“Oaxaca no es mercancía”, reclaman activistas contra gentrificación; Gobernador Jara los acusa de promover “odio a extranjeros”
Seis activistas fueron detenidos el sábado pasado en Oaxaca y liberados entre 24 y 48 horas después, por participar en una protesta por las calles de la capital contra el fenómeno creciente de gentrificación turística, que aunque es global, ahora impacta a la población de este estado con la falta de servicios básicos, costos excesivos por viviendas y condiciones precarias de trabajo.
El gobierno del estado informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a seis personas por los “disturbios” y como responsables del delito de daños a establecimientos ubicados en el centro histórico de la capital.
La manifestación convocada por colectivos y personas de la sociedad civil fue para exigir a las autoridades del estado la regulación inmediata de las prácticas arrendatarias que han encarecido las viviendas en la capital y en otras regiones del estado, obligando a la población local a vivir en las periferias.
Sin embargo, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz asegura que esa manifestación “promueve el odio contra los extranjeros”. En su conferencia de prensa de este lunes se enfocó en los mensajes que los manifestantes pintaron durante la marcha, con leyendas como: El mestizaje entrama la explotación racial, ¡fuera gringos!
Según el gobernador, “no hay simpatía de la población por esta causa”. Dijo que su gobierno no le impide a nadie luchar por una causa, cuando se dan por motivos de un cambio en una política social, por mejores caminos, por agua, por mejores condiciones de vida o porque un gobierno solo vela por una clase social. Pero esta lucha “es repudiable”, dijo refiriéndose solo a las pintas sobre las paredes. Calificó la protesta de racista.
“La lucha racista es repudiable, tenemos el ejemplo de (Adolfo) Hitler, que se creyó una raza superior, yo no sé si esos jóvenes sean de una raza superior, los respetamos, pero en Oaxaca no hay razas superiores, nadie es más ni menos”, dijo.
“Oaxaca no es mercancía”, dicen protestantes contra gentrificación
La protesta, con la consigna “Oaxaca no es mercancía”, también fue para exigir un alto a la mercantilización de la cultura provocada por ese fenómeno de transformación de la ciudad, que los manifestantes calificaron como “injustas y desiguales”.
Fue a manera de una calenda tradicional en Oaxaca, tuvo dedicatoria al Estado, empresarios y extranjeros. “Esta marcha va para ustedes, para reclamar, exigir y hacer respetar este territorio que es nuestro”, dijo una de las participantes antes de iniciar la caminata.
Los manifestantes recorrieron las calles con música de banda, marmota, fuegos artificiales y pancartas. Gritaron consignas como “alto al despojo de nuestros bienes y cultura…”, reclamaron la falta de agua y servicios básicos; pintaron paredes con leyendas como: fuera Airbnb de Oaxaca, fuera gringos, entre otras; y rompieron cristales de algunos comercios y bancos.
Terminó en el zócalo capitalino cerca de las seis de la tarde. Minutos después, la Policía Estatal detuvo a seis activistas participantes identificados como Filadelfo Desiderio Aldaz, líder del proyecto La Comedora Comunitaria que brinda alimento a migrantes; Meztli Hernández Jiménez, de la colectiva La Campamenta, Ricardo Martínez y Antonio Díaz Mirón, Ruth Díaz y Nizayeéjh Chávez del colectivo de Derechos Humanos COJUDIDI.
Los familiares y la defensa integrada por las abogadas Mirian Elena Velazco Velazco, Erika Lili Díaz Cruz y Ariela Cristal Ruiz Rodríguez declararon que la detención se realizó de manera arbitraria, más de media hora después de que la protesta había terminado; que fueron detenidos con excesivo uso de la fuerza atentando contra su integridad y sus derechos humanos, y que el proceso ha sido irregular.
Liberan solo a dos, cuatro siguen detenidos
El domingo por la mañana dos de las activistas: Meztli Hernández Jiménez y Nizayeéjh Chávez fueron puestas en libertad, ante la presión de unas 80 colectivas feministas de diversos estados que exigieron al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, su libertad inmediata.
Este lunes, la abogada Erika Lili Díaz Cruz acompañó la declaración de quienes aún están detenidos por el delito de daños en propiedad ajena, un delito que, de acuerdo con especialistas, no es grave, pero requiere una fianza, que depende de la cuantificación de los daños y la presentación de una querella, la persona afectada se debe presentar ante el juez a notificar sobre los hechos.
