Cuatro años de Guardia Nacional: lo que las autoridades no dicen y las OSCs revelamos
A pesar de las múltiples sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México y de las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, la Guardia Nacional (GN) cumplió este 30 de junio cuatro años de operaciones que, pese al optimismo del gobierno federal, están enmarcadas por graves violaciones a los derechos humanos.
El gobierno federal ha sido consistente con la tarea de fortalecer a la militarizada GN. Ésta cuenta a la fecha con 128 mil elementos, 79.5 por ciento de los 161 mil efectivos que tiene como meta, a la que calculan llegar en 2024.
Lo anterior, de acuerdo con los datos que dio el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, en la ceremonia conmemorativa de creación de dicho cuerpo militarizado, efectuada en el Campo Marte de la Ciudad de México.
De acuerdo con sus datos, la GN cuenta ya con 395 instalaciones, además de que están construyendo 124 y 138 más ya fueron proyectadas, por lo que al final del año 2024 calculan tener 657 edificaciones para sus elementos.
El militar dio un dato más que no puede ser pasado por alto: “la fuerza operativa desplegada es de 113 mil 409 elementos, representando el 44 por ciento del esfuerzo nacional. Por ello, se puede afirmar que en nuestro país cuenta hoy (sic) con un cuerpo de seguridad que ya es superior en efectivos operativos a la fuerza armada permanente”.
La presencia militar en las calles jamás había llegado a estos niveles.
Durante años Amnistía Internacional y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) hemos llamado la atención de manera reiterada sobre las convenciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano, así como sobre las sentencias de la CoIDH (caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018; caso Montero Aranguren y otros vs. Venezuela; Cabrera García y Montiel Flores vs. México), de acuerdo con las cuales las fuerzas armadas no deben intervenir en tareas de seguridad pública y que, en caso de que así fuera, definen el marco para que ello suceda.
Sin embargo, el Estado mexicano ha sido omiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la militarización va sin que exista el menor atisbo de plan para fortalecer a las policías civiles, con vistas a la retirada de los militares de las calles, prevista para el año 2028.
Derechos humanos contra la pared
En contraposición al optimismo del Jefe del Ejecutivo, según el cual la GN “se ha acreditado” en cuatro años entre las y los ciudadanos, la militarización de la seguridad pública ha traído consigo severas consecuencias para los derechos humanos de las personas.
De acuerdo con el informe Guardia Nacional 4 años de una definición militarista, de la Organización Causa en Común, en el periodo “enero de 2019 a marzo de 2023, la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la GN acumularon 4,012 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos”. Las quejas se relacionan con “torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias”.
Los datos del informe provienen del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una consulta adicional a dicho Sistema podemos notar además que en el periodo enero–marzo de 2023, la Guardia Nacional se encuentra entre las 10 instituciones más señaladas por violaciones a derechos humanos con 129 quejas.
El informe de Causa en Común precisa además que “la GN ha recibido 14 recomendaciones por parte de la CNDH, de las cuales ocho son por violaciones graves a derechos humanos”. Advierte también que: “de acuerdo con los informes de la GN, de 2020 a 2022 no ha habido elementos sancionados penalmente”.
En su discurso conmemorativo de la GN, el Ejecutivo federal dijo que “no se tienen concentradas las fuerzas de seguridad en las grandes ciudades, sino están presentes donde se necesita, donde vive la gente que necesita de la protección y del apoyo de la Guardia Nacional”.
En contraposición, el informe de Causa en Común advierte que “el despliegue operativo de la GN no está en función de la incidencia delictiva de las entidades” y precisa que al cierre de 2022, la mayor cantidad de miembros de la GN se concentró en Ciudad de México (20,605). Otro ejemplo es Zacatecas que, en marzo de 2023, tendría 1,402 elementos”.
Más aún, expone que un total de 15,494 elementos de la GN fueron desplegados de forma permanente para la detención de personas migrantes. Como lo hemos advertido en diferentes momentos, el tema migratorio, que tiene un carácter eminentemente humanitario, ha sido militarizado por el gobierno mexicano como parte de su política de apoyo a Estados Unidos para evitar que personas migrantes de Centro y Sudamérica lleguen a ese país.
Para contextualizar otros aspectos que son necesarios de tomar en cuenta al hablar del fenómeno de la militarización de la seguridad pública, refiero el informe Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, que publicó en marzo de este año el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Si bien el documento se enfoca en las graves consecuencias de la remilitarización que se padece en ese estado, contiene algunas coincidencias con el informe de Causa en Común al señalar, por ejemplo, que la presencia de las fuerzas federales no se ubica “en estados donde los índices de violencia no son los más altos” y cita los casos de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
El informe advierte que “pese a que las Fuerzas Armadas cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad, entre los mexicanos, también son las autoridades que más quejas por violaciones a derechos humanos acumulan”.
