Sargento Luis Ángel León Rodríguez: a 12 años de su desaparición
En este artículo se relatan tres casos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, contra los que se cometieron graves violaciones a derechos humanos en el marco de la estrategia de militarización y del conflicto armado desatado por el expresidente Felipe Calderón.
A manera de contexto vemos que, como consecuencia de esta guerra, las autoridades encargadas de desempeñar funciones de seguridad pública sufrieron un incremento en las agresiones en su contra. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que, de diciembre de 2006 a junio de 2011, murieron 2,886 elementos de seguridad, de los tres niveles de gobierno, por ejecuciones, enfrentamientos y agresiones. Los elementos de seguridad con mayor número de fallecidos por enfrentamientos fueron las corporaciones de policías municipales con un total de 1,296.1
Basta con mirar las noticias para darse cuenta de que la situación en la que se encuentran los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es de muy alto riesgo y el Estado mexicano ha fallado en protegerles, lo que prácticamente los ha condenado a morir o desaparecer en el campo de batalla de esta “guerra contra la delincuencia organizada”.
El caso Luis Ángel de 16 de noviembre de 2009
Luis Ángel León Rodríguez, miembro de la extinta Policía Federal (PF), ha estado desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009. El 13 de noviembre de 2009, Luis Ángel León y seis de sus compañeros, policías federales, recibieron un oficio en donde se les indicaba que comenzarían a desempeñar funciones de seguridad pública en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, sin que ello implicara de pertenecer a la PF.
La PF no les proporcionó viáticos, ni provisiones de seguridad para llegar a su destino, por lo que, los policías federales, por sus propios medios, consiguieron un vehículo y un chofer para que los trasladará a Ciudad Hidalgo, a efecto de no incumplir con la orden que les habían dado. El 16 de noviembre de 2009, Luis Ángel, los 6 policías federales y un civil emprendieron su camino a Michoacán. A las 15:00 horas del mismo día, fue la última vez que sus familiares tuvieron contacto con ellos.
El 21 de noviembre de 2009, Araceli Rodríguez Nava, defensora de derechos humanos y madre de Luis Ángel, se presentó en las instalaciones del Centro de Mando de la PF en Iztapalapa para preguntar por su hijo. Al llegar a las instalaciones, no fue recibida y fue retirada con violencia. Los familiares de los demás desaparecidos también acudieron a las instalaciones de la Policía Federal, en donde recibieron información falsa y engañosa que entorpeció y demoró las labores de búsqueda.
El mismo 21 de noviembre de 2009, algunos de los familiares de los policías desaparecidos se trasladaron a Ciudad Hidalgo y, en esta localidad, por sus propios medios, consiguieron información de que hasta ese día habían iniciado las labores de búsqueda de los policías federales y el civil; esto es, 6 días después de su desaparición. Posteriormente, a lo largo de los años 2009 y 2010, los familiares de los desaparecidos continuaron insistentemente con la exigencia de respuestas e iniciaron distintos procesos legales ante la inacción del Estado.
Desafortunadamente, este caso no es excepcional. Entre los años de 2009 y 2010 –años en los que el Gobierno federal se apoderó de las instituciones de seguridad locales– en Michoacán murieron 50 policías federales2 en el marco de supuestos enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada. Además, entre agosto de 2008 y agosto de 2012, por lo menos 18 policías federales desaparecieron en Michoacán. Hoy, se desconoce la suerte o paradero de todos ellos.
El caso Zacatecas de 8 de noviembre de 2021
El pasado 8 de noviembre de 2021, un grupo de hombres armados privó de la libertad al director de la policía municipal de Loreto, Zacatecas, y dos agentes más, quienes fueron extraídos por la fuerza de la comandancia, mientras que, al jefe policiaco, lo sacaron con violencia de su domicilio.
El 14 de noviembre de 2021, fueron encontrados los cadáveres de tres hombres, con signos de tortura, que vestían uniforme policial. Los cuerpos fueron dejados a un costado de la carretera federal entre los límites de Zacatecas y Aguascalientes, en el territorio del municipio de Asientos, limítrofe con el municipio de Loreto. Medios de comunicación reportaron que policías en los municipios de Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo, todos del estado Zacatecas, dejaron sus cargos ante los episodios de muerte y amenazas.
El caso Jalisco del 15 de noviembre de 2021
El 15 de noviembre de 2021, en Zapopan, Jalisco, después de un fuerte operativo de seguridad, dos miembros de la Secretaría de Marina fueron desaparecidos en el estacionamiento de un centro comercial. El mismo 15 de noviembre comenzaron las acciones de búsqueda por autoridades locales y federales.
