La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH.

Verdad, justicia y reparación

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El artículo 21 de la Constitución Federal otorga al Ministerio Público la facultad de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los juzgados, lo cual ha generado un alarmante contexto de impunidad en casos en donde las víctimas de diversos delitos señalan a los mismos agentes de dicha institución como sus victimarios, desde el abuso de autoridad y la alteración del lugar de los hechos, hasta los delitos que atentan contra la libertad e integridad de las personas, como son la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura.
Al respecto, <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/Tortura_IBA_ONUDH_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha considerado cuestionable el monopolio de la acción penal con el que cuenta el Ministerio Público en la investigación de los delitos</a>, pues deviene en un contrasentido y una violación al debido proceso que las denuncias por tortura sean examinadas por la misma institución contra la que se formulan, lo cual en parte explica el hecho de que las víctimas acudan, en mayor medida, a las comisiones de derechos humanos a interponer sus quejas por la tortura cometida por agentes ministeriales, ya que sería infructuoso comparecer directamente ante el Ministerio Público, aun cuando por mandato constitucional, éste es quien debería iniciar la investigación penal.
Cabe señalar que, de acuerdo con las <a href="https://www.inegi.org.mx/temas/derechos/" target="_blank" rel="noopener">cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)</a>, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia son las instituciones estatales señaladas como responsables del mayor número de hechos violatorios de derechos humanos, siendo que entre los principales derechos humanos transgredidos se encuentra el derecho a la libertad personal (18 mil 157 hechos) y el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (12 mil 110 hechos).
Aunado a ello, desde el acompañamiento jurídico que brinda la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) hemos observado que pueden llegar a transcurrir hasta diez años de haberse presentado una denuncia en contra de agentes del Ministerio Público, sin que exista una investigación seria e imparcial encaminada a ejercer la acción penal en contra de estos servidores públicos.
De tal modo que, a lo largo de esos años, el Ministerio Público ha llegado a determinar el no ejercicio de la acción penal hasta en más de cinco ocasiones en cada caso, por lo cual hemos brindado acompañamiento a las víctimas durante los procesos de impugnación ante los juzgados.
Sin embargo, aun cuando los jueces revocan dichas determinaciones, los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación de sus homólogos vuelven a determinar el no ejercicio de la acción penal una vez que han transcurrido varios meses o incluso años, por lo que se vuelve un ciclo interminable de impugnaciones y amparos en contra de la institución que, lejos de avanzar en las investigaciones, insiste en mantener el contexto de impunidad en estos casos.
Bajo este panorama, combatir la impunidad se torna inverosímil si la misma autoridad que comete los delitos es la encargada de investigarlos, ya que muchos de los delitos cometidos por agentes ministeriales son considerados de graves consecuencias y acarrean una severa responsabilidad, aumentando con ello el riesgo de que esta institución, en la práctica, no realice las diligencias necesarias para acreditar su comisión.
Lo anterior sucede, en mi opinión, debido a que sería la propia institución la que, eventualmente, afrontaría las consecuencias jurídicas de un acto reprobable realizado por sus servidores públicos, tanto desde la perspectiva mediática como desde el aspecto de asumir un eventual pago de la reparación del daño que deba realizarse a las víctimas.
En este sentido, las facultades de investigación y decisión del Ministerio Público en torno al conocimiento de casos en los que sus agentes son señalados como responsables de tortura y otros delitos, se encuentran comprometidas en cuanto a su imparcialidad.
En torno a la garantía procesal de imparcialidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú</a>, ha señalado que, a la luz del deber de investigar: “Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.
Por tanto, resulta evidente que el Ministerio Público se encuentra obligado a observar la garantía de imparcialidad propia del debido proceso, pues se trata de una autoridad cuya facultad de decisión sobre el ejercicio de la acción penal constituye un acto que tiene el alcance de poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, por lo que es capaz de determinar el derecho de una persona a que se haga efectivo su acceso a la justicia.
Aunado a ello, no pasa desapercibido que el Ministerio Público es una institución cuyos agentes no actúan en nombre propio, sino como un ente indivisible, razón por la cual, en las circunstancias bajo análisis, existen dudas objetivas acerca de su imparcialidad, pues ante el justiciable se presenta como un ente sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, dado que los agentes encargados de la decisión sobre el ejercicio de la acción penal pertenecen a la misma institución que los investigados y, por ese motivo, pudieran verse sometidos a presiones en el ejercicio de su función.
Dicha afirmación se robustece con los <a href="https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">criterios que la Corte Interamericana ha emitido con relación a la garantía de imparcialidad</a>, pues la entiende como una:
“Aproxim[ación] a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad […] debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho”.
En consecuencia, resulta imprescindible vigilar la actuación del Ministerio Público de forma reforzada en casos en los que se denuncian delitos cometidos por sus propios agentes, pues debido a que es el único órgano facultado para llevar a cabo la investigación de los delitos y solicitar que un juez conozca del asunto y sancione a los responsables, sus facultades son cruciales en tanto que pueden obstaculizar el derecho humano de acceso a la justicia.
* Andrea Estefanía Garrido Martínez es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos por la CNDH y la Universidad Autónoma de Campeche; es abogada en el área de Defensa Integral de la CMDPDH.

¿Qué tan imparcial es el Ministerio Público cuando se investiga a sí mismo?

¿Dónde están las personas desaparecidas? Es razonable pensar que la información en manos de los Estados debería ofrecer, al menos, detalles básicos sobre la situación de las personas que están desaparecidas. En un escenario ideal, los Estados aprovecharían al máximo las fuentes institucionales de información para esclarecer esta dolorosa situación. Esto debería incluir, como mínimo, el cruce de datos provenientes de diversas instancias gubernamentales, entre otras fuentes. Además de una minuciosa indagación, tanto de los perpetradores como con cualquier individuo que pudiera arrojar luz sobre estos casos. Sin embargo, en la práctica, cumplir con estos mínimos para la búsqueda en muchas ocasiones ha sido imposible.
La desaparición de personas es un fenómeno que se extiende de forma regional, en el que persiste una considerable limitación para acceder a la información judicial y extrajudicial que permita dar con el paradero de los desaparecidos. Estas barreras afectan la eficacia de las autoridades encargadas de localizar a estas personas, dejando a las familias en medio de la incertidumbre y la angustia. Ejemplo de ello son los casos de México y Colombia.
Ambos países cuentan con entidades dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. En México, producto de la<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Ley General en materia de Desaparición de 2017 </a>(en adelante Ley General), se creó la <a href="https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)</a> y el <a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index" target="_blank" rel="noopener">Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)</a>. Por su parte, Colombia creó, a raíz del Acuerdo de Paz de 2016,  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80614" target="_blank" rel="noopener">la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el conflicto armado (UBPD)</a>, que se suma a iniciativas institucionales previas, importantes, pero no tan exitosas, como la <a href="http://www.comisiondebusqueda.gov.co" target="_blank" rel="noopener">Comisión de Búsqueda</a>. Aunque son entidades con características distintas, en ambos países resulta crucial el acceso a la información para avanzar en estos procesos.
Pese a estos avances, las instituciones de búsqueda de cada país deben enfrentarse a dos grandes barreras en el acceso a la información. La primera consiste en que los organismos estatales encargados de la búsqueda de personas se encuentran con limitaciones para acceder a la información almacenada por otras instituciones relacionadas con la investigación y sanción de estas desapariciones, ya que la falta de coordinación entre ellas dificulta el intercambio de datos. La segunda barrera se debe a la dificultad de las instituciones de búsqueda para obtener e incorporar datos que provienen de personas particulares que pueden suministrar información sobre la ubicación de los desaparecidos.
<h2>El caso mexicano</h2>
México, un país con más de<a href="https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral" target="_blank" rel="noopener"> 114.500 personas que siguen sin ser localizadas</a>, aún no logra superar las barreras en el acceso a la información. Por un lado, este país tiene un modelo de administración federal en el que, de acuerdo con la Ley General, las 32 entidades federativas deben contar con <a href="https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/comisiones-locales-de-busqueda/" target="_blank" rel="noopener">Comisiones Locales de Búsqueda</a> y trabajar de forma conjunta, coordinada y simultánea con la CNB (institución de carácter federal), para adelantar las labores de búsqueda. Al mismo tiempo, se debe lograr la colaboración interinstitucional con las 33 fiscalías (32 estatales y 1 <a href="https://fgr.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Fiscalía General</a>), que a su vez son órganos autónomos cuyo objetivo es la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos. Esta multiplicidad de instituciones (64 estatales y 2 federales) implica grandes retos para la articulación, que se ven profundizados por las deficiencias en la homologación de los criterios de la Ley General en todo el país, siendo que es tarea de los 32 estados y sus respectivas instituciones de búsqueda de personas, implementar las disposiciones de dicha ley, así como en los mecanismos locales para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas. Esta situación sucede a diferente ritmo en cada entidad federativa. Lo que complica aún más la cooperación.
Por otro lado, producto de la escalada de violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada, la desaparición forzada cobró fuerza y se ha agudizado. El involucramiento de actores del crimen organizado, las fuerzas armadas, y las policías estatales y municipales, trajo consigo una redefinición del fenómeno y de sus prácticas. Como resultado, se han multiplicado los perpetradores y los móviles de la desaparición. Estos hechos alcanzan el <a href="https://www.animalpolitico.com/seguridad/delitos-impunidad-informe-mexico-evalua" target="_blank" rel="noopener">96 % de impunidad</a> y se ven cobijados por una amplia opacidad en la información, especialmente aquellos que señalan al personal de instituciones del Estado como perpetradores. A pesar de que la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf" target="_blank" rel="noopener">legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública</a> indica que no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, acceder a ella resulta casi imposible.
La negación histórica por parte del Gobierno Federal respecto de la masividad del fenómeno de la desaparición, ha impedido implementar un mecanismo de carácter extrajudicial y humanitario para su búsqueda. Si bien <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/en-clave-humanitaria/las-comisiones-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">la CNB y las comisiones estatales pueden asumirse como extrajudiciales</a>, en tanto se desvinculan orgánica y metodológicamente de las fiscalías y, por tanto, del sistema de justicia penal, esto no es del todo cierto pues las <a href="https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Informe_Comisiones_Estatales_de_B%C3%BAsqueda.pdf" target="_blank" rel="noopener">comisiones de búsqueda mantienen tramos de dependencia</a> que exigen coordinación con las fiscalías, ya que estas últimas mantienen obligaciones concretas de dar impulso a la búsqueda de personas desaparecidas y de coordinarse y colaborar con las comisiones. La situación se ve agravada por las limitaciones sustanciales frente al manejo de datos, pues perpetradores o testigos que podrían brindar información a las comisiones de búsqueda suelen resistirse ante la posibilidad de que las fiscalías accedan a dicha información y que  esto devenga en un proceso penal en su contra. La necesidad de búsqueda y localización de personas choca de frente con la necesidad de persecución y castigo penal de sus perpetradores, lo que impide un avance sustancial para dar con el paradero de las más de 100 mil personas desaparecidas en el país.
<h2>El caso colombiano</h2>
Uno de los avances en la búsqueda de personas en Colombia ha sido la creación de la UBPD, una entidad especializada en llevar a cabo procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda. En contraste, otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional centran sus esfuerzos en realizar acciones de búsqueda dentro del marco judicial y en situaciones relacionadas con la comisión de un delito.
Es importante destacar que las acciones emprendidas por la Unidad de Búsqueda no tienen como objetivo atribuir responsabilidades en procesos judiciales, sino lograr encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Los servidores de la UBPD están exentos del deber de denuncia, lo cual busca consolidar la confianza institucional y proteger los derechos a la intimidad y seguridad de las víctimas y las personas que aportan información. En consecuencia, la Unidad no lleva a cabo actividades de investigación dirigidas a identificar a los responsables de hechos de desaparición, ni proporciona la información recibida a ninguna autoridad judicial.
A pesar de que en principio el problema no surge por la superposición con el ámbito judicial, siguen presentándose dos grandes barreras frente al acceso a la información: la falta de coordinación para acceder a información relevante en la búsqueda entre entidades y la obtención de información de personas particulares.
Frente a la falta de coordinación entre entidades, la Unidad de Búsqueda ha <a href="https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/retos-de-la-nueva-direccion-de-la-unidad-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-ubpd/" target="_blank" rel="noopener">resaltado</a> la necesidad de ajustar los procesos de acceso a información reservada que está en dominio de otras entidades del Estado, pues no han podido tener pleno acceso a los expedientes de investigaciones de la Fiscalía y, especialmente, a los registros militares o de organismos de seguridad estatales que contienen información crucial para resolver el destino y paradero de numerosas personas.
Como respuesta a los reiterados llamados de organizaciones de familiares de víctimas de personas desaparecidas y a la <a href="https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/el-avance-a-medias-en-la-busqueda-de-los-desaparecidos/" target="_blank" rel="noopener">Recomendación 14</a> de la <a href="https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1" target="_blank" rel="noopener">Comisión de la Verdad, </a>el <a href="https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026" target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional de Desarrollo</a> 2022 &#8211; 2026 incluyó la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda. Su objetivo es facilitar la articulación, coordinación y cooperación entre las distintas ramas del poder público del Estado con competencias en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Pero, en opinión de los funcionarios, persiste el desafío de lograr una efectiva articulación y coordinación entre las diferentes entidades involucradas.
En cuanto al acceso a la información proporcionada por particulares, se presentan dificultades tanto con los comparecientes ante la <a href="https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx" target="_blank" rel="noopener">Jurisdicción Especial para la Paz</a> (JEP) como con aquellas personas que no guardan relación con la UBPD. En el primer caso, el Acuerdo de Paz dio origen a la creación de la JEP, un tribunal encargado de administrar justicia transicional y abordar los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. En consecuencia, con el propósito de acceder y mantener los beneficios derivados de este régimen especial de justicia, se estableció que toda persona sometida a la jurisdicción debe contribuir con información relevante para la Unidad de Búsqueda. No obstante, las demoras de este tribunal para definir la situación jurídica de los comparecientes que no son seleccionados como <a href="https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Glosario.aspx#:~:text=M%C3%A1ximo%20Responsable%3A,la%20comisi%C3%B3n%20de%20un%20delito." target="_blank" rel="noopener">máximos responsables</a> han generado un escenario desprovisto de incentivos para que estos proporcionen datos sobre los desaparecidos.
Por otra parte, en relación con aquellos particulares que no forman parte de la UBPD, pero que pueden aportar información relevante, existe un vacío normativo que no los exime del deber de denuncia. De acuerdo con el <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80614" target="_blank" rel="noopener">Decreto Ley 589 de 2017</a>, con el fin de asegurar la naturaleza extrajudicial de la Unidad de Búsqueda y su funcionamiento adecuado, los funcionarios, contratistas y personal designado de la entidad estarán exentos del deber de denuncia y no podrán ser obligados a rendir declaración en procesos judiciales. Aunque esto marcó un avance en la búsqueda humanitaria, personas ajenas a esta entidad carecen de las garantías plenas para aportar información, pues aportar información en ese ámbito no los exime de denunciar el conocimiento de un delito; en consecuencia, podría configurarse un incumplimiento del deber de denuncia.
<h2>Por una búsqueda con toda la información existente</h2>
Ambos países son reflejo de  los obstáculos que enfrenta toda la región respecto al acceso a la información que, en parte, impide un avance más contundente y deja en la incertidumbre a cientos de familias que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos.
Aunque los contextos y fenómenos en México y Colombia son diferentes, ambos casos llaman la atención sobre la importancia de acceder a información judicial y extrajudicial como un presupuesto necesario para el éxito de las búsquedas y el alivio de los familiares. Resulta fundamental que todos los países que buscan a personas desaparecidas cuenten con mecanismos que faciliten la cooperación interinstitucional entre las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, involucrando a perpetradores, agentes no estatales o cualquier individuo que pueda proporcionar información valiosa para facilitar la ubicación de una persona desaparecida.
* Paula Andrea Valencia Cortés es abogada de la Universidad Javeriana y candidata a magíster en Sociología de la Universidad de los Andes. Es investigadora de la línea de Justicia Transicional en Dejusticia y profesora de cátedra de la Universidad Javeriana. Jorge Lule es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Con especialidad en Seguridad Pública. Coordinador del Área de Investigación y Análisis Criminal de la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.

