En el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLEAR LAC, nos dedicamos a promover la mejora de las políticas públicas mediante programas de formación en monitoreo y evaluación, investigación aplicada y difusión del conocimiento. CLEAR es una red global con seis centros en Asia, América y África, que promueve  la toma de decisiones basadas en evidencia; buscamos que los gobiernos y las organizaciones mejoren su desempeño y logren mejores resultados para el beneficio de la población.  CLEAR LAC es parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde  2012. 

Evaluación y decisiones

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Diciembre es siempre un mes de reflexión, de lo que hicimos en el año, del rumbo que tomó nuestra vida en los meses precedentes tanto personal, como profesionalmente. Consideramos lo que aprendimos, aprovechamos y dejamos de lado: nuestros logros y fracasos. En resumen, hacemos una autoevaluación que generalmente nos ocupa la mente y que, si la tomamos con seriedad, orientará nuestras acciones para mejorar en el siguiente ciclo. A propósito del décimo aniversario de CLEAR LAC en 2022, este texto es una reflexión de qué es este centro, cuáles son sus principales líneas de acción, cuáles han sido sus logros, retos y oportunidades. Y finalmente una argumentación sobre la importancia de defender una investigación aplicada independiente, libre y honesta para el avance de la ciencia y la hechura de políticas públicas orientadas hacia la resolución de los grandes problemas públicos.
EL Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC, por sus siglas en inglés) ha sido desde 2012 un centro de vinculación (una figura nueva) en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y desde 2021 también forma parte de la Iniciativa Global en Evaluación. Este es uno de seis CLEARs, cada uno instalado en regiones en desarrollo, su objetivo es formar capacidades para la construcción o fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación robustos y que funcionen para que las políticas públicas dejen de ser sólo ocurrencias del gobierno en turno y se transformen en herramientas de gobierno influidas por la investigación y la evidencia y cumplan debidamente con sus objetivos.
Los CLEARs se financian con donativos internacionales y de solicitudes de capacitación y evaluación de personas, diversas organizaciones gubernamentales e internacionales. Durante los casi diez años de existencia, con estos recursos, que no provienen presupuesto adicional del gobierno mexicano, CLEAR LAC ha llevado a cabo más de 20 diplomados, y decenas más de cursos especializados en monitoreo y evaluación, con la participación de más de más de 2,000 estudiantes de más de 80 países; ha producido más de 20 publicaciones especializadas y múltiples evaluaciones de programas importantes del gobierno federal mexicano (e.g., Programa Nacional de Becas, Becas Benito Juárez, Estancias Infantiles, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PROGRESA, etc.); además, diversos trabajos para gobiernos estatales, gobiernos nacionales en diversos países de la región, incluyendo países del Caribe, también ha ayudado al fortalecimiento de asociaciones profesionales de evaluadores.
Pero más importante que los informes, reportes y números de programas y capacitados son los cambios que hemos observado. Como instancia dedicada a la evaluación, recopilamos información antes, durante y después sobre el aprendizaje, la aplicación de conocimientos y el valor agregado de los estudios realizados para las organizaciones. Estos datos nos indican que ha habido resultados muy positivos. No quiero decir con ello que no hayamos visto reveses, sobre todo en los últimos años. Esto se debe sin duda a la naturaleza misma de los ciclos políticos. Sin embargo, el reconocimiento internacional que ha ganado CLEAR LAC es muestra de la calidad e influencia del trabajo realizado.
Toda esta labor ha sido posible gracias a la participación de profesores investigadores del CIDE, de cátedras CONACYT y otras universidades, y del dedicado trabajo de un grupo creciente de jóvenes egresados del CIDE y de otras universidades públicas y privadas que conforman el corazón de CLEAR LAC. Somos un centro relativamente pequeño; a pesar de esto nuestra influencia regional se ha incrementado sustancialmente a lo largo de los años, gracias a una estrategia de vinculación y comunicación que se ha fortalecido. Vale también aquí reflexionar sobre los retos que enfrentamos, menciono dos. Primero, ha sido imposible incorporar formalmente al equipo del CLEAR LAC, dadas las restricciones gubernamentales, a plazas del CIDE, a pesar de que los recursos autogenerados por CLEAR LAC serían suficientes para financiarlas; otro es que somos una instancia con un mandato regional para lo cual se necesitaría contar con mayores recursos humanos y financieros.
Para el desarrollo del trabajo de CLEAR LAC hemos realizado investigación científica independiente de manera rigurosa, cualitativa y cuantitativa, trabajo de campo visitando comunidades marginadas, diseñado y probado instrumentos para la recolección de información, dialogado con operadores, funcionarios públicos y beneficiarios, aplicado criterios de evaluación claros y transparentes, desarrollado programas docentes presenciales y a distancia aplicando enfoques pedagógicos adecuados y, sobre todo, lo hacemos convencidos de que la evaluación es una fuerza de cambio y de transformación para las políticas públicas. La evaluación es la valoración de intervenciones o programas, con estándares definidos sobre los objetivos establecidos por los propios programas. ¿Se logró atender a la población en problemas? ¿Aumentó el bienestar? ¿Mejoró la calidad educativa?, etc. Contestar estas preguntas de manera imparcial, honesta y veraz es parte intrínseca de nuestra labor, es nuestro ethos. El CIDE ha proporcionado en estos casi diez años un espacio independiente y libre, sin ninguna presión para sesgar los resultados de las evaluaciones que realizamos. Mi deseo para este 2022 es que CLEAR LAC pueda continuar su labor, fortalecido con una comunidad académica vibrante, independiente y libre.
* Gabriela Pérez Yarahuán (<a href="https://twitter.com/gabypyarahuan" target="_blank" rel="noopener">@gabypyarahuan</a>) es directora regional de <a href="https://twitter.com/Clear_Lac" target="_blank" rel="noopener">@CLEAR_LAC</a>, doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y profesora investigadora asociada del <a href="https://twitter.com/CIDE_MX" target="_blank" rel="noopener">@CIDE_MX</a>.

