Línea 12 del Metro de la CDMX: Del colapso a la reapertura de estaciones
Para entender mejor
La Línea 12 del Metro de la CDMX será reabierta en su totalidad el próximo martes 30 de enero, luego de tres años de cierre tras el colapso del tramo elevado que cobró la vida de 26 personas.
La noche del 3 de mayo de 2021 ocurrió la tragedia en la llamada línea dorada: una trabe que sostenía el tramo elevado de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, se venció y provocó la caída de dos vagones sobre Avenida Tláhuac.
Aquí presentamos una cronología del caso.
El colapso y la respuesta de autoridades
Aproximadamente a las 22:25 horas del lunes 3 de mayo, dos vagones se desplomaron.
Ante el incidente, elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, bomberos y decenas de ambulancias llegaron al lugar para las labores de emergencia.
Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno capitalino y quien inauguró la Línea 12 en octubre de 2012, pidió investigar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. “El que nada debe, nada teme”, dijo.
Por su parte, el Metro anunció que todo el servicio de la Línea 12 estaría suspendido. Unidades de RTP y Metrobús tomarían su lugar.
Sin embargo, la Línea 12 ya había tenido dos cierres parciales, uno en marzo de 2014 y otro en 2017, tras el sismo del 19 de septiembre.
Florencia Serranía, entonces directora del Metro, aseguró que la Línea 12 no mostró ninguna anomalía tras una revisión realizada en enero. Sin embargo, vecinos señalaron haber denunciado grietas, hundimientos y constantes fallas tras el sismo de 2017.
Las víctimas y el juicio contra responsables
El 5 de mayo de 2021, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina comenzó a realizar peritaje del accidente; participó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, coordinado con diferentes sociedades técnicas. El gobierno local anunció que la empresa noruega DNV, especialista en la investigación de accidentes, realizaría también trabajos de peritaje en la zona colapsada.
El gobierno capitalino anunció que el Metro daría 650 mil pesos como indemnización a familiares de víctimas; además, ofrecería un monto inicial e inmediato de 50 mil pesos para los deudos de las personas fallecidas y las heridas.
Para junio de ese año, el diario The New York Times publicó el reportaje “Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, donde señala que obtuvo “miles de fotografías del sitio del siniestro y compartió las pruebas con varios ingenieros expertos que llegaron a la misma conclusión: los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto (que son la base de toda la estructura) parecen haber fallado debido a una soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó el accidente”.
La investigación apuntó como responsables a Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, quien presuntamente pidió acelerar la obra, y al empresario Carlos Slim, como dueño de Grupo Carso, la empresa que tuvo a su cargo la construcción del tramo que colapsó.
Sin embargo, el 3 de agosto personas lesionadas y familiares de los fallecidos señalaron que no habían sido atendidos de forma permanente, como había señalado la jefa de gobierno, y solicitaron tener acceso a las investigaciones.
Para el 7 de septiembre, el dictamen técnico final de la investigación de la empresa noruega DNV determinó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de dos vigas, debido a la falta de pernos funcionales, causando que parte del tramo elevado perdiera su estructura.
Además, identificó prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barras de acero como material de relleno de soldadura, así como deformaciones en vigas.
La fiscalía judicializó la carpeta de investigación por el colapso de la Línea 12, por lo que solicitó citar a comparecer a 10 exfuncionarios encargados de su construcción, entre ellos, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Los delitos por los cuales se responsabiliza a los exservidores públicos son homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad.
Carso dio a conocer a la Bolsa de Valores que había celebrado un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno capitalino y con el Metro para que, a cargo de CICSA, se lleven a cabo los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12.
Los ingenieros señalados pidieron que se les conceda la posibilidad de una salida alterna como ya ocurrió con la empresa constructora.
Para octubre de 2023, Enrique Horcasitas y nueve funcionarios más del Proyecto Metro y encargados de la construcción de la Línea 12 pasaron de imputados a acusados durante la audiencia intermedia por el desplome de la línea dorada.
Polémica por reapertura de la línea dorada del Metro
El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, anunció en conferencia de prensa que quedará en funcionamiento la segunda etapa del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que comprende las estaciones Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac, con lo que quedará completamente restablecido el servicio en toda esta Línea a partir del martes 30 de enero.
Sin embargo, a principios de este año, Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, consideró que la reapertura de la Línea 12 debe aplazarse hasta la primera semana de febrero y no hacerla en enero.
El líder sindical detalló que previo a la reapertura de la Línea 12 se deben realizar pruebas estáticas con resistencia, es decir, colocar trenes en puntos específicos con la finalidad de detectar desplazamientos.
Aún están pendientes también las pruebas de la marcha en vacío, que consisten en probar los trenes sobre el tramo elevado con la simulación del peso de los usuarios.
Desde el 15 de enero funcionan abarca las estaciones Mixcoac, Insurgentes Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los venados, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo y Atlalilco de la Línea 12.
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EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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