La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzé Camacho Zapiain, fue asaltada sobre la Autopista Siglo XXI a unos metros de dos retenes de la Guardia Civil. Durante el robo fue despojada de su vehículo.
En un video compartido por la alcaldesa de Morena narra que se transportaba a Morelia acompañada de su equipo de trabajo, cuando en el tramo de Las Cañas-Santa Casilda fue detenida por cuatro personas armadas, quienes la bajaron a ella y su equipo de la camioneta en la que viajaban.
Tras los hechos, confirmó que tanto ella como sus colaboradores están a salvo, sin embargo, contó que el robo ocurrió en medio de dos retenes de la Guardia Civil y que se trata de una zona donde constantemente hay personas que denuncian ser víctimas de los robos.
“En ese tramo hay dos retenes de la Guardia Civil, es precisamente donde los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, ya que nos quitaron el auto con armas apuntándonos, pues dejamos el auto. Afortunadamente gracias ahí iban paramédicos de Arteaga en una ambulancia que pasaron por ahí, nos dieron un raite hacia el primer punto donde pudimos llegar que fue a Cuatro Caminos”, dijo.
En su video, dejó entrever una posible complicidad entre el grupo armado y los elementos de la Guardia Civil.
“Estos dos retenes, pues de algo tienen que servir, ¿si no para qué están? Si nos paran y nos dicen que a dónde vamos, creo que nada más están viendo con quién vamos o si vamos desarmados, pero ya es muy evidente esta burla que estamos sufriendo todos los ciudadanos, entonces por favor ya sabemos qué tramo es, no nos hagamos tontos”.
En julio de 2023 fueron reportados varios robos en la Autopista Siglo XXI, principalmente en el tramo Feliciano-Las Cañas, donde además se ha denunciado que no hay señal telefónica.
El 17 de julio se difundió el robo de una camioneta y secuestro de quien la conducía. La víctima fue agredida por personas con armas largas.
Tras los hechos, Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, pidió al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que frenara la violencia en la autopista pues es una ruta clave para el traslado de personas y mercancías pues conecta a Michoacán con Guerrero.
Además de los asaltos a automovilistas, se han reportado rojos a vehículos de carga, transporte de alimentos, acero, automóviles de lujo y pertenencias de turistas.
Irma Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos.
Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus “compañeros taxistas” que “paguen su cuota o van a terminar como yo”.
Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
“Terminar” como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como “derecho a piso”— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales
Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.
Pero podría haber sido el caso de Abel Hernández Parada, taxista de 44 años que mataron en marzo a balazos en plena calle de Tuxpan, al norte de Veracruz. O también el de Óscar Jiménez, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado cerca de su taxi en Las Choapas.
Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.
Según cifras oficiales, la extorsión ha aumentado 6 % este año, con un registro de casi 6 mil denuncias de un delito que, en general, la gente teme comunicar a las autoridades por el riesgo que eso implica.
El caso de Hernández Cruz es uno entre miles. Uno que llegó a las altas esferas de la política y la prensa. Uno que revela la delicada situación de seguridad que vive México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener.
“Es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”, dijo en julio, cuando lanzó una estrategia antiextorsión: crearon unidades especializadas, aumentaron recursos para la línea de denuncia y lanzaron una campaña de prevención, entre otras medidas.
Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena.
García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada.
Luego clarificó: “Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto”.
El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón.
Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de “homicidio”.
Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90 % de los homicidios no se revuelve y solo el 2 % de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas.
David Saucedo, uno de los expertos en seguridad más citados del país, explica que el caso no solo revela la incapacidad de las autoridades, sino “un círculo vicioso que les resulta funcional, de lanzar grandes campañas, anunciar arrestos, pero al final seguir en la incapacidad de resolver el tema de fondo”.
El también consultor asegura que la policía estatal veracruzana es “muy endeble” y las policías municipales del norte están “cooptadas por el crimen organizado, que además controla la zona, financia campañas políticas y actúa a voluntad porque no tiene oposición”.
Veracruz es un estado clave para las bandas criminales, porque tiene una larga costa en el Golfo de México que funciona como corredor de tráfico de narcóticos, combustibles y personas migrantes.
Aunque las tasas de homicidios bajaron este año, la extorsión ha aumentado y las tasas de desapariciones —más de 6 mil a mayo de 2025, según Red Lupa— están entre las más altas del país.
La prensa local ha reportado que las autoridades nacionales y locales manejan la versión de que en el norte de Veracruz el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes del país, está en guerra contra el Grupo Sombra, una facción del Cártel del Golfo, por el control de las redes de cobro de extorsiones.
Y este último, bajo la bandera de un conjunto emergente llamado Mafia Veracruzana, es el señalado en el caso de Hernández.
“Al norte de Veracruz los taxistas son obligados a comerciar drogas, hacer halconeo (vigilancia), y es un negocio estable que cuenta con mercenarios contratados. Para eliminar resistencias, seleccionan a alguien que se oponga al derecho de piso y lo matan, y con ese mensaje de muerte logran los pagos”, explica Saucedo.
Aunque existen estudios que han reportado cierta normalización de la violencia en México, cada tanto, cada semana tal vez, surgen casos como el de Hernández que conmueven al país.
“Hablar de lo ocurrido es hablar de la deuda estructural que existe hacia las mujeres mayores, con las trabajadoras pensionadas, quienes no tienen un lugar seguro para envejecer”, escribió la abogada Melissa Ayala en El Universal.
El analista Ricardo Raphael publicó en Milenio una carta dirigida a Irma: “Maestra, ruego porque la vida que nos resta a los demás alcance un día para darle vuelta a la página de una época dolorida por la cobardía de unos cuantos y el espanto paralizante de la mayoría”.
Y el periodista Salvador Camarena escribió en El País: “Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones”.
Detrás del caso, entonces, no solo están los encapuchados armados que forzaron a Irma a grabar ese crudo mensaje.
Detrás, también, está un mundo hostil que limita al tránsito libre, que violenta a las mujeres en cifras alarmantes y que exige a los jubilados trabajar, porque el 60 % recibe un subsidio —no una pensión— de solo US$150 al mes.
Detrás de Irma hay una sociedad harta del crimen y de la incapacidad del Estado. Un país, pues, que pide el fin de la violencia.
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