La otra pandemia
La ‘cuarentena’ nos tiene a varios en casa, pero no a la violencia; esa sigue en las calles del país. El coronavirus (SARS CoV 2 o COVID 19) no está desplazando a la violencia en México, ni en otros países particularmente de América Latina, y solo pareciera que la está ocultando de los ojos de gran parte de la sociedad.
La petición que ha hecho el gobierno federal y los gobiernos estatales a través de las autoridades de salud para quedarnos, las y los mexicanos que podemos hacerlo, en casa, contrario a lo que podríamos esperar, no ha venido acompañado de la reducción de la violencia. Es decir, en México, estamos entrando ahora mismo a una crisis de salud, económica y empleo, producto de la pandemia de coronavirus, mientras nos sumergimos día a día, más y más, en la epidemia de violencia que ha durado más de 13 años.
Y mientras más vemos la violencia y sus causas nos damos cuenta que las cosas no han cambiado desde 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas; la estrategia de seguridad bélica y de abusos a los derechos humanos fue continuada, como sabemos, por Enrique Peña Nieto, y en el actual gobierno las cosas no han cambiado. ¿Por qué afirmo esto? Aunque el discurso ha sido contundente en hacer creer que la estrategia es diferente, solo son palabras que no concuerdan con la realidad. La evidencia lo demuestra: la estrategia de seguridad no ha sido modificada, los militares siguen en la calle haciendo tareas que no son compatibles con la idea de un Estado democrático, mientras que la policía sigue debilitada; la impunidad no cambia, quienes han sido identificados por cometer graves crímenes no han sido siquiera investigados o cesados de sus puestos1. Tampoco han parado las desapariciones ni las torturas -contrario a lo que afirma el presidente-; los abusos se siguen cometiendo, por ejemplo, en contra de las y los migrantes.2 La violencia hacia las mujeres continúa y se intensifica en la ‘cuarentena’3 aunque el gobierno se diga ‘feminista’4 no ha dado pasos contundentes para erradicarla.
Si bien sabemos que los números no son relevantes para este gobierno, son la mejor forma de medir cómo vamos: en marzo de 2020 aumentaron los asesinatos para llegar -de nuevo- a un máximo histórico, con un total de 2.585 personas asesinadas5. En una base de datos desarrollada por la CMDPDH para contabilizar personas asesinadas en enfrentamientos reportados por la prensa, tenemos que se registraron al menos 22 enfrentamientos, en donde fueron asesinados 2 integrantes de la Guardia Nacional, dos policías estatales, 3 municipales y 29 civiles. ¿Cuántos de estos más de 2 mil asesinatos llegarán a ser seriamente investigados y quienes los cometieron sancionados?
Durante su primer informe, Andrés Manuel López Obrador resumió en una frase el plan de su gobierno: “el plan del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad”. El plan está fallando.
Antes de finalizar estas líneas, me gustaría recordar unas ‘frases célebres’ de este gobierno que pueden verificarse en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública6:
- Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad.
- La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia.
- …dejar de lado la fantasía de que es posible superar la circunstancia de inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales, como la estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única en los últimos dos sexenios.
- …es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos y combate a la impunidad.
- …la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis más profunda,
- En realidad, no necesitamos que nos digan que la violencia en México ha sobrepasado los límites de la imaginación. Todos sabemos que el miedo, la pérdida de vidas, las desapariciones, el robo a casas habitación y vehículos, los secuestros y la extorsión, entre muchos otros delitos y hechos de violencia han lastimado profundamente el corazón de los mexicanos.
- Esa crisis se ha ahondado como consecuencia de la contraproducente estrategia de persecución y represión de la delincuencia, en la cual autoridades de los tres niveles de gobierno han usado el “combate al narcotráfico” como justificación para minimizar y soslayar, si no es que promover, actos ilegales y violaciones a los derechos humanos.
- Por otra parte, la estrategia policial y belicista aplicada en los últimos doce años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: … No sólo se alentó la espiral de violencia desde el poder público sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como lo documentan miles de denuncias recabadas por organizaciones oficiales y sociales de Derechos Humanos. Bajo la estrategia actual, México ha sido convertido en un país de víctimas.
- La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos. Pero en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas.
Y ahora, solo queda preguntar, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo ante este escenario de crisis de violencia que no ha finalizado? ¿Cómo van a reparar a las víctimas? ¿Cómo se está asistiendo a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos ante las epidemias de violencia y de salud? Y más importante ¿cuál es la estrategia para que la pandemia y su consecuente crisis de salud, empleos y económica no agrave la epidemia de violencia? Parece que el gobierno, a más de un año, no tiene las respuestas.
* Lucía Chávez (@LucyChavezV) es directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).
1 Olivares, E. Documenta la CNDH delitos en que habrían participado 61 militares. La Jornada. (13 de mayo de 2019).
2 Reyes, D. ¿Cómo es una estación migratoria? Animal Político. (17 de marzo 2020). La Guardia Nacional reprime con violencia una protesta en el centro de detención migratoria de Tapachula. Universidad Iberoamericana. (25 de marzo 2020). Ferrer, A. AMLO mintió: la tortura NO ha sido erradicada en México. Documenta.
[3] Orozco, M. 7 mujeres son asesinadas en Guanajuato en la cuarentena por COVID-19. Debate. (23 de marzo 2020).
4 Expansión Política. “El gobierno de México es feminista”: Marcelo Ebrard en la ONU. Expansión. (28 de septiembre 2019).
