¿Qué contiene y por qué preocupa la reforma judicial del “Plan C”?
Resuelta la elección y confirmado el triunfo arrollador del partido en el poder, buena parte de la conversación pública se ha centrado en la posibilidad de que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, a partir del 1 de septiembre, avance el paquete de reformas constitucionales que el actual titular del Ejecutivo presentó el 5 de febrero de este año, conocido como “Plan C”. De este paquete, en el que hay tanto aspectos positivos como propuestas regresivas, genera especial preocupación la propuesta de reforma judicial.
Ésta supone modificar 16 artículos constitucionales, los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116, 122, además de la aprobación de once transitorios. El contenido de estas modificaciones puede resumirse en cuatro componentes: 1) restructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo a nueve el número de ministros, acortando a 12 años el periodo del encargo, eliminando el funcionamiento en salas, cancelando la pensión vitalicia y ajustando sus percepciones al tope establecido para el Presidente; 2) modificar el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces para permitir la elección mediante voto popular, de suerte que cada uno de los poderes proponga una lista de personas candidatas que irán a un comicio organizado por el Instituto Nacional Electoral, comenzando por una elección extraordinaria a realizarse, previas campañas, en 2025, donde se renovaría todo el Poder Judicial de la Federación, quedando abierta la posibilidad de que los estados realicen sus propias reformas para elegir por voto a sus jueces locales; 3) sustituir al Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevos órganos llamados Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial, integrados por personas designadas por cada uno de los poderes de la unión, y 4) adicionar algunas nuevas reglas procesales, como el establecimiento de plazos máximos para los asuntos fiscales y penales, y la limitación a la suspensión con efectos generales en amparos contra leyes, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad.
Los problemas de esta propuesta pueden, a su vez, descomponerse en tres: 1) equivoca el diagnóstico sobre el problema de la impunidad en México, pues éste no es solamente atribuible a la judicatura sino ante todo a las fiscalías, que en esta propuesta quedan intocadas; 2) falla en su comprensión sobre la legitimidad democrática de la judicatura, pues estima que ésta se resuelve pasando por urnas los nombramientos de las y los jueces cuando en realidad la legitimidad, en el caso de este poder, surge más bien de su capacidad para tutelar derechos; y, 3) erróneamente introduce un preocupante componente de control político sobre la justicia, pues tanto con el Tribunal de Disciplina Judicial como con el Órgano de Administración Judicial previstos se abre la puerta a la intervención de los otros poderes en los mecanismos de control del propio Poder Judicial.
Así, en general, la propuesta instrumentaliza necesidades sentidas por la población para poner sobre la mesa modificaciones que van en lógica de control político, en vez de generar reformas verdaderamente innovadoras para los problemas de acceso a la justicia, que son en realidad los que subyacen a esas necesidades sentidas. Abusando del hartazgo por la impunidad, se dirige la ofensiva contra el Poder Judicial sin hacer nada por los maltrechos ministerios públicos. Usando del malestar que genera el actual mecanismo de designación de ministros, se genera un esquema donde todos los jueces serían votados, abriendo un espacio mucho mayor que el actual al control de las mayorías políticas e incluso de poderes fácticos territoriales. Y, finalmente, aprovechando la propensión del Consejo de la Judicatura Federal a cuidar a los suyos, se generan controles sobre la judicatura con clara injerencia del Ejecutivo y del Legislativo.
De este modo, los principales problemas de la justicia mexicana quedan, en esta propuesta, sin ser verdaderamente abordados. No se avanza en ensanchar el acceso a la justicia a los más marginados ni en un aspecto que ha destacado Ana Laura Magaloni con lucidez: la necesidad de mejorar la regulación sobre la carrera judicial, incluyendo lo relacionado con las sanciones y adscripciones, ámbito en el que como se ha visto recientemente priva una discrecionalidad propicia para premiar y sancionar jueces a partir de criterios ajenos a su desempeño.
Hay que decirlo con claridad: ésta no es la reforma que necesita la justicia mexicana. Eso hay que señalarlo, incluso si una mayoría enojada con la impunidad estima plausible castigar a la judicatura mexicana con esta reforma, que se puso ante el electorado de forma criticable. Por ser parcial y centrarse en el control político sobre el Poder Judicial, la reforma judicial del “Plan C” genera legítima preocupación y la semana pasada tuvimos varios signos que así lo acreditaron.
¿Cuál es la posición de la virtual presidenta electa sobre esta reforma? De un lado, se dice que la respalda plenamente, pues en campaña se adhirió a su contenido y en más de un evento público obtuvo el aplauso de los concurrentes prometiendo la elección de ministros y jueces, además de que en sus “100 pasos para la transformación” se alude expresamente en los compromisos 98 y 99 a la elección por voto de magistrados y jueces y a la creación del Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración. Por otro lado, se dice que en realidad esta adhesión no fue más que una estrategia de campaña al no existir margen político para discrepar abiertamente del presidente de la república, al tiempo que se señala que los “100 pasos para la transformación” incluyen la creación de un modelo nacional de fiscalías, justicia federal y local y defensorías públicas, enfatizando también que en su último discurso en el Zócalo la entonces candidata habló sobre todo de una reforma para ampliar “el acceso a la justicia”.
