
Comunidades rarámuri, ódami y mestizas del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, son víctimas de inmovilidad forzada o de confinamiento, por la disputa del territorio entre dos grupos delictivos que se han enfrentado en caminos de terracería y carreteras de diferentes zonas.
El fin de semana pasado reportaron los asesinatos de cinco hombres en enfrentamientos alrededor de la comunidad de Atascaderos, en donde se han refugiado decenas de familias víctimas de desplazamiento forzado de otras comunidades del mismo municipio y de comunidades de la sierra de Badiraguato, Sinaloa.
“Amanecimos con dos difuntos más (…) en varias comunidades no estaban dejando pasar los muebles, hay retenes en carreteras (…) cerca Cerro Solo, de Ojo Frío (…) también hay familias de Los Parajes, que salieron por la inseguridad”, comentaron habitantes de localidades que rodean Atascaderos, una de las más grandes de Guadalupe y Calvo, ubicada a unas dos horas de la cabecera.
Habitantes de la localidad identificada como Cerro Solo señalaron que también en esa región utilizan drones con explosivos, por lo que temen que la violencia llegue a otras comunidades.

En el camino de terracería a Cerro Solo reportaron a tres personas asesinadas en la zona de dicha comunidad que pertenece a la seccional de Atascaderos. Con los cuerpos localizaron un camión calcinado, caminos bloqueados y pintas sobre el asfalto, con mensajes relacionados con los grupos delictivos, dejados sobre la carretera, de acuerdo con medios de Parral.
Después de un operativo de los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General de Chihuahua informó que recibieron una llamada de auxilio por la presencia de los cuerpos de tres hombres.
Los caminos aledaños fueron bloqueados de manera intencional por pinos derribados, mientras que las autoridades realizan las investigaciones de los hechos y trasladaron los cuerpos para practicarles la necropsia de ley.
Un día antes, el viernes 2 de enero, localizaron los cuerpos de otros dos hombres, en la carretera que va de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo a la comunidad de El Ocote o de El Zorrillo, localizadas a unos 15 y 30 minutos respectivamente de la cabecera municipal. Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Alejandro E.P de 25 años de edad.

En Guadalupe y Calvo se han registrado hechos violentos desde 2021 con mayor intensidad, que han provocado el desplazamiento forzado de decenas de comunidades ódami y rarámuri. La mayoría no ha logrado regresar y otras se mantienen confinadas porque los grupos que pelean el territorio mantienen el control a través del miedo.
En la zona de la cabecera municipal hacia El Vergel, del municipio de Balleza, se ha incrementado el número de homicidios y desapariciones los últimos meses. De acuerdo con versiones de habitantes de aquella región, uno de los grupos delictivos que ha avanzado en el municipio, identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado el desplazamiento del grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, que ha permanecido por años en el municipio. Este último grupo ha reaccionado en los caminos de terracería y carretera señalados.
Un reclamo generalizado es la falta de presencia de autoridades policiacas y del Ejército, ya que acuden una vez que pasaron los enfrentamientos y no ha habido detenidos.
Los testimonios recabados por Raíchali, señalan que a las personas que intentaban transitar por la carretera se les advirtió sobre la situación de riesgo, les han negado el paso de Atascaderos a El Ocote o viceversa.
Un autobús de pasajeros que cubre la ruta El Durazno-Parral habría tenido que regresar a Atascadero porque no pudo continuar su trayecto por el área de Cerro Solo, donde reportaron que aún se observan hombres armados y convoy en circulación.
Apenas en Nochebuena, también la comunidad completa de Santa Rosalía de Carrizal, salió de sus casas porque un grupo armado llegó a advertirles que no querían asesinar a gente inocente, por lo que tendrían que abandonar sus propiedades.
Esta nota se publicó originalmente en Raíchali.

Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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