La tragicomedia de las micro, pequeñas y medianas empresas
En los resultados oportunos del Censo Económico del 2024, publicados por el INEGI, se informa que existen en el país 5,451,113 Unidades Económicas en el Sector Privado y Empresas Paraestatales; 2.5 millones en Comercio, 2.1 en Servicios, un poco más de 600 mil en Manufacturas, y el resto en otros sectores como Pesca, Minería, Electricidad, agua y gas, Construcción, Transportes y Servicios Financieros y Seguros.
Estas Unidades Económicas emplean a 27,785,505 personas, 44.5 % en Servicios, 26.3 % en Comercio. 20.4 % en Manufactura y 8.7 % en el resto de las actividades económicas.
Clasificadas por tamaño el INEGI informa que, en el 2023 el 95.5 % eran microempresas, de 0 a 10 personas; el 4.3 % Pymes, de 11 a 250 personas y el 0.2 % grandes, más de 250 personas. El 41.5 % de los empleados laboran en microempresas, el 29.1 % en Pymes y el 29.3 % en grandes empresas.
En los datos del censo hay mucha información muy interesante, que, aunque no nueva para los especialistas, sí muy relevante para el diseño de políticas públicas y entendimiento del mercado. Las grandes empresas son muy importantes, pero en las Micro, Pequeñas y Medianas vive el 70 % del empleo y el 99 % de los empresarios.
Un dato que no deja de sorprender es que el 83.8 % de las ventas en las unidades económicas se realizan en efectivo, interesante en un país que necesita combatir la evasión fiscal y el crimen organizado y al desorganizado también. El 73.9 % de las microempresas dice no utilizar sistemas contables ni contrataron servicios de contabilidad. Dato revelador también.
Hasta aquí un muy sencillo resumen de la información del Censo Económico que considero útil para revelar, desde el punto de vista económico y social, la importancia de las empresas pequeñas y medianas en la vida de las personas y en la economía del país.
Hay que considerar que detrás de cada una de estas empresas hay familias que decidieron arriesgar su patrimonio o contraer una deuda para iniciar un negocio que les permita vivir de manera decorosa. No son capitales públicos, son patrimonios familiares que cuando se pierden no generan pérdidas, generan tragedias de las que difícilmente las familias se pueden recuperar.
Por ello, es una obligación de los gobiernos en los tres niveles mantener un ecosistema lo más sano posible para que la mortandad de las empresas, que por cierto es inevitable, se explique por factores tales como un mal proyecto, un manejo inadecuado del negocio u otros que sean fundamentalmente atribuibles a los empresarios.
Y aquí empieza la tragicomedia de estas empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas que no sólo no cuentan con el capital necesario para enfrentar las crisis y los problemas cotidianos, sino que, además, están indefensas ante los depredadores legales e ilegales que las asedian.
Voy a comentar hechos que he escuchado, algunos de ellos de los que tengo conocimiento muy cercano y otros que son del dominio público. No tienen orden de importancia porque no están medidos públicamente, pero sabemos que son reales y peor aún cotidianos, y en muchos casos ya, normalizados por los empresarios.
Extorsión “legal”. Considero adecuado que exista una regulación que proteja la salud y que establezca las condiciones en las que trabajan las personas, el problema es que en su “aplicación”, o en nombre de este propósito, se cometen un sinfín de extorsiones por las diferentes instancias encargadas de su aplicación/supervisión.
Tanto la Secretaría del Trabajo como los gobiernos estatales y municipales, así como las alcaldías, visitan a las empresas y bajo argumentos como; El extinguidor no está a la altura requerida, la salida de emergencia no está debidamente señalada (sin importar el tamaño del local), los trabajadores no están adecuadamente protegidos para realizar su trabajo y muchos otros aspectos, manipulados al gusto del supervisor, amenazan a las empresas con multas y sanciones, abriendo la puerta al tradicional “cómo nos podemos arreglar”.
