México reconoce “triunfo” de Nicolás Maduro en Venezuela; enviará representante a toma de posesión
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá una representación de México en la toma de protesta de Nicolás Maduro, con lo cual se reconoce el “triunfo” y reelección del mandatario en Venezuela.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que podría ser el mismo embajador de México en Venezuela quien acuda a la ceremonia la cual se llevará a cabo el 10 de enero de 2025.
“Va a ir (a la toma de protesta de Nicolás Maduro) una representación o el propio embajador que está en Venezuela”, señaló.
Reconocimiento de México a gobierno de Maduro
El pasado 16 de octubre, Sheinbaum dijo que sería “imparcial” ante la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, pero que son denunciadas como un fraude por la oposición.
“Hubo un llamado (…) después de la elección de Venezuela para que se transparentaran los resultados. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto”, comentó.
Recordó que la política exterior mexicana se guía por el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.
Varios países no reconocieron reelección de Maduro
Los gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron, de forma conjunta, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia que validó la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
En un comunicado conjunto, aseguraron que ya se habían manifestado por el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas
“Solo una auditoria imparcial e independiente que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela,” declaró el comunicado.
Piden respeto a la soberanía de Venezuela
Precisaron que continuarán insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano.
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“En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia”, añadió.
Oposición declaró fraude en elecciones
María Corina Machado, la exdiputada venezolana y opositora al gobierno de Maduro aseguró que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67 % de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una eventual sentencia que “pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro obtuvo 6 millones 408 mil 844 votos (51,95%); y Edmundo González Urrutia, 5 millones 326 mil 104 votos (43,18%).
Candidato opositor pide asilo en España
En tanto, Edmundo González, candidato opositor en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, salió de su país.
El canciller de España, José Manuel Albares, confirmó la noticia a través de su cuenta de X.
“Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas”, escribió.
Por su parte, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, explicó que González se había refugiado en la embajada de España en Caracas desde hace varios días y solicitó asilo político.
“Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país”, agregó.
Critican gobierno de Maduro
Juan Barreto, exalcalde Metropolitano de Caracas con el apoyo de Hugo Chávez y ahora crítico de Maduro, señaló que en 2013 apoyó la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, de cuyo gobierno se distanció hacia 2015 y al que ha calificado como “el peor de la historia republicana de Venezuela”.
“Las separaciones en políticas son como un divorcio. Hay un proceso gradual de deterioro. Veníamos con muchas críticas al propio gobierno de Chávez. Yo no estuve de acuerdo con la creación del PSUV, por eso decido formar una organización distinta que fue Redes”, declaró.
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Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
¿Qué es la “ciudadanía por derecho de nacimiento”?
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
¿Cómo surgió la enmienda?
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
¿Puede Trump revocarla?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
¿A cuántas personas afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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