“Queremos la detención lo más pronto posible”: piden justicia por Ale y Andrea, dos hermanas asesinadas en Chimalhuacán
Los presuntos agresores de las hermanas Alejandra y Andrea están prófugos desde el 11 de enero de 2025, cuando las asesinaron a balazos afuera de su domicilio, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. A casi tres meses, su familia pide que sean detenidos para empezar el proceso judicial y que no se repita un caso como este.
“Nosotros queremos la detención lo más pronto posible”, dice Manuel Ávalos, papá de las víctimas, en entrevista con Animal Político.
Se refiere a José Rummin, exnovio de Alejandra, quien tenía 22 años al momento del feminicidio, y a Sebastián, tío de Rummin, quien disparó el arma de fuego contra ella y contra Andrea, asesinada a los 28 años. En el ataque también hirió a María Teresa Gutiérrez, madre de ambas víctimas y sobreviviente de las heridas de bala, y a Eduardo, tío de las jóvenes, quien también sobrevivió.
“Una súplica a los vecinos de Chimalhuacán: que denuncien a estas mujeres que pudieron sacar a mis hijas de la casa porque siento que por ahí va a avanzar más rápido la detención de estos tipos”, agrega el padre de familia.
Familia Ávalos Gutiérrez acusa ataque planeado contra sus hijas
Manuel Ávalos, conductor de autos por aplicación de 57 años, y María Teresa Gutiérrez, trabajadora del hogar de 48 años, acusan que el asesinato de sus hijas fue un ataque planeado en el que participaron al menos cinco personas: Rummin, su mamá, su tío Sebastián y dos mujeres que siguen sin identificar.
Alrededor de las 9:30 de la noche del sábado 11 de enero, las dos mujeres tocaron la puerta de la casa donde vive la familia Ávalos Gutiérrez, en la colonia Nueva Santa Cruz, en el municipio de Chimalhuacán.
Alejandra, la hija menor, les abrió, pero no las conocía. Cerró la puerta al darse cuenta de que habían sido enviadas por su exnovio Rummin, pues una de ellas mentía con que estaba metiéndose en su relación.
Las mujeres insistieron y la hermana de María Teresa Gutiérrez abrió para impedir que localizaran a Alejandra y Andrea o que las desconocidas entraran. Pero como ellas volvieron a insistir golpeando la puerta, todas salieron. Querían subir a Ale a un vehículo y su familia trató de impedirlo.
“Antes de la esquina vi a Sebastián salir de un carro, yo me puse enfrente de él y le dije que por favor a mis hijas no les fuera a hacer daño, pero él sacó la pistola y me disparó primero a mí”, rompe en llanto María Teresa Gutiérrez, en entrevista con Animal Político.
La mamá cayó al suelo, pero siempre estuvo consciente. Escuchó más discusiones, más balazos. Vio sus manos ensangrentadas y los ojos de su hija mayor que se quedaba sin vida. También vio a la madre de Rummin.
“Que se toque el corazón como mamá si ella sabe dónde están”, ruega María Teresa Gutiérrez para dar con los autores, materiales e intelectuales, de los asesinatos.
Policía de Chimalhuacán no impidió que agresores se fugaran, denuncia familia
“Imagínate llegar y ver a toda tu familia que le acaban de disparar. Es lo más horrible que he visto en mi vida”, comenta Manuel Ávalos, quien volvió a su domicilio después de un partido de futbol al que también asistieron Ale y Andrea, pero se regresaron antes que él.
Ya no pudo auxiliar a nadie para no alterar la escena del crimen que dejó cuatro víctimas. Esperó a que llegaran los peritos, que levantaran a su esposa y a Alejandra y las llevaran al hospital mientras el cuerpo de Andrea estaba inmóvil en el suelo porque murió en el lugar de los hechos; además, su concuño resultó herido de bala.
Según recuerda, la calle estaba resguardada por al menos cinco patrullas de la Policía Municipal de Chimalhuacán.
“¿Qué hacen cinco patrullas donde ya estaba una persona muerta en vez darle una vuelta a la zona a ver si podían localizar a alguien?”, reclama el papá. Asegura que los avances de la investigación revelan que Sebastián ya tenía antecedentes penales.
María Teresa Gutiérrez pidió ser dada de alta voluntariamente ese mismo día para poder despedirse de Andrea, su hija mayor. Pero al día siguiente, el domingo 12 de enero, Alejandra también falleció en el hospital.
