Investigadores de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como de otros institutos de investigación y miembros de la sociedad civil exigieron a las autoridades universitarias y al gobierno estatal reconocer “el profundo deterioro de la seguridad pública en el estado” e implementar medidas de seguridad tras el secuestro y asesinato de los biólogos, Laura Ortíz Hernández y Enrique Sánchez Salinas.
Mediante un pronunciamiento firmado por 625 personas y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia y al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, la comunidad de investigadores expresaron su profunda preocupación por los hechos de violencia registrados en el estado, siendo el caso de la pareja de biólogos uno de los más recientes.
El pasado 9 de septiembre Laura y Enrique, académicos jubilados de la UAEM, fueron víctimas de un secuestro en Chamilpa, Cuernavaca, cerca del campus donde trabajaban. Extraoficialmente, se difundió que su familia habría pagado el rescate, pero no regresaron a casa. Se presume que sus cuerpos fueron hallados 37 días después en un paraje entre Huitzilac y Topilejo.
Las autoridades de Morelos no han confirmado oficialmente que los cuerpos que se encontraron sean de los biólogos. Sin embargo, la ropa de las personas halladas coincide con la que portaban. Las autoridades se encuentran a la espera de las pruebas de ADN para determinar su identidad. Tres personas han sido detenidas por estar relacionadas con estos hechos.
El 17 de octubre, la UAEM informó sobre la desaparición de la pareja e indicó que las autoridades universitarias sostuvieron una reunión con la gobernadora Margarita González y con el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia, en donde ésta instruyó delinear acciones de prevención y estrategias para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria.
Algunas de las acciones acordadas fueron realizar patrullajes alrededor de las sedes universitarias, atender el alumbrado público y crear senderos seguros. Según se dio a conocer, habrá otra reunión para darle seguimiento a este tema y contará con la presencia de autoridades municipales.
En el comunicado lanzado el pasado 21 de octubre, las y los investigadores pidieron específicamente a la gobernadora del estado, visitar las instalaciones universitarias para evaluar personalmente la situación de seguridad y presentar a la comunidad un plan de acción concreto.
Mientras que a las autoridades universitarias les solicitaron informar de manera transparente sobre las medidas de seguridad que implementarán dentro del campus como en los trayectos desde y hacia la universidad.
Ante la situación de inseguridad presente en el estado, recordaron que guardar “silencio frente a la violencia, perpetúa la violencia”.
“Guardar silencio frente a la crueldad conduce a la aceptación social de la violencia como criterio de regulación de la vida social, condena a las víctimas al ostracismo y reduce las cenizas los lazos de confianza que se requieren para solucionar pacíficamente los conflictos”, expresaron.
Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad universitaria a unirse a la demanda por una universidad más segura y por la pacificación del estado.
Lee: Hallan 10 cuerpos en distintos puntos de Morelos; gobierno estatal lo atribuye a grupos criminales.
Morelos es una de las entidades más violentas del país, ocupa el octavo lugar en cuanto al número de homicidios dolosos. En 2023 hubo mil 504 asesinatos, y entre enero y julio de este año se han registrado 970 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, el lunes 22 de enero fue uno de los días más violentos que se ha registrado en los últimos años en la entidad, pues ese día reportaron 10 asesinatos. Esto le valió a Morelos ser el estado más violento en todo el país, por al menos un día.
Cuautla, en el caso de la región oriente, así como Emiliano Zapata, Cuernavaca y Temixco, en la región metropolitana, son de los municipios con más homicidios.
El 2023 cerró como el año más violento de la pasada administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues además del homicidio doloso, se registraron delitos como robo de vehículos, despojo, secuestro y extorsión.
Durante décadas, el PKK ha luchado con Turquía para ganar territorio para los kurdos de Medio Oriente.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha decidido disolverse y deponer las armas, marcando el fin de un conflicto de más de cuatro décadas con Turquía que dejó más de 40.000 muertos.
La decisión se produjo tres meses después de que su líder, Abdullah Ocalan, preso desde 1999, hiciera un llamado a la disolución del grupo.
Turquía aún no ha hecho ningún anuncio oficial, pero la disolución representaría una gran victoria para el presidente Recep Tayyip Erdogan.
También tendrá importantes repercusiones en la región, especialmente en la vecina Siria.
El grupo, de raíces izquierdistas, fue formado a finales de los años 70 y lanzó una lucha armada contra el gobierno turco en 1984, reclamando un Estado kurdo independiente dentro de Turquía.
Los kurdos son uno de los pueblos originarios de las montañas y llanuras de Mesopotamia, una región que se extiende por el sureste de Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noroeste de Irán y suroeste de Armenia.
