
Un juez de control vinculó a proceso a Juan Antonio “N”, exsecretario de Gobierno de Nayarit entre septiembre de 2021 y junio de 2023, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de certificaciones y fraude específico, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la investigación, el también notario habría formalizado un contrato de compraventa utilizando poderes que ya habían sido revocados con anterioridad.
El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la fiscalía como la defensa podrán aportar más elementos.

Asimismo, la Fiscalía informó que se dio vista al Notariado del Estado de Nayarit para la suspensión del FIAT, que es la autorización que el gobierno de un estado otorga a un abogado para que pueda ejercer como notario público.
Juan Antonio “N” fue detenido el pasado 27 de noviembre, luego de asistir a la toma de protesta de la Asociación de Abogadas del Estado de Nayarit, A.C., hecho que fue confirmado en ese momento por Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic.
Tras su captura, la Asociación de Abogadas emitió un posicionamiento en el que enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia del exsecretario de Gobierno estatal.

La organización señaló que la participación de profesionales del derecho en espacios públicos y políticos “no debe ser motivo de represión o persecución de ninguna índole”, y resaltó la trayectoria académica y jurídica del imputado, a quien describió como formador de diversas generaciones de abogadas, juzgadoras y servidoras públicas.
La asociación reiteró su compromiso de vigilar que este y todos los procesos penales en la entidad se desarrollen con imparcialidad, transparencia y justicia, bajo los principios establecidos en el marco constitucional.

Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
La carta pide solidaridad a los miembros de la OPEP frente a lo que considera una escalada que, de continuar, “pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.
Maduro aseguró que Venezuela se “mantendrá firme” en la protección de sus recursos naturales y que no “sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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