La familia interpuso una denuncia por el feminicidio de Alejandra; el homicidio de Andrea y el intento de homicidio de María Teresa y de Eduardo, esposo de su hermana. En medio de los trámites, decidieron no velar a sus hijas por el temor de otro ataque.
“Chimalhuacán es tierra de nadie”, lamenta María Teresa. El Estado de México es la entidad con mayor número de víctimas de feminicidio en el país, con 10.8 % del total nacional; y por homicidio doloso está en cuarto lugar con 6.8 % de víctimas totales en lo que va de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿Quiénes eran las hermanas Ale y Andrea?
Ilse Andrea Ávalos Gutiérrez arriesgó su vida por defender a su hermana. Era la hija mayor. Estudiaba Contaduría a pesar de que ya trabajaba como auxiliar contable desde hace años, pero quería terminar su carrera para ascender a un mejor puesto.
La caracterizaba ser trabajadora. Su papá y su mamá cuentan que consiguió su primer empleo cuando estudiaba el bachillerato, pues en las vacaciones de verano entró a la Feria de Chapultepec.
Cuando a su papá le pidieron recomendar a alguien de toda su confianza para el área contable de un restaurante, no dudó en decir que su hija Andrea. Y aunque en la pandemia se quedó sin trabajo, vendió pizzas con ayuda de su mamá.
Andrea era la más apegada a la familia. El fin de semana salía con su mamá a la plaza, al cine o se quedaban en casa viendo series. Con su papá disfrutaba de la Fórmula 1, el Super Bowl y los partidos de los Pumas.
“Ale era la bebé de los tres”, dice María Teresa sobre su hija menor. Alejandra Anette Ávalos Gutiérrez estaba estudiando Pedagogía.
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Le gustaba mucho bailar. La describen como divertida y ocurrente, sólo que era más cohibida con su familia que con sus amistades.
Para su mamá y su papá, el cariño que la gente le tenía a las hermanas Ávalos Gutiérrez se ve reflejado en las protestas que han realizado en el Estado de México para exigir justicia desde el 18 de enero, que fue la primera, hasta la más reciente, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Ale vivió distintos tipos de violencia en su relación
Ale y Rummin se conocieron en segundo de secundaria. Iban a la misma escuela, pero en diferente salón. Fue hasta después de que egresaron que comenzaron, por la insistencia de él, una relación intermitente, en la cual cortaban y regresaban, y ella vivió distintos tipos de violencia, desde psicológica hasta física.
Aunque la familia llegó a convivir con él, no notaron la violencia que vivía Alejandra hasta que terminaron definitivamente. Su mamá, María Teresa, encontró una carta en la que Ale le escribió a Rummin sobre sus celos, mentiras, engaños y menciona: “Cada día había más lágrimas, más peleas y más problemas hasta que llegó el primer golpe”.
Además, en al menos otra ocasión una mujer la fue a buscar hasta su casa para reclamarle, con imágenes falsas, que le seguía escribiendo a Rummin. Ale cerró sus redes, cambió su número de teléfono y acudió a terapia psicológica en su preparatoria.
Para enero de 2025 que ocurrió el feminicidio ya llevaban más de un año separados, pero él seguía hostigándola.
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El gobierno dice que la ley “devuelve la dignidad” a los militares y policías que combatieron el terrorismo, pero las familias de las víctimas denuncian que se abre la puerta a la impunidad.
Los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno siguen coleando y generando polémica en Perú.
La presidenta Dina Boluarte, promulgó este miércoles una ley que amnistía a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y las guerrillas de ultraizquierda de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
En un acto solemne en el Palacio de Gobierno de Lima en el que estuvo acompañada por los diputados que promovieron su aprobación y de altas autoridades, Boluarte firmó una ley que, dijo, hace “justicia” y “honra” a quienes lucharon contra el “terrorismo”.
“Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias”, declaró.
Con la ley, dijo la presidenta, “les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada”.
La ley desató la indignación de los familiares de las víctimas.
“La ley premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso”, denunció Gisela Ortiz, portavoz de las víctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policía secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima.
Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de 69 personas de una comunidad indígena perpetrada por una patrulla militar en Accomarca en agosto de 1985, dijo que le “duele como peruana” que se aprueben leyes para que “sean libres los asesinos que han quemado, matado y violado a nuestros familiares”.
Tania Pariona, de la Coordinadora de Derechos Humanos, una organización local, le dijo a BBC Mundo que “la amnistía busca imponer una política de olvido forzoso sobre los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando hay familias que llevan décadas esperando a recibir justicia”.
La medida también ha sido cuestionada fuera de Perú.