CLEAR LAC y la importancia de la investigación independiente en el CIDE

Existen muchas visiones sobre qué es una teoría de cambio y cuál es su propósito. Unos entienden la teoría de cambio como una herramienta de planeación, otros como un instrumento de seguimiento y algunos más como la representación gráfica del camino de una organización hacia sus objetivos. Ciertamente, una teoría de cambio puede reunir todos los significados antes aludidos. Sin embargo, la teoría de cambio también tiene una función narrativa que contribuye a consolidar la identidad y propósito de las organizaciones.
En los cursos de project management y monitoreo y evaluación suele existir una confusión de narrativas. Cuando se aprende sobre la teoría de cambio muchas veces es difícil distinguirla de la cadena de resultados básica que presenta una secuencia incremental y causal esperada desde los insumos hasta el fin de un proyecto. Aun cuando la cadena de resultados es una narrativa potente que presenta los pasos lógicos para alcanzar resultados y objetivos, deja mucho de lado porque se enfoca en la capacidad de acción del proyecto. Su propuesta suele ser abstracta y reduccionista. Puede ser abstracta porque, por lo general, presenta solamente aquellas cosas que caen dentro del ámbito de acción del programa o proyecto. Puede considerarse reduccionista, consecuentemente, porque suele ser ciega ante su contexto y al lugar que ocupa el proyecto en él. A continuación, ofreceré tres consideraciones para elaborar teorías de cambio con narrativas comprensivas y liberar su potencial transformador.
1. Narrativa sociológica
En términos narrativos, la cadena de resultados cuenta la historia del cambio desde la perspectiva del proyecto. La cadena de resultados ofrece una visión exclusiva del ámbito de acción del proyecto. Por el contrario, la teoría de cambio puede ofrecer una narrativa sistémica compuesta de una multiplicidad de relaciones entre actores involucrados, una variedad de caminos para alcanzar fines, ilustrar potenciales obstáculos y visibilizar oportunidades de colaboración.
La teoría de cambio nos invita a pasar de una narrativa subjetiva-organizacional a una sociológica. La visión sociológica de la teoría de cambio debe apreciar el sistema donde se desenvuelve el proyecto. Un sistema se compone de una multiplicidad de relaciones e interacciones posibles entre diferentes actores en torno a un fin. Algunos actores participan en el sistema de forma pasiva, otros pueden ser rivales y otros más pueden complementarnos. Tener una visión clara de la posición de los actores respecto a la finalidad de nuestra organización puede ayudar a encontrar alianzas y a trazar diferentes caminos hacia nuestros objetivos.
El éxito de las narrativas depende de su capacidad para describir el contexto y la posición que ocupa una organización en él. La teoría de cambio es un proceso mediante el cual una organización entiende su contexto de acción, se ubica en él y, partir de esto, planea su rumbo.
2. Proceso cocreativo 
La teoría de cambio narra la historia no desde el yo, sino desde el nosotros. El verdadero potencial trasformador de una teoría de cambio depende de su capacidad para ofrecer miradas alternativas sobre un proyecto y una visión abarcadora de su entorno. Un aspecto para considerar cuando se desarrolla una teoría de cambio es, entonces, que depende de un proceso participativo capaz de captar distintos puntos de vista sobre las acciones de un proyecto y de ilustrar su contexto de manera detallada. La teoría de cambio, en otras palabras, es producto de un proceso cocreativo.
En este sentido, es de suma importancia incorporar a diferentes actores que forman parte de la organización y, en diferentes etapas de desarrollo, a actores externos. Los primeros pueden ampliar la visión sobre la capacidad de incidencia de la organización sobre su entorno. Muchas veces, las capacidades de las organizaciones no son aprovechadas al máximo porque no todas las áreas comprenden el trabajo del resto. La teoría de cambio abre un espacio de comunicación interna orientado por la contribución a la misión organizacional. En este espacio pueden encontrarse posibles sinergias hasta antes desapercibidas. La participación de actores externos puede ser útil para ampliar el conocimiento del entorno y para conocer cómo otras organizaciones entienden el trabajo de nuestro proyecto. Un actor externo a considerar son los beneficiarios o usuarios finales de los productos o servicios que ofrece nuestro proyecto.
3. Fortalecimiento de la identidad organizacional
Todos tenemos una identidad propia conformada por las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Las organizaciones en las que colaboramos también. Estas historias también tienen implicaciones en la manera como nos relacionamos con los demás y en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Las narrativas de las organizaciones exitosas tienen la capacidad de cohesionar al equipo de trabajo y establecer un marco de sentido para las acciones de sus integrantes.
El proceso de elaboración de una teoría de cambio no solamente es parte de la planeación estratégica orientada a fines, sino que el ejercicio mismo genera un sentido de pertenencia e identidad colectiva. Cuando integrantes de una organización tienen la oportunidad de expresarse y de entender con los demás cómo su trabajo contribuye al logro de objetivos, el sentido de pertenencia al grupo se ve fortalecido y, consecuentemente, la identidad organizacional también.
La teoría de cambio es una herramienta de planeación entre muchas otras. Si se desarrolla de manera adecuada, puede ofrecer una mirada abarcadora de nuestros proyectos mediante una narrativa sociológica. Permite involucrar a una variedad de integrantes al equipo de trabajo, incluso a externos, para robustecerse y para fortalecer la pertenencia al equipo de trabajo.
Es importante destacar que existen otras herramientas que complementan a la teoría de cambio. La matriz de marco lógico, por ejemplo, es una herramienta potente para planear y monitorear proyectos pues presenta una batería de indicadores lógica e incrementalmente concatenados. La facilidad para incorporar y ordenar indicadores es una fortaleza de la matriz de marco lógico sobre la teoría de cambio. Sin embargo, dado que la matriz de marco lógico se asoma al contexto del proyecto por medio de sus supuestos, una teoría de cambio robusta debe ser la base de una matriz de marco lógico realista. De esta manera, la narrativa sociológica puede ser la base firme de un proyecto.
* Emil Salim Miyar (<a href="https://twitter.com/EmilSalimMiyar" target="_blank" rel="noopener">@EmilSalimMiyar</a>) es coordinador de capacitación y comunicación del CLEAR LAC.

La teoría de cambio como narrativa transformadora

En 2015 escribíamos el informe de Uruguay para la publicación Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina,<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> y lo titulábamos «Pequeños pasos, grandes movimientos». Uruguay estaba en pleno proceso de consolidación de un sistema que parecía que perduraría. Estábamos muy entusiasmados, ya que desde los orígenes de la red de evaluadores y evaluadoras promovíamos una cultura de evaluación, por entenderla indisolublemente ligada a la calidad democrática.
En esa dirección, desde el organismo correspondiente se realizó en mayo de 2016 un taller de desarrollo de capacidades en monitoreo y evaluación y en setiembre de 2017 un plan nacional de desarrollo de capacidades para el monitoreo y la evaluación (DCME). Sin embargo, en el contexto de hoy, aquel informe habría que titularlo «Pequeños movimientos, grandes pasos».
En el año 2020, la ley 19889, en su artículo 305, creó la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, y ello significó un gran paso para el sistema de evaluación en Uruguay, donde no existe una normativa que regule la evaluación del conjunto de la política pública a nivel nacional. Así, con la creación de la Agencia es posible pensar que toda la normativa dispersa logrará formar un ecosistema de evaluación que nos permitirá alcanzar mejores resultados en el mediano plazo.
Sin embargo, existe una legislación que atribuye poderes de evaluación a algunas agencias estatales. Este es el caso de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEEd), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la propia agencia recientemente creada en el ámbito de la Presidencia de la República.
Cada organismo prioriza el desempeño de la evaluación en sus áreas de especialización, y la OPP, como organización transversal, además de realizar evaluaciones trabaja en la institucionalización y promoción de una cultura estatal de evaluación.
La Agencia se constituye así con el cometido principal de «realizar el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas que fije el Poder Ejecutivo, como forma de maximizar la eficiencia administrativa, a cuyo efecto actuará con autonomía funcional e independencia técnica».
Si bien es un gran paso, nos resulta de todas formas insuficiente centrar el cometido en la maximización de la eficiencia administrativa. La calidad del gasto es sin dudas un enfoque de gestión pública a seguir, pero la eficiencia administrativa no debe estar en el centro de la evaluación. Lo importante en una evaluación son tanto los procesos como sus resultados, y obviamente estos deben obtenerse con una buena gestión de los recursos.
Compartimos con CIPPEC que las agencias especializadas en la evaluación de políticas públicas constituyen, sobre todo, una oportunidad para mejorar las capacidades estatales y construir políticas de calidad a largo plazo. Las evaluaciones deben generar conocimiento y aprendizajes sobre lo que funciona bien y lo que no; para tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas. Porque el centro de las políticas públicas y, por ende, el centro de la evaluación, tiene que estar orientado a la calidad democrática y a la calidad de vida de las personas.
Y nos resulta cuestionable, por decir lo menos, que se haga referencia a la autonomía funcional e independencia técnica cuando la dirección de la agencia es nombrada por el presidente de la República. Existen muchos modelos, pero, para que una agencia de evaluación sea creíble, debe ser realmente independiente.
Al ser extremadamente insuficiente la práctica de la evaluación, tiene poco sentido hablar de su enfoque de género o de derechos y, mucho menos, hablar de la participación de las organizaciones de la sociedad civil tanto en el diseño como en el seguimiento y la evaluación de las políticas, pero estos asuntos no pueden quedar por fuera de la agenda de la nueva agencia.
Por lo dicho, suena muy bien contar con una agencia. Lamentablemente no tiene definida aún una forma operativa ni está reglamentado su funcionamiento. Un gran paso, pero pocos movimientos que den claridad hacia dónde se encamina la evaluación de políticas públicas en el Uruguay.
Como dice el Maestro Tabárez, director técnico de la selección de futbol de Uruguay, el camino es la recompensa. ¿Será este el caso? ¿Lograremos en Uruguay mejorar la calidad democrática, la calidad de vida de las personas, haciendo evaluaciones de calidad? ¿Será este camino (algo sinuoso) lo que nos lleve a ese lugar?
Ya ha pasado más de un año desde la creación de la agencia y al momento se han dejado de realizar evaluaciones; esta agencia aún no está operativa y son muy pocos los movimientos que se ven. Apenas se ha designado su dirección ejecutiva. Es hora de actuar.
* Leopoldo Font es Vicerrector de Desarrollo de la Universidad CLAEH, coordinador de la Red uruguaya de evaluadores y evaluadoras y profesor de la Universidad de la República. Es miembro de la UIM. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la ReLAC. Editor asociado de <a href="http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/issue/view/30" target="_blank" rel="noopener">Cuadernos del Claeh N°112 que tuvo como temática, justamente, «Evaluación y desarrollo sostenible»</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://dds.cepal.org/redesoc/archivos_recursos/4440/Panorama_completo.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

¿Será cierto, como dice el Maestro Tabárez, que el camino es la recompensa?

