Del crecimiento económico al progreso social: el caso de Aguascalientes
El Índice de Progreso Social (IPS) es una herramienta que evalúa el desempeño social de las entidades federativas de México, de manera independiente a variables monetarias como el ingreso o el producto interno bruto. Su objetivo es medir si las personas cuentan con las condiciones materiales, institucionales y sociales necesarias para llevar una vida digna y el pleno ejercicio de una serie de derechos.
El IPS se distingue por centrarse en resultados, el cual se construye a partir de 48 indicadores sociales y ambientales comparables entre entidades y a lo largo del tiempo. Se construye por medio de una estructura multidimensional y subnacional que genera una serie histórica y resulta altamente complementario a los indicadores económicos tradicionales.
El IPS se organiza en tres grandes dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Cada una incluye cuatro componentes: nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; acceso a conocimientos básicos, información y comunicaciones, salud y bienestar, y calidad medioambiental, así como derechos personales, libertad personal, inclusión y acceso a educación superior. Estas dimensiones, consideradas de forma conjunta, buscan ofrecer una visión integral del bienestar social a lo largo de las localidades de México.
La relevancia del IPS radica en que mide la calidad de vida desde una perspectiva más completa, más allá del ingreso o la actividad económica. Permite identificar brechas territoriales, evaluar la efectividad de las políticas públicas y orientar atención hacia las carencias más persistentes.
Resultados generales del IPS en México, 2015-2024
Entre 2015 y 2024, el Índice de Progreso Social en México muestra una trayectoria de avance positivo y moderado. En 2024, el puntaje nacional del IPS alcanzó 65 puntos sobre 100, el nivel más alto desde que se tiene registro, con un avance acumulado de 6.5 puntos respecto a 2015. No obstante, el avance agregado convive con importantes disparidades regionales y con la persistencia de carencias básicas, particularmente en seguridad, acceso efectivo a servicios de salud y calidad del empleo. Estos resultados confirman que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza mejoras equivalentes ni automáticas en materia de progreso social y que el fortalecimiento de los servicios públicos y el acceso a derechos debe ser complementario y necesario para contar con avances en materia social.
Evolución del Índice de Progreso Social en Aguascalientes, 2015-2024
El caso de Aguascalientes resulta particularmente ilustrativo dentro del análisis subnacional del IPS. A lo largo del periodo 2015-2024, esta entidad se ha consolidado entre los primeros lugares del país en progreso social, reflejando un desempeño sólido en las tres dimensiones del índice.
En 2015, Aguascalientes registró un puntaje general de 65.9 puntos, ubicándose en la cuarta posición nacional. Desde entonces, el estado mostró una tendencia general de mejora, con avances constantes que lo llevaron a alcanzar 73.4 puntos en 2024 y consolidarse en el segundo lugar nacional. Este desempeño refleja condiciones favorables en acceso a servicios básicos, cobertura educativa y una mejora en el ejercicio de los derechos.
El análisis desagregado de los subíndices del Índice de Progreso Social permite identificar con mayor precisión las áreas que explican el desempeño destacado de Aguascalientes a lo largo del periodo 2015–2024.
En la dimensión de Necesidades Humanas Básicas, Aguascalientes presenta un desempeño favorable. En 2015, la entidad registró un puntaje de 78.1 puntos, ubicándose en la segunda posición nacional, mientras que para 2024, el puntaje aumentó a 83.5 puntos, lo que le permitió alcanzar el primer lugar nacional en este subíndice. Este avance refleja mejoras sostenidas en el acceso a servicios fundamentales como agua potable, saneamiento, vivienda adecuada y seguridad personal, consolidando una base sólida de bienestar material para la población.
En la dimensión de Fundamentos del Bienestar, el progreso ha sido más moderado. En 2015, Aguascalientes obtuvo un puntaje de 67.5 puntos, posicionándose en el sexto lugar a nivel nacional. Para 2024, el puntaje ascendió a 70.8 puntos al ubicarse en el segundo lugar nacional. Este avance está asociado principalmente a mejoras en la cobertura educativa básica, así como en ciertos indicadores de salud y calidad medioambiental.
La dimensión de Oportunidades es donde Aguascalientes muestra el avance más notable, en 2015 el estado registró un puntaje de 52.4 puntos, ocupando la quinta posición nacional. Para 2024, el puntaje se incrementó de manera sustancial hasta 66.0 puntos lo que permitió a la entidad escalar al segundo lugar nacional. Este crecimiento sugiere avances significativos en la ampliación de oportunidades educativas y en algunos componentes de inclusión, aunque persisten desafíos en materia de derechos personales y libertades individuales.
El avance de Aguascalientes en el Índice de Progreso Social obedece a una combinación de estabilidad institucional, políticas públicas relativamente eficaces y una estructura productiva orientada a sectores competitivos y de exportación. La provisión de servicios básicos —agua, saneamiento y vivienda—, junto con una cobertura amplia en educación básica y una infraestructura digital sólida, ha fortalecido el acceso a derechos para la población. Asimismo, un entorno económico dinámico, vinculado a inversión industrial y empleo formal, ha permitido traducir el crecimiento económico en mejoras sostenidas de bienestar social.
El caso de Aguascalientes muestra que el progreso social requiere coordinación entre política pública y sector privado. Para el gobierno, la principal lección es priorizar la calidad y continuidad de los bienes y los servicios públicos, así como invertir en capital humano y entornos con mayor seguridad física y seguridad jurídica. Mientras que, para el sector privado, destaca la importancia de generar empleo formal, invertir en capacitación y participar en actividades económicas competitivas e integradas con las cadenas de América del Norte. La experiencia del estado sugiere que el crecimiento económico solo se traduce en progreso social cuando se consolida y se acompaña de instituciones eficaces y de una visión compartida de bienestar.
La experiencia de Aguascalientes subraya la utilidad del IPS como herramienta de diagnóstico y seguimiento. El índice permite identificar áreas donde el estado ha logrado avances consistentes, así como componentes específicos donde se requieren intervenciones focalizadas. El caso de Aguascalientes demuestra que desde una perspectiva económica, el desempeño del IPS en Aguascalientes refleja una interacción positiva entre desarrollo productivo, provisión de servicios públicos y condiciones institucionales. El estado ha logrado traducir parte de su dinamismo económico en mejoras sociales. Aunque el índice también evidencia que el progreso no es automático ni homogéneo, la persistencia de brechas internas y la necesidad de fortalecer servicios públicos fundamentales siguen siendo retos centrales.
* Alfonso Muñoz Duarte es estudiante de Economía en el ITAM, en proceso de titulación y realiza su servicio social en México, ¿cómo vamos?
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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