De los males el peor: los crímenes más graves que se cometen en México
La comunidad internacional ha reconocido que ciertos actos son tan graves que no deberían ocurrir en ningún lugar, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. La represión de estos actos criminales, que incluyen la tortura, la desaparición, el asesinato y la violencia sexual, se considera de interés primordial para todos los países, y cuando éstos se cometen de tal manera que forman parte de ataques planeados, en contra de civiles, que son generalizados, o que cumplen con un patrón sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad. Además, cuando esos crímenes se cometen en el contexto de un conflicto armado interno contra personas o bienes protegidos, se consideran crímenes de guerra. Tanto los crímenes de lesa humanidad como los crímenes de guerra son violaciones graves del derecho penal internacional que comúnmente se conocen como “crímenes internacionales” que pueden ser investigados y enjuiciados por la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI es un organismo establecido en 1998 como el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a individuos responsables de cometer crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuando los países no tienen la capacidad o la voluntad de investigar o enjuiciar a los responsables. México es parte del Estatuto de Roma que creó la CPI desde el 1º de enero de 2006.
Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil, academia, periodistas y personas expertas hemos documentado y presentado a la CPI información creíble que indica que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sin que el Estado tenga la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar a los responsables de cometerlos. En particular, esto sucede cuando los presuntos responsables son altos mandos de las Fuerzas Federales Mexicanas.
En ese contexto, desde la CMDPDH apostamos este año por enviar información a la CPI sobre crímenes de su competencia –particularmente crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra– que se han cometido en México desde el año 2006, y cuyas víctimas continúan sufriendo los estragos del delito y la impunidad que viene aparejada de la indolencia de las autoridades y de los pactos cupulares que impiden su investigación y sanción.
Así, en junio de este año presentamos a la CPI información sobre 64 casos que refieren un total de 173 víctimas directas de asesinato cometido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la entonces Policía Federal (PF), entre 2006 y 2018, en 22 estados de la República Mexicana en el marco de la estrategia de seguridad de la mal llamada “Guerra contra las Drogas”. Estos crímenes se insertan en un contexto de un ataque sistemático contra la población civil, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad que puede investigar la CPI.
La semana pasada la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentamos una Comunicación a la CPI en el que demostramos que Fuerzas Federales del Estado Mexicano, SEDENA, SEMAR y la entonces PF, cometieron actos de tortura, incluida tortura sexual que cumplen con la calificación de crímenes de lesa humanidad de conformidad con el derecho penal internacional. La comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicadas entre el 1° de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019 , que involucran a un total de 642 personas que fueron sometidas a actos de tortura.
Los años 2020 y 2021 no han sido la excepción cuando nos referimos a la comisión de crímenes internacionales en México. En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 895 investigaciones por el delito de tortura y, de enero a mayo de 2021, 368 carpetas de investigación por el mismo delito. 1 En materia de desaparición de personas 8,593 desaparecieron en 2020 y 5,779 de enero a octubre de 2021. 2 Además, sólo durante 2020, se tienen registradas 28,834 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las que en al menos 74% se utilizó un arma de fuego. Hasta agosto de 2021, se han registrado 19,173 carpetas por homicidio doloso, 68% de las cuales involucraron también armas de fuego. 3 Es decir, la crisis humanitaria y las violaciones graves a los derechos humanos se siguen profundizando en México.
En particular, la naturaleza generalizada de la tortura y la desaparición forzada de personas ha sido confirmada a nivel internacional. Mientras que en 2015 el entonces Relator Especial de la ONU contra la Tortura afirmó que este crimen y los malos tratos ocurren en México de manera generalizada y en un contexto de impunidad, el mes pasado el propio Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada visitó México y lamentó confirmar que, con un saldo de 95,121 desaparecidos a nivel nacional, continúa una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, rodeada de una prevaleciente revictimización y casi absoluta impuniadd.
A nivel nacional, las investigaciones sobre estos crímenes no han avanzado. En México, por ejemplo, no se contempla un tipo penal de “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra”, a pesar de que el Estado forma parte de tratados internacionales que le obligan a perseguir estas conductas y que sean imprescriptibles. Es decir, hay responsabilidad internacional en tres vías: 1) al cometer, permitir, tolerar, ordenar los crímenes, 2) al no investigarlos, enjuiciarlos, reparar a las víctimas y asegurar que no se repitan y 3) al no adoptar la legislación que pueda sancionarlos en su contexto y no como crímenes aislados.
La aprobación e implementación de una legislación de esta naturaleza debería permitir que se sancionen a aquellos sujetos que, sin ser los responsables materiales de los crímenes, son los más altos responsables por ordenarlos, tolerarlos y ocultarlos, o bien, por facilitar o ayudar de alguna forma a su comisión o falta de sanción.
El 2022 plantea grandes retos en materia de reivindicación para las víctimas de estos crímenes atroces. Este Gobierno reconoció la crisis humanitaria por las masacres, desapariciones y torturas; en esa línea, en el Programa Nacional de Derechos Humanos el Gobierno ha considerado como objetivo prioritario la atención a víctimas, la cual debe ser integral e incluir asistencia humanitaria y acceso a la justicia.
La consideración del caso mexicano por un tribunal penal internacional como la CPI puede contribuir a disuadir la comisión de estos crímenes, asegurar investigaciones y enjuiciamientos genuinos y efectivos, y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese sentido sería relevante que, en coherencia con las acciones que se proponen en el mencionado Programa y haciendo eco de su narrativa contra la impunidad y la corrupción, el Estado solicite a la Fiscalía de la CPI colaborar con las investigaciones de los crímenes internacionales cometidos en México en el marco de la Guerra contra las Drogas.
1 FGR. Solicitud de información número de folio 0001700178421.
La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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