En algún lugar escuché decir que las políticas públicas se hacen en gerundio, pues están en constante transformación y cambio. Esto se debe a que una política pública, en su definición más básica, es una intervención deliberada de las instituciones del Estado que aspira a resolver los problemas públicos. En nuestra sociedad, donde hay tantas definiciones del problema como hay distintas interpretaciones de los actores involucrados, el proceso de toma de decisiones para los hacedores de políticas públicas no es una labor sencilla. Ahora habría que agregarle a la mezcla los ingredientes de la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y la ambigüedad de los últimos años para sacar del horno un verdadero caos culinario y social.
No hay nada más inquietante que encontrarse en un presente que nada se parece al pasado que ya conocemos, ya sea por experiencia propia o a través de lo que leemos en los libros de historia. En este aspecto,<a href="https://hbr.org/2020/07/learning-from-the-future" target="_blank" rel="noopener"> Scoblic (2020)</a> asegura que cuando nos encontramos frente a frente con una situación de incertidumbre marcada por la novedad que, por definición, carece de antecedentes, no hace sentido mirar hacia atrás en el tiempo en busca de pistas sobre el futuro; en los límites de la experiencia debemos buscar el juicio en otra parte. Ahí es donde entra la prospectiva estratégica.
La prospectiva estratégica, en pocas palabras, es una disciplina que se ocupa del futuro a través de la anticipación, la previsión, la acción, el conocimiento y el consenso para la toma de decisiones, permitiendo disminuir la incertidumbre frente a las complejidades actuales y, por otro lado, encontrando ciertas tendencias que ayuden a la planificación y la anticipación de estrategias <a href="https://revistaepe.utem.cl/articulos/la-prospectiva-en-la-construccion-local-de-politicas-publicas/" target="_blank" rel="noopener">(Aceituno, 2014)</a>. Al hablar de prospectiva estratégica e incertidumbre no podemos omitir mencionar el nombre de Nassim Nicholas Taleb, quien desarrolló la teoría del Cisne Negro: un suceso inesperado o sorpresivo, que implica un impacto extremo en nuestro entorno y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección. Al respecto, el autor recomienda ajustarnos a la existencia de los Cisnes Negros en lugar de ingenuamente intentar predecirlos y tratar de reconocer las oportunidades que se presentan como Cisnes Negros.
De tal modo que el objetivo de la prospectiva estratégica no es predecir el futuro, sino hacer posible imaginar múltiples futuros con el fin de percibir, prepararnos y adaptarnos a lo que ocurra en los próximos años. La existencia de Cisnes Negros en una sociedad que suele pensar y preparase solamente para Cisnes Blancos, es decir, eventos de los cuales tenemos altos niveles de certeza y claridad, ha abierto la puerta a que se use la prospectiva estratégica como una herramienta para el diseño y la gestión de política pública. En tal sentido, según <a href="https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4689-prospectiva-y-politica-publica-para-el-cambio-estructural-en-america-latina-y-el-caribe" target="_blank" rel="noopener">Medina, Becerra &amp; Castaño (2014)</a>, “la prospectiva ofrece a la planificación estratégica la posibilidad de concebir alternativas de futuro y comprender las grandes transformaciones de la sociedad, para no limitarse simplemente a reproducir la misma acción gubernamental tendencial, rutinaria o reiterativa que por lo general no produce resultados ni satisfacción entre los ciudadanos”.
De acuerdo con estos autores, la prospectiva estratégica presenta la oportunidad de explorar las consecuencias futuras que tendrán las decisiones que se tomen en el presente y la provisión de marcos de referencia para que los tomadores de decisiones cuenten con inteligencia estratégica y una perspectiva holística e integral de los problemas sociales. Además, facilita la creación de consensos y procesos de inteligencia colectiva para definir y experimentar nuevas configuraciones institucionales, adaptadas a un entorno complejo.
En última instancia, la prospectiva cumple con una función democratizadora, pues no provee solamente instrumentos para la acción gubernamental. Permite a la sociedad civil definir las opciones para convertirse en diseñadora y constructora dinámica de su propio futuro. Esto implica una apropiación colectiva y ciudadana del futuro, lo que hace más sostenibles las decisiones que se tomen y el uso de los recursos colectivos.
De cara a uno de los problemas más graves de nuestros tiempos, el calentamiento global y la crisis medioambiental, el mundo se encuentra en una transición tecnológica, económica y política hacia un futuro que sea verde, limpio y sostenible. En este sentido, la transición energética a través de fuentes renovables se ha vuelto un tema prioritario en la agenda y <a href="https://www.mexicoevalua.org/pemex-en-las-antipodas-de-la-transicion-energetica/" target="_blank" rel="noopener">empresas como Shell</a> ya se han empezado a diversificar hacia el sector de las renovables, con la adquisición de proyectos eólicos y solares en 2019. De hecho, el <a href="https://reports.shell.com/sustainability-report/2011/servicepages/previous.html" target="_blank" rel="noopener">informe de sostenibilidad de Shell de 1998</a> fue uno de los primeros reconocimientos por parte de una corporación energética grande del desafío del cambio climático.
En las últimas semanas, el tema de la contrarreforma energética ha sido el encabezado de muchas notas y el centro de muchos debates, y aunque la crisis del calentamiento global no es ningún Cisne Negro, puesto que muchos científicos y expertos nos han advertido del problema desde hace varias décadas, parecería que tampoco es un Cisne Blanco por la falta de estrategias claras en materia de cambio climático hacia una transición energética.
En el ánimo de aprender o reaprender de las funciones ciudadanas y de la función política en su sentido más noble, valdría la pena no solamente cuestionar las decisiones de nuestro gobierno en torno a la contrarreforma, sino investigar, analizar y hacer un ejercicio de prospectiva donde imaginemos y nos preparemos para los futuros que podrían ocurrir, y no solamente para aquellos futuros que deseáramos ocurrieran. “La trampa de tener un futuro “bueno” frente a uno “malo” es que no hay nada que aprender en el cielo, y nadie quiere visitar el infierno” (<a href="https://hbr.org/2013/05/living-in-the-futures" target="_blank" rel="noopener">Wilkinson y Kupers, 2013)</a>.
* Verónica L. Aldana Acosta (<a href="https://twitter.com/VeroLAldana" target="_blank" rel="noopener">@VeroLAldana</a>) es Gerente de Adquisiciones en la Coordinación de Administración de <a href="https://twitter.com/Clear_Lac" target="_blank" rel="noopener">@CLEAR-LAC</a>.

¿Cisne Negro o Cisne Blanco? La prospectiva estratégica en el diseño y gestión de política pública

La prospectiva estratégica en el diseño y gestión de política pública

Con el objetivo de garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos y avanzar en el logro de la Agenda 2030, la evidencia demuestra que es fundamental diseñar estrategias para impulsar fuentes de energía sostenibles. La administración federal actual (2019-2024) ha cambiado las prioridades anteriores de apoyar un mercado eléctrico competitivo y dar preferencia a las fuentes de energía renovable (FER) y ha optado por regresar el control de la industria energética al gobierno. Sin embargo, las FER no convencionales en México han logrado avances importantes durante los últimos años, llegando a aportar el 10% de la generación total de energía eléctrica en 2019.
Estas fuentes de energía renovable no convencionales son aquellas cuyas fuentes de generación de energía no incurren en el agotamiento de su fuente generadora. En el caso de la bioenergía, ésta contribuyó con el 0.54% del suministro total. La bioenergía es la energía obtenida a partir de la transformación química de residuos biológicos mejor conocidos como biomasa, la cual se puede convertir en electricidad de varias formas. El método más utilizado en México es la combustión directa, seguido de la generación de biogás para combustión o electricidad. A pesar de esta oportunidad, la alternativa de transformar el biogás en biometano (BM) y venderlo a las centrales eléctricas actuales y futuras que usan gas natural (GN) no se ha implementado en el país.
El GN es el principal combustible utilizado para la generación de electricidad en México y el país importa más de la mitad del GN requerido para satisfacer la demanda interna, el sector eléctrico siendo su principal usuario. Esta dependencia del GN extranjero podría aliviarse mediante la producción nacional sostenible de BM, el cual podría utilizar la misma infraestructura que el GN y almacenarse en cavernas de sal y acuíferos, lo cual no implicaría descomunales costos de inversión. En este sentido, el BM se diferencia de otras FER porque competiría con el GN importado en lugar de competir con la generación eléctrica nacional. A pesar de esto, los costos de producción conocidos de BM en México siguen siendo muy altos, a diferencia de lo sugerido por las proyecciones de precios del GN en el mercado, las cuales son significativamente más bajas para los próximos años. Sin embargo, la evidencia sugiere que las nuevas industrias de energía renovable reducen significativamente los costos de procesamiento a mediano y largo plazo.
En este contexto, Núñez (2021) realiza un análisis prospectivo de los impactos en el bienestar y el medio ambiente de diferentes políticas para incentivar la producción nacional de BM a partir de residuos urbanos para sustituir parte del GN usado por centrales eléctricas. También, compara los resultados de dichas políticas con los obtenidos bajo la política actual. Por un lado, las políticas alternativas consisten en un impuesto al gas natural por las emisiones de carbono y por otro, un mandato de mezcla mínimo de BM en el GN. El objetivo de este análisis busca generar evidencia que pueda ser utilizada para diseñar estrategias de política pública que puedan impulsar un sistema energético sostenible y contribuir al logro del ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
Los resultados muestran que, bajo la política actual, no habría producción de BM y México seguiría importando la mayor parte del GN total requerido para el sector eléctrico. Esto reflejaría el valor que el gobierno otorga a los ingresos de la compañía eléctrica nacional, que es el principal consumidor de GN, y la baja prioridad otorgada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo una política de mandato de mezcla, habría producción y demanda de BM, mayor bienestar social en parte debido a los beneficios ambientales; pero la producción sería limitada porque los productores no podrían cubrir los costos de una producción a gran escala. En el escenario de la política de impuesto al carbono, la demanda total de GN sería la más baja, mientras que la generación y demanda de BM aumenta y alcanza el nivel más alto de los tres escenarios: hasta un 2.8% de la demanda total proyectada de la mezcla GN/BM en el país.
En conclusión, la evidencia generada sugiere que implementar un impuesto al carbono generaría el mayor bienestar social total, incluyendo los mayores beneficios ambientales, a pesar de que los productores locales de GN obtendrían bajos excedentes económicos debido a dicho impuesto. Es importante señalar que las externalidades debidas a las emisiones de carbono por el consumo de GN y la disposición de residuos urbanos sin darle ningún valor agregado son justificaciones clave para la intervención del gobierno mexicano en el mercado de electricidad basado en GN. De esta forma, el uso de BM doméstico no solo podría llegar a generar alrededor de 6.000 GWh al año, sino se constituiría en una pieza clave para incentivar diferentes sectores económicos debido a la construcción de las plantas de BM y la creación de empleo, tanto para dicha construcción como para su operación, donde en este último caso se trata de generación intensiva y permanente de nuevos empleos. Por lo tanto, es primordial que cualquier política que implemente el país para promover el mercado de BM sea considerada sostenible.
* Héctor Núñez (<a href="https://twitter.com/hectornunezam" target="_blank" rel="noopener">@hectornunezam</a>) es Profesor Investigador Titular en el Departamento de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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Referencia
Nuñez, H. (2021). Biomethane for electricity in Mexico: A prospective economic analysis. Economics of Energy &amp; Environmental Policy. 10(2): 197-213

