La empresaria y diputada federal Patricia Armendáriz se destapó para contender como aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas en las próximas elecciones de 2024.
A través de un video, anunció que se inscribirá en el proceso interno de Morena pues está “muy preparada”.
“Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la Coordinación en Chiapas en defensa de la Cuarta Transformación porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias”.
Dijo que el jueves se reunirá con la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum quien viajará a Chiapas “para inaugurar este gran movimiento” y pidió a la población acudir para escucharla.
El 19 de septiembre Morena y sus aliados publicaron la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso interno que definirá a los y las candidatas a las nueve gubernaturas que se elegirán en 2024. Los perfiles se podrán registrar entre los días 25 y 26 de septiembre.
Patricia Armendáriz no es la única que ha levantado la mano por el estado de Chiapas, el pasado 10 de septiembre, Manuela Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó que buscará la gubernatura. Otro nombre era el de Zoé Robledo, actual director del IMSS, sin embargo, confirmó en conferencia que no irá por el cargo.
Carmen Patricia Armendáriz Guerra nació el 14 de julio de 1955 en Comitán de Domínguez, Chiapas.
De acuerdo con Proyecto Puente, fue militante del PRI y fungió como asistente de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el mismo periodo, fue responsable de la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En 2009 saltó al PAN y fue diputada federal en Comitán, Chiapas.
De 2016 a 2021 como empresaria se unió al programa de televisión Shark Tank México en el que decidía si invertía en proyectos de emprendedores.
En agosto de 2021 se convirtió en diputada plurinominal por Morena.
La aspirante a gobernar Chiapas se ha visto envuelta en discusiones durante su trabajo legislativo, algunas de ellas por comentarios considerados clasistas o por su defensa de la Cuarta Transformación.
Entre las polémicas en las que ha participado está aceptar haber sido una de las financiadoras de los espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum, cuando todavía era jefa de Gobierno.
“De manera libre y en pleno ejercicio de mis derechos políticos, propios de una democracia como la nuestra, decidí sumarme a la iniciativa de diversas compañeras y compañeros legisladores para contratar espectaculares en apoyo a @Claudiashein”, publicó en sus redes sociales.
En 2021 la diputada aseguró que no existía un desabasto de medicamentos oncológicos e incluso pidió a padres de familia de niños con cáncer que le hicieron llegar pruebas de la falta de medicinas.
En febrero de 2022, la legisladora aseguró que fue testigo de cómo en los sexenios de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo repartían dinero durante las contrataciones.
“El pago era en efectivo, mis comisiones eran en efectivo. Llenaba mis cajones y los mandaba a Suiza, y además, de eso, en el peor de los casos si me das tu estructura ahí te va el moche. En el mejor de los casos si era una persona decente me cobraba yo “mis honorarios inmensos”, porque solo yo sabía reestructurar y porque además me mandaba el presidente en turno, y en el peor de los casos te volvía yo un corrupto presidente, porque corrompimos a los presidentes”, dijo.
Tras ser cuestionada, criticó a los medios de comunicación por considerar que su “ataque a los corruptos fue una confesión de corrupción”.
Días después, tras los cuestionamientos de AMLO sobre el sueldo de Carlos Loret de Mora, Armendáriz sugirió que todos los periodistas debían dar a conocer sus ingresos.
En abril de 2023 se filtró una grabación en la que reclama a un grupo de habitantes mayas de la Selva Lacandona.
“Ya no van a seguir mamando del gobierno, no les van a dar nada o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro, ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo y ya ni vengan”.
Tras darse a conocer, dijo que el altercado fue producto de “fallas de carácter”, por lo que les ofreció disculpas a los líderes.
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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