Entre la incertidumbre y el acceso a la información, la búsqueda de personas en América Latina

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) está previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017). Esta herramienta es gestionada y coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con el propósito de organizar y recopilar información relacionada con Personas Desaparecidas y No Localizadas en México.
Hasta el 9 de junio de 2023, el RNPDNO contaba con 93,958 registros de personas desaparecidas y no localizadas desde 1961. En esa misma fecha, el Gobierno Federal anunció la implementación de un nuevo censo de personas desaparecidas dentro del marco de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Desde su inicio, el nuevo censo ha estado marcado por una serie de fallas que inciden en la revictimización. Aunque la Búsqueda Generalizada está contemplada en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), la estrategia propuesta, su metodología y clasificaciones, carecen de respaldo jurídico. Estas surgieron del supuesto análisis del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que no puede haber tantas desapariciones en el presente sexenio, ya que <a href="https://politica.expansion.mx/presidencia/2024/01/08/amlo-asegura-que-el-nuevo-censo-de-desaparecidos-es-para-poner-orden" target="_blank" rel="noopener">“no es lógico, no se ha permitido la represión, ni la desaparición de nadie, ni las masacres”.</a>
De igual manera, los métodos para recopilar información sobre las personas desaparecidas resultaron inadecuados. <a href="https://elpais.com/mexico/2023-12-10/el-registro-de-desparecidos-encontrados-en-mexico-cae-abruptamente-desde-la-creacion-del-nuevo-censo.html" target="_blank" rel="noopener">Tanto las visitas domiciliarias como las llamadas telefóni</a><a href="https://elpais.com/mexico/2023-12-10/el-registro-de-desparecidos-encontrados-en-mexico-cae-abruptamente-desde-la-creacion-del-nuevo-censo.html" target="_blank" rel="noopener">cas a los familiares eran llevadas a cabo por personal que, en ocasiones, carecía de capacitación en el tema</a>. Además, la práctica de acudir directamente al domicilio de los familiares plantea un riesgo significativo para su seguridad, privacidad y salud emocional, al encontrarse en estado de vulnerabilidad y preocupación de las posibles consecuencias que puede acarrear una desaparición.
Los resultados del censo han sido objeto de críticas por parte de organizaciones dedicadas a la procuración y defensa de derechos humanos, así como por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Un ejemplo de ello fue la intervención de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien en la presentación del libro “Madre Buscadora: Crónica de la desaparición”, señaló que &#8220;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aIPja6iNIC4" target="_blank" rel="noopener">no puede haber tan pocos desaparecidos y miles de madres buscadoras</a>&#8220;.
La problemática en los resultados abarca desde la duplicidad en el registro de personas desaparecidas, como es el caso de <a href="https://lasillarota.com/nacion/2024/1/8/mi-hijo-esta-dos-veces-mi-sobrino-no-esta-las-irregularidades-del-nuevo-censo-de-desaparecidos-464365.html" target="_blank" rel="noopener">Luis Antonio Ávila Reyes</a>, quien desapareció en 2017 en Zacatecas, y de <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/12/19/suma-fallas-censo-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">Irma Claribel Lamas López</a>, desaparecida en 2008 en Coahuila, por mencionar algunos ejemplos. O bien, la situación contraria: la omisión de registros, conocida como “doble desaparición”, como ocurre en los casos de <a href="https://elpais.com/mexico/2024-01-15/las-dos-desapariciones-de-fernando-hernandez-de-la-cruz.html" target="_blank" rel="noopener">Fernando Hernández de la Cruz</a>, desaparecido en 2022 en Tamaulipas, <a href="https://lasillarota.com/nacion/2024/1/8/mi-hijo-esta-dos-veces-mi-sobrino-no-esta-las-irregularidades-del-nuevo-censo-de-desaparecidos-464365.html" target="_blank" rel="noopener">Reyes Yosimar García Cruz</a>, desaparecido en Sinaloa en 2017 y <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/excluyen-censo-esmeralda-castillo-desaparecida-juarez-chihuahua/">Esmeralda Castillo</a> desaparecida en Chihuahua en 2009.
También se han evidenciado casos de personas desaparecidas quienes nunca estuvieron en el censo, como el de <a href="https://elpais.com/mexico/2024-01-15/las-dos-desapariciones-de-fernando-hernandez-de-la-cruz.html" target="_blank" rel="noopener">Juan Alejandro Polanco Pinales</a>, desaparecido en 2020 en el estado de Tamaulipas. Por último, se observan registros discordantes, como el de <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/01/22/tiene-censo-de-amlo-otros-datos-equivocados/" target="_blank" rel="noopener">Antonio Díaz Valencia</a>, quien figura como “persona ubicada”, a pesar de que sus familiares no han recibido noticias de él desde enero del año pasado.
Estos ejemplos subrayan la falta de coherencia en la recopilación y administración de datos para el nuevo censo. La estructuración de registros confiables y precisos constituye un elemento esencial para comprender a cabalidad la magnitud de la problemática de desaparición en el país. A partir de ello se podrán establecer estrategias eficaces, y políticas públicas sensibles y respetuosas hacia aquellos que sufren las consecuencias directas e indirectas de esta realidad.
Al tiempo que se realizaba el nuevo censo, se observaba la crisis institucional al interior de la CNB. La renuncia de la extitular, Karla Quintana, resaltó esta situación al señalar que <a href="https://elpais.com/mexico/2023-11-08/karla-quintana-excomisionada-de-busqueda-el-censo-del-gobierno-busca-reducir-el-numero-de-desaparecidos-este-sexenio.html" target="_blank" rel="noopener">su partida estuvo motivada por desacuerdos en relación con la actualización del censo, advirtiendo sobre una posible disminución en los reportes de desapariciones.</a> La crisis se agravó cuando a inicios de año se produjo una oleada de despidos masivos del personal de la CNB.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación expuso que la reestructuración de la CNB se realizó porque <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BbZquGHDggQ" target="_blank" rel="noopener">el personal estaba dedicado mayormente a labores de escritorio</a>. Esto resaltó la urgencia de priorizar acciones en campo, lo que llevó al despido de más de un centenar de perfiles especializados en áreas jurídicas, ciencias sociales y forenses.
El personal de terreno desempeña un papel fundamental para abordar la desaparición. Sin embargo, se requiere que ambas áreas de trabajo —campo y gabinete— operen de manera simultánea y complementaria. Buscando una gestión más efectiva y coordinada de los esfuerzos, maximizando así las posibilidades de éxito en la ardua tarea de la búsqueda de personas. Además, resulta desconcertante la decisión de no renovar contrato a gran parte del personal, dado que en muchas ocasiones, este mismo contaba con una formación que podría haber sido eficazmente ejecutada en campo.
Esta crisis institucional constituye un panorama desalentador para los familiares, quienes, en algunos casos, habían forjado un vínculo de confianza con el personal con el que habían interactuado durante más de tres años. La disolución de áreas no solo implica una pérdida significativa en términos de capital humano capacitado y especializado, sino también un menoscabo en los resultados obtenidos y en la confianza depositada por los familiares.
La reestructuración de la CNB coincide con escenarios similares en instituciones y órganos adscritos a esta misma, como el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). En este último, fue despedido <a href="https://amp.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/el-borrado-masivo-de-desaparecidos" target="_blank" rel="noopener">más del 60 % del personal y se prevé una reubicación.</a> Asimismo, se observan cambios desfavorables en el área dedicada al análisis de muestras complejas adscrita al Instituto de Medicina Genómica (INMEGEN).
La trascendencia de dedicar recursos, personal y mantener registros confiables en el ámbito de las desapariciones ha adquirido relevancia a nivel internacional. Durante la cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, <a href="https://webtv.un.org/en/asset/k1i/k1iwakvpt5" target="_blank" rel="noopener">más de 100 países expresaron su preocupación en torno a las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el país, exhortando a México —entre otras cuestiones— a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la desaparición forzada de personas.</a>
Por todo lo anterior, resulta imperativo preservar el trabajo institucional y jurídico que se ha realizado hasta el momento. Los espacios y registros encargados de la búsqueda, localización e identificación de personas deben consolidarse y fortalecerse, respaldados invariablemente por la colaboración activa de familiares, colectivos y la sociedad civil. La transparencia y cooperación en estos procesos deben actuar como ejes rectores, los cuales son fundamentales para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos.
* Arumi Mendoza (<a href="https://twitter.com/MendozaArumi" target="_blank" rel="noopener">@MendozaArumi</a>) es Licenciada en Antropología Física por la ENAH, con especial interés en temas forenses y humanitarios. Actualmente realiza un voluntariado en el área de Investigación y Análisis Criminal de la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.

