
Autoridades de Chihuahua informaron este miércoles que brindan atención humanitaria, jurídica y de seguridad a 80 personas desplazadas por la violencia atribuida a grupos del crimen organizado en la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, mientras un operativo de los tres órdenes de gobierno permanece activo en la zona para restablecer el orden y proteger a la población.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), las familias llegaron a la ciudad de Parral desde la noche del martes.
Personal de la CEAVE tuvo un “acercamiento inmediato con las familias afectadas, a fin de proporcionar ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, garantizando la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna condición de vulnerabilidad”.

Medios locales reportaron que habitantes de la comunidad de Atascaderos salieron de la zona serrana debido al incremento de hechos delictivos, la presencia de hombres armados y presuntas amenazas para que la población abandonara el lugar.
Los mismos reportes señalaron que en Atascaderos se dejó de vender gasolina y se registró un aumento en los precios de productos en las tiendas, lo que motivó la salida de las personas con pertenencias básicas.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur asignó agentes del Ministerio Público para atender directamente a quienes buscaran presentar una denuncia o solicitar asesoría legal, con el objetivo de “asegurar el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional necesario”, se lee en el comunicado.
Mientras estas acciones se desarrollan en Parral, las Bases de Operación Interinstitucional mantienen presencia activa en la región de Atascaderos.
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El desplazamiento de estas 80 personas ocurre en un escenario de violencia sostenida en la región serrana. Desde 2021, comunidades rarámuri, ódami y mestizas del municipio han denunciado inmovilidad forzada y confinamiento debido a la disputa del territorio entre grupos delictivos enfrentados en caminos y carreteras.
El pasado 3 de enero se documentó que los enfrentamientos habían dejado cinco hombres asesinados en los alrededores de Atascaderos, donde ya se habían refugiado decenas de familias desplazadas de otras comunidades de Guadalupe y Calvo y de poblaciones de la sierra de Badiraguato, ubicada en el estado de Sinaloa.
Habitantes reportaron entonces situaciones de riesgo extremo. Una persona describió que “amanecimos con dos difuntos más en varias comunidades; no estaban dejando pasar los muebles, hay retenes en carreteras cerca de Cerro Solo, de Ojo Frío; también hay familias de Los Parajes que salieron por la inseguridad”.
En la comunidad de Cerro Solo, parte de la seccional de Atascaderos, señalaron además el uso de drones con explosivos y el temor de que la violencia alcanzara a más poblaciones. En el camino de terracería hacia esa localidad se encontraron tres personas asesinadas, un camión calcinado, caminos bloqueados con pinos derribados y pintas sobre el asfalto con mensajes de grupos criminales. Tras un operativo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, la fiscalía recibió una llamada de auxilio por el hallazgo de los cuerpos.
Un día antes, el 2 de enero, localizaron dos cuerpos más en la carretera que conecta la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo con las comunidades de El Ocote y El Zorrillo. Uno de ellos fue identificado como Alejandro E. P., de 25 años.
Los habitantes también han denunciado la escasa presencia de fuerzas policiacas y militares, pues aseguran que las autoridades llegan únicamente después de los enfrentamientos y sin detenciones. Versiones de la población señalan que uno de los grupos en disputa, identificado como ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, habría avanzado sobre el municipio, provocando un reacomodo del grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, que históricamente ha operado en la zona.
La inseguridad ha afectado la movilidad cotidiana. Testimonios recogidos por el medio Raíchali relataban que a quienes intentaban circular por la carretera se les advertía del riesgo y se les negaba el paso entre Atascaderos y El Ocote. Un autobús de pasajeros que cubre la ruta El Durazno–Parral habría tenido que regresar a Atascaderos debido a la presencia de hombres armados y convoyes en Cerro Solo.
El 24 de diciembre, también se reportó que la comunidad completa de Santa Rosalía de Carrizal abandonó sus casas luego de que un grupo armado advirtiera que no quería “asesinar a gente inocente”, por lo que los habitantes debían salir de inmediato.
Con información de Raíchali.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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