Fentanilo: el chivo expiatorio en la relación bilateral entre México y Estados Unidos
El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, marcando un retroceso en la agenda de derechos humanos y una intensificación de políticas más conservadoras. Este retroceso ocurre en medio de una crisis existente y el ascenso de gobiernos ultraderechistas a nivel global. Dicho patrón se refleja en un discurso marcado por una fuerte oposición a la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y una retórica antiinmigrante.
En el ámbito bilateral, la administración de Trump ha enfatizado una política antidrogas más agresiva hacia México, con especial atención en detener y combatir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La insistencia en frenar el tráfico de fentanilo mediante la imposición de aranceles y la solicitud del despliegue de tropas en la frontera refleja una tendencia en la relación bilateral que ha persistido durante décadas.
En las últimas décadas, Estados Unidos ha influido considerablemente en la política antidrogas mexicana, y la crisis actual del fentanilo no es una excepción. Aunque la Casa Blanca señala al fentanilo como una amenaza inminente, es importante diferenciar los problemas de fondo que plantea este nuevo fenómeno.
Estados Unidos enfrenta una crisis de opioides que no se explica únicamente por el tráfico de drogas, sino también por factores internos como una economía desacelerada, el resquebrajamiento del tejido social y la falta de acceso a servicios de salud, aunado a un alto consumo de medicamentos opioides recetados. De igual modo, un elemento frecuentemente ignorado es el flujo masivo de armas desde Estados Unidos hacia México, que exacerba la violencia y desestabiliza la región.
En México, el uso de fentanilo de producción ilícita no es elevado en comparación con otros países, e incluso el acceso en el ámbito médico es limitado. La crisis que experimentamos responde principalmente a la violencia generada por políticas de mano dura y militarización destinadas a combatir el tráfico de drogas.
La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido a esta situación con medidas que incluyen la prevención y atención de las causas, el refuerzo de la inteligencia para detener el flujo de fentanilo y combatir al crimen organizado. Estas acciones también han contemplado la extradición de líderes criminales hacia Estados Unidos.
En medio de esta creciente tensión, y a pesar de los esfuerzos de cooperación bilateral, persisten grandes dudas sobre las medidas que ambos gobiernos están adoptando. La crisis del fentanilo refleja problemas estructurales más profundos en la relación entre México y Estados Unidos.
A nivel internacional, las políticas más progresistas en materia de drogas sugieren avanzar hacia un enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos, en lugar de continuar con la criminalización y la estrategia de guerra contra las drogas.
Un ejemplo concreto de este cambio se materializa en la 68.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés), donde se logró una votación que plantea la revisión del marco actual para fortalecer el sistema de fiscalización internacional. Este hecho marca el inicio de una nueva conversación que podría redefinir el futuro de la política de drogas e influir también en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
En este contexto, México debe desarrollar una política de drogas propia, basada en la realidad nacional y enfocada en la salud pública, privilegiando la información veraz sobre el alarmismo. Esto implica fortalecer los servicios de salud, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y reforzar la reducción de daños. Además, es urgente atender la deuda histórica de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo políticas de mano dura, como en el lamentable caso de Teuchitlán, Jalisco.
Desde el Instituto RIA, buscaremos aportar insumos para una discusión informada que contribuya a mejorar y actualizar las políticas públicas sobre drogas dentro de un marco de derechos humanos, justicia social y salud pública.
* Monserrat Angulo es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2022, fue galardonada con la medalla al mérito universitario “Dr. Gustavo Baz Prada” por su participación en un programa de servicio social de alto impacto. Monserrat ha colaborado con instituciones, plataformas internacionales y organizaciones civiles. Actualmente, es responsable de incidencia del Instituto RIA. Julia Anguiano es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). Ha participado en proyectos de investigación con el Programa de Política de Drogas, sobre salud mental, sexual y uso de sustancias psicoactivas; y en proyectos de incidencia para la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Está interesada en la reducción de la militarización y la violencia producida por el prohibicionismo de las drogas y en la comprensión del uso de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de género, clase y de derechos humanos. Actualmente es Responsable de Investigación en Instituto RIA.
El texto, tan antiguo como Estados Unidos, fue promulgado para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Según expertos consultados por BBC Mundo, este instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse.
De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la “megacárcel” de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EU dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes “la oportunidad de impugnar su expulsión”, algo que no ocurrió en marzo.
“La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
Un arma para tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EU se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unios estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EU del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EU NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EU mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6 mil “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EU registró a 480 mil “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6 mil 300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EU.
Fue así como más de 30 mil personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EU”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EU, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EU para determinar que sí lo eran.
Polémica servida
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EU”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
*Con investigación de Cristina J. Orgaz
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