El nuevo censo de personas desaparecidas y la crisis en la Comisión Nacional de Búsqueda

“No puede haber tan pocos desaparecidos y miles de Madres Buscadoras”

Llegó 2024 y, en México, la violencia ha sido un problema persistente y constante, no es nuevo de este gobierno, ni será nuevo para el gobierno que vamos a elegir a mediados del año. A lo largo de los años los derechos humanos han sido vulnerados en el país: desde las promesas incumplidas de la Revolución mexicana, la represión a las protestas de los sesenta a los noventa y la guerra contra las drogas que comenzó en 2006, hasta 2024 que seguimos experimentando problemas sustanciales de derechos humanos que afectan a nuestra sociedad en su totalidad.
Comenzando con la violencia que no para en el país, los asesinatos, las desapariciones y los malos tratos a personas migrantes seguidas de impunidad reproducen lo que se llama revictimización secundaria. Entendemos este término como un aspecto psicológico que se le añade a las víctimas después de verse expuestas a un evento de violencia extrema. Este fenómeno se presenta debido a la falta de apoyo por parte de las instituciones y del gobierno, y facilita un ambiente en el cual la víctima se ve obligada a revivir su trauma. De hecho, muchas víctimas en México no sólo tienen que vivir con las consecuencias físicas y psicológicas de las violaciones a derechos humanos, sino que también enfrentan problemas de revictimización secundaria debido a las omisiones del gobierno.
Las víctimas no denuncian o abandonan los casos debido a la impunidad que permite que los perpetradores de la violencia no sean llevados frente a la justicia. No solo por la falta de capacidad y sensibilidad de muchos de quienes investigan, también porque se continúan investigaciones &#8220;normales&#8221; en un país que vive una violencia &#8220;anormal&#8221;.
Iniciamos el 2024 en las mismas circunstancias que terminamos el 2018, el 2012 y el 2007: con un país lleno de víctimas y de promesas de campaña incumplidas por los gobiernos electos. La paz al país no llega, las víctimas siguen aumentado. Los logros que menciona el actual gobierno, como por ejemplo la disminución de la violencia o la erradicación de la impunidad, distan mucho de ser reales.
Desde la CMDPDH hemos insistido incansablemente en propuestas integrales que podrían contribuir a la disminución de la violencia y la impunidad, que tienen mucho que ver con el concepto de &#8220;transición&#8221; y &#8220;democracia&#8221;. Por un lado, una transición de un gobierno democráticamente electo debió significar una depuración de las estructuras que han violado los derechos humanos y cometido crímenes internacionales. La CMDPDH en 2018 envió una lista de posibles perpetradores de graves violaciones a derechos humanos al presidente de la República, de la cual solo tuvimos una respuesta mencionando que esas &#8220;faltas administrativas&#8221; habían prescrito, es decir, que no se podían tomar cartas en el asunto. A pesar de ello, hemos insistido en las responsabilidades particularmente de la cadena de mando cuando se perpetran graves o sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la seguridad en el país.
La CMDPDH puso su conocimiento técnico a disposición del gobierno para poder argumentar crímenes internacionales cometidos por grupos criminales y por autoridades del gobierno; para poder crear mecanismos extraordinarios para solucionar una situación de violencia e impunidad extraordinaria, y para que el gobierno pueda requerir el apoyo de la Corte Penal Internacional para la investigación de los crímenes cometidos en la guerra contra las drogas a través de la figura de complementariedad positiva o de la remisión del caso a la Fiscalía de dicha Corte.
Desafortunadamente, lo que nos hemos encontrado es un gobierno con miedo de ser supervisado por instancias internacionales y renuente a someterse a rendición de cuentas por sus ciudadanos. Pensamos que es debido a la responsabilidad compartida de este y otros gobiernos en la construcción de violencia e impunidad endémicas.
Finalmente, en el comienzo de 2024 la CMDPDH queremos desear un México sí con esperanza, pero también informado y que pida rendición de cuentas a sus gobernantes. Nosotras seguiremos trabajando de forma consistente y creativa en pro de las víctimas y de la sociedad en su conjunto por verdad, justicia y reparación.
<a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>

Los derechos humanos en 2024

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante; esto se hizo, principalmente, con la intención de conmemorar a las personas migrantes que, por diversos motivos y en un acto de valentía, deciden dejar atrás sus lugares de origen buscando mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.
En los 23 años que han transcurrido desde la proclamación del Día Internacional del Migrante, el objetivo de fijar este día para conmemorar a las personas migrantes y para hacer un llamado a los Estados y a la humanidad para que se respeten los derechos de estas personas, está muy lejos de la realidad que enfrentan. Las personas migrantes no ven sus derechos garantizados ni en los Estados por los que transitan ni en los que llegan y se enfrentan a culturas que son en gran parte xenófobas, racistas, clasistas y, en general, discriminatorias.
Desde hace cuatro meses, en la CMDPDH nos hemos dedicado a realizar visitas a diferentes espacios dentro de la Ciudad de México donde se encuentran personas en situación de movilidad humana. Visitamos albergues y espacios públicos en los que se concentran personas migrantes, incluidas personas con necesidades de protección internacional. Nuestro principal objetivo ha sido ofrecerles orientación y asesoría jurídica. En el marco de estos servicios, las personas nos comparten muchas de sus experiencias, como los obstáculos que enfrentan durante su trayecto por México. Por ejemplo, quienes provienen de Sudamérica indican que desde antes de emprender su camino son alertados por otras personas sobre los retos que van a enfrentar, entre los que siempre destacan dos: la selva del Darién –frontera entre Colombia y Panamá– y el trayecto por México.
Quienes alguna vez hayan leído, escuchado, o visto todo lo que las personas en movilidad sufren en su paso por la selva del Darién, entenderán que esta asociación resulta lamentable y trágica. Dicha selva es un lugar donde las personas tienen que atravesar diferentes obstáculos de la naturaleza, pero además cuidarse de los grupos criminales que pueden llegar a robarles sus pertenencias, agredirlas física y sexualmente o asesinarlas. Hay muchos testimonios, reportes, denuncias y estadísticas sobre personas que han sido víctimas de violencia sexual en la selva del Darién. También es común que la gente narre haber visto personas muertas en el camino, la mayoría a causa de los obstáculos que la propia naturaleza impone en la selva.
Ante un escenario así, ¿qué es lo que sucede en México que pueda ser equiparable? En nuestro país, la mayoría de los “obstáculos” tienen un origen humano. Para las personas que residen en México, algunos nos pueden resultar familiares, como la extorsión por parte de autoridades o los sobornos que se desprenden de la corrupción, pero lo que no siempre comprendemos es que, para una persona migrante, la situación se agrava por el hecho de encontrarse en una posición de vulnerabilidad de la que las autoridades abusan.
Es común que las personas te hablen de los diversos pagos que tuvieron que realizar durante su trayecto por México, ya sea a elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y policías estatales, entre otros. Y no es un pago único, son una serie de pagos que deben realizar durante todo el viaje cada vez que alguna autoridad les detiene y les pide sus documentos. En las fronteras, por ejemplo, agentes del Instituto Nacional de Migración llegan a cobrar entre 500 y 1,000 dólares por permitir el paso a una persona migrante o a un grupo familiar; es triste también que la mayoría de las víctimas no identifica esto como un delito.
La ruta por México, además, supone la exposición a los grupos de la delincuencia organizada que han visto en la migración un lucrativo negocio en donde –de nuevo–les son exigidos pagos por “derecho de paso” a las personas migrantes, siendo esta sólo uno de las formas en las que lucran con ellas. Las personas en movilidad conocen el riesgo que implica transitar por el territorio nacional debido a las redes de tráfico de personas que existen, lo que supone un temor latente durante el recorrido por el país a ser secuestradas o desaparecidas. También existen las estafas por parte de “polleros” que cobran grandes sumas de dinero para trasladar a las personas migrantes a México desde Centroamérica, o a Estados Unidos, ya sea desde México o desde sus países de origen. Algunas de las personas que cometen estos ilícitos pertenecen a grupos de la delincuencia organizada y muchas veces su única finalidad es robarle a las personas migrantes para después abandonarlas sin cumplir con trasladarlas al lugar acordado; sin embargo, otras veces las personas terminan siendo víctimas de trata de personas.
El camino supone estar todo el tiempo en un estado de alerta, una vez que cruzas la frontera e ingresas al país hay que cuidarse de la delincuencia organizada y de las autoridades del Estado, quienes además de lo ya mencionado también pueden ejercer otro tipo de abusos. Es común, por ejemplo, que las personas se refieran a la destrucción de sus documentos por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional, documentos que algunas veces son de su país de origen, pero que la mayor parte del tiempo son documentos mexicanos que acreditarían su estancia regular en el país, en algunos casos por la concesión de algún permiso para transitar por el territorio nacional, o en algunos otros, documentos que comprueban que se está efectuando algún trámite de regularización en México, o que se trata de una persona sujeta de protección internacional, como las personas en trámite de reconocimiento de la condición de refugiado o personas ya reconocidas como refugiadas.
Otra problemática es que un gran porcentaje de la población mexicana no recibe bien a las personas migrantes cuando llegan al país, de hecho, hay un descontento cada vez más evidente con respecto a las y los migrantes que transitan para llegar a Estados Unidos, al igual que con quienes deciden quedarse en México. Las personas migrantes han comentado, en más de una ocasión, que en la calle les gritan que regresen a su país o que las insultan cuando pasan cerca de los lugares en los que están. También reconocen que hay muchas personas mexicanas que les han ayudado en el camino: en los alebergues, en la ruta ofreciendo agua y comida, o por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil brindado servicios de salúd, de orientación legal, entre otras cosas más, pero no deja de ser importante reflexionar ¿por qué somos un país xenófobo?
Actualmente, la Ciudad de México se enfrenta a una realidad migratoria que no conocíamos más que por lo que veíamos que sucedía en las fronteras cuando se llegaban a saturar los albergues y los espacios en los que se encontraba la población migrante; sin embargo, hoy en día esa es una realidad para la capital del país. Los cambios en la política estadounidense, la inacción del gobierno mexicano, las fallas en el sistema y las vulnerabilidades de las personas se han sumado para dar como resultado la actual situación en la Ciudad.
Las y los vecinos de distintas zonas de la Ciudad de México se han quejado en semanas recientes por la presencia de personas migrantes en espacios públicos que son cercanos a sus domicilios, incluso han hecho manifestaciones exigiendo que se reubique a las personas en situación de movilidad, lo que tiene todo el sentido en lo que se refiere a exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de garantizar que estas personas no estén en situación de calle y que si el mismo gobierno es quien pone límites para que puedan trasladarse a otra zona del país, entonces los ubique en espacios donde puedan permanecer dignamente hasta que puedan hacerlo.
Sin embargo, no todos los grupos vecinales se han expresado de esta forma, muchos simplemente desean que los desalojen de esos espacios porque les parece incómodo y no empatizan con las personas migrantes, quienes claramente no están en una situación de calle porque este sea su deseo, sino por todo el contexto que hay detrás y que poco tiene que ver con sus intereses.
Al respecto es necesario considerar que sólo en la Ciudad de México se puede realizar el trámite de la cita para ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo por medio de la App de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos), es decir, en todos los estados del sur del país la aplicación no permite ingresar para realizar el registro, sólo es posible desde la Ciudad de México y el norte del país, entonces, cuando las personas llegan a la capital, inmediatamente inician con este proceso.
Además, las personas migrantes, en “estricto sentido”, deben esperar la confirmación de su cita para poder trasladarse hacia el norte del país con destino al puerto fronterizo donde la hayan solicitado, ya que el Instituto Nacional de Migración <a href="https://www.gob.mx/inm/prensa/autoriza-inm-paso-a-migrantes-extranjeros-que-cuenten-con-cita-confirmada-por-cbp-329581" target="_blank" rel="noopener">emitió un comunicado</a> en el que indicó que permitiría el tránsito de las personas que ya tuvieran la cita confirmada –con la precisión de que se refirió únicamente a personas de nacionalidad haitiana, cubana, nicaragüense y venezolana–, por lo que las personas deben esperar dicha confirmación, misma que está demorando aproximadamente tres o cuatro meses.
A lo anterior hay que agregar que incluso si las personas deciden asumir el riesgo de viajar sin la confirmación de la cita, lo más probable es que esto no sea posible al menos por medio de las líneas de transporte formales. Lo anterior, porque las líneas de autobús que operan en las terminales de transporte solicitan como requisito para la venta de boletos documentos con los que la mayoría de personas migrantes no cuentan. Exigen un documento de identidad, que en el caso de las personas extranjeras debe ser el pasaporte (con sello), o una cédula de identidad acompañada de un documento migratorio que acredite su regular estancia en el país. Además de que muchas otras personas no cuentan con los recursos económicos para continuar el camino, por los gastos de alimentación y transporte que ya han realizado, y en algunos casos, por el dinero que han tenido que pagar en sobornos a las autoridades.
En nuestros monitoreos en la Central del Norte hemos documentado que algunas líneas de transporte exigen la confirmación de la cita de CPB One. Este requisito, al igual que los mencionados antes, carece de fundamento jurídico. En la práctica, estas líneas de transporte que brindan un servicio privado en el país están llevando a cabo labores de control migratorio, lo que constituye una violación al derecho fundamental de libertad de movimiento y tránsito.
Por otra parte, las personas que logran trasladarse están en riesgo constante de ser detenidas por agentes migratorios, de la Guardia Nacional e incluso policiales a pesar de que no están facultados para ello. Esto debido a que el Instituto Nacional de Migración omite constantemente expedir algún tipo de permiso de estancia provisional que les permita trasladarse a otro punto del territorio o trabajar en México mientras logran llegar a su país de destino
Así entonces, que la Ciudad de México esté rebasada en cuanto a las capacidades que tienen los albergues <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> -que dicho sea de paso, en su mayoría son iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen ayuda humanitaria y no del Estado, que es el que tiene la obligación de proteger y proveer espacios para alojar a personas migrantes- ¿es algo atribuible a las personas migrantes o se trata más bien de una situación en la que les han puesto las autoridades mexicanas y estadounidenses, y de la que les es casi imposible salir?
No es válido que este descontento que han expresado algunos grupos de personas surja del racismo o la xenofobia, así como no es aceptable que haya personas en el país que insulten a las personas migrantes en la calle o que hagan comentarios despectivos. ¿Se nos olvida que la población mexicana es también una población que migra?
Aunque ya casi no se menciona, y menos en la administración actual, las y los mexicanos continúan saliendo del país. Actualmente, cerca de doce millones de personas mexicanas nacidas en México se encuentran en el extranjero –principalmente en Estados Unidos–, lo que representa cerca del 9 % de nuestra población total. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) reportó que sólo en el mes de septiembre del 2023 se <a href="https://www.vozdeamerica.com/a/venezolanos-nacionalidad-mas-arrestada-cruzar-ilegalmente-frontera-sur-eeuu/7321391.html" target="_blank" rel="noopener">detuvieron en la frontera sur a 39,733 personas de nacionalidad mexicana</a>, lo que evidencia que la migración de México a Estados Unidos es una realidad presente.
Si es tan común que las y los mexicanos tengamos algún familiar o conocido que migró a Estados Unidos, ¿por qué no somos amables y empáticos con las personas migrantes que ingresan y transitan por nuestro país con la finalidad de llegar a ese mismo destino? O con aquellas que prefieren quedarse en México buscando exactamente lo mismo que las y los mexicanos que decidieron migrar a otro país: una mejor calidad de vida y mejores oportunidades.
Honremos a las y los mexicanos migrantes que decidieron valientemente hacer su vida en otro lugar siendo empáticos con quienes llegan a México y ofrezcamos apoyo si está en nuestras posibilidades; o simplemente, respetémoslos.
Las personas migrantes y quienes nos dedicamos a la defensa y promoción de sus derechos no tendríamos por qué recordarle a las autoridades y a la sociedad que merecen respeto por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, la realidad que enfrentan hace necesario que hagamos este tipo de reflexiones, ¿cómo es que a las personas mexicanas nos resulta ofensivo que las y los connacionales en el extranjero sean víctimas de malos tratos, discriminación o explotación, pero al mismo tiempo somos un país xenófobo?
* Antonio Bejarano Ramírez (<a href="https://twitter.com/antonio_bera01" target="_blank" rel="noopener">@antonio_bera01</a>) es Lic. en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es Abogado Paralegal en la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Se ha documentado que hay una saturación en todos los albergues de la Ciudad de México, en las visitas que realizamos a uno de estos espacios, el promedio de personas albergadas oscila entre las 600 y las 800 personas.