Ambas posturas tienen bases objetivas para sostenerse pero, en breve, será la realidad la que dirima cuál prevalece. Por lo pronto, ya se anunció que la discusión se abrirá, con un discurso sobrio y responsable de la virtual presidenta electa, aunque llama la atención que el énfasis se haya puesto en dar a conocer la propuesta y la realidad del Poder Judicial, más que en debatir el contenido de la iniciativa con miras a su mejoría. Si a partir de septiembre esta propuesta se aprueba en sus términos, “sin cambiar una coma” a la propuesta del Ejecutivo, como parece demandar el todavía presidente y como amagan legisladores del partido en el poder, el mensaje no será positivo y el daño se habrá consumado.
Una nota final: es deseable que también dentro del Poder Judicial de la Federación estén a la altura del momento. Sería ideal que la judicatura ponga sobre la mesa, con sentido autocrítico, una propuesta de lo que sí debe modificarse —que sin duda es mucho— y que más que nunca se cuide a la institución. No es tiempo ni de descuidos ni de escándalos.
La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.
El año pasado, Hugo vio morir a un amigo en un vasto campo de batatas.
Su cuerpo sin vida quedó apoyado contra el neumático de un camión, uno de los pocos lugares donde había sombra en la granja donde trabajaban en Carolina del Norte.
“Lo obligaron a trabajar”, recordó Hugo. “Él seguía diciéndoles que se sentía mal, que se estaba muriendo. Una hora más tarde, se desmayó”.
Hugo, que no es su nombre real, ha pasado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos como trabajador agrícola migrante, un empleo remunerado generalmente con el salario mínimo o incluso menor y en el que las condiciones laborales pueden ser extremas.
La BBC aceptó utilizar un seudónimo porque expresó su preocupación de que pudiera sufrir represalias por hablar sobre el incidente.
Hugo salió de México en 2019 con una visa para trabajar en Estados Unidos. Dejó atrás a una esposa y dos hijos para perseguir el “sueño americano”, sin saber si regresaría o cuándo.
Su amigo, el que murió en la finca, se llamaba José Arturo González Mendoza.
Era la primera vez que Mendoza, de 29 años, viajaba a Estados Unidos por motivos de trabajo. Murió en sus primeras semanas en la finca en septiembre de 2023. También había dejado a su esposa e hijos en México.
“Venimos aquí por necesidad. Eso es lo que nos hace venir a trabajar y dejar atrás lo que más queremos, nuestras familias”, afirma Hugo.
Desde agricultores y procesadores de carne hasta cocineros y empleados de la construcción, los migrantes a menudo realizan trabajos peligrosos y las muertes en el lugar de trabajo suelen pasar desapercibidas para el público.
Sin embargo, durante el último año el tema ha estado en el centro de atención debido a múltiples muertes de alto perfil y a una crisis migratoria en la frontera que ha amplificado la retórica contra los migrantes.
Calor abrasador
El calor era intenso el día que murió Mendoza. Las temperaturas rondaban los 32°C. No había suficiente agua potable para los trabajadores y la granja sólo permitía un descanso de cinco minutos durante los turnos de una hora.
El único lugar para escapar del calor era un autobús sin aire acondicionado, que estaba estacionado en un campo abierto.
Estos detalles los recoge un informe del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, que multó a la granja Barnes Farming Corporation este año por sus condiciones de trabajo “peligrosas”.
El informe confirmó la muerte de Mendoza en la finca y mencionó que la gerencia “nunca” llamó a los servicios de salud ni brindó primeros auxilios.
En las horas previas a su fallecimiento, Mendoza “se sintió confundido, demostró dificultad para caminar, hablar y respirar, y perdió el conocimiento”, señala el reporte.
Otro trabajador agrícola finalmente llamó a los servicios de emergencia, según el informe, pero Mendoza sufrió un paro cardíaco y murió antes de que llegaran.
La representación legal de la granja dijo en un comunicado a la BBC que se toman “muy en serio” la salud y la seguridad de sus trabajadores y están impugnando las conclusiones del Departamento de Trabajo.
“Muchos de los miembros del equipo trabajaron en Barnes durante años y regresaron nuevamente para esta temporada de cultivo, debido al compromiso de la granja con la salud y la seguridad”, dijeron.
Pero Hugo no regresó. Dice que ahora trabaja para una empresa de soldadura.
“A muchos de nosotros nos pasan cosas malas”, dice. “Sé que a mí también me podría pasar”.
Muertes laborales
La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, seguida de la del transporte y la construcción, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.
A principios de este año, varias muertes consecutivas pusieron de relieve algunos de estos peligros.