El biometano como alternativa para un sistema energético sostenible en México

Cuando una persona se encuentra en sus primeros años de formación es probable que no entienda por qué le dicen que no debe mentir. Es en este momento que alguien decide contarle la historia sobre un joven llamado Pedro que, por querer gastar una mala broma a la gente de su pueblo, fue emboscado por un lobo y perdió a tres de sus ovejas. Es común que nos cueste trabajo entender el significado de ciertas acciones a una corta edad, pero por medio de una moraleja, como la de Pedro y el Lobo, es más sencillo comprender que decir la verdad o mentir tiene diferentes consecuencias en nuestra vida.
No solo en la niñez las historias son importantes para darle sentido al mundo que nos rodea y da coherencia a una serie de sucesos. Por ejemplo, puede bastar una <a href="https://front.animalpolitico.com/evaluacion-y-decisiones/la-maquina-del-tiempo-de-las-politicas-publicas/" target="_blank" rel="noopener">analogía</a> sobre la evaluación de impacto y la película Volver al Futuro para que una audiencia no especializada en temas de evaluación comprenda sus beneficios.
Aunque el stortytelling nos permita explicar temas complejos de forma accesible y fácil de absorber, para que una historia despierte la curiosidad de la audiencia a la que está dirigida es importante conocer sus intereses, motivaciones y objetivos. Podemos contar con mucha información útil para diferentes audiencias, pero si no comprendemos qué historias resuenan con estas personas, pese a que no mintamos como Pedro, es posible que no seamos escuchados.
En este sentido, cuando hablamos de comunicar resultados de investigaciones, sería un error asumir que es suficiente con presentar la evidencia encontrada a nuestras audiencias sin tomar en cuenta su contexto y guiarlas por la información que se les acaba de presentar. Como indica R. J. Andrews (2019), la información no ha cumplido su cometido hasta que la historia contada impacta en la mente de una persona (Info we trust, Wiley, 2019).
Sabemos que las evaluaciones nos permiten entender qué funciona y qué se puede mejorar, pero para que la evidencia pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones de política pública, es imperativo comunicar los hallazgos de forma efectiva. Así como no basta con tener un mapa para alcanzar el destino deseado, tampoco es suficiente tener hallazgos de evaluaciones para generar cambios de política pública. Es tan necesario trazar una ruta sobre el mapa, como persuadir y alcanzar acuerdos para asegurar el uso de la evidencia en política pública.
Uno de los retos que enfrenta la comunicación de estudios rigurosos es el lenguaje científico. Es importante entender que, para una persona cercana a la investigación, la presentación de los resultados puede ser suficiente, pero para otras la tecnicidad se vuele abrumadora a la hora de entender qué sucede y por qué es relevante. Por ejemplo, si una persona necesita tomar una decisión y cuenta con poco tiempo para absorber la evidencia que se le presenta, una serie de tecnicismos la pueden llevar por el camino equivocado.
La evidencia es como un mapa que nos ayuda a navegar la incertidumbre y nos da indicaciones sobre lo que podríamos enfrentar en el camino. Para pretender leer este mapa sin indicaciones o conocimientos cartográficos previos, nos tendríamos que valer de nuestra intuición para navegar y, aunque no sería imposible salir victoriosos, las probabilidades de perdernos en el camino son mayores. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que va al volante en una carretera no entiende las indicaciones o no cree que le sean útiles? Aún con el mapa a la mano, puede girar en la salida equivocada.
Las historias pueden ayudarnos a darle significado a la evidencia presentada y proveernos de un mensaje claro de su propósito. Pero, como ya lo comentamos, el storytelling no es una herramienta mágica y no basta con enmarcar la información en una narrativa y esperar que esto sea suficiente. Las historias deben ser las correctas y resultar familiares para quienes las reciben. Es probable que si sacamos la definición de diccionario de la palabra “mentir” en un salón de preescolar, esto no sea suficiente para que nuestro público se la piense dos veces antes de tergiversar la verdad. Una buena historia sin sustento puede inclinarnos por una narrativa que resuena con nuestras motivaciones y emociones, dejando a un lado la evidencia.
Es por ello que el storytelling no es una solución en sí mismo, sino un complemento que le da sentido a la evidencia. Una historia puede ser atractiva, pero no siempre tiene por qué ser cierta. Cuando queremos incidir en la toma de decisión con base en evidencia, una historia sustentada en hechos concretos puede ser lo que motive a las audiencias a considerarla como algo relevante y útil para sus vidas.
Las diferentes personas involucradas en la difusión de conocimiento científico tenemos el reto de aprender a contar historias, entender a nuestras audiencias y nutrir un debate plural para que nadie se quede con la duda de si había un lobo o no.
* María Fernanda López Vázquez (<a href="https://twitter.com/fernandaalpv" target="_blank" rel="noopener">@fernandaalpv</a>) es integrante del equipo de comunicación del CLEAR LAC (<a href="https://twitter.com/Clear_Lac" target="_blank" rel="noopener">@Clear_Lac</a>).