Migrantes en la Ciudad de México: retrato actual y perspectivas

En México, las personas que se ven obligadas a desplazarse tienen opciones muy limitadas para solicitar y recibir la atención que necesitan. El reto más evidente es el hecho de que no existe una institución, cuya puerta puedan tocar, con la atribución, recursos y programas específicos para atender de manera integral sus diversas necesidades. Tampoco existe una ruta clara —una ley, por ejemplo— que diga que tal y tal institución tiene que brindar tales servicios a cualquier persona que haya tenido que desplazarse. Hay desafíos significativos para el gobierno también, desde contar con recursos suficientes y con personal capacitado para reconocer y atender el fenómeno, hasta construir rutas y mecanismos de cooperación interinstitucional, considerando que es una situación que involucra varias áreas de la política pública.
Reconocer estos retos es fundamental para que se puedan atender y, de este modo, sea posible avanzar en la construcción de respuestas adecuadas para las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en contra de su voluntad. No obstante, la existencia y el reconocimiento de estos retos no implica que no se puede hacer nada, ni que cualquier omisión está justificada.
En primer lugar, haber tenido que desplazarse no te hace dejar de ser sujeto de derechos. Derecho a la educación, a la protección de la salud y al acceso a servicios médicos, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, al agua, al saneamiento, a disfrutar de una vivienda digna: estos y varios otros derechos están previstos en el marco normativo mexicano y hay autoridades encargadas de garantizarlos. Privar a las personas desplazadas internas del ejercicio de estos derechos es discriminatorio y —perdón por la redundancia— violatorio de sus derechos fundamentales.
Por otro lado, hemos observado que en lugar de asumir retos como la falta de recursos y capacidades y enfocarse en atenderlos, algunas dependencias gubernamentales han esquivado responsabilidades a través de malabarismos burocráticos, administrativos y conceptuales. De esto hablaré hoy, inspirada (y, confieso, frustrada) por una experiencia reciente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
* * *
Si estás leyendo esto, es muy probable que conozcas la experiencia de mudarse. Ya sea que la hayas vivido tú en algún o en varios momentos de la vida, o que te haya compartido su experiencia alguien cercano, todos tenemos memorias, ideas o nociones relacionadas con lo que puede implicar una mudanza: gastos, retos, oportunidades, despedidas, adaptaciones, planes, sorpresas, decepciones, estrés.
Ahora pensemos en una mudanza que no es motivada por el hecho de llegar a un determinado destino, sino porque quedarse ya no era posible o seguro. Si esta experiencia también ya conoces no tendría que decirte nada yo, pero incluso para quienes hemos sido afortunadas de no haberlo vivido no debería ser tan difícil imaginar al menos algunas de las implicaciones adicionales: duelo, incertidumbre, pérdidas, miedo.
Quienes conocemos las circunstancias en las que se dan los desplazamientos forzados en México, sabemos además que es común que se destruyan casas, negocios, cultivos; que personas tengan que huir sin la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias, dejando atrás incluso documentos; que se roben animales, herramientas de trabajo y otras pertenencias; que la gente no tenga dónde llegar ni cómo cubrir sus necesidades básicas; que se piense que si tuvieron que huir es porque “en algo estaban metidos”.
Si sabemos esto, tampoco debería ser difícil comprender por qué las personas que se ven en esta situación sufren una serie de impactos y consecuencias. Que si uno pierde sus pertenencias y sus fuentes de ingreso puede tener que alojarse en lugares inseguros, en condiciones inadecuadas. Que si pierde la red de apoyo que tenía en su lugar de origen, no tiene quién cuide a sus hijas para que salga a trabajar. Que si va a un lugar diferente y que no conoce, y si además lo discriminan, le cuesta encontrar trabajo, y si no tiene trabajo, no come. Que por estar buscando cómo sobrevivir y restablecerse uno puede desatender temas de salud y entonces estos se agravan.
Estoy argumentando que deberíamos poder deducirlo y que es lógico, pero además esto ha sido documentado. Hay personas que <a href="https://www.acnur.org/mx/noticias/historias/cambio-climatico-y-desplazamiento" target="_blank" rel="noopener">huyen para salvar su vida ante situaciones extremas de violencia y luego tienen que sobrevivir la sequía y otros efectos del cambio climático</a>. En Chiapas, en 2017, personas desplazadas <a href="https://www.univision.com/noticias/america-latina/mueren-de-hambre-y-frio-11-indigenas-desplazados-por-la-violencia-en-chiapas" target="_blank" rel="noopener">murieron de hambre y frío</a> por las condiciones en las que se encontraban tras el desplazamiento. <a href="https://www.acnur.org/mx/media/informe-del-ejercicio-de-caracterizacion-del-desplazamiento-interno-en-chihuahua-2023" target="_blank" rel="noopener">Al comparar la situación de personas desplazadas y no desplazadas en Chihuahua</a>, se pudo identificar el impacto del desplazamiento en diversos aspectos de la vida de las personas, incluyendo las condiciones de vida, el acceso a derechos fundamentales y la situación de seguridad.
<a href="https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201810-literature-review-exec-sum-sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">En este estudio realizado por el IDMC</a>, hay diversos ejemplos más de lo que llaman “el efecto dominó” del desplazamiento: el deterioro de la salud que suele acompañar el desplazamiento podría ser el resultado de condiciones de vivienda precarias o de factores medioambientales, y a su vez puede afectar las oportunidades de trabajo y generación de ingresos; la pérdida de medios de vida puede afectar la capacidad de las personas desplazadas de acceder a una vivienda e infraestructuras adecuadas, así como a servicios como salud y educación; la privación o la interrupción del proceso educativo puede afectar la salud mental de los niños, así como su vida social y sus futuros medios de vida.
Ya sea por deducción y raciocinio lógico, por la capacidad de ejercer empatía o a través de los estudios y registros que lo han documentado, es evidente que los impactos del desplazamiento no se reducen al movimiento físico de tener que trasladarse a otro lado y pueden manifestarse en diversas dimensiones de la vida de las personas y a largo plazo, sobre todo si no se atienden. ¿Cierto? Pues, algunas dependencias gubernamentales parecerían no estar de acuerdo.
En los últimos meses, la CNDH y la CEAV, en respuesta a solicitudes para que consideraran ciertos impactos y hechos como consecuencias de un caso de desplazamiento, nos presentaron argumentos relacionados con el hecho de que su competencia y atribuciones se limitaban a determinado momento en el tiempo, o a lo que se registró en determinado documento. Como si un desplazamiento que no ha sido atendido adecuadamente durante una década no pudiera seguir generando consecuencias e impactando la vida de las personas hasta hoy.
* * *
Dije “parecerían” no estar de acuerdo, y es que en realidad no creo que sea el caso. No creo que sea una cuestión de discordancia conceptual, sino lo que he llamado malabarismo. La CNDH ha documentado extensivamente los impactos del desplazamiento para elaborar algunas de sus recomendaciones, ha publicado estudios y algunos de sus funcionarios han recibido capacitación en la materia. La CEAV también tiene conocimiento de casos y su propia ley reconoce la condición particular de vulnerabilidad de las personas desplazadas internas.
Además, este es solo uno de los varios malabarismos que hemos observado. Otro ejemplo: en contra de lo que dice la Ley General de Víctimas, la CEAV afirmaba no tener la capacidad de reconocer de manera autónoma a personas desplazadas internas como víctimas de violaciones a derechos humanos y, aún después de que <a href="https://cmdpdh.org/2019/03/06/decimo-tribunal-colegiado-en-materia-penal-del-primer-circuito-determina-la-facultad-de-la-ceav-para-realizar-el-reconocimiento-y-registro-de-victimas-de-desplazamiento-interno-forzado/" target="_blank" rel="noopener">un juez federal decidió que sí la tiene</a>, sigue resistiéndose y poniendo obstáculos para hacerlo. También hay casos en los que han sido extremadamente restrictivos al determinar si las afectaciones a la salud física o psicoemocional de una persona están o no vinculadas con su desplazamiento.
Por todo lo anterior, me atrevo a decir que parece tratarse, más bien, de una manera de enfrentar (o, en este caso, justificar) las omisiones y restricciones ocasionadas por los retos estructurales, políticos y de recursos que hoy dificultan la implementación de una respuesta adecuada a casos de desplazamiento interno.
Concluyo, entonces, con invitaciones: a cambiar el enfoque, a sumar fuerzas, a no invertir energías en mantener apariencias y en debates superficiales, a no poner más obstáculos para las personas desplazadas internas. Nadie está diciendo que es sencillo, ni que los retos no existen. Asumámoslos, entonces. Unamos esfuerzos: quienes estamos comprometidas en promover una respuesta adecuada al desplazamiento interno en México nos sumamos a la exigencia de más recursos, de mejores capacidades, de colaboración entre distintos sectores. Avancemos hacia soluciones para esas personas para quienes sobrevivir ya ha implicado suficientes obstáculos.
*Lígia de Aquino (<a href="https://twitter.com/ligiaabm" target="_blank" rel="noopener">@ligiaabm</a>) es Coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.