Seis trabajadores latinoamericanos murieron en Baltimore cuando el puente que estaban reparando durante la noche se derrumbó a finales de marzo.
Semanas después, ocho trabajadores fallecieron cuando un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas mexicanos a los campos se estrelló en Florida.
En su intervención en la Convención Nacional Demócrata, el gobernador de Maryland, Wes Moore, recordó el incidente de Baltimore y rindió homenaje a los trabajadores que murieron “arreglando baches en un puente mientras dormíamos”.
Tanto Mendoza como Hugo tenían visas H2A, que les permitían trabajar temporalmente en la agricultura estadounidense. El número de trabajadores nacidos en el extranjero que dependen de este tipo de visas ha aumentado durante los últimos años.
Entre 2017 y 2022, los titulares de visas H2A se incrementaron un 64,7%, lo que equivale a casi 150.000 trabajadores.
Alrededor del 70% de los trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero y más de las tres cuartas partes son hispanos, según el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.
“La migración es la fuente clave de trabajadores para muchos empleos en Estados Unidos”, dice Chloe East, profesora de Economía de la Universidad de Colorado en Denver, quien es especialista en políticas migratorias.
“Sabemos con certeza que los trabajadores nacidos en el extranjero están aceptando este tipo de trabajos peligrosos que los estadounidenses no quieren”.
Esclavitud moderna
Una investigación federal de 2020 sobre trabajadores agrícolas con visa H2A en Florida, Texas y Georgia describió condiciones similares a la “esclavitud moderna”. Como resultado de la investigación, 24 personas fueron acusadas de trata, lavado de dinero y otros delitos.
“El sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentarán explotarlas”, dijo el fiscal federal interino David Estes en un comunicado de prensa en aquel momento.
Los migrantes que ingresan irregularmente al país pueden tener incluso menos protección si son contratados para trabajar, dicen los expertos. Y casi la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados, según el Centro de Estudios Migratorios.
“Los trabajadores migrantes indocumentados se concentran en los trabajos más peligrosos, arriesgados y poco atractivos en Estados Unidos”, advierte un artículo publicado en International Migration Review, una revista especializada en migración.
La producción de leche
Uno de los trabajos más peligrosos en la industria agrícola es la producción lechera.
Los riesgos incluyen la sobreexposición a productos químicos venenosos o maquinaria peligrosa. Los pozos de estiércol generan gases tóxicos mortales, que pueden causar ahogamiento.
Los animales también pueden ser una amenaza.
Olga, quien se mudó a Estados Unidos desde México cuando era adolescente, es una trabajadora migrante indocumentada de una granja lechera en Vermont. Ella asegura que vio a su hermana casi muerta mientras trabajaba.
“Básicamente, una vaca la pisoteó y ella estaba muriendo. Tenía la lengua fuera”, recuerda Olga.
La joven de 29 años dice que aunque el incidente dejó a su hermana con un brazo y dos costillas rotas, el administrador de la finca exigió que regresara al trabajo casi de inmediato.
No fue hasta que presentó una nota del médico que demostraba que su hermana no podía trabajar que “el jefe la dejó en paz”, dice Olga. Su hermana ya no trabaja en la agricultura.
Olga, sin embargo, todavía lo hace. Afirma que trabaja “12 horas al día, todos los días”. “No hay aumentos, no hay descanso y ni siquiera pagan a tiempo”, señala. “Te pagan cuando quieren”.
“Siempre nos atacan por ser migrantes”
A principios de este verano, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos implementó nuevas reglas diseñadas para hacer que las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas temporales sean más seguras.
Estas medidas incluyen protección frente a las represalias de los empleadores contra los trabajadores que se organizan para defender sus derechos y la prohibición de que los empleadores retengan los pasaportes y documentos de migración de los trabajadores.
Pero así como las autoridades han tratado de tomar medidas enérgicas contra el abuso de los migrantes, la retórica contra ellos, alimentada por debates políticos sobre niveles récord de migración irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México, se ha sumado a las dificultades que enfrentan.
En múltiples ocasiones, Donald Trump se ha referido a la migración irregular como una “invasión” y ha llamado “animales”, “narcotraficantes” y “violadores” a quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
“Me hace sentir triste, dijo Olga. “Deberían ver las condiciones en las que estamos para sobrevivir en este país”.
Las restricciones fronterizas promulgadas por el presidente Joe Biden en junio también pueden empeorar las condiciones de seguridad, dijo la profesora East.
La investigadora indicó que leyes migratorias más estrictas pueden hacer que los trabajadores tengan miedo de defender los protocolos de seguridad.
“La mayoría de la gente se queda callada porque tiene miedo de que se aprueben todas las leyes”, dice Hugo. “No te puedes quejar”.
Hugo afirma que últimamente ha notado más discriminación y recuerda una experiencia reciente en la que el dueño de una tienda se negó a venderle agua porque tenía dificultades para hablar inglés.
“La gente nos trata mal”.
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