Encontrando la historia en la evidencia

Es indudable que la lucha contra la pobreza es una prioridad fundamental a nivel mundial para lograr mejores niveles de desarrollo. El primero de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como principales metas erradicar la pobreza extrema y disminuir a la mitad la proporción de población en condición de pobreza para el año 2030. Cabe destacar que las estrategias de política pública para hacerle frente son más necesarias que nunca. Debido a la crisis de la COVID-19, los avances de décadas en la disminución de las tasas de pobreza han ido en reversa y se espera que el total de personas en condición de pobreza extrema aumente en 150 millones a finales del 2021. Al ser un problema público global prioritario, su conceptualización y medición son de suma importancia.
Existen diferentes enfoques para definir la pobreza y, como consecuencia, diversos criterios para su medición. El más utilizado es el de líneas de pobreza por ingreso, que define umbrales para determinar si el ingreso por persona es suficiente para adquirir los bienes considerados esenciales. Por ejemplo, una medición estandarizada de pobreza extrema es la <a href="https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq" target="_blank" rel="noopener">línea internacional de la pobreza</a>, que consiste en un monto monetario diario considerado como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de una persona. En la actualidad ese umbral es de 1.90 dólares, de modo que si una persona tiene un ingreso menor se considera que vive en pobreza extrema.
Sin embargo, el concepto de pobreza es más amplio y no se limita a una dimensión monetaria. Una persona en condiciones de pobreza puede enfrentarse a una o varias carencias como rezago educativo, falta de acceso a servicios básicos, desnutrición y problemas de salud, entre otras, y un aumento en el ingreso no necesariamente va a cubrir estas necesidades. Además, es ingenuo pensar que todas las personas que viven en pobreza o pobreza extrema la experimentan de la misma manera. El <a href="https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/por-que-el-ipm/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Pobreza Multidimensional</a> es una metodología rigurosa y probada que busca dar un panorama más completo al reflejar no solo el número de personas en condiciones de pobreza, sino también la intensidad de pobreza que experimentan (medido por el número de carencias a las que se enfrentan).
En México, el artículo 36 de la <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Desarrollo Social</a> (LGDS) le otorga al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la facultad para establecer los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza. En diciembre de 2009 el CONEVAL lanzó la medición de pobreza multidimensional nacional y en 2010 fue adoptada oficialmente por el gobierno mexicano. La importancia de este acontecimiento radica en que México fue el <a href="https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">primer país del mundo</a> en medir oficialmente la pobreza con un enfoque multidimensional. Esta medición destaca porque no se enfoca en medir cuánto dinero tienen las familias en sus bolsillos y estimar si les alcanza para vivir dignamente o no, sino que identifica si los hogares tienen acceso a un conjunto de bienes y servicios. Estos bienes y servicios son un piso mínimo de derechos sociales establecidos en la <a href="https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LeyGeneral.aspx" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Desarrollo Social (LGDS)</a>, indispensables para satisfacer sus necesidades básicas.
CONEVAL definió umbrales y estableció un proceso para recolectar datos a partir de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)</a> y responder a los indicadores definidos en la LGDS. Estos umbrales responden a tres criterios multidimensionales: 1) bienestar económico, 2) derechos sociales y 3) contexto territorial. Eso quiere decir que se toman en consideración 9 indicadores que buscan medir algunas de las carencias sociales de la población. Aunque sí se considera el ingreso de las familias, también se toman en cuenta el rezago educativo, el acceso a servicios de salud e incluso la accesibilidad a carretera pavimentada, entre otros criterios. Esto no solo es innovador, sino extraordinariamente útil para diseñar estrategias quirúrgicas, con base en evidencia, que atiendan las carencias sociales que afligen a diferentes comunidades.
Para esclarecer por qué estas estrategias pueden ser efectivas, es preciso analizar que en la <a href="http://bit.ly/3xp1hV7" target="_blank" rel="noopener">Medición de pobreza 2018-2020</a> se encontró que la pandemia jugó un papel crucial en la pobreza del país, pero no fue necesariamente la única razón por la que se registró un aumento de la pobreza. Como parte del proyecto de la actual administración, y de acuerdo con información del <a href="https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2020/analiticos_presupuestarios" target="_blank" rel="noopener">Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)</a>, para el Ejercicio Fiscal 2020 <a href="https://ciep.mx/politica-social-en-mexico-evolucion-en-los-ultimos-20-anos/" target="_blank" rel="noopener">el presupuesto acumulado de los p</a>rogramas sociales fue del 5.80 % del gasto neto total para 2020, presentando un incremento de 1.26 puntos porcentuales respecto al año anterior. Mayoritariamente, estos programas sociales consisten en transferencias monetarias no condicionadas. A pesar de este incremento, se encontró que entre 2018 y 2020 la carencia en el acceso a servicios de salud aumentó de 16.2 % a 28.2 % y la población en situación de pobreza aumentó de 51.9 a 55.7 millones de personas, mientras que la población en situación de pobreza extrema incrementó de 8.7 a 10.8 millones de personas.
Estos datos aclaran que los programas sociales que consisten en transferencias monetarias atacan unidimensionalmente la pobreza, lo cual no se refleja en una reducción a largo plazo de la pobreza. Las políticas para construcción de carreteras o para pavimentar calles, por ejemplo, estructuran rutas para contribuir al acceso a hospitales, escuelas y empleos, además de fortalecer rutas de comercio que combaten las carencias a las que se exponen diferentes poblaciones. En ese sentido, la pobreza también se ataca por medio de caminos, de desayunos escolares, de un sistema de educación fuerte y por medio del acceso a servicios de salud.
La medición multidimensional de la pobreza mide lo que tiene que medir: la incidencia de la pobreza y su intensidad. Esta medición toma en consideración las diferentes maneras en las que la pobreza se manifiesta. Al identificar las diferentes carencias sociales posibles, realmente podemos entender y evaluar el panorama completo de la pobreza. Este instrumento resulta revelador, no porque tenga como propósito identificar aliados o enemigos, sino porque orienta sobre las mejores rutas para estructurar políticas que en verdad transformen la realidad de las poblaciones más vulnerables.
* Karla Pinel (<a href="https://twitter.com/karlapinelv" target="_blank" rel="noopener">@karlapinelv</a>) es Gerente de evaluación y desarrollo de metodologías en la coordinación de Evaluación y Decisiones y Karina Retama (<a href="https://twitter.com/k_retama" target="_blank" rel="noopener">k_retama</a>) es Gerente de Proyecto en la coordinación de Comunicación del CLEAR LAC.

Evidencia para la transformación: la medición multidimensional de la pobreza

La evaluación de políticas públicas generalmente es considerada como un trabajo frío, técnico e incluso árido. Muchos la vinculan casi exclusivamente con los métodos cuantitativos y con el paradigma híper empirista que defiende verdades objetivas e infalibles. Sin embargo, una mirada atenta al desarrollo histórico de la evaluación en diferentes lugares revela una realidad mucho más compleja. El contraste entre la realidad y el discurso sobre la evaluación es evidente, pues la evaluación no es un ejercicio frío con aspiraciones incontestables y carente de posicionamientos sociales. En principio, la evaluación de políticas es un quehacer enraizado en valores democráticos y republicanos.
Un breve recuento de la función de la evaluación de políticas públicas en Estados Unidos servirá para ilustrar el valor democrático que enarbola. Una de las características fundamentales de la democracia es la división del poder. El desarrollo de la disciplina evaluativa en Estados Unidos hace patente que la evaluación de programas favorece la división del poder, en este caso entre el legislativo y el ejecutivo. De acuerdo con Eleanor Chelimsky 1, la evaluación de políticas públicas en Estados Unidos está inserta en la lógica de supervisión legislativa sobre el poder ejecutivo, particularmente porque el Congreso tiene facultades para limitar el gasto federal y para investigar cómo se ha implementado la legislación.
La vigilancia que permite realizar la evaluación de políticas no termina con la supervisión del legislativo sobre el ejecutivo. Chelimsky resalta el papel del pueblo como vigilante último de las acciones del gobierno en su conjunto 2. En ese sentido, la evaluación pone en circulación insumos que no se limitan a las actividades políticas institucionales, pues proporciona herramientas a disposición de todos los interlocutores del debate público.
Adicionalmente, Robert Dahl subrayó que el acceso a fuentes alternativas de información es una de las instituciones indispensables para la existencia de la democracia a larga escala. Las fuentes alternativas pueden ser provistas por otros ciudadanos, medios de comunicación, expertos y, por qué no, organismos públicos autónomos o descentralizados. El acceso a fuentes alternativas e independientes de información, que descansa en la libertad de expresión, posibilita la “comprensión ilustrada” de la ciudadanía acerca de los gobiernos y sus políticas. Los reportes de evaluación constituyen una fuente alternativa de información de las acciones gubernamentales, particularmente cuando son reportes independientes.
En este sentido, es importante destacar el papel de instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en México, que presenta informes evaluativos de manera independiente y resalta áreas de oportunidad, recomendaciones de mejora de las políticas y evidencia sobre la evolución de la pobreza en México. Sin lugar a dudas, la información que provee el CONEVAL contribuye a fortalecer el debate público, pues ofrece información cuidadosamente elaborada, y puede fortalecer la “comprensión ilustrada” de la ciudadanía mexicana más allá de los discursos y las intenciones políticas de los gobernantes.
Es importante destacar la coyuntura que dio origen al CONEVAL para comprender cómo la evaluación cristaliza valores republicanos. Me refiero a la tradición republicana clásica, aquella que busca el desarrollo de instituciones encaminadas a generar igualdad sustantiva entre ciudadanos de distinto origen social. El CONEVAL se instituyó por medio de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, en un escenario de gobierno dividido, cuando el ejecutivo representaba a un partido distinto al de la mayoría de los legisladores. Las diferencias partidistas pudieron conducir al desarrollo de la evaluación como un mecanismo de control del ejecutivo.
Sin embargo, el control funcionó como un regalo griego. Aquello que pretendía ser una herramienta de supervisión, terminó institucionalizando el desarrollo social como una política de Estado en México. Las principales funciones del CONEVAL son coordinar la evaluación de los programas que articulan la política de desarrollo social y la medición multidimensional de la pobreza. El compromiso fundamental del CONEVAL, más allá de su trabajo técnico, es evidente: generar información para encaminar las acciones de gobierno hacia la igualdad ciudadana.
Más allá de prejuicios y lugares comunes, después de este breve recorrido es posible afirmar que la labor evaluativa en el ámbito de las políticas públicas encarna valores democráticos –el fortalecimiento de la división de poder y la generación de fuentes alternativas de información– y republicanos –la lucha por la igualdad sustantiva–. La evaluación no es un ejercicio neutral, sino uno profundamente comprometido con la democracia y la república. Uno de los retos de la evaluación es fortalecer la comunicación de sus hallazgos para tener mayor penetración en la opinión pública. Hoy, 5 de agosto de 2021, CONEVAL publica la medición de la pobreza 2018-2020 en México. Es importante desmenuzar y discutir la evidencia del documento para fortalecer nuestra república democrática.
* Emil Salim Miyar (<a href="https://twitter.com/EmilSalimMiyar" target="_blank" rel="noopener">@emilsalimmiyar</a>) es Coordinador de Capacitación y Comunicación en CLEAR LAC.
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1 y 2 Chelimsky, E. (2015), Los propósitos de la evaluación en una sociedad democrática, en <a href="https://www.amazon.com.mx/Antolog%C3%ADa-sobre-evaluaci%C3%B3n-2da-Edici%C3%B3n-ebook/dp/B07C2CLT6R" target="_blank" rel="noopener">Pérez Yarahuán, G. y Maldonado Trujillo, C., Antología sobre evaluación. La construcción de una disciplina. CIDE-CLEAR LAC</a>, págs. 212 y 213.