Malabarismos institucionales: obstáculo adicional para las personas desplazadas internas

El 16 de noviembre 2023, la Corte Internacional de Justicia (ICJ) en La Haya ordenó a Siria prevenir <a href="https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20231116-ord-01-00-en.pdf" target="_blank" rel="noopener">los actos de tortura</a>. La decisión es el resultado de una demanda que Holanda y Canadá sometieron a la corte el 8 de junio de 2023. El 10 de octubre de 2023 tuvo lugar la primera etapa de este juicio histórico, donde Siria no se presentó y dejó vacío los asientos de su delegación. Durante el juicio, Holanda y Canadá acusaron a Siria de cometer una práctica “sistemática” de la tortura.
La Corte que opone estrictamente a Estados conforme a violaciones de derecho internacional, no se debe de confundir con la Corte Penal Internacional, focalizada en la responsabilidad penal de individuos, también por graves violaciones de derechos humanos. El litigio que oponen los tres países representa la primera etapa de un largo proceso que solo empieza; es la primera vez que Siria se encuentra opuesta directamente a acusaciones frente a una corte internacional.
En un contexto de normalización regional, muchos sirios esperan que la iniciativa vuelva a poner a Siria en el centro de la atención, y que el Gobierno de Bachar al Assad se siga viendo como un estado ilegítimo por la violencia que ejerce sobre su pueblo.
<h2>La práctica sistemática de la tortura</h2>
La Comisión de Investigación sobre Siria (COI) estableció que casi todas las personas entrevistadas que han estado en prisión en centros gubernamentales han declarado haber sido <a href="https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/no-end-in-sight" target="_blank" rel="noopener">sometidas a la tortura</a>.
La encarcelación en masa que se produjo desde las manifestaciones de 2011 tuvieron lugar en centros de detención y prisiones que no responden a una interpretación común de lo que es una prisión, y tampoco desde el punto de vista jurídico. Estos centros de detención y prisiones deben entonces diferenciarse de las prisiones ordinarias, que también existen en Siria, donde las personas juzgadas por delitos y crímenes ordinarios &#8211; y sin fundamento político &#8211; se encuentran detenidas.
Desde 2011, el Gobierno sirio ha utilizado una red de servicios militares y ramas de sus servicios de inteligencia para acelerar la encarcelación, así como los juicios masivos de personas. Aunque en un principio las personas víctimas eran en mayoría personas vistas como opuestas al gobierno de Bachar al Assad, rápidamente muchísimas otras se encontraron perseguidas. Empezó entonces un <a href="https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities" target="_blank" rel="noopener">encarcelamiento masivo</a> y de forma arbitraria de miles de personas, según criterios muy heterogéneos, como los son creer que las personas han participado a una manifestación contra el gobierno, el hecho para una persona de encontrarse o vivir en un barrio o una ciudad en particular, razones relativas a la pertenencia de una familia en particular, pero también cualquier persona por sus etnias o diferencias religiosas, entre otros criterios. Por esta razón, y de forma extraordinaria, la mayoría de los centros de detención y prisiones en la República Árabe Siria perpetran graves violaciones de derechos humanos y funcionan al margen de la ley.
Es en este contexto que las autoridades sirias han utilizado la tortura de forma generalizada y sistemática. La mayoría de los casos de tortura y de muertes durante la detención se han documentado en lugares controlados por los <a href="https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-archipelago/arbitrary-arrests-torture-and-enforced-disappearances-syrias" target="_blank" rel="noopener">servicios de inteligencia sirios</a>, que engloban a las fuerzas de policía militar y civil, así como a servicios de inteligencia dirigidos por la Oficina de Seguridad Nacional del Partido Baaz (la Dirección de Inteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Seguridad Política). Cada uno de estos organismos tiene su cuartel general en Damasco, compuesto por varias delegaciones centrales, y administra delegaciones en todo el país, manteniendo bajo su custodia a miles de detenidos.
Todos los centros de detención controlados por las ramas militares no tienen nombres atribuidos, como lo es la famosa <a href="https://saydnaya.amnesty.org/en/saydnaya.html" target="_blank" rel="noopener">prision de Sednaya</a>. No obstante, Human Rights Watch ha podido informar previamente que la mayoría de los centros de detención están identificados con número o apelaciones, y hoy en día una gran parte de ellas están hasta geolocalizados. Los ejemplos más notables son las ramas “215”, “ 227”, y “ 291”.
Las condiciones de detención en estos centros y prisiones no respetan ninguna norma penitenciaria; incluso en el contexto de un conflicto armado, el derecho consuetudinario sobre <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-treatment-prisoners-war" target="_blank" rel="noopener">prisioneros de guerra</a>, por ejemplo, establece que todos los prisioneros deben ser tratados con dignidad, en ausencia de tortura, tener acceso a alimentos, agua, ropa y servicios sanitarios adecuados, entre otras cosas.
En todos los centros y prisiones mencionados se perpetúan graves violaciones de derechos humanos. Las violaciones <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/" target="_blank" rel="noopener">incluyen tortura</a>, ausencia de saneamiento o saneamiento inadecuado, falta de privacidad y dignidad, y ausencia de alimentos. Pero también todo este sistema de represión, está facilitado por una máquina judicial semi-militarizada que aprovecha de la detención arbitraria y de la desaparición forzada, también para cometer ejecuciones extrajudiciales.
Todos estos actos constituyen graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación sobre Siria.
<h2>Holanda y Canadá ante la Corte de la ONU</h2>
En 2020, <a href="https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1987431/canada-y-los-paises-bajos-llevan-a-siria-ante-la-corte-internacional-de-justicia" target="_blank" rel="noopener">Holanda anunciaba su intención</a> de tomar medidas conforme a Siria, específicamente sobre los actos de tortura por el régimen de Bachar al Assad. Canadá se sumó al proceso en el año 2021. Los dos países tenían en primer lugar que entrar en un proceso de negociaciones con Siria, como lo exige la Convención contra la Tortura de 1984. Sin resultado, el día 8 de junio de 2023 Holanda y Canadá sometieron entonces su demanda para medidas provisionales ante la Corte.
Los meses que precedieron las primeras estancias del juicio tuvieron lugar las consultaciones con ONGs, organizaciones de víctimas de tortura, así como de desaparición forzada; las organizaciones fueron consultadas juntas con los diferentes mecanismos onusianos pertinentes que son el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM) o la Comisión de Investigación sobre Siria. Gracias a los elementos reunidos, Holanda y Canadá inciaron un procedimiento ante la ICJ, solicitando una serie de medidas provisionales para que Siria cese la tortura en el país.
Las <a href="https://www.un.org/es/documents/icjstatute/chap3.htm" target="_blank" rel="noopener">medidas provisionales</a> se conocen como un ordenamiento de la Corte que pide a un Estado en este caso, el cese urgente de la violación de una convención internacional para que paren los actos que se consideran como ilegales en el derecho internacional. Otros recientes casos han visto la Corte poner medidas provisionales sobre el <a href="https://www.france24.com/es/20200123-cij-medidas-rohingyas-myanmar-genocidio" target="_blank" rel="noopener">Estado de Myanmar</a>, por graves violaciones de derecho internacional conforme a los derechos humanos. En el caso que opone Holanda y Siria, el litigio está basado en la <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading" target="_blank" rel="noopener">Convención contra la Tortura</a>, de la cual todas las partes en el litigio son parte, y se comprometen entonces entre ellos a no violar dicha Convención.
Durante el juicio en La Haya, Holanda y Canadá han acusado a Siria de una práctica sistemática de la tortura. Así, la abogada del Gobierno canadiense, Teresa Crokett, resaltó que Siria ha cometido en su territorio tortura sistemática y ha sometido por entonces una gran parte de su pueblo a muchas formas de maltrato, y esto de forma masiva. <a href="https://media.un.org/en/asset/k1u/k1u586xl73" target="_blank" rel="noopener">La abogada declaró</a> que “desde 2011, decenas de miles han muerto bajo custodia siria”. En acuerdo con el espíritu de las medidas provisionales y su carácter de urgencia, la abogada del Gobierno holandés recordó que “cada día cuenta”. Así, subrayando que cada día que pasa es un día donde más personas están sometidas a la tortura y mueren de ella. Delante de los asientos vacíos de la delegación siria, el Gobierno holandés notó: “Desde que Canadá y Holanda presentaron su solicitud de indicación de medidas provisionales el 8 de junio de 2023 y durante los 3 meses de retraso hasta esta audiencia se han documentado al menos 15 muertes debido a torturas cometidas por Siria”.
Los abogados de Holanda y Canadá recordaron también el dolor de los familiares que se cristaliza en torno a la máquina institucional de tortura, ya que en muchísimos casos estos hechos están directamente relacionados con la desaparición forzada. Se ha estimado que han desaparecido por lo menos <a href="https://news.un.org/es/story/2023/06/1522377" target="_blank" rel="noopener">100,000 personas</a> desde 2011. Por esta razón, los dos países recordaron la importancia del nuevo mecanismo para las personas desaparecidas en Siria que se votó en junio de 2023 en la Asamblea General de la ONU.
<h2>Medidas provisionales muy generales</h2>
La Corte ordenó el 16 de noviembre 2023 <a href="https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20231116-ord-01-00-en.pdf" target="_blank" rel="noopener">dos medidas provisionales para Siria</a>. Le pide primero que adopte todas las medidas a su alcance para impedir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que el país se asegure que sus funcionarios, así como las organizaciones o personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia, no cometan actos de tortura. Segundo, la Corte exige que Siria tome medidas eficaces para impedir la destrucción así como garantizar la preservación de toda prueba relacionada con denuncias de actos comprendidos en el ámbito de la Convención contra la Tortura.
Holanda y Canadá pidieron una serie de <a href="https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230608-REQ-01-00-EN.pdf" target="_blank" rel="noopener">medidas provisionales muy específicas</a> a la Corte, que en su mayoría no fueron seguidas, creando así una forma de consternación.
Los dos países pedían en su demanda, medidas como los son el cese inmediato de todo acto de tortura, de la detención arbitraria de personas, el cese de la detención incomunicada, pero también pidieron el acceso a los lugares de detención por expertos independientes así como médicos; hacer de nuevo posible el contacto entre personas encarceladas y sus familiares, y el acceso a abogados. A estas medidas Holanda y Canadá entendieron también pedirle a la Corte el deber para Siria de no destruir evidencia, historiales médicos u otros historiales de lesiones. Los dos países también le pidieron a la ICJ imponer a Siria un informe que tendría que ser enviado a la Corte sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a su orden de medidas provisionales.
Durante la sesión que tuvo lugar el 10 de octubre de 2023 en la Haya, Holanda y Canadá decidieron añadir al dossier dos nuevas medidas que tenían como objetivo poner fin a las amnistías para los oficiales que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y finalmente, que los informes enviados por Siria a la Corte se hagan públicos.
Ninguna de estas últimas medidas provisionales se encuentran de manera tan clara en la decisión de la Corte, que se contentó así de cumplir con dos pilares fundamentales, que son la prevención de los actos de tortura por oficiales del Estado sirio y la conservación de pruebas relacionados con los dichos actos.
<h2>Las víctimas en el centro</h2>
Días después del juicio de octubre, la ONG Syrian Legal Development Programme organizó un evento con otras organizaciones y asociaciones de víctimas. El evento cumplía con el objetivo de acordar un espacio y <a href="https://twitter.com/syrianldp?lang=en" target="_blank" rel="noopener">un derecho a la palabra</a>, en un contexto donde las víctimas de tortura no tuvieron oportunidad de expresarse directamente ante la Corte.
El evento puso la luz sobre el hecho que más allá del cumplimiento de las medidas provisionales para Siria, el juicio que tuvo lugar en La Haya vuelve a poner a la luz la lucha de las personas sirias para establecer la responsabilidad del Estado. Muchas personas sirias, pero también miembros de ONG y activistas tienen muy claro que el caso no se soldará en una victoria clara y simple; lo más probable es que el Estado sirio nunca cumpla totalmente con las medidas provisionales.
La decisión rendida por la Corte el 16 de noviembre de 2023 refleja esta realidad. De esta forma, la decisión responde a una necesidad, la de cumplir con la Convención contra la Tortura, pero a la vez no responde a la altura de la experiencia de los sobrevivientes de tortura. No obstante, el juicio podría tener como resultado a la vez una disminución de la práctica de la tortura de manera sistemática, ya que el Estado sirio está en proceso de normalización, y por otro lado tener como beneficio volver a poner las voces de las <a href="https://es.euronews.com/2023/10/11/siria-no-se-presenta-en-su-juicio-en-la-corte-internacional-de-justicia-de-la-onu" target="_blank" rel="noopener">víctimas al centro</a>: &#8220;Hablando de manera realista, no creo que este caso ayude a liberar a las personas. Pero espero que al menos ayude a detener la tortura y los malos tratos a los que están expuestos diariamente cientos de miles de detenidos&#8221;, Wafa Ali Mustafa, hija de uno de los desaparecidos en Siria.
Durante el procedimiento en la Haya el pasado mes de octubre, ONG, asociaciones de víctimas y grupos de sirios se presentaron delante de la Corte, colocando fotografías de personas víctimas de tortura y de desaparición forzada; algunas de las personas presentes alzaron carteles con diferentes mensajes como: “Alto a la tortura en Siria”, “¿cónde estan?”, “la tortura es una política sistemática”.
*Adrian Lakrichi García es jurista en derecho internacional especializado en derechos humanos. Es Analista Legal para la ONG Syrian Legal Development Programme (SLDP) donde trabaja sobre la responsabilidad del Estado sirio.