En un primer momento, el 15 de noviembre, por la noche, autoridades del gobierno federal reportaron la última ubicación de los celulares de los desaparecidos. Al día siguiente, el 16 de noviembre de 2021, las autoridades locales y federales informaron sobre el inicio de carpetas de investigación por la desaparición de los marinos. El 17 de noviembre las autoridades informaron el hallazgo de una camioneta en la que supuestamente habrían sido privados de la libertad dos marinos desaparecidos. Los siguientes días, 18, 19 y 20 de noviembre continuaron operativos de búsqueda en distintos municipios del Estado de Jalisco. El 20 de noviembre de 2021, en Puerto Vallarta, Jalisco, policías municipales localizaron a los dos marinos. Los encontraron hincados, con el rostro tapado y con aros aprehensores en las manos.
En este caso es importante notar que, desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de los marinos, existió una coordinación entre autoridades federales y locales para realizar labores de búsqueda de investigación, que culminaron en encontrarlos con vida.
Conclusión
A pesar de que el caso de Luis Ángel, el caso Zacatecas y el caso Jalisco tienen quince años de diferencia entre ellos, son un claro ejemplo del riesgo que viven los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, es importante notar que hay un claro contraste en estos tres casos en cuanto al tipo de respuesta que da el Estado cuando tiene la voluntad de buscar a una persona desaparecida y los resultados que puede obtener, incluso, en situaciones de extrema violencia.
Estos casos también reflejan que es perfectamente posible que el Estado abandone a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando estos son desaparecidos, además, dejan entrever que el Estado es responsable directo de la desaparición de sus funcionarios por la omisión en proporcionarles garantías de seguridad, o de iniciar las labores de búsqueda de manera inmediata y efectiva.
El pasado 16 de noviembre de 2021 se cumplieron doce años de la desaparición de Luis Ángel, seis policías federales y un civil. A lo largo de doce años, Araceli Rodríguez Nava y las familias de los demás policías han sostenido una férrea búsqueda por sus desaparecidos, enmarcada por distintos actos de violencia, hostigamiento y amenazas, sumado a la obstaculización permanente a la que se han enfrentado en los procesos legales que emprendieron para saber qué sucedió con los familiares que el Estado decidió abandonar a su suerte.
No puedo terminar la historia, no tiene final sin verdad. Hay muchos episodios donde las mentiras, inconsistencias, omisiones y dilaciones imperan, gordito mío. Es luchar con un monstruo de dos cabezas: la delincuencia autorizada y la delincuencia organizada. Así que hijo, no quiero abrumarte, tu historia es un libro que jamás cerrará: Araceli Rodríguez
* Miguel Ángel Alcaraz es Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y abogado en el Área de Defensa Integral de la @CMDPDH.
1 Catalina Pérez Correa, “México 2006-2012: Una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal” en Derecho en Acción. Blog de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
2 De acuerdo con información proporcionada por la Policía Federal, en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública registrada bajo el folio 0413100023916.
La estructura construida sobre el sarcófago que cubre el reactor que explotó en 1986 resultó dañada tras un ataque que Ucrania atribuye a Rusia.
El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.
Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido “sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento”.
En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.
La OIEA afirmó que las reparaciones eran “esenciales” para “prevenir una mayor degradación” del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith le dijo a la BBC que “no es algo por lo que debamos entrar en pánico”.
El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo.
Sin embargo, añadió que “el riesgo es bajo” porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso “sarcófago” de hormigón cubierto por el escudo protector.
La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa.
En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.
El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes 100 años.
La OIEA informó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones.
El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.
Los inspectores indicaron que no se produjeron daños permanentes en las estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo de la cubierta, y que se habían realizado algunas reparaciones en el techo.
Sin embargo, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró: “Una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.
Desde principios de diciembre, el organismo de control nuclear de la ONU ha estado evaluando la infraestructura energética de Ucrania mientras el país continúa defendiéndose de Rusia.
Rusia lanzó ataques aéreos nocturnos contra la ciudad de Kremenchuk, un importante centro industrial en el centro de Ucrania.
Además de evaluar Chernóbil, la OIEA ha estado inspeccionando las subestaciones eléctricas vinculadas a la seguridad nuclear.
“Son absolutamente indispensables para suministrar la electricidad que todas las centrales nucleares necesitan para la refrigeración de los reactores y otros sistemas de seguridad”, declaró Grossi.
“También son necesarias para distribuir la electricidad que producen a los hogares y la industria”, agregó.
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