Los compromisos de la evaluación de políticas

En materia educativa los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 buscan, entre otras metas, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad. Asimismo, buscan lograr que todas y todos estén preparados para comenzar la educación primaria y que logren terminar tanto la enseñanza primaria como la secundaria (que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad) con resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Dada la situación extraordinaria que generó la COVID-19 en la que estudiantes de todos los niveles educativos han estado fuera de la escuela por periodos extendidos de tiempo, alcanzar dichos objetivos representará retos importantes.
En México, como resultado de la pandemia por COVID-19, desde el 23 de marzo de 2020 se cerraron todas las escuelas, tanto públicas como privadas, a nivel nacional. Si bien se recurrió a programas emergentes de educación remota –ya sea mediante la utilización de tecnologías de la información, clases por televisión educativa y programas de radio <a href="http://132.248.192.241:8080/xmlui/bitstream/handle/IISUE_UNAM/535/DiazBarrigaA_2020_La_escuela_ausente_.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">(Díaz-Barriga, 2020)</a>–, no se espera que se hayan alcanzado los objetivos de aprendizaje previstos en los planes y programas de estudio <a href="http://132.248.192.241:8080/xmlui/bitstream/handle/IISUE_UNAM/539/DucoingP_2020_Una_expresi%c3%b3n_de_la_desigualdad.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">(Ducoing-Watty, 2020)</a>.
Con datos de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/" target="_blank" rel="noopener">(ECOVID-ED)</a> del INEGI en 2020, se identificó que a nivel nacional 2.2% de los estudiantes (738.4 mil) no logró concluir el grado escolar en el ciclo 2019-2020 por razones relacionadas con la pandemia. A pesar de que la mayor tasa de deserción fue en el nivel medio superior (3.6%), para quienes cursaban preescolar y primaria el COVID fue la mayor causa de deserción, 94.7 y 73.2% respectivamente <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/" target="_blank" rel="noopener">(INEGI, 2020</a>).
En el ciclo 2020-2021 se observó que 9.6% de los estudiantes no se inscribió a la escuela por razones atribuibles la pandemia y de ellos 3 millones son estudiantes de educación básica <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/" target="_blank" rel="noopener">(INEGI, 2020)</a>. Sobre los motivos detallados para no inscribirse, se identificó que un 26.6% no se inscribió por considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y 21.9% reportó no inscribirse por carecer de computadora, dispositivos electrónicos o conexión de internet (INEGI, 2020). Otro punto de gran importancia es que 2.5 millones de estudiantes (8%) reportó que, pese a estar inscritos, no participaron en actividades escolares durante el confinamiento <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/" target="_blank" rel="noopener">(INEGI, 2020</a>).
De igual manera, se han observado numerosos retos para los estudiantes que permanecieron en la escuela. Según los datos presentados por la Comisión para la Mejora Continua de la Educación para conocer qué tan difícil fue para las y los estudiantes de secundaria realizar actividades educativas a distancia, se reportó que: 41.5% de los encuestados consideraron que les fue difícil conseguir apoyo de docentes cuando se sentían mal emocionalmente (tristes, enojados o asustados), al 30% le fue difícil terminar las tareas encargadas, al 39.6% le costó entender esas tareas, al 36.3% le fue difícil participar en actividades virtuales, al 35.1% encontrar alguien que resolviera dudas escolares y al 31.1% hallar materiales solicitados por las y los docentes <a href="https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/resumen-ejecutivo-ems.pdf" target="_blank" rel="noopener">(MEJOREDU, 2020)</a>.
Si bien los datos presentados no muestran a profundidad la problemática educativa generada, ni son útiles para vislumbrar los mecanismos para resarcir los daños por la emergencia, sirven para asumir que el cierre generalizado de las escuelas afectará de manera importante la escolarización y, por lo tanto, la vida futura de una generación completa de estudiantes. Sin duda, la evidencia resalta la necesidad de que los sistemas educativos asuman los retos de mantener a los estudiantes en la escuela, trabajen en resarcir las pérdidas de aprendizaje y apoyen las progresiones educativas de aquellos en mayor riesgo y desventaja <a href="https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696?locale-attribute=es" target="_blank" rel="noopener">(Grupo Banco Mundial, 2020)</a>.
En este marco, y como estrategia para el regreso a clases, el pasado 24 de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó su decisión de extender el calendario escolar del ciclo 2021-2022 con la intención de tener un periodo de tiempo extra destinado a la “recuperación” <a href="https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-135-publica-sep-calendario-escolar-2021-2022-para-educacion-basica?state=published" target="_blank" rel="noopener">(SEP, 2020)</a>. En el documento se señala que el periodo de recuperación incluye la realización de un taller intensivo de capacitación docente, reuniones al inicio de cursos con madres, padres de familia y tutores, así como un periodo de valoración diagnóstica (del 30 de agosto y hasta el 10 de septiembre de 2021). Con ello se estima contar con un periodo extraordinario de recuperación de 46 días efectivos  <a href="https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-135-publica-sep-calendario-escolar-2021-2022-para-educacion-basica?state=published" target="_blank" rel="noopener">(SEP, 2020)</a>. El documento también especifica que el periodo de recuperación incluirá a todos los estudiantes sin excepción, pero “dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente en el ciclo escolar concluido” <a href="https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-135-publica-sep-calendario-escolar-2021-2022-para-educacion-basica?state=published" target="_blank" rel="noopener">(SEP, 2020)</a>.
En afán de abonar a la discusión acerca del periodo de recuperación, quiero destacar la importancia de que las valoraciones diagnósticas que la SEP plantea realizar tengan por objetivo subsanar de manera integral los efectos del confinamiento, considerando que estos no solo serán pérdidas académicas y cognitivas, sino también problemas de carácter socioemocional y psicosocial. Con este entendido, la función formativa de la evaluación resulta ser un instrumento útil para el monitoreo de los aprendizajes efectivamente logrados, para identificar las áreas a fortalecer y para retroalimentar acerca de la manera más efectiva para lograr los aprendizajes esperados. Como ya se ha resaltado, la evaluación deberá acompañarse necesariamente de elementos para la valoración socioemocional de las y los estudiantes, ya que como la literatura sobre educación en emergencias sugiere: “para resarcir los efectos de una crisis, la educación debe verse como mecanismo de respuesta humanitaria; ello implica la provisión de servicios de apoyo extraordinarios y compensatorios” <a href="https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Education-emergencies-rigorous-review-2015-10.pdf" target="_blank" rel="noopener">(Burde et al., 2015)</a>. En otras palabras, se debe considerar introducir la provisión de acciones compensatorias para mitigar las pérdidas educativas durante la emergencia sanitaria, así como la incorporación de estrategias adicionales de apoyo socioemocional y psicosocial.
Los resultados de una evaluación diagnóstica, acompañados de una exploración personal de las circunstancias de las y los estudiantes durante el confinamiento, podrán apoyar a un análisis puntual y profundo para la toma de decisiones dentro del salón de clases y para la comunidad escolar en su conjunto. Con ello se podrá diseñar acciones pedagógicas más pertinentes y efectivas para remediar y reconstruir los aprendizajes, así como para desarrollar las competencias necesarias para cumplir metas realistas de aprendizaje.
Por último, quiero destacar que para lograr los ODS se deberá diseñar una estrategia integral para la emergencia. No basta con asumir que los docentes tienen el rol principal en la “recuperación”. Tampoco basta con darles la libertad para “realizar actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas y otras estrategias que permitan la recuperación de aprendizajes del grado previo”<a href="https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-135-publica-sep-calendario-escolar-2021-2022-para-educacion-basica?state=published" target="_blank" rel="noopener">(SEP, 2020)</a>. El sistema educativo necesita asumir la responsabilidad de ofrecer el apoyo a los docentes para que estos tengan herramientas para el desarrollo de instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y de retroalimentación. Se necesita, en este sentido, más que un taller intensivo para docentes. Se requieren estrategias de formación continua para todos los actores escolares, para que en colectivo puedan identificar, analizar y diseñar estrategias para apoyar a las y los estudiantes de su comunidad. En resumen, se requiere de una política educativa con orientación de emergencia que sepa integrar a la comunidad escolar para el diseño de estrategias compensatorias de acuerdo con las necesidades de las y los integrantes de la comunidad escolar.
* Jimena Hernández Fernández (<a href="https://twitter.com/Jimena_HdezFdez" target="_blank" rel="noopener">@Jimena_HdezFdez</a>) es Profesora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (<a href="https://twitter.com/PIPECIDE" target="_blank" rel="noopener">@PIPECIDE</a>) del CIDE (<a href="https://twitter.com/CIDE_MX" target="_blank" rel="noopener">@CIDE_MX</a>).
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Referencias:
BURDE, D., GUVEN, O., KELCEY, J., LAHMANN, H. &amp; AL-ABBADI, K. 2015. What Works to Promote Children’s Educational Access, Quality of Learning, and Wellbeing in Crisis-Affected Contexts. Education Rigorous Literature Review. United Kingdom Department for International Development.
DÍAZ-BARRIGA, Á. 2020. La escuela ausente, la necesidad de replantear su significado. In: IISUE (ed.) Educación y pandemia. Una visión académica. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México.
DUCOING-WATTY, P. 2020. Una expresión de la desigualdad en educación básica durante la emergencia sanitaria: el caso de una alumna. In: IISUE (ed.) Educación y pandemia. Una visión académica. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional Autónoma de México.
GRUPO BANCO MUNDIAL 2020. COVID-19: Impacto en la Educación y Respuesta de Política Pública. In: SECTORIALES, E. E. Y. (ed.) Notas de Política. Washington DC: Banco Mundias.
INEGI 2020. INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO COVID-19 EN LA EDUCACIÓN (ECOVID-ED) 2020. In: INEGI (ed.) COMUNICADO DE PRENSA NÚM 185/21. 23 DE MARZO DE 2021. Mexico.
MEJOREDU 2020.C Educación básica. Cuadernos de investigación educativa.
SEP 2020. Boletín No. 135. Publica SEP Calendario Escolar 2021-2022 para Educación Básica. In: SEP (ed.).