El estado torturador: Siria ante la Corte de la ONU

El derecho internacional contempla una institución jurídica que busca atender las violaciones a dicho orden jurídico: la responsabilidad internacional. Todas las personas y entes colectivos que participan en este sistema de derecho son sujetos del mencionado régimen, a pesar de que sus formas de aplicación respecto de empresas y otras entidades particulares siguen siendo muy limitadas. La responsabilidad internacional se configura cuando se cumplen tres elementos: un hecho ilícito (una acción u omisión que viola una disposición jurídica u obligación internacional), la posibilidad de imputar ese hecho a un sujeto de derecho internacional y la generación de un daño corroborable. De igual forma se constituye, en todos los casos, como una obligación novedosa para la persona perpetradora: la de reparar el daño.
El régimen de reparaciones es una garantía necesaria de la efectividad del Derecho Internacional, con dos objetivos centrales: compensar el daño y, en la medida de lo posible, restablecer la situación a su estado anterior a la violación. En el derecho internacional de los derechos humanos, <a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1870-21472020000200329">las reparaciones</a> resultan un mecanismo vital para la satisfacción de los intereses de las víctimas.
El caso de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) es particularmente relevante para entender la importancia de esas reparaciones como medio de satisfacción. Hasta el momento, nuestro país cuenta con un historial de diecisiete casos contenciosos ante la CoIDH, doce de ellos en etapa de supervisión de sentencia (es decir, en proceso de que se cumpla con la resolución dictada por la Corte). Solo en uno de los expedientes en su contra, el Estado mexicano ha cumplido totalmente con la reparación ordenada por la Corte, aun cuando la primera de esas <a href="https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm" target="_blank" rel="noopener">sentencias</a> fue publicada hace más de una década. Según el propio Tribunal, las medidas de reparación que México ha ejecutado son mayoritariamente aquellas relacionadas con cambios internos formales (publicación de las sentencias, algunas reformas a la ley y actos de reconocimiento de responsabilidad) o con indemnizaciones monetarias. Sin embargo, existe un incumplimiento sistemático de las medidas de reparación de fondo.
Hoy, por ejemplo, sigue pendiente que México conduzca eficazmente procesos penales para identificar y sancionar a los responsables por las violaciones a derechos humanos. Todavía no se ha identificado y procesado a quienes cometieron las desapariciones, torturas y asesinatos en los casos más antiguos, como <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/SCS/mexico/gonzalez/gonzalezp.pdf">Campo Algodonero</a> y <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/SCS/mexico/radilla/radillac.pdf">Radilla Pacheco</a>, por mencionar algunos. Tampoco se han llevado a cabo las capacitaciones a personas servidoras públicas y adecuaciones del sistema normativo interno en materia penal. En este punto, creo importante cuestionarnos por qué la Corte impone medidas de reparación que para los Estados parecen imposibles de cumplir, al menos en relación con México. ¿En algún momento podemos asegurar el carácter permanente de los cursos de <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/SCS/mexico/fernandez/fernandezp.pdf" target="_blank" rel="noopener">capacitación a servidores públicos</a>, por ejemplo? ¿Cómo podemos tener la certeza de que el Estado mexicano ha removido “todos los obstáculos de jure y de facto que impidan la debida investigación” de las violaciones a derechos humanos?
La obligación de los actores internacionales de reparar los daños por violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene un carácter en favor de las víctimas. Y este es un aspecto central del debido ejercicio y garantía del derecho a la protección judicial. En ese sentido, la jurisprudencia y doctrina nacionales e internacionales han desarrollado el contenido y alcance del concepto “recurso efectivo” a que tienen derecho las víctimas, para incluir aquel que permita proveerlas de una reparación adecuada y completa. Entonces, ¿cuál es este estándar que deben seguir todas las reparaciones para asegurar la justicia para las víctimas? La jurisprudencia de la misma CoIDH refiere al menos cinco tipos distintos de <a href="https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo32.pdf" target="_blank" rel="noopener">medidas de reparación</a> que ha incluido en sus sentencias.
1. La reparación debe contener aquellas medidas que tienen el fin de restituir el estado de las cosas a como se encontraba antes de la realización de los hechos ilícitos. Ello puede incluir dejar sin efecto sentencias o investigaciones, liberar a personas detenidas o devolver bienes incautados. Este tipo de reparaciones tienen un valor material. Lo anterior porque devuelven a las víctimas en el goce y ejercicio libre y pleno de sus derechos.
2. Se deben reconocer e indemnizar las afectaciones, o daños, que una violación ha producido. Este es el aspecto más tradicional dentro del término de reparación. Comúnmente estas medidas contemplan el pago de distintas sumas de dinero. La compensación puede atender conceptos como el daño emergente (gastos efectuados en el curso de los procedimientos), lucro cesante (pérdida de ingresos) y el daño inmaterial o moral. Los pagos pueden dirigirse a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con el daño sufrido acreditado.
3. Medidas dirigidas a acceder a la verdad y a la memoria. A través de ellas, la persona o entidad responsable (hasta ahora solo se han aplicado a Estados) reconoce la violación a sus obligaciones internacionales y los daños que causó. Es normal que la Corte establezca que la sentencia en sí misma es una primera medida de reparación. Además, cotidianamente los Estados quedan obligados a publicar la totalidad o fracciones de las resoluciones, así como a realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. Adicionalmente, la CoIDH ha ordenado que se erijan monumentos o memoriales, se instalen placas o se establezcan cátedras con el nombre de las víctimas, para “mantener viva la memoria de las víctimas y dar transparencia a los hechos que violentaron los derechos humanos por medio del establecimiento de espacios de memoria pública”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
4. Deben también ser mecanismos para garantizar que las conductas que constituyeron las violaciones al derecho internacional cesen en el futuro. Por ello, ha instruido que los Estados modifiquen sus leyes, creen instituciones públicas especializadas, adecúen sus procedimientos de investigación y persecución de delitos y de responsabilidad de servidores públicos; y que capaciten a las personas trabajadoras del Estado, en particular a las encargadas de atender casos de violaciones a derechos humanos. Como incidencia directa, impone el establecimiento de mecanismos de protección y monitoreo de poblaciones vulneradas, entre otras. Todas tienen la meta de transformar y deshacer las situaciones estructurales que resultaron en los hechos que se sancionan.
5. Medidas de satisfacción, que ensanchan el estándar de la Corte. El Tribunal internacional ha establecido que las víctimas tienen derecho a recibir una reparación por el daño moral que recibieron, distinta a una indemnización. Esta se concreta en atención física, mental o emocional. La Corte ha ordenado tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, incluyendo a víctimas indirectas, como las familias de las personas desaparecidas o asesinadas, con el fin de que se atiendan y trabajen las afectaciones sufridas. La Corte también ha reconocido y atendido el impacto que las violaciones a derechos humanos tienen en las comunidades en las que suceden.
¿Por qué son relevantes para la Corte estas medidas de  reparación? Me parece que la respuesta está en la interpretación de que la <a href="https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_12_2010.pdf" target="_blank" rel="noopener">reparación funciona no solo como rehabilitadora individual, sino como un pacificador social</a>. El tejido social se rompe y permanece dañado con cada violación a los derechos humanos que no se atiende. Las personas pierden seguridad y certeza, las relaciones sociales se modifican, los entornos se dañan. La efectiva materialización de las reparaciones puede asistir en los procesos de reconstrucción de las vidas de las víctimas y traer justicia a familias, comunidades y países enteros. Es por ello que la reparación es efectiva solo cuando reconoce la dignidad de quienes resultaron con afectaciones, directa e indirectamente, y esa dignidad solo se reconoce si el daño se atiende de manera integral, reconociendo a la persona como individuo y como parte de distintas colectividades.
La reparación integral atiende a todas esas comunidades humanas de manera que sean protegidas según sus necesidades de atención. Es cierto que aún faltan aspectos por progresar –para las víctimas sigue siendo casi imposible acceder a medios que les permitan ser reparadas por violaciones cometidas por entidades distintas de los Estados–. Sin embargo, la evolución del Derecho Internacional hacia la complejización del régimen de reparaciones es una respuesta necesaria a los clamores de justicia de la ciudadanía. Clamores que no deben estancarse si queremos mantener vigente nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos.
* Marcos Chávez es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana, y actualmente colabora en el área de Investigación de la CMDPDH prestando su servicio social.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285.

