La desaparición de personas en México, una crisis con diversos rostros

A inicios de este año, la desaparición del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrientos, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, sacudió a la comunidad estudiantil, comunidad jesuita en México y a la población en general. Durante su testimonio, en conferencia de prensa, Leonardo relató que tras llegar al aeropuerto Internacional de Monterrey para realizar una escala hacia la Ciudad de México, fue estigmatizado y llevado a una celda en el municipio de Apodaca por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo golpearon provocándole severas lesiones; permaneció ahí durante 36 horas y, tras ser liberado, fue despojado de sus pertenencias, inadmitido por el aeropuerto, orillado a una situación de calle y luego llevado por una clínica de rehabilitación, hasta que favorablemente fue localizado y volvió con su familia el 16 de enero.

Los hechos enfrentados por el Dr. Escobar Barrientos demuestran las múltiples violencias a las que puede estar expuesta una persona en tránsito en nuestro país —más severamente para aquellas que cruzan el territorio—, y las dificultades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Lo que vivió el Dr. Escobar Barrientos no fue aislado. Forma parte de una crisis estructural que suma más de 133 mil personas desaparecidas. También de la falta de aplicación de controles a las fuerzas de seguridad y en particular de la Guardia Nacional en sus tareas de seguridad pública y migratorias.

Un tema inicial, como ha sido denunciado por la propia Ibero Puebla y en el testimonio del Dr. Escobar Barrientos, es que su detención -que duró al menos 36 horas- nunca fue registrada conforme a lo establecido en la Ley del Registro Nacional de Detenciones. La exigencia de un registro inmediato ante una detención por cualquier fuerza de seguridad tiene como antecedente evitar detenciones arbitrarias, la incomunicación de personas y otras posibles violaciones a derechos humanos cometidas al no garantizar protecciones jurídicas claras. La denuncia de que el académico sufrió lesiones graves durante su detención se vuelven más relevantes ante la decisión de la institución castrense y la policía local de no registrar la detención y de negar cualquier vulneración de derechos sin haber cooperado previamente con la investigación.

Adicionalmente, los hechos dan cuenta de múltiples retos y pendientes de las políticas de búsqueda. En particular, la urgente y necesaria coordinación entre las instituciones de búsqueda e investigación, para que —contrario a lo que se espera al centrar los esfuerzos en consolidar una Base de Datos de Carpetas de Investigación— ante un reporte de desaparición se activen todas las acciones de búsqueda inmediata, pues son las primeras horas después de un reporte las más relevantes. Los hechos también dan cuenta de las imposibilidades que muchas familias —en particular de personas en movilidad o migrantes— tienen para interponer denuncias o reportes en la compleja red institucional de una federación.

Finalmente, los hechos de movilización impulsados por la denuncia de la desaparición de Leonardo Escobar deben también llevarnos a reconocer la labor de múltiples buscadoras de personas migrantes en el país, quienes han enfrentado a lo largo de los años estos y otros tantos obstáculos en la búsqueda de sus seres queridos en tránsito por México.

Hoy, sumados a familiares de personas desaparecidas -en particular aquellas en  movilidad-, colectivos de búsqueda, múltiples organizaciones civiles y organismos internacionales seguimos señalando que la crisis de desaparición sigue siendo un enorme reto para este año. Los anuncios sobre la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el intento de limitar la categoría de desaparecidas a únicamente las personas que cuentan con carpeta de investigación, conlleva un riesgo para la invisibilización de muchos casos, en particular las de personas migrantes. Bajo ningún motivo reducir cifras es la solución a la crisis. Se deben de impulsar acciones que atiendan los diversos fenómenos y contextos para su adecuada prevención y erradicación. El caso del Dr. Escobar Barrientos, como muchos otros y los de cientos de familias no pueden dejar de tener un rostro. La magnitud de la crisis nos exige acciones igualmente amplias y robustas, hasta encontrarles a todas, hasta encontrarles a todos.