“Alto a la gentrificación”: vecinos de la colonia Roma protestan por megaobras y exigen que se reconozca como zona de monumentos
Vecinos de la colonia Roma, en la Ciudad de México, protestaron este jueves contra la construcción de megaproyectos, el incremento de bares y de espacios de alojamiento para rentas de corta estancia (tipo Airbnb) en la zona, ya que señalaron que estos ponen en riesgo los inmuebles con valor artístico y generan problemáticas en los servicios de agua, luz y seguridad.
De acuerdo con los inconformes, la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con varios inmuebles catalogados como edificios con valor artístico, mismos que se encuentran protegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por lo que exigieron a las autoridades locales que detengan las obras que se encuentran en curso y que ponen en riesgo a estos inmuebles.
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Entre consignas como “Alto a la gentrificación en la colonia Roma”, “No más Airbnb” y “Paren la destrucción del patrimonio”, los vecinos realizaron cierres intermitentes a la circulación de la avenida Monterrey, al cruce con Álvaro Obregón, en espera de que se presentaran en el sitio funcionarios de la alcaldía, lo que ocurrió un par de horas después de iniciada la manifestación.
“Queremos conservar nuestra historia”
Patricia, una de las vecinas que acudió a la protesta, subrayó que se vieron obligados a salir a las calles “porque queremos que la gente se dé cuenta que necesitamos apoyo, queremos conservar nuestra historia; tenemos al menos 17 espacios considerados con valor artístico e histórico con más de 100 años de antigüedad que se tienen que cuidar, porque a las inmobiliarias y a los políticos no les importa lucrar con ellos, los están haciendo pedacitos”.
Entre los inmuebles con valor artístico de la colonia Roma están las casas ubicadas en Sinaloa 97, Valladolid 52, Colima 232, Chihuahua 77 y Álvaro Obregón 161, en cuyos alrededores proliferan las obras de remodelación y construcción de edificios que “son tan altos que rompen con el paisaje urbano y aumentan los riesgos en caso de sismo”, comentó la vecina.
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Mencionó que, a causa de la construcción de grandes edificios, la colonia también ha presentado problemas de escasez de agua y apagones eléctricos, además de que se han generado baches y socavones en las calles por el peso de los camiones de carga y la maquinaria con la que realizan las obras.
“Hay una negligencia por parte de las autoridades que no atienden estas problemáticas. Estamos firmes en que cada inmueble catalogado que está protegido es un edificio menos que se construye, y la colonia ya no aguanta más, no tenemos agua, el tráfico es una locura, igual que la cantidad de basura y la delincuencia que ha traído este desarrollo inmobiliario”, señaló Patricia.
Alejandra, otra de las inconformes, apuntó que también es necesario que las autoridades regulen los negocios en la zona, ya que después de la pandemia “proliferaron los antros y bares que generan ruido e inseguridad”, así como las terrazas de restaurantes sobre las banquetas de las calles, lo que dificulta el paso de los peatones.
Según datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en 2023 las autoridades capitalinas recibieron mil 280 denuncias, y para agosto de este año van 905. De estas, el 68% tiene que ver con construcciones, ruido y uso de suelo no permitido.
La alcaldía Cuauhtémoc es la que acumula más denuncias (888), de las cuales 233 corresponden a las colonias Roma Norte y Roma Sur.
“Por ello es que se está pidiendo al alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega, que haga una suspensión de las construcciones y establezca de forma inmediata una mesa para la revisión de los permisos, ya que se presume que muchas obras son ilegales”, indicó Mayela, vecina que acudió a la protesta.
La búsqueda de la declaratoria
Tras más de dos horas de que los manifestantes realizaron cierres viales, la alcaldía Cuauhtémoc ofreció a los vecinos una reunión para este 23 de agosto, en la que les expondrán sus exigencias de ordenamiento territorial.
Los vecinos aceptaron acudir a la reunión, aunque mencionaron que de igual forma continuarán con la solicitud de que se emita una declaratoria de zona de monumentos artísticos, por lo que realizarán las gestiones necesarias ante el INBAL, e incluso buscarán el apoyo de la presidencia, con el envío de un documento a la oficina de López Obrador.
En caso de no ser atendidas sus peticiones, los vecinos anunciaron que continuarán realizando protestas y cierres viales.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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