La reparación integral no solo como obligación sino como compromiso vital con la justicia

En los últimos años, México ha avanzado de manera institucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, al contar con principios, obligaciones, medios y mecanismos para garantizar a la ciudadanía su derecho a estar informada sobre cualquier tema público que le interese. Dentro de los mecanismos que se han habilitado se encuentra la <a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Plataforma Nacional de Transparencia (PTN)</a>.
Esta plataforma digital surgió como resultado de la reforma constitucional en materia de transparencia en 2014, y fue puesta en marcha por el INAI el 5 de mayo de 2016. Este sistema pretendía reemplazar a todos los portales locales de acceso a la información para facilitar la realización de <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/773848/guia_PNT23.pdf" target="_blank" rel="noopener">solicitudes de información</a> y consulta de datos públicos. De modo que un solo lugar podría concentrar los 32 sistemas locales y uno federal.
Dado que la disponibilidad de datos por sí sola no garantiza la transparencia ni el acceso a la información, se requiere también cumplir con ciertos principios para asegurar el derecho de acceso a esta, que de acuerdo con la Constitución Política son los siguientes:
1) Máxima publicidad de toda información en posesión de cualquier entidad pública o entidad privada que ejerza recursos públicos o cumpla funciones de autoridad.
2) Incondicionalidad del derecho de acceso a la información.
3) Protección de datos personales.
4) Gratuidad de la información.
Además, la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública </a>menciona que la información pública debe ser completa, oportuna, accesible, confiable, verificable, veraz, gratuita y con un lenguaje sencillo para cualquier persona.
Sin embargo, este acceso a la información en México continúa siendo limitado, ya que muy pocas personas lo podemos ejercer debido a las mismas limitaciones que la plataforma presenta. Por un lado, se necesita contar con el equipo tecnológico para presentar una solicitud de información (lo que en sí mismo representa una problema de alcance), además del conocimiento técnico que se requiere para el manejo de una computadora y de la plataforma en particular, sin considerar los tecnicismos con los que las instituciones refieren la información o con las deficiencias del portal que muchas veces se encuentra deshabilitado.
Por si fuera poco, en temas como desaparición forzada, localización sobre fosas clandestinas, asesinatos, tortura y abuso sexual, mismos en los que se procura la no repetición y el acceso a la verdad se necesita contar con datos fidedignos y en muchos casos ni las fiscalías ni las instituciones involucradas generan la información suficiente para sustentar y convalidar las políticas que adoptan.
La opacidad de las instituciones hace que las investigaciones se vuelvan más complejas al momento de indagar en información pública. Uno de los principales problemas radica en la forma y el contenido en que las fiscalías, comisiones locales de derechos humanos u órganos de defensoría, así como instituciones federales, proporcionan información mediante la plataforma, además de los tiempos de espera prolongados y las posibles prórrogas en el proceso.
De acuerdo con el <a href="https://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/idaimpuebla.pdf" target="_blank" rel="noopener">Índice del Derecho de Acceso a la Información en México</a>, que publica el Centro de Análisis e Investigación Fundar y Artículo 19, la plataforma no prevé la imposibilidad de “reservar información cuando se trate de la investigación de delitos de lesa humanidad ni prevé la imposibilidad de reservar información cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos”.
La transparencia y el acceso a la información se relacionan directamente porque forman parte de un concepto más amplio que refiere al derecho a la libertad de opinión y de expresión. En este sentido, subyace la premisa de que las personas son libres para investigar, solicitar y recibir cualquier tipo de información que las instituciones públicas generen y con ello poder exigir una adecuada rendición de cuentas y la formulación de políticas públicas congruentes con la realidad. Así, se considera que la transparencia y el acceso a la información son derechos “llave” que abre la posibilidad a ejercer otros derechos.
El acceso a esta información es fundamental para poder ayudar a encontrar a familiares desaparecidos y para la identificación y atribución de responsabilidades y el establecimiento de sanciones sobre los perpetradores de crímenes internacionales o graves violaciones a derechos humanos.
Es decir, información que nos brinde elementos suficientes para detonar procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que estén enfocados en mitigar los problemas estructurales que dan lugar a estas violaciones, que lamentablemente se ven socavados por el silencio de las fiscalías, comisiones de búsqueda y de derechos humanos tanto locales como federales al momento de pedir información. Es importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son responsabilidad de todas las instituciones.
* Ana Victoria Vargas es Socióloga por la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM y colabora como pasante en el área de Investigación y Análisis criminal de la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.

Entre la transparencia y el silencio: el acceso a la información en México

En los últimos años, México ha enfrentado una crisis profunda en materia de derechos humanos. La situación abarca una multiplicidad de temas: desde la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas hasta la violencia contra las mujeres, la migración, desplazamiento forzado, militarización, desaparición forzada, y una gama diversa de preocupaciones que afectan a los pueblos indígenas, la población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, individuos en situación de discapacidad, entre otros.
A pesar del compromiso expresado en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en 2018, donde el Estado mexicano aceptó implementar 262 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar y revertir esta situación, las mejoras siguen sin evidenciarse en la realidad. Este compromiso no ha logrado traducirse en cambios tangibles, y la retórica de transformación se ha disipado ante la cruda persistencia de estas problemáticas.
Es en este contexto que, durante el cuarto ciclo del EPU en enero de 2024, en donde México será evaluado, 300 organizaciones de la sociedad civil se han unido una vez más en el #ColectivoEPUmx. Esta coalición retoma la experiencia organizativa previa, tanto nacional como internacional, con la firme misión de defender los derechos humanos y abogar por mejoras tangibles en la situación de los derechos humanos en México. El objetivo del #ColectivoEPUmx radica en participar activamente en el Examen Periódico Universal de México ante la Asamblea General de la ONU, a través de un informe general y 17 informes temáticos, reuniones con cuerpos diplomáticos e instancias de gobierno y la formulación de recomendaciones específicas a implementar por el Estado mexicano, que son algunas de las tareas que la sociedad organizada realiza para ayudar a mejorar la situación de derechos humanos en el país.
Las recomendaciones son producto de la realidad y la concreción después de una reflexión sobre los territorios y las personas que acompañan o que se organizan. Por ello, algunas de ellas incluyen el fortalecimiento de cuerpos civiles de seguridad y una planificación progresiva para el retiro de las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad pública. Asimismo, se propone la implementación de una política integral para abordar la crisis de desapariciones y asuntos forenses, además de la creación de mecanismos efectivos para combatir la impunidad en casos graves de violaciones de derechos humanos.
Consideramos que el EPU representa una ventana de oportunidad invaluable para arrojar luz sobre las profundas problemáticas estructurales y las deficiencias en las políticas públicas en materia de derechos humanos que enfrenta México. Más allá de señalar los problemas, es una convocatoria al Estado mexicano para que reformule sus políticas de derechos humanos y cumpla con las recomendaciones emanadas del Consejo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.
La urgencia no da espera, y México está llamado a actuar con prontitud y determinación. El compromiso con los derechos humanos no puede quedar en la retórica, sino que requiere de compromiso por las y los tomadores de decisión y de acciones concretas y decididas para transformar la realidad de vulnerabilidad y violación de derechos que atraviesa la nación.
El #ColectivoEPUMx conformado por 300 organizaciones, colectivos y redes alza la voz, pero su llamado no es solitario. Es un eco de millones de personas que anhelan un México donde la dignidad humana, la paz y el respeto a la vida y los derechos humanos sea el pilar fundamental. El EPU es una oportunidad de evaluar, un momento de mirar, analizar, escuchar, y transformar. El compromiso con la protección de los derechos humanos es un llamado inaplazable del país, para que sus líderes y lideresas actúen con la urgencia necesaria.
* El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas / <a href="https://espacio.osc.mx/" target="_blank" rel="noopener">Espacio OSC</a> (<a href="https://twitter.com/EspacioOsc" target="_blank" rel="noopener">@EspacioOsc</a>) monitorea y propone reformas y mejoras a la actual política de protección en México para personas defensoras y periodistas, para así cambiar instituciones, políticas y paradigmas dominantes. Inspirados en el trabajo en red, se busca potencializar la labor en pro de las personas defensoras y periodistas, desde un enfoque interseccional, de género, colectivo y comunitario, que contribuya a la generación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión en el país. Contacto: <a href="mailto:Espacioosc@gmail.com">Espacioosc@gmail.com</a>.

El examen de México ante la ONU: un compromiso inaplazable con los derechos humanos