Es un delito tiene una sanción de 5 a 10 años, pero debe ser analizado caso por caso y puede puede haber atenuante o agravante.
“Aunque es un delito que se persigue de oficio, en este caso es por querella”, considera el abogado Porfirio Zuñiga. Pero aclara que es probable que esa detención es más de carácter político ya que incluso alargaron su declaración.
Ya en la noche del lunes, se informó que fueron liberadas las cuatro personas restantes, al retirarse los cargos.
“No es escasez sino despojo”
Esta es la primera marcha que realiza la capital del estado, aunque alrededor de este tema han habido diversos foros ciudadanos en la capital, en los que se ha evaluado el cambio acelerado de las condiciones sociales y económicas de la población orientándola a la precarización.
Habitantes de distintas colonias y barrios, incluyendo al “Barrio Mágico” de Jalatlaco, han padecido la falta de agua, debido a que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable distribuye en períodos de entre 35 a 40 días.
Los jóvenes participantes de la protesta argumentan que no es escasez sino despojo; reclaman que los hoteles hacen uso excesivo del agua para sus servicios.
“Nadie puede negar a estas alturas que hay una cantidad de turistas de primer mundo que viene a Oaxaca a quedarse, encantados por su riqueza cultural y territorial, y a crear “jugosos negocios”, declararon en la marcha.
En los últimos años, la inversión inmobiliaria y la turistificación han provocado que los turistas que se quedan a vivir y trabajar en Oaxaca comienzan a rentar departamentos en zonas céntricas y periféricas estratégicas, desplazando a la población local de sus hogares para después subarrendar en plataformas como Airbnb a un público extranjero, o bien trabajan como guías de turistas cobrando en dólares, sin pagar impuestos.
Familias oaxaqueñas se han tenido que mudar a las periferias ante la falta de regulación en los costos de la renta de departamentos, habitaciones o alojamientos en general. En esa situación no hay acuerdos lógicos con los arrendatarios, y menos ahora que la ciudad de Oaxaca fue reconocida por segundo año consecutivo, el título de ciudad favorita en 2023 por parte de la revista especializada en turismo Travel + Leisure.
Como parte de esos negocios creados con capital extranjero, también han llegado empresas de moda en busca de textiles tradicionales de los pueblos para revenderlos; cadenas de streaming que se benefician lucrando con su cultura; empresarios que invierten en la industria del mezcal, documentadas como una de las más “avasalladoras”, convirtiendo a una gran parte del estado en territorio de monocultivo y causando daños ambientales.
Todas estas prácticas han generado disgusto entre sectores de la población oaxaqueña. Refieren que no solo atenta contra la economía, los diversos ecosistemas que hay en el estado, sino que se atenta además contra las prácticas culturales y formas de subsistencia de los pueblos.
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Los albergues en la frontera mexicana viven una situación inédita con la ausencia de migrantes. Pero eso no quiere decir que la migración se haya detenido.
Hubo momentos, hace no mucho, en que el piso del albergue Embajadores de Dios, en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, casi no se podía ver: los colchones, carpas y camas de migrantes forraban el espacio.
Hoy, en cambio, el recinto se ve inmenso, la mitad de las camas disponibles están sin tender y en una esquina hay arrejuntados un puñado de colchones azules para los días de emergencia.
Pareciera que estos no son días de emergencia en una ciudad que no conoce la calma en materia migratoria.
Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que el considera una “invasión”— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.
“En este momento no hay llegadas importantes a México”, dice Silvia Garduño, portavoz en México de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Pero sabemos que las causas de salida se mantienen”.
Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.
Acá hay 44 espacios dedicados a la recepción y atención de migrantes y ninguno, según activistas que los recorren a diario, tiene ahora más de la mitad de ocupación.
BBC Mundo visitó cinco de ellos y en todos —más que la fila usual para usar el baño, las tomas eléctricas abarrotadas de celulares o el sonido de los niños jugando y corriendo— lo que encontramos fue silencio, carpas vacías, comedores desolados.
Según cifras de Acnur, el 90% de la población migrante en la ciudad está hoy por fuera de los albergues.
