
La Fiscalía de Morelos y la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec confirmaron la localización sin vida de Karol Toledo Gómez, la estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), reportada como desaparecida desde el 2 de marzo.
Se trata del segundo feminicidio de una estudiante de la UAEM en esta semana, luego de que fuera hallado el cuerpo de Kimberly Joselin.
A través de un comunicado, la Fiscalía estatal informó esta tarde que durante las acciones de búsqueda de Karol, la Coordinación General de Servicios Periciales halló un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco. Horas más tarde, la dependencia detalló que tras realizar los estudios periciales,se logró establecer que corresponde a Karol Toledo.
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“Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”, dice el comunicado.
Por su parte, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec subsedes Miacatlán y Tetecala, lamentó el fallecimiento a través de una publicación en sus redes sociales.
“No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia. Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a su familia y amigos en este momento de indescriptible pesar.
“Que la memoria de Karol sea el motor que nos mantenga unidos en la búsqueda de la verdad”, concluye el mensaje.

Apenas el 4 de marzo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó la desaparición. Karol fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec.
La UAEM hizo un llamado a las autoridades para que se realicen acciones inmediatas, eficaces y coordinadas que permitan avanzar en su pronta localización, así como para que se agoten todas las líneas de investigación y búsqueda correspondientes.
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Informaron que desde la administración central de la Universidad han brindando acompañamiento institucional a la familia y dado seguimiento puntual con las instancias que realizan las labores de investigación y reiteraron su disposición de colaborar en lo necesario para el esclarecimiento de los hechos.
El 2 de marzo, en la zona norte de Cuernavaca fue localizado el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, otra estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero.
Por el caso de Kimberly, su exnovio Jared Alejandro “N” fue detenido y se le imputó el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.
Ante los indicios presentados por el ministerio público, el juez determinó imponer prisión preventiva como medida cautelar. El imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará en los próximos días.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní han reabierto el debate sobre el uso legítimo de la fuerza en la escena internacional.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya han causado víctimas civiles. También provocaron la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a todas las partes a respetar el derecho internacional.
Ambos bandos afirman que sus acciones armadas están justificadas, pero para verificar si los ataques iniciales contra Irán fueron legales debemos remontarnos a los estándares del derecho internacional que la mayoría de países acordaron, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Washington y podrían “pronto alcanzar territorio estadounidense”.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 2 de marzo que Estados Unidos tuvo que “atacar preventivamente” ya que la administración sabía que iba a producirse “una acción israelí” contra Irán.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo a la BBC que los presuntos planes de Irán para “desarrollar una bomba” son, por sí solos, motivo suficiente para los ataques.
Irán ha respondido bombardeando Israel y países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, alegando la legítima defensa.
Las cifras de víctimas siguen aumentando. De acuerdo con organizaciones humanitarias, más de 1.000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques. Mientras, en Líbano, decenas de personas han perdido la vida a causa de los bombardeos israelíes.
Por otro lado, decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses, han muerto en Israel y en los países del golfo Pérsico.
Los expertos legales con los que ha hablado la BBC sostienen que las condiciones jurídicas necesarias para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel no parecen haberse cumplido, aunque la represalia de Irán también podría haber violado el derecho internacional.
Según la Carta de la ONU, el documento fundacional de la organización, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica.
Dos disposiciones son fundamentales:
La cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente.
Susan Breau, experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Legales Avanzados, un centro de análisis británico, señaló que una defensa legítima requeriría “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, y añadió que no ha visto ninguna evidencia de ese tipo.
Coincide con ella el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Nice, quien entre 1998 y 2006 dirigió la acusación contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional.
“No se ha presentado ninguna prueba”, dijo Nice. “Existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
En Estados Unidos, muchos demócratas sostienen que la operación contra Irán es ilegal, al argumentar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.
Sin embargo, como comandante en jefe, un presidente estadounidense puede llevar a cabo ciertas operaciones militares sin una declaración formal de guerra.
