Inhabilitan por tres años al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por irregularidades en proyecto fotovoltaico
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue inhabilitado por tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debido a irregularidades vinculadas con la fallida construcción de una planta fotovoltaica impulsada por su administración y que estaría a cargo de la empresa Next Energy.
Durante su conferencia mañanera de este martes, la mandataria confirmó la notificación de la sanción y señaló que el exgobernador puede impugnar la resolución, en un caso en el que enfrenta imputaciones por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Por su parte, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Gabriela Monge, detalló que la notificación fue recibida este lunes y que se trata de una falta considerada grave: “En efecto, el día de ayer fuimos notificados de esta resolución. Conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”.
El fallido proyecto y el daño a las finanzas estatales
El proyecto de la planta fotovoltaica impulsado por Bonilla se desarrolló mediante un esquema con la empresa Next Energy, sin contar con el permiso federal requerido. Para financiarlo, la administración estatal constituyó un fideicomiso en el que quedaron retenidos 123 millones de pesos de recursos públicos.
La gobernadora Ávila canceló el contrato en su administración al considerar que se trataba de una negociación “leonina”.
El gobierno de Ávila presentó procesos legales para recuperar el dinero retenido hasta que se le restituyeron 172 millones de pesos, correspondientes al monto original, más rendimientos.
Por las irregularidades del proyecto, varios exfuncionarios del gobierno de Bonilla han sido sancionados administrativamente en los últimos años.
Confirman vinculación a proceso de exsecretario de Salud de Bonilla
Durante la misma conferencia, Gabriela Monge también respondió sobre la vinculación a proceso ocurrida este lunes del exsecretario de Salud de la administración de Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico.
“Este, en efecto, el día de anoche fue vinculado a proceso este exservidor público”, señaló la funcionaria.
La vinculación se relaciona con las denuncias penales presentadas en mayo de 2023 por el gobierno de Marina del Pilar, que acusan al exsecretario y a siete exfuncionarios más de pagar sobreprecios en medicamentos y realizar adjudicaciones directas irregulares durante 2021, aprovechando un decreto federal por la contingencia de Covid-19 para compras de medicamentos que no correspondían a la pandemia.
Las denuncias incluyeron delitos como ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Monge recordó este día que las denuncias forman parte de un conjunto más amplio presentadas desde el inicio de la administración.
“Hay que recordar que (…) el gobierno del estado interpuso en su momento diversas denuncias de carácter penal por la posible comisión de hechos delictivos, entre ellas son conocidas por ustedes algunas que guardan relación con el sector salud y otras con el sector educativo”, dijo
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Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
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Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
Presión militar y aislamiento
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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