Cuatro años de Guardia Nacional: lo que las autoridades no dicen y las OSCs revelamos

A pesar de las múltiples sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México y de las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, la Guardia Nacional (GN) cumplió este 30 de junio cuatro años de operaciones que, pese al optimismo del gobierno federal, están enmarcadas por graves violaciones a los derechos humanos.

El gobierno federal ha sido consistente con la tarea de fortalecer a la militarizada GN. Ésta cuenta a la fecha con 128 mil elementos, 79.5 por ciento de los 161 mil efectivos que tiene como meta, a la que calculan llegar en 2024.

De acuerdo con sus datos, la GN cuenta ya con 395 instalaciones, además de que están construyendo 124 y 138 más ya fueron proyectadas, por lo que al final del año 2024 calculan tener 657 edificaciones para sus elementos.

El militar dio un dato más que no puede ser pasado por alto: “la fuerza operativa desplegada es de 113 mil 409 elementos, representando el 44 por ciento del esfuerzo nacional. Por ello, se puede afirmar que en nuestro país cuenta hoy (sic) con un cuerpo de seguridad que ya es superior en efectivos operativos a la fuerza armada permanente”.

La presencia militar en las calles jamás había llegado a estos niveles.

Durante años Amnistía Internacional y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) hemos llamado la atención de manera reiterada sobre las convenciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano, así como sobre las sentencias de la CoIDH (caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018; caso Montero Aranguren y otros vs. Venezuela; Cabrera García y Montiel Flores vs. México), de acuerdo con las cuales las fuerzas armadas no deben intervenir en tareas de seguridad pública y que, en caso de que así fuera, definen el marco para que ello suceda.

Derechos humanos contra la pared

En contraposición al optimismo del Jefe del Ejecutivo, según el cual la GN “se ha acreditado” en cuatro años entre las y los ciudadanos, la militarización de la seguridad pública ha traído consigo severas consecuencias para los derechos humanos de las personas.

Los datos del informe provienen del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una consulta adicional a dicho Sistema podemos notar además que en el periodo enero–marzo de 2023, la Guardia Nacional se encuentra entre las 10  instituciones más señaladas por violaciones a derechos humanos con 129 quejas.

El informe de Causa en Común precisa además que “la GN ha recibido 14 recomendaciones por parte de la CNDH, de las cuales ocho son por violaciones graves a derechos humanos”. Advierte también que: “de acuerdo con los informes de la GN, de 2020 a 2022 no ha habido elementos sancionados penalmente”.

En su discurso conmemorativo de la GN, el Ejecutivo federal dijo que “no se tienen concentradas las fuerzas de seguridad en las grandes ciudades, sino están presentes donde se necesita, donde vive la gente que necesita de la protección y del apoyo de la Guardia Nacional”.

En contraposición, el informe de Causa en Común advierte que “el despliegue operativo de la GN no está en función de la incidencia delictiva de las entidades” y precisa que al cierre de 2022, la mayor cantidad de miembros de la GN se concentró en Ciudad de México (20,605). Otro ejemplo es Zacatecas que, en marzo de 2023, tendría 1,402 elementos”.

Más aún, expone que un total de 15,494 elementos de la GN fueron desplegados de forma permanente para la detención de personas migrantes. Como lo hemos advertido en diferentes momentos, el tema migratorio, que tiene un carácter eminentemente humanitario, ha sido militarizado por el gobierno mexicano como parte de su política de apoyo a Estados Unidos para evitar que personas migrantes de Centro y Sudamérica lleguen a ese país.

Para contextualizar otros aspectos que son necesarios de tomar en cuenta al hablar del fenómeno de la militarización de la seguridad pública, refiero el informe Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, que publicó en marzo de este año el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Si bien el documento se enfoca en las graves consecuencias de la remilitarización que se padece en ese estado, contiene algunas coincidencias con el informe de Causa en Común al señalar, por ejemplo, que la presencia de las fuerzas federales no se ubica “en estados donde los índices de violencia no son los más altos” y cita los casos de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

El informe advierte que “pese a que las Fuerzas Armadas cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad, entre los mexicanos, también son las autoridades que más quejas por violaciones a derechos humanos acumulan”.

Transparencia ausente

El Centro destaca otro aspecto medular de la forma como proceden las instituciones militares: “más allá del número de solicitudes de transparencia que responden de manera negativa por motivos de confidencialidad, no informan sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño; tales como sus políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con violaciones a derechos humanos”.

La opacidad con que se mueven los militares es la constante. Justamente en la entrega del mes pasado referí el estudio Los enfrentamientos de la Sedena, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Entre otros temas relevantes, advierte de las diferencias entre las descripciones que hace la Sedena sobre la forma en que ocurren determinados enfrentamientos, con las investigaciones posteriores efectuadas por la CNDH.

En el Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, entregado a la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el 30 de mayo de 2023, la página 50 está dedicada a la transparencia y rendición de cuentas.

En escasa media cuartilla (1,252 caracteres o 200 palabras) se informa de la cantidad de solicitudes de información recibidas vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) –3 mil 288– sobre la participación de la fuerza armada permanente en labores de seguridad pública. Detalla que tanto la Sedena como la Marina atendieron el 100 por ciento de las solicitudes realizadas, pero hasta ahí, porque sobre la forma en que se atienden no hay ni una palabra.

El informe entregado al Senado precisa, entre otros temas, el despliegue de efectivos de la Fuerza armada permanente en el territorio nacional; las operaciones para el combate al narcotráfico; las personas detenidas; el aseguramiento de estupefacientes; de vehículos incautados, de armas; pero de las violaciones a los derechos humanos no hay la menor referencia en el documento.

De éstas nos enteramos por informes como los referidos en el presente texto, por videos o noticias reveladas por los medios de comunicación, o por las denuncias que hacen las propias comunidades a través de sus redes sociales, con las que irrumpen en el ignominioso silencio de las fuerzas armadas.

Qué hacer

Desde diferentes enfoques las OSCs coincidimos en los señalamientos sobre los riesgos que implica para los derechos humanos (de personas y de comunidades) la presencia de los militares en las calles.

Desde Amnistía Internacional hemos insistido en la necesidad de empezar ya a trazar una ruta de trabajo para fortalecer a las policías civiles con vistas al paulatino retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, a la fecha no hay visos de que este tema sea abordado en el corto plazo por el Estado mexicano.

Es necesario iniciar ya esa tarea por todo lo que se requiere planificar: infraestructura, presupuestos, número de elementos, capacitación, armamento. Si –como declaró el Comandante de la Guardia Nacional David Córdova Campos en el cuarto aniversario de la GN–, para militarizar la seguridad pública se analizaron 32 experiencias en esa materia en el ámbito internacional, este es el momento inaplazable para volver la vista a las experiencias exitosas de las policías civiles de otros países, porque las hay.

Aunado a ello se deben seguir las normas y ordenamientos del derecho internacional sobre respeto de los derechos humanos, uso de tecnologías, uso de la fuerza, de armas de fuego, detención de personas, capacidad de investigación, así como de mecanismos de fiscalización, capacitación y evaluación permanentes, además de condiciones laborales dignas.

Es una tarea que debe efectuarse en paralelo, de otra manera llegaremos al 2028 sin la posibilidad de hacer el cambio a una seguridad pública encargada a corporaciones civiles y no podemos, no debemos, permitir que el destino nos alcance.

Porque la militarización no es la solución.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).