
“Estábamos muy a gusto anoche (24 de diciembre), pero viera que en Santa Rosalía de Carrizal sacaron a todita la gente. Estábamos muy a gusto. Como a las 10 (de la noche) empezaron a llegar familias de Santa Rosalía, traían las nuevas de que los habían sacado, les dijeron que se salieran porque no querían matar gente inocente. El rancho se quedó solo, viera cómo estamos atrasados (…) los sacaron de su casa, no sabemos qué va a pasar”, este es el testimonio de habitantes de alrededor de la comunidad de Atascaderos, donde recibieron a una parte de los desplazados rarámuri esta Navidad.
Decenas de familias de la comunidad de Santa Rosalía de Carrizal, ubicada en el Triángulo Dorado, del municipio de Guadalupe y Calvo, dejaron servida la cena de Navidad cuando llegaron hombres armados a los domicilios para exigirles que se fueran porque “no querían matar a gente inocente”.
En una sola noche, se estima que salieron alrededor de 120 adultos, sin contar a los adolescentes y niñez. Uno de los adultos mayores, de 92 años, se niega a permanecer fuera de su casa, insiste en regresar porque no concibe no vivir en su tierra.
La comunidad con sus respectivas rancherías, se convirtió en una más en las cifras de desplazamiento forzado interno, personas ódami y rarámuri del municipio de Guadalupe y Calvo (se intensificó a partir de junio de 2021), sin que hasta ahora haya personas detenidas por ese delito, que fue tipificado en enero del año 2023.

Para llegar a Atascaderos, desde Santa Rosalía de Carrizal, se hacen dos horas aproximadamente en automóvil. Sin embargo, decenas de familias más salieron caminando (entre ellas llevaban niñas, niños y adultos mayores), por lo que llegaron hasta la mañana siguiente y en el transcurso del día. Se esparcieron a diferentes lugares de Atascaderos y algunos más continuaron a otros lugares del estado de Chihuahua.
“Estábamos haciendo cena, así como la teníamos, así la dejamos. Alcanzaron algunos a ponerse zapatos a los niños y así salimos en friega. No trajimos nada, así como andábamos nos venimos. Echamos cualquier chamarra o bolsa de mano. Todavía en la mañana llegaron otros pocos y esperamos que sigan llegando más. Se quedó solo el rancho”, dijo una de las personas desplazadas de una de las localidades de Santa Rosalía.
Horas después del dejar su hogar, otro habitante que acogió a las personas desplazadas, agregó:
“Era una lloradera de mujeres, imagínese dejar todo sus cosas. Apenas estaban bien contentos haciendo su cena y tener que salir de esa manera. Llegaron todas llorosas, todas tristes, todas atensionadas, ya ni quisieron cenar, todas preocupadas (…) Les ayudó la gente. No traían ni para la gasolina. Las cosas están muy difíciles, a veces uno piensa estar uno tan tranquilo y ahora puro estar bien atensionadas. Les dijeron que se salieran todos, que no querían matar gente inocente, las cosas qué, la vida es lo que cuenta. Está muy agüitada la pobre gente que salió”.
La Fiscalía General del Estado dio respuesta a este medio hasta el 27 de diciembre, después de dos días de que Raíchali les consultó a través del área de Comunicación Social, pero no reconoce todos los hechos que narraron las personas desplazadas.
A través de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, informaron que acudieron a la comunidad Santa Rosalía del Carrizal para atender al reporte sobre familias desplazadas por “rumores” sobre amenazas sobre la presencia de hombres armados.
“Ayer viernes (25 de diciembre), elementos de la AEI en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementaron un operativo para acudir a la citada comunidad perteneciente al seccional de Atascaderos. En el lugar entrevistaron a una persona que señaló que el día 23 de diciembre, cerca del pueblo, se escucharon detonaciones y explosiones atrás de los cerros y que el día 24 de diciembre surgieron ‘rumores’ de que iba a llegar gente armada al pueblo y los iban a sacar de las casas”.
De acuerdo con el comunicado oficial, la mayoría de las familias que habitan esa comunidad tomaron la decisión de irse del pueblo por miedo, la FGE desconocía hacia dónde se fueron.
Las autoridades estatales aseguran que no llegó gente armada, solo quedó en “rumores”, por lo que ellos seguirán viviendo en la localidad de Santa Rosalía del Carrizal.
“El operativo realizó labores de campo para descartar la presencia de personas armadas que pusieran en peligro la seguridad de los habitantes de la referida comunidad”.
