyecto cuente con los 60 apoyos necesarios para superar la primera votación de procedimiento en la Cámara alta, controlada por los demócratas, que se espera para el miércoles a más tardar.
Los senadores llevan meses negociando un acuerdo para combatir la migración ilegal, con los republicanos insistiendo en reforzar la seguridad fronteriza a cambio de aprobar la petición de financiación del presidente Joe Biden para Kiev.
La publicación del texto recibió el rápido apoyo de la Casa Blanca, que destacó la búsqueda durante décadas de una reforma del “roto” sistema de migración del país.
“Ahora hemos llegado a un acuerdo sobre un pacto bipartidista de seguridad nacional que incluye el conjunto de reformas fronterizas más duro y justo en décadas. Lo apoyo firmemente”, dijo Biden en un comunicado.
También instó a los republicanos -que controlan la Cámara de Representantes y han sido presionados por el aspirante a la Casa Blanca Donald Trump para que se opongan al acuerdo- a respaldar el paquete bipartidista.
Este proyecto también desbloquearía miles de millones en nuevas ayudas para Ucrania e Israel. Incluye una financiación total de 118.300 millones de dólares, con 60.000 millones para ayudar a una Ucrania devastada por la guerra – igualando la petición de la Casa Blanca- y 14.100 millones a Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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