Por una evaluación diagnóstica que apoye el regreso a clases

Después de más de un año de medidas estrictas de confinamiento y por los avances en la vacunación contra el COVID-19, las restricciones de movilidad en América Latina y el Caribe han evolucionado a paso desigual. Durante el mes de junio, México tuvo la <a href="https://coronavirus.gob.mx/semaforo/" target="_blank" rel="noopener">mayoría</a> de sus estados en semáforo verde e incluso la <a href="https://front.animalpolitico.com/2021/06/cdmx-verde-a-amarillo-aumento-casos-covid/" target="_blank" rel="noopener">Ciudad de México</a> experimentó un corto periodo de bajo riesgo epidemiológico. Mientras, <a href="https://elpais.com/sociedad/2021-06-29/argentina-cierra-sus-fronteras-contra-la-variante-delta-de-coronavirus.html" target="_blank" rel="noopener">Argentina</a> anunció que se extenderá el Decreto de Necesidad y Urgencia que avala las restricciones hasta el 9 de julio, <a href="https://www.portafolio.co/economia/gobierno/regresaran-el-pico-y-cedula-y-los-toques-de-queda-por-aumento-covid-19-en-colombia-553369">Colombia</a> regresó las restricciones debido al aumento de casos en la zona central del país y Chile anunció que mantendrá sus fronteras cerradas hasta el 14 de julio tras haber detectado su <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/24/confirman-chile-primer-caso-variante-delta-covid-19-orix/" target="_blank" rel="noopener">primer caso</a> de la variante Delta del COVID-19. A pesar de las importantes diferencias en restricciones de movilidad, toda la región se encuentra en un proceso de transición hacia la nueva normalidad.
En esta ruta hacia la recuperación después de la pandemia por COVID-19, siguen existiendo enormes desafíos sobre cómo reactivar la economía y recuperar la movilidad sin poner en riesgo nuestra salud y la de otros; sin embargo, es imperativo considerar que si la curva de contagios en América Latina y el Caribe fue aplanada por las restricciones, el levantamiento de las medidas más estrictas puede despertar una sensación de falsa seguridad en la población. Esta equivocación puede provocar la relajación del cuidado de las personas y estimular los sesgos en la toma de decisiones durante esta construcción de la nueva normalidad. Por ejemplo, con la vacunación de las poblaciones más vulnerables, se ha observado un <a href="https://www.paho.org/es/noticias/5-5-2021-hospitalizaciones-muertes-por-covid-19-adultos-jovenes-se-disparan-americas" target="_blank" rel="noopener">aumento</a> de casos de hospitalización y muertes por COVID-19 en adultos jóvenes. Este aumento sugiere un sesgo de optimismo en esta población, la cual asume como bajas sus posibilidades de enfermarse y fallecer por esta enfermedad. A este sesgo es importante agregar que todos nos encontramos afectados por una importante <a href="https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-55297410" target="_blank" rel="noopener">sobrecarga cognitiva</a> por el balance entre las responsabilidades del hogar y el trabajo, lo cual ha generado una fatiga de decisión que nubla nuestra racionalidad.
Ante la incertidumbre sobre cómo replantear políticas públicas que atiendan estos sesgos cognitivos y que puedan contribuir a que los gobiernos de la región no dependan exclusivamente del confinamiento o de la vacunación para combatir los contagios de COVID-19, la economía del comportamiento es una herramienta que puede mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas por medio de evidencia. La economía del comportamiento es una rama de la economía que sugiere que el humano no es completamente racional y que en su proceso de toma de decisiones atiende diferentes variables emocionales, cognitivas y sociales que lo empujan a tomar decisiones con base en diferentes <a href="https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/economia-del-comportamiento/" target="_blank" rel="noopener">sesgos</a>. La relación entre la economía del comportamiento y la resolución de problemas públicos es sumamente íntima debido a que el análisis del comportamiento humano ha revelado una enorme capacidad para innovar en políticas públicas por medio de nudges o empujoncitos.
Los empujoncitos o <a href="https://zigla.la/blog/behavioral-economics-applied-to-the-design-and-evaluation-of-public-policies/?lang=en" target="_blank" rel="noopener">nudges</a> son un concepto introducido por el ganador del Nobel de Economía Richard Thaler y consiste en la influencia de la conducta de un sujeto de manera predecible por medio de intervenciones específicas sin afectar la libertad de decisión del individuo. En pocas palabras, un nudge es un cambio en el entorno para alentar una conducta y desalentar otras. Un claro ejemplo de un <a href="https://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2019/11/oup-accepted-manuscript-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener">nudge exitoso</a> en América Latina es la diseñada por Medio ambiente Costa Rica, ideas42 y el Banco Mundial, en la cual se redujo entre 3.5% y 5% el desperdicio de agua, al colocar una calcomanía en el recibo de agua con un mensaje como “¡Buen trabajo! Tu hogar consumió menos agua que el promedio de casas en tu barrio”. Esta intervención no prohibió o restringió el consumo, simplemente incentivó una conducta y sus efectos fueron enormes. Ahora, si una simple calcomanía puede reducir el consumo de agua de toda una comunidad, la economía del comportamiento tiene el potencial de generar políticas efectivas y de bajo costo que puedan mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente durante la construcción hacia adelante después de la pandemia.
Por supuesto, los nudges no son una respuesta mágica ante los problemas públicos. El diseño de estas intervenciones se basa en aprendizajes derivados de evidencia y a su vez, es absolutamente necesario cuantificar de manera rigurosa el impacto de estas intervenciones por medio de evaluaciones. Las evaluaciones de política pública permiten generar ciclos de aprendizaje para identificar qué funciona y qué se puede mejorar para diseñar programas y políticas eficientes que fomenten los comportamientos deseados. Por medio de evaluaciones rigurosas y la constante generación de evidencia no solo es posible generar nudges que promuevan conductas que no propicien el contagio de COVID-19, sino también, es posible que las intervenciones exitosas puedan ser adaptados a diferentes contextos sociales, geográficos, culturales y políticos en América Latina y el Caribe. A causa de los desiguales avances y retrocesos en el combate a la pandemia en la región, ahora más que nunca es necesario promover la toma de decisiones basadas en evidencia y fomentar una recuperación segura tras la pandemia por COVID-19 en la región.
Incluir los principios de la economía del comportamiento en el diseño de políticas y programas para la nueva normalidad puede enriquecer nuestros conocimientos del comportamiento y desencadenar conductas positivas que permitan a los gobiernos no depender exclusivamente de la efectividad de las vacunas. En un camino hacia la recuperación por la pandemia, es más clara que nunca la importancia de generar más y mejor evidencia para la toma de decisiones para fomentar la recuperación en América Latina y el Caribe.
* Karina Retama (<a href="https://twitter.com/k_retama" target="_blank" rel="noopener">@k_retama</a>) es Gerente de Proyecto de <a href="https://twitter.com/Clear_Lac" target="_blank" rel="noopener">@Clear_Lac</a>.

