Las claridades que no deben faltar en la nueva ruta por la transparencia
El 2024 terminó y con él muchas discusiones de la agenda pública que concretaron la primera etapa de la cuarta transformación, como las reformas judicial y de los organismos autónomos, y la eliminación del INAI. Aunque las discusiones parecieran haber quedado atrás, hoy nos alcanzan sus efectos, particularmente en la agenda de transparencia y rendición de cuentas. Y es que, en el último mes, las dudas y preguntas que nos hacemos organizaciones civiles y personas periodistas son las mismas: ahora ¿cómo se va a garantizar el derecho a la información? ¿A quién debo dirigir mis solicitudes? ¿Qué va a pasar con las solicitudes que están en proceso? ¿Va a desaparecer la información que resguarda la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Con quién me acercaré a reclamar si reservan la información que requerimos? Todas tienen un común denominador: la incertidumbre.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto. Lo poco que sabemos son rasgos generales que no resuelven las dudas de cómo se implementarán estos nuevos cambios que generaron tanta polémica en su momento. Por ejemplo:
- Según los transitorios de la reforma constitucional, el congreso federal y los congresos estatales tendrán 90 días, es decir, hasta el 20 de marzo de 2025, 1 para adecuar la eliminación de los órganos de transparencia en las leyes secundarias, como la Ley General de Transparencia, las leyes estatales de transparencia, la Ley General de protección de datos personales, la Ley General de Archivos, entre otras. Este parece un escenario poco real considerando que el Congreso tiene la tarea de adecuar al menos 73 ordenamientos jurídicos de las distintas reformas constitucionales que se dieron en 2024.
- Será la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la que asumirá las funciones del INAI. Sin embargo, en su reglamento interno, publicado apenas el 31 de diciembre de 2024, sólo se contempla una dirección general que ejercerá las atribuciones como si se tratase de una unidad de transparencia, 2 algo que todas las entidades públicas ya tienen de por sí para que se dé tramite a las solicitudes de información.
- Desde presidencia se ha señalado que se creará un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo, 3 pero esto tendrá que establecerse en la adecuación de las leyes secundarias, además su alcance sólo permeará al Ejecutivo Federal y la administración pública.
- Se ha señalado que se garantizarán mecanismos de impugnación a través de las instancias correspondientes. Pero no se considera que estos mecanismos son judiciales, como el amparo, y requerirán requisitos específicos para que proceda, lo cual podría implicar mayor especialización, tiempo y recursos de las y los ciudadanos para poder activarlos.
- Que la Plataforma Nacional resguardará los datos y se transferirá a la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, aún no inicia el proceso de adecuación de reformas a las leyes secundarias ni se ha publicado si existe algún protocolo que garantice la seguridad en el respaldo de la Plataforma que proteja a los archivos de posibles ciberataques.
Estos son sólo ejemplos de las muchas preguntas que siguen vigentes y que, a la fecha, ni la información proporcionada el pasado 31 de enero en la mañanera del pueblo ha podido esclarecer. Garantizar un derecho humano no puede depender sólo de la confianza y las buenas intenciones del gobierno, requiere de una ruta clara que contemple las etapas y el seguimiento de cómo se van a implementar todos los cambios y cuidar de no generar más retrocesos ni afectaciones en nuestro derecho a saber.
Por ello, el cambio en la política de transparencia que hoy enfrentamos debe ser una oportunidad para que el gobierno aproveche para corregir las deficiencias que llevaron a la eliminación de los organismos garantes y retomar las experiencias de quienes, por años, han utilizado este derecho para así, fortalecer el derecho a saber, para que realmente sea cercano a las comunidades y no sólo para los grupos de “elite”, que permita a las organizaciones seguir monitoreando la toma de decisiones, y a las y los ciudadanos acceder a otros derechos a partir del acceso a la información, así como a a las y los periodistas seguir generando indicios que den cuenta de posibles casos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Estamos en el momento propicio para realmente transformar la transparencia y el acceso a la información como un derecho que demande la toma de decisiones en favor de la garantía de los derechos humanos.
* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 DOF. Reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. 20 de diciembre de 2024. Disponible aquí.
La medida se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que quiere comprar Groenlandia, una isla autónoma con amplia autonomía pero que forma parte de Dinamarca.
Dinamarca ha anunciado que destinará 14.600 millones de coronas (US$2.050 millones) a reforzar la seguridad en la región ártica, en colaboración con sus territorios autónomos, Groenlandia y las Islas Feroe.
El acuerdo, con el que buscan “mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región”, incluye tres nuevos buques para el Ártico, más drones de largo alcance con capacidad avanzada de adquisición de imágenes y una mayor cobertura por satélite.
“Debemos afrontar el hecho de que existen serios desafíos en materia de seguridad y defensa en el Ártico y el Atlántico Norte”, declaró el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen.
La medida llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho en repetidas ocasiones que quiere adquirir Groenlandia, una isla que goza de amplia autonomía pero que sigue formando parte de Dinamarca.
Trump ha dicho que no puede descartar el uso de la fuerza militar o económica para perseguir su deseo de apoderarse del territorio.
La tensión desatada por la ambición expansionista de Trump sobre la isla llegó a su momento álgido la semana pasada en una explosiva llamada telefónica que mantuvo con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Ambos mandatarios conversaron durante unos 45 minutos, en los que Frederiksen dejó claro que Groenlandia no estaba en venta, aunque ofreció una mayor cooperación en defensa y en la explotación de los recursos naturales de la isla.
A pesar de ello, Trump estuvo “agresivo” y “confrontacional”, y la charla acabó mal, según dijeron funcionarios europeos que fueron informados de la conversación al Financial Times.
“(Trump) fue muy firme. Fue una ducha fría. Antes era difícil tomárselo en serio. Pero creo que es grave y potencialmente muy peligroso”, dijo uno de ellos al diario británico. Otro calificó la conversación de “horrorosa”.
Frederiksen ha pedido desde entonces a sus socios europeos que no inflamen más los ánimos, pero ha iniciado una gira por las capitales europeas para recabar apoyos.
Groenlandia, el territorio menos poblado del mundo, tiene unos 56.000 habitantes, en su mayoría indígenas inuit.
Estados Unidos mantiene desde hace tiempo un vínculo de seguridad con Groenlandia. Después de que la Alemania nazi ocupara Dinamarca continental durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invadió Groenlandia y estableció estaciones militares y de radio en todo el territorio. Desde entonces ha mantenido su presencia en la región.
Groenlandia se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa, lo que le confiere una importancia estratégica para Estados Unidos.
En los últimos años, ha aumentado el interés por los recursos naturales de Groenlandia, incluida la extracción de minerales de tierras raras, uranio y hierro.
“Groenlandia está entrando en una época de amenazas cambiantes”, declaró Vivian Motzfeldt, ministra de Independencia y Asuntos Exteriores de Groenlandia, en un comunicado en el que anunciaba el nuevo gasto en defensa.
“Me complace que con este acuerdo parcial hayamos dado el primer paso para reforzar la seguridad en Groenlandia y sus alrededores”.
Se espera que en el primer semestre de este año se anuncien nuevos fondos.
La nueva inversión se produce después de que Dinamarca anunciara por separado en diciembre que iba a destinar casi US$1.500 millones a la defensa de Groenlandia, incluida la compra de nuevos buques, aviones no tripulados de largo alcance y equipos adicionales de trineos tirados por perros.
Poulsen describió el momento del anuncio como una “ironía del destino”, justo después de que Trump dijera que la propiedad y el control de Groenlandia eran una “necesidad absoluta” para Estados Unidos.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho que el territorio no está en venta, añadiendo que «Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia».
Por su parte, la primera ministra danesa ha dicho a Trump que corresponde a Groenlandia decidir su propio futuro.
Trump ha redoblado sus intenciones desde entonces, a pesar de las advertencias de los países europeos de que no amenace a Groenlandia.
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