Un juez federal ordenó al Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, poner en funcionamiento un programa integral para medir, monitorear e informar los resultados para la reducción de la contaminación del aire en la ciudad.
La resolución ocurrió tras una demanda de amparo presentada en 2021 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Cómo Vamos La Paz A.C., “debido a la omisión del Ayuntamiento en el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales, según lo establecido en la legislación vigente”, detalló CEMDA en un comunicado.
El fallo de juez fue emitido desde febrero, sin embargo, la la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento presentó un recurso de revisión ante un Tribunal para revocar la sentencia; sin embargo, el juez reafirmó la decisión.
“Mientras el Ayuntamiento de La Paz continúe sin tomar medidas concretas para monitorear y reducir las emisiones de sustancias contaminantes, la calidad del aire en la capital de Baja California Sur seguirá deteriorándose, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. Se hace un llamado a la autoridad municipal para que inicie las acciones necesarias de acuerdo con la legislación ambiental para abordar este problema urgente”, menciona el comunicado.
El fallo del juez señala que el Ayuntamiento de La Paz tiene la obligación legal de llevar a cabo un sistema de verificación vehicular y mantener un inventario de fuentes móviles, que abarcan todas las formas de transporte y los vehículos automotores.
También deberá establecer un monitoreo de la calidad del aire, así como la inspección, vigilancia y generación de informes.
Actualmente La Paz es una ciudad con casi 300 mil habitantes y Baja California Sur es el estado más motorizado de México, con un promedio de 78 vehículos por cada 100 habitantes, señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
“Además, según el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), el tráfico de vehículos representa la principal fuente de emisión de monóxido de carbono (CO), contribuyendo con un 93% de las emisiones”.
De acuerdo con la organización Aire.org los habitantes de La Paz están expuestos de manera continua a contaminantes atmosféricos que pueden ser gases y partículas que emiten las plantas termoeléctricas locales como Punta Prieta, CCI BCS I, BCS II, BCS III Y BCS IV y los vehículos automotores. Otra fuente de contaminación son los tiraderos a cielo abierto.
“Además de que al ser considerado el corazón energético de Baja California Sur se hace urgente la necesidad de contar con monitoreo atmosférico en la ciudad de La Paz”.
De acuerdo con la OMS, las concentraciones de SO2 que superan el límite recomendado podrían tener efectos en la salud al inflamar el sistema respiratorio, provocando tos, secreción mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica. Además de que aumentan los riesgos de cardiopatías.
La ciudad de La Paz sólo tuvo tres meses de buena calidad del aire durante el 2022, informó la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) de Baja California Sur, Jacqueline Valenzuela Meza en febrero de 2023.
Del resto del año, seis meses tuvieron una condición moderada y tres de mala calidad del aire; febrero, el peor mes porque alcanzó el color morado en el semáforo de riesgos que utiliza CERCA, que está basado en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicha asociación civil cuenta con una red de bajo costo de 17 estaciones de monitoreo en la capital de Baja California Sur.
Valenzuela Meza destacó que son diez colonias las que están principalmente contaminadas, en estas se concentra mayormente la contaminación de acuerdo a los reportes hechos por el automóvil de monitoreo: Laguna Azul, Márquez de León, Santa Lucia, Granjas Márquez de León, La Rinconada, Zona Industrial, El pescador, El Progreso Vivah, Valle del Mezquite y La Fuente.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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