Jalisco tendrá patrullas Cybertruck de Tesla como parte de la estrategia de seguridad rumbo al Mundial 2026
Para entender mejor
El Gobierno de Jalisco comenzará a utilizar vehículos Tesla Cybertruck como patrullas, en lo que se presume como una medida inédita en el país. Aunque todavía no se hace una presentación oficial, ya circulan imágenes y videos de las unidades, identificadas con logotipos de la Policía Estatal y numeración institucional.
Los autos forman parte de un paquete de aproximadamente 300 unidades tácticas blindadas que incluirá también camionetas Black Mamba, y cuya adquisición se enmarca dentro del programa Escudo Jalisco C5.
Según datos preliminares, cada Cybertruck costaría alrededor de 2.1 millones de pesos. Estos vehículos son fabricados por Tesla, empresa propiedad de Elon Musk.
El anuncio, envuelto en espectacularidad y polémica, fue presentado por autoridades estatales como parte de la estrategia de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026, del que Guadalajara será una de las sedes. Sin embargo, la decisión de incluir este tipo de vehículos ha generado reacciones encontradas entre la población y en redes sociales, donde se cuestiona la pertinencia del gasto ante el panorama actual de violencia en la entidad.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, explicó que algunas de las unidades Tesla estarán destinadas a labores de inteligencia y análisis, y contarán con bases de datos de personas desaparecidas, órdenes de aprehensión y vehículos con reporte de robo. También se informó que incluirán cámaras, intercomunicadores y tecnología de reconocimiento.
Las camionetas serán parte del despliegue de 4 mil 500 elementos encargados de garantizar la seguridad de turistas, visitantes y locales durante el evento deportivo, con énfasis en zonas como hoteles, centros de concentración y espacios públicos como el Fan Fest.
Violencia y desaparecidos en Jalisco
Mientras autoridades de Jalisco presentan su flotilla de alta gama, el estado enfrenta múltiples desafíos de seguridad. Continúan las desapariciones, se investiga un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre y persisten zonas donde la violencia se recrudece, como Teocaltiche, municipio en el que el gobernador Pablo Lemus prometió una pacificación en 45 días, tras el asesinato de funcionarios locales y denuncias por reclutamiento forzado.
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Asimismo, en mayo la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertó sobre una crisis de desaparición de jóvenes de 15 a 19 años por el posible reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, esto luego de la publicación del mes de abril del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco.
El reclutamiento forzado se aceleró desde el año pasado y “parece seguir con la misma intensidad”, pese a los esfuerzos de las autoridades para controlar las centrales de autobuses, las campañas de difusión sobre empleos engañosos y las detenciones realizadas tras el hallazgo de centros de adiestramiento, destacó.
De acuerdo con la información presentada, se reportó la desaparición de mil 123 personas entre enero y abril de este año, de ese total 616 quedaron sin localizar. En el mismo periodo del año pasado, se registró la desaparición de mil 158 personas y de ellas se logró la localización de 650 en abril de 2024.
La Universidad de Guadalajara señaló en el comunicado del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas que la composición por grupos de edad de las personas desaparecidas “cambió radicalmente de un año al otro”.
Entre enero y abril del 2024, las personas con edades entre 25 y 29 años ocupaban el primer lugar con 117 reportes, detalló. Un año después el primer lugar lo ocuparon las personas con edad entre 15 y 19 años con 122 reportes.
Publicada originalmente por Zona Franca
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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