Santa Rosalía de Carrizal se ubica a una hora y media de Atascaderos en vehículo y Atascaderos está otras dos horas de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
“Para ir a Santa Rosalía, pasa por Atascaderos (desde la cabecera municipal), es bajar, bajar hasta la mitad del barranco. En esa comunidad hay varias rancherías o localidades, que abarcan toda Santa Rosalía de Carrizal. Están río abajo. No sabemos qué grupo será el que llegó, ya todo está revuelto”, indica uno de los habitantes de la región.
Agrega otra persona más:
“Los nuevos (identificado como Cartel Jalisco Nueva Generación) están por el lado de Rancho de En Medio y otras localidades cercanas. Más adelante queda Mesa del Durazno, enfrente está Santa Rosaía de Carrizal, pero tiene que entrar por Atascaderos porque los divide la barranca del río, no se puede pasar, tienen que dar la vuelta. Ahí están los nuevos, enfrente de Santa Rosalía. Todo eso está lleno”.
El clima en esa región es más cálido, es tropical, ya que está casi al fondo del barranco. La gente no está acostumbrada a las bajas temperaturas de las zonas altas del estado de Chihuahua a donde llegaron las familias desplazadas.

A Atascaderos y localidades aledañas han llegado decenas de familias originarias de la sierra de Badiraguato en Sinaloa, después de que fueron despojadas de sus propiedades y de que uno de los grupos delictivos que pelean el territorio del Triángulo Dorado (ubicado en los límites fronterizos de Chihuahua, Sinaloa y Durango).
Personal de programas oficiales de gobierno federal y del estatal han detectado el incremento de personas víctimas de desplazamiento forzado interno originarias de Sinaloa, a partir de octubre de este año. Las comunidades de las que llegaron son principalmente La Tuna, Huixiopa, Arroyo Seco, San Miguel, Los Bandidos y Alicitos, del estado vecino.
Habitantes de la cabecera municipal y de Atascaderos, urgieron por ayuda para apoyar a la gente que está llegando, “hasta una bolsita de sopa, de sal, se agradece”.
“Ahorita están sin nada, salieron sin nada […] la gente ha llegado desde septiembre un poco, y más en octubre y noviembre, sin ropa, ni cobija, ni alimentos, no los atienden ni llega apoyo de gobierno, es triste. Esas personas que salieron de Sinaloa son mestizos y pocos indígenas, pero están bien atrasados por esa situación. Necesitan todo: ropa, zapatos, cobijas, alimentos”.
Santa Rosalía se sumó a las decenas de comunidades desplazadas del Guadalupe y Calvo, problema que se ha incrementado a partir de 2021.

El medio Revista Espejo (que pertenece con Raíchali a la Alianza de Medios Territorial) , de Sinaloa, documentó que el 16 de septiembre inició una nueva oleada de desplazamiento forzado interno, de decenas de habitantes de la sierra de Badiraguato.
Las víctimas declararon que aquel día despertaron con balaceras en los pueblos de Huixiopa, La Lapara, La Tuna, Bacacoragua, Cieneguita, Potrero de la Vainilla, La Palma y San José del Barranco. Se trató de un enfrentamiento con ráfagas y explosivos desde la noche del 15 de septiembre al día 17. Las comunidades se quedaron sin luz y la vida diaria se trastocó por el miedo y el aislamiento, por lo que decidieron huir.
Como se ha documentado en el municipio de Guadalupe y Calvo, los delincuentes controlaron el acceso a las rancherías con armas largas, equipo de telecomunicaciones, vehículos y motocicletas todo terreno.
Espejo refiere que la violencia ocurrió con mayor fuerza en Bacacoragua, La Tuna (rancho de donde es la familia Guzmán Loera) y Huixiopa. En esas localidades habitaban más de 80 familias.
En otras comunidades no les permitieron el acceso y negaron la salida a quienes permanecían dentro de la zona de conflicto.
Espejo describe la zona de Badiraguato:
“Badiraguato, enclavado en el llamado `Triángulo Dorado´, ha sido durante décadas el epicentro del narcotráfico en México y cuna de capos históricos como Joaquín El Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva y Rafael Caro Quintero.”
“Su geografía, favorable para el cultivo de marihuana y amapola, convirtió al municipio en territorio estratégico para el trasiego hacia Estados Unidos. Aunque los campesinos de la región nunca se enriquecieron, las organizaciones criminales crecieron hasta convertirse en redes transnacionales que dominaron el mercado ilícito.