Se estima que entre 25 y 35 millones de kurdos viven en esta zona. Son el cuarto grupo étnico más numeroso de Medio Oriente (después de árabes, persas y turcos), pero no tienen un Estado-nación propio.
Durante siglos, los kurdos vivieron bajo el dominio del Imperio Otomano. Cuando este colapsó al final de la Primera Guerra Mundial, muchos kurdos comenzaron a considerar la creación de una patria propia, usualmente denominada “Kurdistán”. Los aliados occidentales vencedores contemplaron esa posibilidad en el Tratado de Sèvres de 1920.
Sin embargo, este fue reemplazado en 1923 por el Tratado de Lausana, que fijó las fronteras de la Turquía moderna y no incluyó ninguna disposición para un Estado kurdo.
Los kurdos quedaron como minoría en todos los países donde habitaban. Durante los siguientes 80 años, todos los intentos kurdos por establecer un país independiente fueron reprimidos.
Los kurdos representan entre el 15 % y el 20 % de la población de Turquía.
En respuesta a los levantamientos ocurridos en las décadas de 1920 y 1930 en Turquía, muchos kurdos fueron reubicados, se prohibieron los nombres y vestimentas kurdas, se restringió el uso del idioma kurdo, e incluso se negó la existencia de una identidad étnica kurda, denominando a estas personas como “turcos de las montañas”.
En 1978, Abdullah Ocalan -un activista político de izquierda originario del sureste de Turquía- fundó el PKK, que abogaba por la creación de un Estado independiente dentro de Turquía. En 1984, el grupo inició una lucha armada.
Desde entonces, aproximadamente 40.000 personas han muerto en Turquía y en zonas de Siria e Irak cercanas a la frontera turca, como consecuencia del conflicto entre el PKK y las fuerzas de seguridad turcas. Cientos de miles de personas han sido desplazadas dentro de Turquía.
El PKK ha sido calificado como grupo terrorista en Turquía, Estados Unidos, Reino Unido y países de la Unión Europea.
En la década de 1990, el PKK dio marcha atrás en sus demandas de un Estado independiente, y comenzó -en cambio- a pedir una mayor autonomía para los kurdos.
En una entrevista con la BBC en 2016, el líder militar del PKK, Cemil Bayik, declaró:
“No queremos separarnos de Turquía y formar un Estado. Queremos vivir dentro de las fronteras de Turquía, en nuestra propia tierra, con libertad”.
“La lucha continuará hasta que se reconozcan los derechos innatos de los kurdos”, añadió.
Sin embargo, Turquía sostiene que el PKK “intenta crear un Estado separado dentro de Turquía”.
A mediados de los años noventa, se produjeron intensos combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el PKK. Miles de aldeas fueron destruidas en el sureste y este de Turquía -zonas de mayoría kurda-, lo que obligó a cientos de miles de kurdos a huir hacia ciudades en otras partes del país.
El grupo pidió participar en la vida política de Turquía, mayor reconocimiento de los derechos culturales de la población kurda del país y la liberación de sus miembros encarcelados.
Turquía se negó a negociar con el PKK y ofreció únicamente una amnistía limitada a sus miembros.
Entre 2009 y 2011, el PKK y el gobierno turco mantuvieron conversaciones secretas en Noruega, pero estas fracasaron.
En marzo de 2013, Ocalan anunció un nuevo alto el fuego tras mantener diálogos con el gobierno, y pidió a las fuerzas del PKK que se retiraran de Turquía. Sin embargo, ese alto el fuego se rompió en julio de 2015.
Desde 2015, más de 7.000 personas han muerto en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad turcas y los combatientes del PKK en Turquía e Irak, según la organización de investigación Crisis Group.
Los combates fueron especialmente intensos en 2015 y 2016, y ocurrieron principalmente en el sureste de Turquía.
Para 2019, las fuerzas de seguridad turcas habían expulsado a muchos militantes del PKK fuera del país, y la mayor parte de los enfrentamientos se ha trasladado desde entonces a la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, y al norte de Siria.
En Siria, las tropas turcas (junto con una milicia aliada llamada Ejército Nacional Sirio) también han estado combatiendo a las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), lideradas por kurdos, a las que Turquía considera la rama siria del PKK.
Pero desde octubre de 2024, el gobierno turco -junto con Devlet Bahceli, líder del ultraderechista Partido del Movimiento Nacionalista- ha estado manteniendo conversaciones con el PKK, que han incluido visitas a Ocalan en la prisión de la isla de Imrali, una cárcel de alta seguridad en el mar de Mármara.
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