Transparencia ausente
El Centro destaca otro aspecto medular de la forma como proceden las instituciones militares: “más allá del número de solicitudes de transparencia que responden de manera negativa por motivos de confidencialidad, no informan sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño; tales como sus políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con violaciones a derechos humanos”.
La opacidad con que se mueven los militares es la constante. Justamente en la entrega del mes pasado referí el estudio Los enfrentamientos de la Sedena, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Entre otros temas relevantes, advierte de las diferencias entre las descripciones que hace la Sedena sobre la forma en que ocurren determinados enfrentamientos, con las investigaciones posteriores efectuadas por la CNDH.
En el Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, entregado a la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el 30 de mayo de 2023, la página 50 está dedicada a la transparencia y rendición de cuentas.
En escasa media cuartilla (1,252 caracteres o 200 palabras) se informa de la cantidad de solicitudes de información recibidas vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) –3 mil 288– sobre la participación de la fuerza armada permanente en labores de seguridad pública. Detalla que tanto la Sedena como la Marina atendieron el 100 por ciento de las solicitudes realizadas, pero hasta ahí, porque sobre la forma en que se atienden no hay ni una palabra.
El informe entregado al Senado precisa, entre otros temas, el despliegue de efectivos de la Fuerza armada permanente en el territorio nacional; las operaciones para el combate al narcotráfico; las personas detenidas; el aseguramiento de estupefacientes; de vehículos incautados, de armas; pero de las violaciones a los derechos humanos no hay la menor referencia en el documento.
De éstas nos enteramos por informes como los referidos en el presente texto, por videos o noticias reveladas por los medios de comunicación, o por las denuncias que hacen las propias comunidades a través de sus redes sociales, con las que irrumpen en el ignominioso silencio de las fuerzas armadas.
Qué hacer
Desde diferentes enfoques las OSCs coincidimos en los señalamientos sobre los riesgos que implica para los derechos humanos (de personas y de comunidades) la presencia de los militares en las calles.
Desde Amnistía Internacional hemos insistido en la necesidad de empezar ya a trazar una ruta de trabajo para fortalecer a las policías civiles con vistas al paulatino retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, a la fecha no hay visos de que este tema sea abordado en el corto plazo por el Estado mexicano.
Es necesario iniciar ya esa tarea por todo lo que se requiere planificar: infraestructura, presupuestos, número de elementos, capacitación, armamento. Si –como declaró el Comandante de la Guardia Nacional David Córdova Campos en el cuarto aniversario de la GN–, para militarizar la seguridad pública se analizaron 32 experiencias en esa materia en el ámbito internacional, este es el momento inaplazable para volver la vista a las experiencias exitosas de las policías civiles de otros países, porque las hay.
Aunado a ello se deben seguir las normas y ordenamientos del derecho internacional sobre respeto de los derechos humanos, uso de tecnologías, uso de la fuerza, de armas de fuego, detención de personas, capacidad de investigación, así como de mecanismos de fiscalización, capacitación y evaluación permanentes, además de condiciones laborales dignas.
Es una tarea que debe efectuarse en paralelo, de otra manera llegaremos al 2028 sin la posibilidad de hacer el cambio a una seguridad pública encargada a corporaciones civiles y no podemos, no debemos, permitir que el destino nos alcance.
Porque la militarización no es la solución.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
La mayor parte de los productos latinoamericanos tendrá que pagar un 10% de aranceles para ingresar al mercado estadounidense. Aquí te contamos cómo puede afectar las economías de la región y por qué algunos ven el golpe como una oportunidad.
El café colombiano, los arándanos de Perú, el vino argentino, el salmón chileno o el camarón ecuatoriano son solo algunos de los productos latinoamericanos que deberán pagar el arancel de 10% impuesto por el gobierno estadounidense a gran parte de los bienes provenientes de Latinoamérica.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles uno de los mayores paquetes arancelarios de la historia iniciando una nueva era de proteccionismo que está remeciendo los cimientos del comercio internacional.
Los llamados “aranceles recíprocos” afectan a decenas de países, incluyendo algunas de las mayores economías del planeta.
El látigo, sin embargo, no cayó igual para todos. Mientras los productos provenientes de China tendrán que pagar un gravamen de 34% al cruzar la frontera estadounidense (más un 20% decretado previamente), los de la Unión Europea pagarán un 20%.
El shock ha sido tan grande en otras partes del mundo, que en Latinoamérica la noticia, pese a marcar un quiebre en la historia comercial de EE.UU. con la región, fue recibida con cierta calma.