“La fama del municipio se consolidó como bastión de la familia Guzmán, que sobrevivió a los operativos como la Operación Cóndor en los años setenta y a la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, en la primera década de los 2000.”
“La región ha sido el espacio de distintos conflictos. El último había sucedido entre 2016 y 2018, años en los que se registraron desplazamiento masivo por presuntos conflictos al interior de la familia Guzmán. Ahora se trata de otro problema, uno que se enmarca por la disputa entre los hijos de El Chapo y la familia Zambada.”
“Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024, su hijo, el Mayito Flaco, se expandió al municipio y comenzó una purga. Retenes, bloqueos, grafitis y enfrentamientos armados muestran cómo los Zambada buscan arrebatar el control histórico a los Guzmán.”
“En el pueblo Hixopa, La Tuna y Santiago de los Caballeros, donde antes operaban libremente los Guzmán, hoy se imponen las letras MF, en alusión a Ismael Zambada Sicairos Mayito Flaco.”
“Los enfrentamientos comenzaron hace un año, sobre la zona de San José del Llano, pero estos se han ido extendiendo a otras regiones como Bacacoragua, Huixiopa y La Tuna”.

Las víctimas de desplazamiento forzado dieron a conocer a Espejo que ninguna autoridad había llegado a resguardar o evitar enfrentamientos, por lo que las balaceras no han cesado. Se desconocen cifras de víctimas de desplazamiento forzado interno, de desapariciones forzadas y asesinatos derivados de esa “guerra” entre grupos delictivos.
En el caso del municipio de Guadalupe y Calvo, la reciente etapa de desplazamientos forzados se originó en 2021, cuando ingresó por los límites de Sinaloa, el grupo Jalisco Nueva Generación aliado con La Línea, brazo armado del cartel de Juárez, de acuerdo con testimonios de pobladores de aquel municipio. Hasta ahora, no ha cesado la violencia que se ha extendido a otros municipios serranos.

Dos meses después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un cese del fuego en Gaza patrocinado por Estados Unidos, el progreso hacia una segunda fase sigue estancado.
Israel y Hamás acordaron en octubre pasado una primera fase de un cese el fuego, apoyado por Estados Unidos, que dio esperanzas de un posible camino para terminar con la disputa armada en el territorio.
Dos meses después, Gaza permanece estancada en la primera fase. Está dividida en dos partes y con su población desplazada y viviendo entre ruinas.
Bajo la segunda fase del cese el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto Israel como Hamás enfrentan difíciles decisiones.
Hamás necesita entregar sus armas e Israel debe retirar sus tropas en Gaza y transferir las responsabilidades de la seguridad a una fuerza internacional.
La formación de un gobierno para administrar Gaza es otro desafío por resolver, así como la búsqueda por parte de Israel del último rehén que queda por entregar, Ran Gvili.
Gvili, un agente de policía de Israel, fue secuestrado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás ha dicho que la búsqueda entre los escombros de Gaza no ha dado ningún resultado sobre su paradero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido que Hamás debe regresar a todos los rehenes -vivos o muertos- antes de que el acuerdo pueda seguir a su siguiente fase.
A los padres de Gvili, Talik e Itzik, se les dijo el año pasado que el agente no había sobrevivido.
“Ellos se robaron a nuestro hijo, ellos se lo robaron”, señala su madre a la BBC. “Ellos saben dónde está. Ellos solo están tratando de esconderlo o quedárselo. Están jugando con nosotros”, anota el padre.
La pareja cree que Hamás quiere mantener a su hijo como garantía para futuras negociaciones, tras el regreso de todos los demás rehenes.
Por su parte, funcionarios de Hamás le dijeron a la BBC que esas acusaciones son falsas y que Israel estaba tratando de evitar implementar el acuerdo.
Pero EE.UU. quiere avanzar hacia la segunda fase del cese el fuego, de acuerdo a los diarios Haaretz y The Times de Israel.
En una entrevista con la BBC, Gershon Baskin, un exnegociador israelí en casos de rehenes -particularmente en el acuerdo en 2011 por el soldado Gilad Shalit-, señala que Israel “no tiene muchas opciones” para posponer la segunda fase del acuerdo sobre Gaza.
Baskin dice que Trump ha sido “muy claro con su decisión” y le dirá a Netanyahu que “no hay espacio para la procrastinación”.
