Eutanasia y suicidio asistido en México
En México la eutanasia sigue siendo ilegal, aunque algunos estados han permitido que las personas en situaciones terminales reciban cuidados paliativos. La eutanasia implica la intervención activa de un médico para acabar con la vida de un paciente que está sufriendo de manera irreversible. El dilema ético radica en que la autonomía de un paciente para decidir sobre su propia vida debería prevalecer frente a las creencias religiosas y la moral pública, que generalmente ven la vida como inviolable.
Consideremos como argumentos a favor de la eutanasia:
- El derecho de los individuos a decidir sobre su propia vida y muerte. Aquellos que defienden la eutanasia creen que las personas deben tener la capacidad de decidir cuándo poner fin a su sufrimiento, especialmente si padecen una enfermedad incurable o extremadamente dolorosa.
- La autonomía personal o los derechos del paciente. 1 En la práctica médica la autonomía suele expresarse como el derecho —de los pacientes con capacidad— de tomar decisiones informadas sobre su propia atención médica, especialmente cuando se enfrentan a un sufrimiento incontrolable e irreversible.
- La calidad de vida o alivio del sufrimiento que implica que no tiene sentido prolongar la vida cuando no hay esperanza de recuperación y la persona vive en dolor físico y emocional. En situaciones de enfermedades terminales de dolor crónico e insoportable, la eutanasia ofrece una salida digna para aquellos que no tienen esperanza de recuperación. Este argumento se basa en el principio de compasión y la necesidad de mitigar el sufrimiento.
- Ante la muerte digna, los defensores de la eutanasia argumentan que en vez de prolongar el sufrimiento las personas deben tener la opción de morir de una manera digna, sin perder la calidad de vida en etapas finales de una enfermedad terminal.
En contra de la eutanasia están los siguientes argumentos:
- El valor intrínseco de la vida. 2 Muchos autores consideran que la vida humana tiene un valor absoluto, independientemente de las circunstancias y que no debe ser terminada por ninguna decisión, incluso de manera voluntaria, lo que pone en riesgo el respeto y la protección que deben brindarse en todas sus formas. Pero ¿se protege la vida en sí misma o a la persona que la vive?
- Otra crítica implica el riesgo por posible abuso de la eutanasia, ya que existe el temor de que la legislación sobre ella conduzca a situaciones de abuso, en la que las personas vulnerables o con discapacidades (ancianos y enfermos mentales) puedan ser presionadas para tomar decisiones precipitadas y que decidan poner fin a su vida, para no ser una carga para la familia o la sociedad.
De esta forma, la eutanasia y el suicidio asistido son prácticas relacionadas con el fin de la vida, pero presentan diferencias clave en su definición y en la forma en que se llevan a cabo. En la eutanasia, un tercero (médico o profesional de la salud) lleva a cabo la acción que provoca la muerte, como la administración de una sustancia letal; sucede por ejemplo cuando un médico inyecta una dosis letal con el consentimiento del paciente que padece una enfermedad terminal.
En el caso del suicidio asistido, el acto implica que un paciente, en pleno conocimiento y con capacidad para decidir, reciba asistencia de un profesional para llevar a cabo su decisión de terminar con su vida. Éste sería el caso de un médico que proporciona al paciente una receta para una sustancia letal, pero el enfermo es quien decide cuándo y cómo tomarla.
A diferencia de la eutanasia, donde el médico toma la acción directa, en el suicidio asistido el paciente es quién realiza el acto final, pero con la ayuda del médico. En México el suicidio asistido también es ilegal, aunque se sigue debatiendo en el ámbito público. El derecho a decidir sobre la vida propia es similar al argumento de la eutanasia: sostiene que cada persona debería tener el derecho de decidir sobre su vida y su muerte. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ética médica se centra en el respeto a la dignidad, a la autonomía y a los derechos del paciente; y sostiene que los profesionales de la salud tienen el deber ético de preservar la vida. Sin embargo, la OMS no establece una posición oficial sobre la legalización de la eutanasia, ya que ésta dependerá de las leyes y valores culturales de cada país.