La situación se replica en las otras ciudades fronterizas como Tijuana.
“Caldo gordo” para delincuentes
Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.
Las causas de la migración —la violencia, la pobreza o la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— están vigentes o incluso han empeorado con el cierre de la cooperación internacional estadounidense decretado por el gobierno de Trump.
El deseo y, para la gente perseguida, la necesidad de migrar hacia Estados Unidos es imposible de detener, señalan los expertos.
“La esperanza de migrar puede con todo”, dice Judith Cabrera, directora de Border Line Crisis Center, un albergue en Tijuana.
Cabrera se reúne con BBC Mundo una mañana fría y nublada en la que unas horas antes se había visto con un grupo de migrantes colombianas que fueron estafadas dos veces a cuenta de su obsesión por cruzar.
Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.
“Las montaron en un carro, las pasearon por toda la ciudad y al final las dejaron donde las habían recogido”, señala Cabrera.
Luego, lo mismo: unos traficantes les prometieron el cruce por US$2.300. “Y claro, al ser más lana (dinero), ellas pensaron que era más certero, pero qué va, otra vez las estafaron”.
Cabrera se lamenta: “No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo”.
Y concluye: “Trump está desalentando la migración y eso es caldo gordo para los traficantes (favorece)”.
Asentamiento transitorio
Los migrantes que no están intentando cruzar ilegalmente pueden estar esperando en el lugar donde están a ver cuándo surge una nueva oportunidad.
Trump cerró los sistemas de atención migratoria, como el CBP One, que permitía pedir una cita para pedir asilo antes de entrar en EE.UU. La apuesta de muchos —270.000 se quedaron varados por las cancelaciones— es que lo vuelva a abrir o cree algún mecanismo similar, lo que parece improbable.
“La decisión de quedarse donde están nunca es definitiva”, dice María de Lourdes Madrano, directora de Centro 32, una organización que apoya a los migrantes en los albergues.
“Siempre creen que al día siguiente pueden abrir y solucionarse la situación, y creen que alejarse de la frontera reduce la posibilidad… Porque, después de tanto lo que costó llegar acá, se piensa que irse es como renunciar al sueño”.
“Los albergues están vacíos, pero los colegios están llenos de extranjeros”, asegura, en referencia a los niños cuyos padres migrantes han decidido asentarse en Tijuana, así sea transitoriamente.
“Sacando a los latinos”
Wilker Hernández tiene 23 años; es oriundo del estado Mérida, en Venezuela, y lleva un año intentando cruzar a Estados Unidos, donde está una parte de su familia, mientras la otra sigue en su país. Tenía la cita para presentar documentos el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Se la cancelaron.
Y desde entonces ha ido adaptándose a la idea de que su destino bien puede ser este: Tijuana, una ciudad que tiene la migración en su ADN, de la que se dice que “hay oportunidades para todos”, que reporta la tasa de desempleo más baja de México.
“Estamos como en un limbo de que no sabemos qué va a suceder”, dice Hernández, quien ha conseguido un trabajo como obrero en un albergue, Embajadores de Dios, donde están construyendo viviendas formales fuera de la zona de carpas.
El barrio que le rodea, conocido como el Cañón del Alacrán, ha vivido en los últimos dos años un boom de construcción de asentamientos relativamente formales de grupos migrantes que han decidido prolongar su estancia en Tijuana.
“Aún estoy indeciso, si intentar cruzar o devolverme”, añade. “Por ahora estoy trabajando porque qué más (…) Trump cerró la frontera, está sacando a todos los latinos, es un poco complicado, estamos acá y no sabemos qué hacer”.
El discurso de Trump ha calado entre los migrantes. Eso los puede poner en mayor riesgo ante las mafias y los coyotes, pero en todo caso reduce su esperanza de una mejor vida, una vida posible, en Estados Unidos.
El mandatario prometió una “deportación masiva” de personas indocumentadas que, aunque lejos de ser masiva, sí tiene un impacto disuasorio.
Cabrera, la activista tijuanense, lo pone así: “Más que una deportación masiva, lo que estamos viendo es una deportación mediática, y eso claro que tienen sus efectos, sobre el camino y la salud mental del migrante”.
En los albergues casi no hay migrantes, pero la situación del migrante es ahora más difícil.
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