Incluso en México había un cierto nivel de optimismo porque, como dicen, “se salvaron” del peor de los escenarios.
México y Canadá no entraron en la lista de los aranceles recíprocos anunciados por Trump en lo que el mandatario bautizó como el “Día de la Liberación”.
Eso calmó las aguas, aunque estos dos países sí enfrentarán los aranceles del 25% que Trump impuso previamente al acero, el aluminio y los automóviles.
En cualquier caso, el gravamen a los autos que cruzan la frontera desde Canadá y México a EE.UU. tampoco se aplicará completo, porque existe una cláusula que establece que la tarifa solo recaerá sobre contenido del vehículo “no estadounidense”.
Entre los menos golpeados
Casi todos los productos latinoamericanos tendrán que pagar un arancel de 10%, que es el mínimo impuesto por la Casa Blanca en esta nueva era de comercio internacional que interrumpe décadas de un sistema basado en reglas que regulan la imposición de tarifas.
Un arancel no es otra cosa que un impuesto a un producto extranjero. Habitualmente lo aplican los países cuando quieren proteger a las empresas nacionales bajo el argumento de que existe una competencia injusta por parte de otras naciones.
Esta vez, sin embargo, el gobierno estadounidense se saltó las reglas y decidió unilateralmente lanzar un tsunami arancelario contra casi todo el mundo.
Como la ofensiva fue gigantesca, Latinoamérica quedó entre los menos golpeados con el gravamen de 10%, con la excepción de los productos provenientes de Venezuela, que deberán pagar un 15%, y los de Nicaragua, que deberán pagar un 18%, el impuesto más alto de toda la región.
¿Quién paga el arancel? Lo paga el importador estadounidense en la aduana cuando el producto cruza la frontera.
El efecto directo es que se encarece el producto que compra el consumidor final en Estados Unidos.
Lo que le preocupa a los exportadores latinoamericanos es que, como el precio de sus productos será mayor al cruzar la frontera, van a vender menos y eso terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento en la región.
Pero los temores no solo vienen por el golpe que sufrirán los exportadores. La nueva guerra arancelaria de Estados Unidos ha provocado incertidumbre en los mercados, pausa en las inversiones, dudas sobre el futuro del tipo de cambio y ansiedad sobre cómo responderán los países más afectados.
Pese a la tormenta,”parece que la región está mejor posicionada que el resto”, dice Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, en diálogo con BBC Mundo.
De todos modos, agrega, “vamos a ver una desaceleración global del comercio”.
Muchos analistas están anticipando ese frenazo económico en Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de la región, algo que impacta directamente a las economías latinoamericanas.
Las economías están tan interconectadas que, si baja el crecimiento en EE.UU. o se produce una recesión, Latinoamérica lo va a sentir. Pero, por ahora, no se sabe qué va a pasar durante los próximos meses en la medida que comiencen a rearmarse las piezas del rompecabezas del comercio internacional.
Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics, comenta que el arancel para los países de la región “es un retroceso” en relación a la situación en la que estaban antes.
Sin embargo, Latinoamérica queda en una posición relativa favorable en relación a otras regiones del mundo, explica. “Se abre una oportunidad en América Latina para ganar participación en las importaciones a EE.UU. a costa de otros países”.
De todos modos, dice, hay que tener en cuenta que “se espera que la economía de EE.UU. crezca mucho menos” y eso afectará a todo el mundo.
Los productos sin aranceles
Aunque el arancel base es de un 10% para la mayoría de los productos latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos, la Casa Blanca informó en un documento que la nueva política de gravámenes incluye excepciones.
Entre los productos que -por ahora- no pagarán el arancel está el cobre, los bienes farmacéuticos, los semiconductores, los artículos de madera, los lingotes de oro, la energía y otros minerales no disponibles en Estados Unidos.
Expertos en el sector petrolero consultados por BBC Mundo piensan que al excluir el rubro de la “energía” de los aranceles, se supone que las exportaciones de petróleo no se verán afectadas.
Como no se han entregado más detalles, tampoco los gobiernos tienen certeza sobre este punto y están a la espera de conseguir reuniones bilaterales con miembros de la Casa Blanca para tener mayores certezas.
En el escenario de que el petróleo y otros productos energéticos latinoamericanos efectivamente queden exentos de los nuevos aranceles, los efectos en la región estarían más focalizados en sectores como la agroindustria, aunque todo depende de cada país.
El caso de Colombia y Argentina
En Colombia, los principales productos exportados a Estados Unidos son el café y las flores, además de los alimentos procesados, los productos químicos y las manufacturas.
Pese a que inicialmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, no celebró los aranceles de Trump, en un repentino cambio, declaró en la red social X que estos son positivos.
“Latinoamérica, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre aranceles, en primera instancia. Pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas”, dijo.