5 Vela, D. Marzo de 2020, el mes más violento, con 83.5 homicidios diarios. El Financiero. (2 de abril 2020).
6 DOF. Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. (16 de mayo de 2019).
Larry Devoe fue nombrado fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien llevaba en ese cargo desde 2017.
Los cambios continúan en la Venezuela de Delcy Rodríguez.
El último es la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba ese cargo desde 2017.
Estos cambios se suman a nuevos nombramientos en el Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, casi dos meses después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
También se dan con el trasfondo de la recién aprobada Ley de Amnistía, que busca reparar heridas y errores cometidos por la Justicia en este “nuevo momento político”, según palabras de la propia Rodríguez.
En una carta remitida a la Asamblea Nacional, Saab anunciaba este miércoles su renuncia “luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo”. También informó de la renuncia del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.
Con estos dos puestos vacantes, el procedimiento indica que primero se designe un comité de postulaciones para que luego el Parlamento, controlado por el chavismo, designe a los nuevos responsables.
Pero, mientras, se elige a funcionarios encargados por votación.
Así, de modo provisional, William Saab ha pasado a ocupar su antiguo puesto, el de Defensor del Pueblo, que desempeñó de 2014 a 2017. Saab ha recibido críticas, sobre todo en su desempeño en el Ministerio Público, por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su “brazo judicial”.
Y la nueva cara, al menos de modo provisional, en la Fiscalía General será Larry Devoe, abogado ajeno a esta institución, pero cercano a Delcy Rodríguez y con un papel relevante en los últimos meses.
En Venezuela ya han aparecido voces críticas con estos nombramientos.
Desde la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertaron de que este no es una “renovación institucional, sino una rotación de poder” y denuncian, refiriéndose en concreto al caso de Saab, el hecho de que “quien ejercía funciones de persecución penal pase a ser ahora garante de derechos ciudadanos compromete la confianza pública” y que esto deja en entredicho la independencia institucional.
De cargo en cargo
Devoe no es un nombre nuevo en el chavismo, y ha ocupado distintos cargos jurídicos y diplomáticos en el gobierno de Venezuela.
Ha ganado notoriedad en los últimos meses, no solo con este nuevo cargo provisional sino como miembro del recién nacido Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Creado por Delcy Rodríguez el pasado 23 de enero, es, según el gobierno, “una iniciativa concebida con espíritu patriota y anticolonialista, orientada a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional” e integrada por distintas personas del ámbito político, económico y académico del país.
La plataforma participó en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento el pasado 19 de febrero.
También forma parte de la recién creada Comisión de Alto Nivel para Liberación del presidente Maduro y Cilia Flores, que surgió apenas cinco días después del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del expresidente y su esposa.
Cuando Jorge Rodríguez anunció el nombramiento de Devoe el miércoles, lo hizo presentando su currículum: “Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; Es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos”.
Amplio historial en el gobierno
Como parte de esta especialidad en Derechos Humanos, desde 2014 y hasta ahora estuvo al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela.
Antes ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También formó parte de las negociaciones de Barbados entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, siendo él parte de este último bando. Esas negociaciones se saldaron con el acuerdo de garantías políticas para celebrar las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la oposición denunció su incumplimiento después de que inhabilitaran a María Corina Machado y persiguieran a sus colaboradores de campaña.
También tomó parte de la delegación del gobierno venezolano ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Maduro ordenó la retirada de esta misión.
En el panorama internacional, ha asesorado y ha sido agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También fue parte en 2016 de la delegación de Venezuela en Ginebra ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es evaluar los compromisos con los derechos humanos.
Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH en el país y ha asegurado en foros internacionales que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Además, dijo que “por tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
En 2018, la CPI abrió una investigación formal contra el país caribeño por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017, cuatro años después de que Nicolás Maduro empezara su primer mandato presidencial y momento en que la represión de las manifestaciones antigubernamentales se volvió sistemática.
Devoe ha afirmado que las instituciones del sistema de justicia del país “han investigado o están investigando todos los casos de presunta violación a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos lo niegan. Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el sistema nacional no lleva a cabo investigaciones creíbles y no condena a los perpetradores.
Un antecesor con un legado dudoso
Si alguien es chavista de larga data es Tarek William Saab. Tras la detención de Hugo Chávez por el golpe fallido de 1992, fue parte de su defensa.
Autor de poesía, de origen libanés y gran aficionado al gimnasio, Saab también es una de las figuras más mediáticas dentro del país. Se autopercibe como defensor de los derechos humanos y se ha jactado de defenderlos desde antes de la llegada de Chávez al poder en 1999.
Su designación como fiscal general en 2017 estuvo marcada por la polémica, ya que fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado plenamente por chavistas y creado en paralelo a la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría opositora.
A juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, desde ese momento, el Ministerio Público se convirtió en un elemento clave y “brazo judicial” del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.
Justamente la investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad arrancó a los pocos meses de la gestión de Saab en el Ministerio Público.
En una ocasión, Yibram Saab, uno de los hijos del funcionario, difundió en redes sociales un video en el que se dirigía a su padre y condenaba “la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de la nación” de las protestas contra el gobierno de Maduro.
Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y, al igual que Devoe, sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.
En su último balance como fiscal general, el de 2025, dijo que se condenaron a 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellas 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.
Pero la Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.
Además, la oposición responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro vencedor sin mostrar las actas que sustentaran este triunfo.
Fue una victoria que la oposición tachó de fraude, mostrando la recolección de actas que daba como ganador a Edmundo González Urrutia.
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró como una “burla a las víctimas” que se haya nombrado defensor del pueblo de modo temporal a Saab, “responsable de la persecución y de la judicialización” del país.
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