El exnegociador, quien ha tenido un rol importante en la comunicación entre Israel y Hamás, añade que el tema del cuerpo del rehén que no ha sido entregado “no es suficiente razón” para demorar el inicio de una segunda instancia en el acuerdo.
El desarme de Hamás de un modo que resulte aceptable para ambos bandos es de lejos la barrera más grande para avanzar el cese el fuego hacia su siguiente fase.
Turquía ha pedido insistentemente ser parte de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), que será la encargada de desarmar al grupo islamista, de acuerdo al medio israelí Hayom.
Netanyahu ha sido claro en su intención de evitar que esto pase y cuenta con el apoyo de EE.UU., señala el medio.
Hasta el momento, ningún país ha anunciado formalmente que se unirá a las ISF.
De acuerdo a Baskin, Hamás tal vez aceptará “guardar sus armas” y posiblemente entregarlas a un gobierno palestino o a un tercer actor, pero no a Israel o EE.UU.
Y añade que EE.UU. sabe que el desarme de Hamás está vinculado al repliegue total de Israel en Gaza y que esto será difícil de lograr mientras las fuerzas israelíes permanezcan dentro de la Franja.
En este momento, Israel controla cerca del 53% de la Franja de Gaza.
Bajo la primera fase del acuerdo del cese el fuego, Israel aceptó un retiro parcial de tropas en el norte, sur y este de Gaza. El límite fijado se conoció como la “línea amarilla”
La segunda fase requiere un acuerdo mutuo de un nuevo repliegue del ejército israelí, mecanismos de desarme, reconstrucción y arreglos para un monitoreo internacional.
Estos temas son considerados sensibles, porque afectan directamente la seguridad de las localidades israelíes en la frontera con Gaza y el futuro de la presencia israelí en lo que se conoce como el Corredor de Filadelfia, un pedazo de tierra frente la frontera de Gaza con Egipto, que incluye el paso de Rafah.
Para el general Israel Ziv, un exmilitar israelí experto en operaciones, tanto Hamás como Israel están dudando en apresurar el avance hacia la segunda fase.
“Hamás no quiere perder el control y el lado israelí por razones políticas también quiere quedarse en Gaza”, dijo Ziv a la BBC.
De acuerdo con el militar, Trump es la única persona que puede forzar a ambos bandos, pero el tiempo se está agotando.
“Por estar esperando, creo que hemos perdido la oportunidad, porque Hamás se está reorganizando y está retomando fuerza”, añade.
Cómo formar el órgano administrativo de transición que gobernará Gaza en la siguiente fase es otro gran obstáculo.
Aunque el plan propuesto exige la formación de un gobierno tecnocrático palestino independiente, separado tanto de Hamás como de la Autoridad Palestina (AP), Israel sospecha que la participación de representantes de ambos grupos será inevitable.
Al gobierno israelí le preocupa que esto pueda habilitar a Hamás a conservar su influencia en las nuevas instituciones de gobierno, o provoque el regreso de la AP a Gaza.
Anteriormente, la AP ejercía un control limitado sobre partes de Gaza y Cisjordania, pero desde que Hamás tomó el control de Gaza, en 2007, solo ha gobernado partes de la Cisjordania ocupada por Israel.
El gobierno de Netanyahu rechaza cualquier participación de la AP o de Hamás y, en su lugar, exige una “entidad palestina neutral” para gobernar el territorio.
Al gobierno israelí también le preocupa que la segunda fase pueda significar “el comienzo real del establecimiento de un Estado palestino junto a Israel”, según Baskin.
Se espera que estos temas clave se traten en una reunión entre Netanyahu y Trump en Florida a finales de este mes.
El presidente estadounidense, quien negoció el alto el fuego en Gaza, tiene previsto anunciar la composición de la recién creada Junta de Paz para Gaza a principios del próximo año.
En su reunión con Trump, se espera que Netanyahu impulse el desarme de Hamás, bloquee su participación en cualquier futura administración de Gaza, asegure el despliegue del ejército israelí en la denominada zona de amortiguación e impida el despliegue de fuerzas turcas en la Franja, según detallan medios israelíes.
Trump, por otro lado, podría presionar a Netanyahu para que “ponga fin a las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego”, apunta Baskin.
Y agrega: “Israel ha roto el alto el fuego más que Hamás”.
Desde el acuerdo del 10 de octubre, casi 400 palestinos han muerto y más de 1.000 han resultado heridos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás.
El número de muertos en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.665 personas, según el organismo.
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