Un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en julio que la aprobación de la amnistía pondría al Estado peruano “en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, cuyas normas “prohíben amnistías o indultos por crímenes tan graves”.
Y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, requirió al Estado peruano que suspendiera la tramitación de la polémica ley hasta que el tribunal regional analice cómo afecta su contenido a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de las más destacadas de aquellos años y por los que fue condenado el entonces presidente Alberto Fujimori.
El conflicto peruano dejó cerca de 70.000 muertos, un 30% causados por agentes del Estado, según estimó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
A quién beneficia la amnistía
La norma amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú “que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.
Los miembros de estas organizaciones que ya hayan sido condenados disfrutarán de la amnistía si han cumplido 70 años, lo que, según las organizaciones de víctimas, permitirá que, dado el tiempo transcurrido, todos ellos salgan de la cárcel o queden sin castigo.
La norma beneficia también a los milicianos de los Comités de Autodefensa, una especie de patrullas ciudadanas que proliferaron durante el conflicto en las zonas con una menor presencia de las fuerzas estatales.
Entre los potenciales beneficiados por la medida están mandos militares que han eludido la acción de la justicia, como el general José Valdivia Dueñas, que mandaba las fuerzas que en mayo de 1988 acabaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho.
Otros, como Santiago Martín Rivas, encarcelado por liderar el llamado Grupo Colina, el comando que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, podrían salir de prisión sin haber cumplido su condena ni indemnizado a las víctimas.
Otro que podría ser liberado es Telmo Hurtado, un exmilitar conocido como el “carnicero de los Andes”, condenado en 2016 a 23 años de cárcel por dirigir la matanza de Accomarca.
“No hay una cifra oficial, pero tenemos certeza de por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados”, dijo Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Quién promovió la amnistía y por qué
La ley de Amnistía fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, condenado por crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción cometidos durante su mandato.
Otros congresistas de derecha votaron a favor, entre ellos el almirante retirado Jorge Montoya, quien redactó el proyecto y se quejó porque “más de 1.200 familias” de policías y militares han sufrido durante años las llamadas de la Fiscalía a sus seres queridos.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, defensor de la ley, dijo que con él se hace justicia a “quienes con coraje y amor a la patria” se enfrentaron al “terrorismo”.
Qué puede pasar ahora
Las organizaciones de víctimas han iniciado protestas y medidas legales para impedir la aplicación de la amnistía.
Tienen sus esperanzas puestas en la CIDH, que les ha dado la razón otras veces.
La presidenta de este tribunal internacional ha convocado a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública sobre el tema el próximo 21 de agosto a la que también ha citado al Estado peruano.
Pero Perú ya ha ignorado algunas de sus resoluciones desde que Dina Boluarte es presidenta, como cuando liberó Fujimori en virtud de un polémico indulto que la corte consideró ilegal.
Semanas antes de firmar la ley, Boluarte proclamó que “Perú no es colonia de nadie”. “No permitiremos la intervención de la Corte”, prometió.
Sin embargo, hay voces que sostienen que serán los jueces quienes finalmente decidan en cada caso si se aplica la amnistía.
Mantienen que la ley es inconstitucional y quebranta los compromisos adquiridos por Perú como estado firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que podrían aplicar el principio jurídico conocido como “control difuso de constitucionalidad” o “convencionalidad”, que permite a un juez dejar de aplicar en un caso de su competencia una norma que le parezca contraria a la Constitución peruana o a la citada Convención.
Según Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “todos los jueces peruanos, por mandato del articulo 138 de la Constitución, tienen el deber de inaplicar la Ley de Amnistía”.
David Lovatón, asesor legal de DPLF, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho en América Latina, pronostica que “Ciertamente los militares, policías y civiles investigados, procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos exigirán la aplicación de esta ley en las respectivas carpetas fiscales o procesos judiciales, pero corresponderá a los jueces evaluar si procede –o no–, constitucional y convencionalmente, este pedido”.
Lovatón cree que “esta nueva Ley de Amnistía es claramente incompatible con la Convención Americana a la luz de la sostenida jurisprudencia de la Corte Interamericana a partir del caso Barrios Altos vs. Perú del año 2001, que ha proscrito en nuestro continente toda norma o medida estatal como amnistías, indultos o prescripciones, que pretendan la impunidad de graves violaciones de derechos humanos”.
Lo más probable es que la controversia jurídica sobre los crímenes cometidos en el conflicto peruano continuará, un nuevo ejemplo de que aún supuran heridas que al país le cuesta cerrar.
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