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos intentó negociar con Irán después de bombardear tres instalaciones nucleares en junio de 2025, pero que Teherán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
Ha sostenido que Irán estaba intentando reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados de Estados Unidos, a tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y, al final, de alcanzar territorio estadounidense.
“Hay más que suficiente información que muestra que… los iraníes estaban preparando sus fuerzas de misiles para atacar antes de que Estados Unidos o Israel tomaran la decisión de seguir adelante”, dijo a la BBC Ezra Cohen, quien formó parte del equipo de inteligencia y seguridad del presidente Trump durante su primera administración.
Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó en una rueda de prensa el lunes que Irán tenía “un programa nuclear muy grande y ambicioso”, pero que él no había visto pruebas que sugirieran “un programa estructurado para fabricar armas nucleares”.
Un informe de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA) concluyó que Irán seguía a años de producir misiles de largo alcance.
Los expertos también señalan que la afirmación de Trump de que el programa nuclear iraní había quedado “aniquilado” después de la guerra de 12 días del año pasado parece incompatible con la idea de que Teherán representara una amenaza inminente.
Uno de los debates centrales en derecho internacional gira en torno a cuán estrictamente debe interpretarse el concepto de “inminencia”.
Tradicionalmente, inminencia significa “el último momento posible en que puedes interrumpir un ataque que, de otro modo, llegaría de forma inevitable a tu territorio”, explica Marc Weller, académico de derecho internacional de la Universidad de Cambridge.
También existe un debate de larga data sobre cuándo un Estado puede emplear la fuerza de forma legítima en defensa propia anticipada, señala Breau: algunos sostienen que el ataque debe haber comenzado ya; otros afirman que la defensa anticipada ya estaría justificada si existen pruebas creíbles de que un ataque ocurrirá muy pronto.
“Pero no dentro de diez años”, remarca.
Breau añade que la defensa propia legítima exige dos condiciones: la necesidad —”sin otra opción posible”— y la proporcionalidad.
Weller y Breau consideran que el ataque israelí contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, es uno de los ejemplos más citados de defensa propia anticipada en la historia moderna.
En ese momento, muchos creían que las tropas egipcias concentradas en la frontera estaban listas para lanzar un ataque, afirma Breau.
Sin embargo, sostiene que, incluso entonces, el ataque israelí se consideró “controvertido”.
Muchos expertos consideran que la respuesta de Irán también podría haber vulnerado el derecho internacional.
Weller afirma que Teherán ha infringido el derecho internacional al llevar a cabo “ataques indiscriminados” contra países del Golfo.
Geoffrey Nice subraya que, aunque Irán pueda invocar la legítima defensa, su respuesta debe ser “proporcionada”. La proporcionalidad, explica, exige valorar el objetivo militar frente al daño colateral que se puede prever.
“En el caso de Irán, el uso de misiles que quizá no estén dirigidos de manera precisa y estricta puede considerarse con facilidad como desproporcionado y, por tanto, ilegal”.
Breau coincide y menciona el célebre hotel Fairmont del centro de Dubái, que ha sido impactado por fuerzas iraníes. “Ese no era un objetivo militar, sino un objetivo civil”.
Los expertos advierten que no identificar con claridad los casos de usos ilícitos de la fuerza podría acabar debilitando el sistema jurídico internacional.
Breau alerta de que otros países podrían invocar razonamientos similares y recurrir al uso de la fuerza, como China, que podría recurrir al uso unilateral de la fuerza contra Taiwán, a la que considera una provincia separatista.
“No hay nada más peligroso para el sistema internacional que aceptar usos ilícitos de la fuerza”, señala.
En un artículo para Chatham House, Weller advierte que será difícil oponerse a “más agresiones rusas o a un posible expansionismo chino” sin “desatar acusaciones de doble rasero e hipocresía”, y que Estados Unidos y otros Estados podrían lamentar “la pérdida de autoridad legal y moral que esto implicaría”.
Si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse y dé paso a la ley del más fuerte.
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