En los Países Bajos, Bélgica y Canadá tanto la eutanasia como el suicidio asistido están permitidos bajo regulaciones estrictas; mientras en otros, como Suiza, el suicidio asistido es legal, pero la eutanasia no. En estos lugares, el debate se ha centrado en los controles legales para asegurar que estas prácticas se realicen de manera ética, evitando abusos y respetando la voluntad de los pacientes. Sin embargo, en México, el tema sigue siendo polémico debido a la fuerte influencia de la iglesia católica y las creencias tradicionales sobre la vida y la muerte. Aunque algunos grupos activistas abogan por la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, las barreras culturales y religiosas siguen siendo significativas, la discusión sobre la muerte digna y el derecho a decidir sobre el cuerpo continúa tomando fuerza, especialmente con el avance de las campañas en torno a los derechos de los pacientes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha promovido los derechos de los pacientes a decidir sobre su propio cuerpo, abogando por el respeto a la autonomía personal en situaciones de sufrimiento extremo; sin embargo, no apoya directamente la legalización de la eutanasia ni del suicidio asistido, aunque en su posición general se enfoca en los derechos de los pacientes a recibir atención digna y a evitar el sufrimiento innecesario.
Por otro lado, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación expresa del papa Francisco publicó la Carta Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida que ilumina la reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. También la Conferencia Episcopal Española, con el documento Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, ofrece unas pautas clarificadoras sobre la cuestión. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2021 un caso que involucraba el derecho a morir con dignidad en el contexto de la necesidad de tratamiento paliativo y la autonomía; este fallo reflejó un cambio hacia un mayor enfoque en la dignidad humana y la autonomía de las personas, lo que ha sido un punto de referencia en la discusión sobre el derecho a morir.
Organizaciones como Por el Derecho a Morir con Dignidad A. C. han trabajado para visibilizar la necesidad de reformar las leyes mexicanas para permitir la eutanasia y el suicidio asistido en condiciones controladas. Estos grupos enfatizan el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia vida, especialmente en casos de enfermedades terminales.
La falta de un marco legal claro sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México ha dejado a muchos pacientes con enfermedades terminales en una situación de desamparo, sin alternativas legales claras para aliviar su sufrimiento, y la disponibilidad de cuidados paliativos es insuficiente en muchas regiones del país, y el acceso a tratamientos adecuados es muy desigual, especialmente en las zonas rurales.
El sistema de salud mexicano, aunque ha mejorado en algunos aspectos, todavía enfrenta serias deficiencias en términos de cobertura, calidad en atención y acceso a servicios especializados para pacientes con enfermedades terminales. Esta falta de infraestructura adecuada hace que muchas personas recurran a opciones desesperadas no reguladas.
En conclusión, la eutanasia y el suicidio asistido son temas profundamente complejos que invitan a cuestionar los valores fundamentales de la sociedad mexicana, como la autonomía de las personas, el valor de la vida y el rol de la medicina en la gestión del sufrimiento humano. Aunque la legalización de estas prácticas aún enfrenta grandes obstáculos en México, la creciente discusión sobre la muerte digna y los derechos de los pacientes está abriendo la puerta a un debate más amplio sobre cómo responder éticamente al sufrimiento humano en el contexto de enfermedades terminales. A medida que avanzan las conversaciones sobre estos temas, será crucial que se encuentren soluciones que respeten tanto la dignidad humana como la integridad de los principios médicos y legales en el país.
* Lidia Rosaura Santoyo Castro es médico veterinario zootecnista por la UNAM, y cuenta con una maestría en Dirección y Monitorización de Ensayos Clínicos, Santa Cruz de Tenerife, España. Promueve las buenas prácticas clínicas y la protección ética de los participantes en proyectos de investigación.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.
1 Gómez Álvarez, J. E. “La eutanasia y el suicidio asistido”. Medicina y Ética 34, núm. 1 (2023): 250-266.
2 Revista Bioética, vol. 26, núm. 2 (2018). Doi: 10.1590/1983-80422018262242.
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
- “Es muy duro saber que corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”: el migrante que huyó del Tren de Aragua y busca protección en EE.UU.
- “Estoy pensando en irme de EE.UU.”: la desesperanza de los migrantes que llegaron legalmente al país ante las restricciones impuestas ahora por Trump
- Los mapas que muestran en qué países de América Latina están los migrantes venezolanos, el mayor éxodo de la historia de la región
