El ataque en Querétaro, perpetrado por sujetos armados contra civiles en un bar de la capital, que dejó 10 muertos, se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos dos meses. Junto con el ataque del sábado pasado, estos incidentes han dejado un total de 24 asesinatos, según reportes periodísticos y datos de las autoridades locales.
La entidad del Bajío, gobernada por Mauricio Kuri (PAN), ha registrado al menos cinco ataques en los que sujetos armados disparan contra civiles en bares, calles, estacionamientos o casas particulares, para luego emprender la huida.
Estos hechos han ocurrido en un estado donde, al menos en su capital, la población percibe menos inseguridad en comparación con la cifra nacional o la de otros estados y ciudades como Colima, Michoacán, Chiapas o su vecino Guanajuato.
En la ciudad de Querétaro, capital del estado homónimo, el 38.3% de la población mayor de 18 años consideró, durante el tercer trimestre de 2024, que vivir actualmente en su ciudad era inseguro, un descenso respecto al 42.2% registrado en el trimestre previo, de acuerdo con datos del INEGI en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
A nivel nacional 58.6% dijo sentirse inseguro entre julio y septiembre de este año, una baja respecto al 59.4% de abril y junio pasado.
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Aunque también 63% de los queretanos mayores de edad consideran que la inseguridad es el principal problema que enfrenta su estado, según datos del Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De enero a septiembre de este año, Querétaro registra 129 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP). En el mismo periodo de 2023, la entidad registró 139 homicidios dolosos y cerró ese año con un total de 179 casos.
Entre los asesinados hay personas originarias de Guanajuato, algunas con antecedentes de ataques y con carpetas de investigación abiertas en su estado o empresarios que trasladaron su negocio a Querétaro, ante la violencia que afecta a Guanajuato.
Previo a lo ocurrido en el bar Los Cantaritos, donde un comando ingresó al bar y rafagueó a los asistentes, el viernes 4 de octubre pasado dos hombres integrantes de un grupo musical de narcocorridos llamado “Emiliano Cuevas y Grupo Penumbre” fueron asesinados tras dar un show en el bar “El Mezcalito”, en Querétaro. De acuerdo con reportes periodísticos, los asesinados eran originarios del municipio de Villagrán, Guanajuato.
El miércoles 9 de octubre, un total de ocho personas fueron asesinadas en Querétaro en dos hechos distintos, pero con sólo unas horas de diferencia entre ambos hechos.
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El primero ocurrió cuando sujetos armados mataron con armas de fuego a tres personas y dejaron un herido grave en una casa de la capital queretana.
Después, cinco personas (cuatro mujeres y un hombre) fueron asesinados también en una vivienda de Jesús María del municipio de El Marqués. En su momento, la Fiscalía local informó que las víctimas eran originarias de Guanajuato, que tenían carpetas de investigación abiertas y que en su estado natal ya habían sufrido un ataque, por lo que se mudaron a Querétaro.
El 14 de octubre en un ataque directo, una mujer fue asesinada con arma de fuego cuando iba a bordo de una camioneta en compañía de dos menores, quienes resultaron heridos. Los hechos sucedieron frente a una escuela primaria de la comunidad de San Clemente en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.
Llegó noviembre y los ataques y homicidios continuaron. El jueves 7 de noviembre tres hombres fueron asesinados y tres más heridos en el municipio de Querétaro al interior del restaurante-bar Mr. Barbas en el fraccionamiento Centro Sur. De acuerdo con medios locales, las víctimas eran originarias de Guanajuato y se mudaron a Querétaro para abrir el bar que cerraron en su estado natal por la violencia.
En medio de ataques contra bares donde han sido asesinadas personas originarias de Guanajuato, las autoridades de Querétaro destacaron que aplicarán medidas “para defender su ciudad”, como la clausura de establecimientos “operados por foráneos” en caso de incurrir en faltas.
El alcalde del municipio de Querétaro, Felipe Fernando Macías (PAN), calificó el ataque del sábado pasado por la noche en “Los Cantaritos” como un hecho “insólito” y derivado de la violencia nacional.
“Hechos insólitos como el de ayer nos ponen en máxima alerta (…) el ataque dirigido a delincuentes, que es derivado de la violencia que se vive a nivel nacional, nos preocupa, nos indigna y nos duele”, dijo Macías en un video publicado en sus redes sociales este domingo.
Además, el alcalde dijo que se llevarán a cabo “inspecciones y, en su caso, clausuras, dirigidas a establecimientos relacionados con operadores foráneos” que llegasen incumplir alguna regla.
También habrá un programa de supervisión permanente de bares, antros y lugares concurridos de esa ciudad. Se implementarán retenes vehiculares y operativos de revisión aleatorios más la promoción de la denuncia anónima.
“Vamos a defender nuestra ciudad para continuar viviendo en paz”, agregó.
Les comparto el siguiente mensaje sobre el trabajo, colaboración y medidas que estamos implementando para fortalecer la seguridad de Querétaro. pic.twitter.com/JZWrZY2CoR
— Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) November 10, 2024
En Querétaro se tiene registro de la presencia de tres grupos del crimen organizado: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con una ficha obtenida por el colectivo Guacamaya, tras el hackeo de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum visitó Querétaro el 13 de octubre pasado y fue recibida por el gobernador Mauricio Kuri para el banderazo de inicio de obras de la construcción del Tren México-Querétaro. En la ceremonia, estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ofreció su apoyo a Sheinbaum.
“Usted como presidenta va a tener todo mi apoyo incondicional (…) cuente con todo nuestro apoyo”, dijo Kuri.
Sheinbaum dijo que trabajaría con los gobernadores de los estados, pero el diálogo con la oposición quedaba en manos de la secretaria de Gobernación.
“Desde mi perspectiva, para eso está la secretaria de Gobernación. Ella tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua. Hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie”, respondió Sheinbaum en un encuentro con medios junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, de extracción panista.
Sheinbaum dijo en esa visita que el diálogo y encuentros serán “con el pueblo” de México.
“La secretaria de Gobernación ahí está para cualquier tema. Personalmente, yo voy a estar dialogando con el pueblo de México, viendo a todo el País”, precisó.
Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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