Cuando un negocio recibe mercancía o carga un vehículo para hacer una entrega, pues se aparece la patrulla pidiendo el permiso para cargar y ante la frecuente ausencia de este, pues hay manera de sustituirlo económicamente. Aún con el permiso, si por alguna razón ellos consideran que la maniobra no es adecuada, vuelven al ataque para “corregir” la anomalía.
Ni hablar de la extorsión ilegal, el derecho de piso y otras maneras utilizadas por la delincuencia para obtener recursos de las empresas. También la solicitud amable de coperacha con los vecinos del establecimiento que se encargan de “cuidar” al empresario o por “apoyo” a causas nobles como la fiesta del santo de la colonia o el uniforme del equipo local, con el consabido mensaje de que o le entras o estás contra nosotros y veremos quién te defiende.
La cantidad de permisos requeridos para operar, así como su adecuado mantenimiento, renovación y demás, son otra de las oportunidades para los inspectores ante “terribles” violaciones a la normatividad que dan pie para drenar recursos de las empresas.
La lista sigue, tratándose de empresas formales, por ejemplo, hay una serie de prestaciones laborales obligatorias que no son deducibles de impuestos. Si alguna de estas empresas busca recuperar un IVA a su favor tendrá que contratar a un despacho para hacerlo y las probabilidades de éxito son muy bajas, tanto en la recuperación como en el tiempo que toma hacerlo. No se diga si comete algún error ante el SAT.
No contar con la contabilidad en el establecimiento requiere una sanción y ya vimos, en la información del INEGI, la cantidad de establecimientos que no cuentan con ella, ni en el lugar ni en ningún otro sitio, lo que se arregla también con una corta, a veces no tan corta.
En materia laboral cualquier denuncia requiere de un proceso complicado para su atención y en la mayoría de los casos se termina cediendo a la solicitud de arreglo por parte de los abogados y autoridades para terminar el problema.
En fin, la lista de riesgos y amenazas cotidianas que enfrentan estas empresas es inagotable, lo aquí comentado sólo pretende trasmitir que, si bien es correcto decir que las empresas necesitan acceso al crédito y a mercados de capital ad hoc a sus necesidades, sería mucho más valioso garantizar un ecosistema en el que se eliminen los factores “externos” que las sangran y, que en muchas ocasiones, no sólo las incentivan a moverse a la informalidad, sino incluso a cerrar el negocio, destruyendo con ello el patrimonio familiar y generando con ello verdaderas tragedias.
Urge diseñar un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento y protección de estas empresas, mecanismos de defensa reales y a su alcance, políticas públicas que acompañen el desarrollo de los emprendimientos, esquemas de protección ante el crimen organizado y desorganizado.
Por supuesto que mejorar el acceso a los mercados de capital y crédito ayudaría, pero creo que, sin duda, una parte no menor de los ingresos de estas empresas se utiliza para el pago de estas extorsiones legales e ilegales, y demás eventos a los que todos los días se enfrentan los empresarios.
Es necesario diseñar un ecosistema que haga que las empresas fracasen, en su caso, por riesgos inherentes a su actividad y que factores ajenos a su control tengan cada vez menor importancia en su funcionamiento.
No olvidemos que más del 80 % de la inversión que requiere el país para un adecuado crecimiento proviene de estos miles de emprendedores que arriesgan todo lo que tienen en la búsqueda de un mejor porvenir para sus familias. Su fracaso nos afecta a todos, su éxito nos beneficiaría a todos también.
* Juan Ignacio Gil Antón (@JuanIgnacioGil1) es Economista y experto México, ¿cómo vamos?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
1. ¿Tiene el presidente autoridad para desplegar a la Guardia Nacional?
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
- Si EU “es invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera”.
- Si “existe una rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno.
- Si “el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
2. ¿Cómo respondieron las autoridades a la decisión de Trump?
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
3. ¿Qué está haciendo ICE en Los Ángeles?
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
4. ¿Cómo ha reaccionado Los Ángeles ante las redadas?
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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