El principio de división de poderes es uno de los pilares de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Heredado de la tradición liberal a partir de las ideas de Locke y que fueron perfeccionadas por Montesquieu ―pero con raíces incluso desde la antigua Grecia―, este principio implica que los poderes (políticos) dentro de un Estado no deben concentrarse en una sola persona o grupo de personas, que deben ser independientes entre sí, pero que a la vez deben regularse unos a otros; eso último es lo que se conoce como la doctrina de los pesos y contrapesos.
Aunque hoy en día es claro que esa división de poderes también conlleva que exista una colaboración entre los mismos, a fin de lograr los fines para los cuales fue instaurado el Estado, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> la idea básica de que un poder no debe interferir indebidamente (más allá de lo que la Constitución y las leyes le facultan) en la esfera de acción de otro, y mucho menos debe buscar subyugarlo, sigue vigente. Ello sirve como un freno ante el autoritarismo y la concentración de poder, incluso ante el argumento de que “la mayoría” de la población está de acuerdo.
Sin embargo, en el México actual esta idea tan básica del Constitucionalismo moderno <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> está perdiendo vigencia y es constantemente dejada de lado por el titular del Poder Ejecutivo. En <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/verdad-justicia-y-reparacion/transformacion-retroceso-democratico-lopez-obrador" target="_blank" rel="noopener">otro espacio</a>, ya hemos hecho referencia a los ataques constantes del presidente López Obrador al Poder Judicial de la Federación (PJF), muchas veces dirigidos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero incluso también a juezas y jueces.
Especialmente señalamos en esa oportunidad que esos ataques, junto con los que también se han hecho a Órganos Constitucionales Autónomos y con las descalificaciones a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos humanos, debilitan la democracia puesto que niegan el valor de la diversidad y buscan imponer una sola visión de la “voluntad popular”; además significan una violación a la división de poderes, con todo el peligro autoritario que ello implica.
Pues bien, las intromisiones en la labor del PJF no sólo no han cesado, sino que han pasado de las descalificaciones reiteradas, la mayoría de las veces a través de las conferencias matutinas del presidente, a acciones concretas de parte del Poder Legislativo ―controlado mayoritariamente por el partido político del presidente―, utilizando las facultades legales y constitucionales con que cuenta para disminuir la operatividad del PJF.
El 25 de octubre pasado se concretó en el Senado de la República la extinción de 13 fideicomisos del PJF y dos días después se publicó el decreto que reforma la Ley Orgánica del PJF, que trae como consecuencia que, legalmente, dichos fideicomisos dejen de existir. Es importante destacar cómo de forma reiterada el presidente <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-eliminar-fideicomiso-del-Poder-Judicial-no-afecta-a-trabajadores-no-se-usa-20231012-0041.html" target="_blank" rel="noopener">señaló</a> que el dinero de dichos fideicomisos “prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos”. También indicó que “sería bueno que explicaran en la Cámara de Diputados cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso, porque es muy poco lo que se ejerce y se va a acumulando y acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito”.
Como es costumbre presidencial durante este sexenio, esas afirmaciones son falsas. Sin ánimo de entrar en un análisis exhaustivo del origen, destino y regulación de dichos fideicomisos, primeramente se debe decir que desde el 11 de octubre la SCJN emitió un <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7552" target="_blank" rel="noopener">comunicado</a> en que precisó que la extinción de los fideicomisos sí afecta a trabajadoras y trabajadores del PJF; además de que precisó que hay transparencia plena sobre dichos instrumentos y proporcionó los enlaces electrónicos para corroborarlo, junto con una somera explicación de cómo operan.
Ahora, como bien <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/los-datos-duros-de-los-extintos-fideicomisos-del-poder-judicial-y-las-mentiras-del-presidente-lopez-obrador/" target="_blank" rel="noopener">señala</a> Leonardo Núñez González, uno de los pecados del PJF es no ofrecer dicha información de una forma fácil y accesible a la ciudadanía, especialmente en los tiempos que se viven, donde la desinformación desde la presidencia de la República es la regla. Sin embargo, como también anota dicho analista, un examen profundo muestra que los fideicomisos no son “un guardadito para mantener privilegios”, sino recursos que se dedican, principalmente, a la implementación de las reformas constitucionales en materia de justicia federal y a prestaciones de servidores públicos, que no son las ministras y ministros de la SCJN, es decir al personal base del PJF.
Más importante aún es aclarar que es cierto que el monto de los fideicomisos mantiene un ritmo de aumento sostenido año con año, al menos desde 2019, pero eso no es por una operación fraudulenta, sino que el incremento viene de dos fuentes principales: los intereses generados por los recursos ya existentes en los fideicomisos y las aportaciones que las trabajadoras y trabajadores del PJF realizan. Es decir, se trata de fideicomisos autosustentables, que ya no reciben dinero del presupuesto que se asigna al Poder Judicial, aunque es cierto que su origen sí fue a partir de dicho presupuesto.
En segundo lugar, y respecto a la insinuación del presidente para que la SCJN aclarara “la trayectoria” de los fideicomisos ante la Cámara de Diputados, no debe omitirse que desde el Congreso nunca hubo una invitación o se llevó a cabo un ejercicio de Parlamento abierto para hablar al respecto, lo cual hizo notar el diputado Ignacio Loyola durante la discusión de la reforma para extinguirlos. Todo esto no puede sino llevar a la conclusión de que es inconstitucional que se pretenda disponer de recursos que, además de estar destinados a fines propios del PJF y a la salvaguarda de los derechos laborales de sus empleados, provienen en gran parte del dinero de esos mismos trabajadores.
Este es un tema que está lejos de esta finalizado, puesto que, si bien el decreto de la extinción de los fideicomisos fue publicado hace unos días, ya se han emitido dos <a href="https://aristeguinoticias.com/1011/mexico/jueza-da-segunda-suspension-contra-extincion-de-fideicomisos-del-poder-judicial/" target="_blank" rel="noopener">suspensiones</a> dentro de juicios de amparo para frenar dicha extinción y una minoría legislativa en el Senado ha <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/11/10/oposicion-presenta-accion-de-inconstitucionalidad-vs-desaparicion-de-13-fideicomisos-del-poder-judicial/" target="_blank" rel="noopener">presentado una acción de inconstitucionalidad</a> en contra del mismo decreto. Resta ver el fin de estos procesos jurisdiccionales y, sobre todo, la respuesta política desde Presidencia y quienes tienen la mayoría en el Poder Legislativo.
Por otra parte, apenas este 9 de noviembre se ha aprobado en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, que contiene un importante recorte para el PJF e incluso para el Tribunal Electoral del PJF, a pesar de que se celebrarán las elecciones presidenciales el siguiente año.
Para entender el porqué de estas acciones, es preciso remitirnos al cambio de la presidencia de la SCJN. Mientras Arturo Zaldívar fue presidente de la Corte, la relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial fue de una cercanía que ponía en entredicho la separación de Poderes, especialmente cuando se discutían en el Pleno de la Corte asuntos esenciales para el Ejecutivo o cuando, en su facultad de también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se iniciaban procedimientos y se imponían sanciones a juezas y jueces cuyas resoluciones era adversas para el Gobierno federal.
La reciente renuncia del ministro Zaldívar a su puesto en la SCJN y la inmediata aparición en medios con la candidata a la Presidencia del partido oficial, no hacen más que mostrar lo evidente: el compromiso del ministro nunca estuvo con la Constitución, sino con un proyecto político; el que ahora se sume “a la consolidación de la transformación de México”, según sus propias palabras, habla por sí mismo.
La presidencia de la ministra Norma Piña, en cambio, se ha caracterizado por un distanciamiento con el Ejecutivo y una demanda de respeto a la autonomía judicial. Lo más importante, sin embargo, es que ese discurso se ha reflejado en las sentencias pronunciadas durante estos más de 11 meses de presidencia: dos de las reformas constitucionales esenciales para el presidente de la República, la electoral y la que transfería el mando formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron invalidadas por el Pleno de la SCJN. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Además, también esas decisiones del CJF para sancionar a juezas y jueces que no resolvían en favor de la “transformación” han empezado a ser <a href="https://www.reforma.com/corrige-la-corte-con-pina-a-zaldivar-y-loretta-ortiz/ar2692988" target="_blank" rel="noopener">revocadas</a> bajo la presidencia de la ministra Piña.
Todo un renacimiento de la noción de independencia judicial y de la separación de Poderes, lo cual, como era de esperarse, no ha sentado bien al Ejecutivo Federal y al partido oficial. Solo bajo esa lógica revanchista se puede entender el creciente ataque hacia el PJF que ha terminado con el uso de la herramienta presupuestal y una artimaña jurídica para extinguir fideicomisos completamente transparentes y funcionales.
Pero el ánimo de venganza hacia el PJF no se agota ahí. El presidente López Obrador también <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/10/17/politica/el-poder-judicial-esta-podrido-es-necesaria-una-reforma-amlo-4201" target="_blank" rel="noopener">ha sido enfático</a> en la necesidad de cambiar a las ministras y ministros “corruptos”, incluso de que su elección se dé por voto popular; <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sheinbaum-insiste-en-reformar-al-Poder-Judicial-de-la-Federacion-20231016-0001.html" target="_blank" rel="noopener">propuesta que también ha hecho suya</a> la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Llegado a este punto es imperioso cuestionarnos sobre el estado de las instituciones jurisdiccionales en nuestro país y analizar la necesidad de una nueva reforma judicial.
Desde la CMDPDH hemos tenido una actitud crítica hacia varias decisiones de la Corte en el pasado reciente. Solo a manera de ejemplo, nos opusimos de manera rotunda cuando el Pleno de la SCJN declaró la constitucionalidad de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) en la Acción de Inconstitucionalidad 64/2019 y tiempo después en el <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/verdad,-justicia-y-reparacion/militarizacion-y-convicciones-en-la-scjn" target="_blank" rel="noopener">amparo en revisión 30/2021</a>; igualmente, hemos llamado la atención sobre la diferencia de criterio para fijar los efectos de una concesión de amparo en <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/verdad-justicia-y-reparacion/lucha-por-libertad-hugo-martinez-gorostieta" target="_blank" rel="noopener">casos de detenciones arbitrarias y fabricación de culpables</a>, que la SCJN mostró en el caso de Florance Cassez (amparo directo en revisión 517/2011) y en el caso de Hugo Martínez Gorostieta (amparo directo en revisión 1428/2012).
Por otra parte, se comparte la opinión de que es necesario reinterpretar varias de las disposiciones de la Ley de Amparo para hacer de este juicio un recurso verdaderamente efectivo y que proteja los derechos fundamentales, más allá de determinados formalismos procedimentales. Esta crítica es compartida ampliamente por la academia y la sociedad civil, e incluso al interior del PJF hay voces críticas que pugnan por entender al proceso jurisdiccional como un medio y no como un fin en sí mismo.
Ahora, todas estas críticas llegan al mismo punto: es necesario cambiar el entendimiento de los procesos judiciales, que el PJF pugne más por la justicia material en la mayoría de los casos y menos por la pureza del procedimiento; pero ello no se logra en lo absoluto restando recursos al PJF y sometiéndolo al Poder Ejecutivo o al Legislativo. En otras palabras, se deben realizar cambios en el sistema de justicia mexicano, eso es indudable ante la grave crisis de derechos humanos que existe, e incluso más allá de eso, se pueden y deben discutir, entre otras, situaciones como la designación de titulares de Juzgados y Tribunales; sin embargo, nada de ello se logra con disponer políticamente de los órganos de un poder que, constitucionalmente, está a la par del Ejecutivo.
Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil somos conscientes de varios de los cambios que el sistema judicial mexicano necesita, el cual está muy lejos de ser uno perfecto. No obstante, ante la imperfección del sistema, que además es algo completamente humano, es preferible continuar por la vía más prolongada para lograr esos cambios, que, con el pretexto de eliminar la corrupción, permitir la captura de un Poder que justamente tiene como uno de sus objetivos primordiales defender a la Constitución y a los derechos humanos frente al autoritarismo que asoma.
* Víctor Miguel Dávila Leal (<a href="https://twitter.com/victormdavleal" target="_blank" rel="noopener">@victormdavleal</a>) es abogado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; es colaborador en el Área de Defensa Integral de la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Incluso algunas Constituciones, como la colombiana en su artículo 113, establecen el principio de “colaboración armónica entre los Poderes”.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Aquí es importante indicar que por “Constitucionalismo” se hace referencia a un modelo teórico, definido especialmente a partir de la segunda guerra mundial, que se basa, en gran medida, en la protección de los derechos humanos de las personas, incluso frente a las mayorías; no al simple hecho de tener una Constitución escrita.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Mediante las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas y 71/2023 y sus acumuladas, en lo que respecta a la reforma electoral, y 137/2022, respecto a la reforma de la Guardia Nacional.

¿Por qué es importante defender al Poder Judicial?

Alcanzar la paz ha sido uno de los principales objetivos de la comunidad internacional desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las fallas son latentes. Como ejemplos tenemos la invasión rusa a Ucrania, la guerra en el territorio palestino, en Siria, en Yemen; los golpes de Estado en Myanmar, Gabón y Níger; la violencia homicida en México, Honduras, Colombia. La paz no se ha alcanzado.
La fórmula que los Estados han seguido para construir un sistema internacional ausente de violencia y enfocado en la solución pacífica de los conflictos es cada vez más cuestionable. Pedir la paz a partir de las armas, la militarización, la dominación y la violencia justificada en legítima defensa, solo ha generado más incertidumbre a nivel global. Sin embargo, existe una vía que poco se ha implementado y en la que México podría ser pionero: la Política Exterior Feminista.
En 2014, Suecia fue el primer país en denominar su Política Exterior como Feminista con la Ministra Margot Wallström a la cabeza. El principal objetivo de esta era aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones en asuntos internacionales, posicionando a la equidad como un factor central para la paz y el desarrollo.
Sin embargo, una Política Exterior Feminista (PEF) va más allá de la sola representación de las mujeres en el espectro de la toma de decisiones. Incluir la denominación “feminista” a la Política Exterior significa que cualquier Estado que decida nombrar su política exterior de esa manera, impulsará todos los esfuerzos posibles para alcanzar una paz feminista. Pero ¿qué significa esto en realidad?
La paz feminista puede entenderse como aquella que <a href="https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-12/la-urgencia-de-invertir-en-una-paz-feminista.html" target="_blank" rel="noopener">busca que se garanticen todos los derechos a todas las personas</a>, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad a partir de una protección amplia que se garantiza con el debido funcionamiento de los servicios del Estado como el sistema de cuidados, educación, salud y seguridad. La paz feminista involucra a todos los actores sociales en la toma de decisiones y en la implementación de acciones, y piensa la seguridad fuera del espectro militarizado del Estado.
El Gobierno de México denominó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 su política exterior como Feminista, convirtiéndose en el <a href="https://www.yalejournal.org/publications/feminist-foreign-policy-a-bridge-between-the-global-and-local?format=amp&amp;fbclid=IwAR3sus7bqzRJdZBcQYxXpPSYOcTKji6Ny88NcvPxMQW-Z7GXjsizGglXw1E" target="_blank" rel="noopener">primer país del sur global en tomar al feminismo como guía para sus compromisos internacionales</a>. Sin embargo, esto no ha generado una profunda transformación en sus relaciones internacionales ni en su agenda nacional para atender los retos de la construcción de paz.
En la <a href="https://jesuitasmexico.org/wp-content/uploads/2023/10/Agenda_paz_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Agenda Nacional de Paz del Diálogo Nacional por la Paz</a> se pueden observar los principales retos de la construcción de paz en México, en los que se incluye la desigualdad social como causa de las violencias y la delincuencia, la violencia contra las mujeres, la desconfianza y el aislamiento social, la migración, la agenda ambiental, entre otros.
Desde Global Thought hemos generado una serie de <a href="https://www.globalthoughtmx.com/_files/ugd/50f91a_c96dd03fbc1a49d7831ffbd9b01cc78f.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendaciones para fortalecer la continuidad de la PEF en México hacia 2024-2030</a> y una de las razones por las que la Política Exterior Feminista de México no ha logrado tener un impacto significativo en los retos para la construcción de paz en el país es la falta de coherencia entre la política interna con la política exterior.
Mientras desde la Política Exterior México coorganizó el <a href="https://forum.generationequality.org/es" target="_blank" rel="noopener">Foro Generación Igualdad</a> en 2021, y como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas copresidió un grupo informal de expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad con Irlanda y Kenia, buscando una mejor representación de las mujeres en la escena internacional, al interior <a href="https://theglobalobservatory.org/2023/10/mexicos-feminist-foreign-policy-in-search-of-accountability-and-participation/" target="_blank" rel="noopener">México sigue teniendo una de las tasas de homicidio y violencia de género más altas del mundo y la militarización se ha incrementado significativamente en todas sus formas</a>.
Cuando una Política Exterior es Feminista significa que todo el Estado asume una postura en ese sentido. A diferencia de otras políticas públicas, la política exterior es una política de Estado que debe guiar el interés nacional hacia la construcción de sociedades más equitativas, menos violentas y más comprometidas a garantizar el ejercicio de derechos de todas las personas desde una visión en donde la paz sólo puede alcanzarse desde la protección y el cuidado, y no necesariamente desde la eliminación de amenazas por medios bélicos.
Una Política Exterior Feminista construida en conjunto con la sociedad civil, que busca la interseccionalidad, que fomenta la representación en las esferas de decisión y que tiene un enfoque de transparencia y rendición de cuentas coherente con la política interna será una Política Exterior enfocada en construir la paz.
México tiene en sus manos la enorme oportunidad de consolidar una agenda internacional desde el Sur Global que dé un rumbo distinto al camino de la paz que se ha trazado desde el Norte Global y que sólo ha traído consigo más guerras y más violencia. La Política Exterior Feminista puede ser el camino para la paz.
* Daira Arana Aguilar es directora general de Global Thought.

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