
Tras un operativo realizado por autoridades de Hidalgo y el Estado de México, Animal Político confirmó la detención de 33 personas, quienes mantenían resguardada de manera ilegal la planta de cemento de la Cooperativa la Cruz Azul, ubicada en la ciudad de Tula.
Mediante el Registro Nacional de Detenciones, se confirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a los habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula, que mantenían guardias en la planta, los mismos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Por su parte, miembros de la disidencia de la cooperativa difundieron mediante redes sociales la detención de 31 personas, quienes habrían sido trasladadas a Pachuca a las 5:00 de la mañana de este jueves 12 de febrero.
El grupo que se hace llamar en redes La Nueva Cruz Azul acusó a las autoridades de la detención ilegal de sus compañeros, quienes se mantenían al interior de la cementera durante el operativo.
“No nos proporcionan nombres, ni estado de salud de nadie, lo cual es muy importante para todos los familiares que vengan a preguntar. Necesitamos más información respecto a la toma violenta y detención de trabajadores, Julio Menchaca. Ayuda, Claudia Sheinbaum Pardo, no es un conflicto entre particulares, el tema Cruz Azul está afectando a toda una comunidad con miles de familias”, señalaron en mensaje en Facebook publicado la mañana de este jueves.
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Fue durante la madrugada de este jueves cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo, lo cual fue confirmado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, quien señaló en un video de redes sociales que esto marcaba el inicio de “una nueva etapa de diálogo”.
Tras la orden de un juez del Estado de México, elementos de la fiscalía ejecutaron el mandamiento judicial en la cementera y desplegaron un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo.
De acuerdo con Criterio Hidalgo, alrededor de las 4:00 de la mañana de este jueves, se reportaron detonaciones desde el interior de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, hecho que movilizó a los cuerpos de seguridad. Según testigos, se llegaron a escuchar ráfagas de armas de grueso calibre e incluso explosiones.
La disputa por el control de la planta de la Cooperativa Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, Tula de Allende, Hidalgo, se ha convertido en uno de los conflictos empresariales y laborales más prolongados y violentos del país, con impacto directo en la economía regional y en la vida comunitaria.
El 23 de septiembre de 2024 se reportó un intento de toma de la planta cementera. En el sitio se desató una riña entre grupos en disputa que dejó personas lesionadas y detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad cooperativa.
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Tras estos hechos se suspendieron clases en escuelas de la zona por motivos de seguridad. El gobierno municipal pidió a la población resguardarse en sus hogares. Se desplegaron unidades médicas y vehículos de apoyo. La planta fue resguardada por trabajadores, mientras policías municipales y estatales reforzaron la vigilancia.
El episodio reactivó la tensión en una comunidad que arrastra años de confrontación interna.
La crisis se remonta al 15 de septiembre de 2020, cuando el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la facción liderada por Federico Sarabia, detenido el 1 de septiembre de 2025 por presunto desvío de recursos hacia empresas vinculadas con operaciones simuladas.
Aunque en abril de 2021 una Asamblea Extraordinaria ratificó a Velázquez y a José Antonio Marín en los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, la disputa escaló en diciembre de ese año cuando, pese a una resolución judicial que otorgaba la posesión de la planta a Velázquez, la facción de Sarabia retomó el control de las instalaciones.
El momento de mayor violencia ocurrió el 27 de abril de 2022, cuando un enfrentamiento armado entre ambas facciones dejó ocho personas muertas y al menos 12 heridas.
Entonces, de acuerdo con autoridades estatales, más de 500 cooperativistas participaron en el intento de ingreso, se registraron vehículos incendiados y agresiones a trabajadores, y más de diez personas fueron detenidas tras los hechos.
La cooperativa, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, condenó entonces la violencia y sostuvo que sus acciones habían seguido la vía legal. El grupo disidente fue acusado de permitir el ingreso de personas ajenas a la planta y de agravar el conflicto.

Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
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