Si algunos productos se encarecen en EE.UU., “y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí”, agregó. “Solo encareceremos importaciones norteamericanas si nos quitan empleos”.
También expresó una respuesta positiva el gobierno argentino a través de su portavoz, Manuel Adorni, quien destacó este jueves la “maravillosa relación” entre Argentina y EE.UU.
Y el presidente Javier Milei, publicó en X un enlace a la canción de Queen Friends will be Friends, pese a que los mercados no recibieron con alegría los aranceles de Trump.
Trascendió que en la noche del jueves Milei podía anunciar un posible acuerdo con el presidente Donald Trump para reducir a cero los aranceles a Argentina. El principal rubro de exportación argentino a EE.UU. es el de combustibles y aceites minerales, seguido por el aluminio y las bebidas y líquidos alcohólicos.
¿Qué pasa con Perú, Brasil, Chile y Ecuador?
En el caso de Perú, aunque China es el principal destino de las exportaciones peruanas, EE.UU. ocupa el segundo lugar. Se estima que los gravámenes pueden afectar a rubros como las prendas de vestir, la minería no metálica y la agroindustria.
Los productores de arándanos peruanos no estaban satisfechos, dado que el principal mercado de exportación de esa fruta es EE.UU., y pese a que ambos países tienen un acuerdo de libre comercio, el pacto no salvó a Perú de los gravámenes.
El gobierno de Lima anunció que le pedirá al gobierno de Trump que reconsidere los aranceles en los próximos días. Algunos expertos locales dijeron que, pese al daño que puede generar la medida en sectores como la industria textil, se pueden abrir oportunidades para Perú frente a otros países a los que se les impusieron gravámenes más altos.
O sea que, pese a todo y dependiendo del producto, Perú podría seguir vendiendo más barato que otros competidores.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que su Gobierno enfrentará “todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y que adoptará “todas las medidas posibles” contra los aranceles de Trump.
“Defendemos el multilateralismo y el libre comercio”, dijo Lula.
También aseguró que la respuesta a los aranceles será dada con la “referencia” a una ley aprobada el miércoles en el Congreso brasileño, que autoriza la adopción de represalias para casos de ese tipo, y también en el marco que establecen las normas de la Organización Internacional de Comercio (OMC).
Brasil exporta a EE.UU. productos como el petróleo crudo y refinado, hierro semi-acabado, soja, mineral de hierro, azúcar y maíz.
En Chile, la agricultura y el sector pesquero podrían ser algunos de los más afectados por los aranceles impuestos por la Casa Blanca.
Productos como el salmón, la uva o el vino han quedado expuestos a los gravámenes unilaterales aplicados por la mayor economía del mundo.
La decisión “tiene un efecto indudable para un país pequeño y globalizado como Chile”, dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez.
A pesar del impacto negativo que puede tener la medida en la economía chilena, la Casa Blanca decidió dejar fuera del gravamen a dos productos chilenos fundamentales: el cobre y la madera.
Eso hizo que el golpe no fuera tan duro, aunque un potencial gravamen al cobre en el futuro es una alternativa que aún sigue sobre la mesa del Despacho Oval.
En el caso de Ecuador, el camarón, el banano, y el cacao son algunos de los productos más afectados por los aranceles.
Sectores empresariales de ese país dijeron estar evaluando “de manera urgente” caminos para mitigar el impacto de la medida, mientras el gobierno señaló que continuará promoviendo una relación más estrecha con su principal socio comercial.
Centroamérica en la mira
Entre los países más afectados de la región por los aranceles anunciados el miércoles están los centroamericanos por su alta dependencia del mercado estadounidense.
Los gobiernos de esa región han dicho que están analizando la situación y que, por ahora, no han tomado decisiones sobre cómo seguir adelante.
Aunque forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la decisión del gobierno estadounidense no los eximió de los nuevos aranceles.
Aunque el daño comercial puede ser bastante profundo, países de esa región destacaron que el 10% fue el arancel más bajo aplicado por el gobierno estadounidense a nivel global.
“Si la marea sube y levanta todos los botes al mismo tiempo, pues es una realidad nueva. No nos están castigando en ese sentido”, dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
En un análisis, el banco Citi dijo que Honduras, El Salvador, República Dominicana y Panamá, son algunos de los más vulnerables, debido al desbalance comercial con EE.UU., la migración y el narcotráfico, la dependencia de las remesas y otros factores.
Es posible que en las próximas semanas y meses se produzcan cambios focalizados en algunos productos latinoamericanos tras negociaciones de los gobiernos regionales con la Casa Blanca.
Hasta ahora, la mayoría de los países no parece tener en sus planes la imposición de represalias contra EE.UU.
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