Economía del comportamiento para la nueva normalidad

Poner en el centro de la discusión pública la agenda del agua pareciera una obviedad dados los estragos que este año ha provocado la sequía en todo el territorio, o por la escasez de este recurso que padecen diariamente millones de personas en el país. Incluso, en la era de la pandemia por COVID-19, ha quedado claro que el agua es un recurso esencial para la prevención de este virus y otras enfermedades gastrointestinales, por el simple lavado de manos.
Hablar de agua en México es referirse a distintas realidades que enfrenta un país con marcadas desigualdades y niveles de marginación en el acceso al recurso de forma segura y continua. En las Estadísticas del Agua 2019 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala que sólo el 58% de la población tiene garantizado el contar con agua diariamente, mientras que 10 millones de personas no tienen acceso, no lo reciben de manera continua y desconocen su calidad.
La relación de la pobreza extrema y la falta de acceso al agua es uno de los principales indicadores para medir la desigualdad de millones de mexicanos, principalmente de niños, niñas y mujeres, que son quienes más padecen la falta de acceso al agua tanto por no tenerla o por ser los responsables de acarrearla a sus hogares. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó en 2018 que 9.3 millones de personas viven en situación de pobreza extrema.
Son las comunidades indígenas y zonas periurbanas en donde la falta de acceso al agua limpia condena a comunidades enteras a la marginación y la pobreza. El crecimiento de las zonas urbanas ha significado también la detonación de asentamientos humanos irregulares que son una amenaza permanente para la conservación de los cuerpos de agua, vitales para obtener el recurso para esas comunidades. Por cada hectárea de suelo considerado área de conservación o de infiltración y recarga de agua que se pierde, ya sea por cambio de uso de suelo, por invasiones humanas irregulares o por tala inmoderada de sus bosques, se cancelan para siempre hasta 2 mil 500 metros cúbicos de agua.
Si regresamos a los datos de CONAGUA, tenemos que el 77% de la población vive en las regiones donde hay menos agua. Incluso la mayor concentración del Producto Interno Bruto del país se genera en las regiones en donde menos agua disponible se tiene. Una cifra que de tan común pareciera perder su importancia es el hecho que de los 653 acuíferos con disponibilidad de agua, 115 están sobreexplotados; esto quiere decir que sacamos más agua de la que ayudamos a que se recargue, ya sea porque truncamos el ciclo del agua o por la extracción excesiva <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>.
La importancia de conservar los ecosistemas que garantizan la disponibilidad de agua para las poblaciones son un factor que influye en los niveles de desigualdad, desarrollo e inequidad social de la población. De no atender el manejo adecuado de las fuentes de agua y limitar su sobreexplotación corremos el riesgo de que, en un futuro cercano, su disponibilidad se vea severamente reducida y comprometida en zonas con gran estrés hídrico, como es el caso del Valle de México y otras cuencas y regiones.
Al poner en primer orden el valor social, cultural, ambiental y económico del agua, como recurso fundamental para el desarrollo de las personas e impulso de primer orden para el desarrollo socioeconómico del país, es que podremos garantizar la seguridad hídrica y el mandato que obliga a este país a cumplir con el derecho humano al agua y el saneamiento, garantía para proteger la salud y el bienestar de las personas.
Los breves indicadores del agua que se han abordado en este texto confirman que el recurso se encuentra sumamente amenazado por el crecimiento demográfico, la sobreexplotación y contaminación, su uso ineficiente, la deforestación, y los efectos cada vez más graves del cambio climático.
Y si bien muchas de las problemáticas se resuelven con inversiones, infraestructura y obra pública, también lo es el recuperar la vocación lacustre que desde su origen ha tenido nuestro país. Poner de nuevo la mirada en el agua y en la necesidad de preservar la integridad y salud de los ecosistemas como garantía de la seguridad hídrica. Sin este esencial paso no habrá agua para garantizar un acceso seguro y de calidad para las poblaciones, ni para la promoción del desarrollo económico y social del país.
* Jorge Fuentes Martínez (<a href="https://twitter.com/jorgefuma" target="_blank" rel="noopener">@jorgefuma</a>) es Periodista y comunicólogo. Actualmente es Director de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua, A.C. (<a href="https://twitter.com/ConsejoAguaMX" target="_blank" rel="noopener">@ConsejoAguaMX</a>) y Coordinador de Comunicación de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México (<a href="https://twitter.com/AguaCapitalOrg" target="_blank" rel="noopener">@AguaCapitalOrg</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php?publicaciones=1" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="http://www.agua.unam.mx/JornadasAcuiferos2018/assets/Acuiferos_criticos_en_el_territorio_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Poner la mirada en el agua

En las democracias como la mexicana, los ciudadanos tenemos cada cierto periodo de tiempo la oportunidad de elegir a nuestros representantes. Es decir, quienes en nuestro nombre tomarán las decisiones de política y políticas públicas que mejor representen nuestros intereses. Estar informados acerca de las posturas y de lo que han hecho quienes contienden por un puesto de elección popular es indispensable para hacer la mejor elección.
El usar información para tomar mejores decisiones ha sido una práctica predominante en el ser humano para su sobrevivencia desde principios de los tiempos. Medir el clima, adaptar la agricultura, entender cómo se contagian enfermedades, entre muchos otros ejemplos más. Si bien es cierto que es una práctica milenaria, hoy por hoy estamos viviendo en la época denominada “era de la (des)información”. Cada vez es más confuso procesar todos los insumos que recibimos a diario; cada vez es mayor la cantidad de información producida en los ciclos de noticias de 24 horas, aunado a la falta de verificación de los datos compartidos de un número casi infinito de fuentes que se contraponen unas con otras. Adicionalmente, la exposición a contenido específico que nos muestran nuestras redes sociales o búsquedas en internet, refuerza nuestras convicciones o apela a los intereses de cada usuario según su historial.
Es por eso que ante las próximas elecciones del 6 de junio -las elecciones más grandes de la historia de México- donde se elegirán 20,415 cargos, es recomendable hacer una pausa, entender la información que los partidos comparten sobre ellos mismos y evaluar el desempeño que han tenido, para ejercer un voto informado que mejor nos represente. De esta manera, se puede evitar la manipulación de campañas, spots publicitarios o videos compartidos tantas y tantas veces a través de chats privados o redes sociales que cuentan con poco, o nulo sustento.
1. Informarnos de las propuestas y posturas actuales
A nivel partido y a nivel contendiente, contamos hoy con información muy valiosa, gratuita y no sesgada que podemos revisar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) junto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) crearon un micrositio cargado con información oficial llamado <a href="https://micrositios.inai.org.mx/procesoelectoral/" target="_blank" rel="noopener">Información útil sobre el proceso electoral 2021</a>.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En este sitio web puedes encontrar, entre muchas otras cosas, las plataformas electorales por partido para las elecciones del 2021. Aunque varía la información dependiendo de cada partido, se pueden encontrar propuestas económicas, de seguridad social y justicia, propuestas en el ámbito social, de política e institucionales, y de manera excepcional, sobre un tema que hoy por hoy nos afecta a todos: las propuestas para hacer frente a la crisis por la pandemia de covid-19.
Así también, la iniciativa de la UNAM en alianza con el INE llamada <a href="https://votoinformado.unam.mx/" target="_blank" rel="noopener">Voto Informado</a>, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> provee al votante de información desagregada por candidato, dependiendo del distrito donde va a votar. Estos cuestionarios contestados por la gran mayoría de los candidatos a puestos de elección popular reflejan sus posturas particulares en temas presupuestales, del funcionamiento de los programas de gobierno y las obras más grandes de infraestructura, etc. lo que nos permite vislumbrar cómo sería su gestión en caso de resultar electos. Finalmente, las gráficas que provee el sitio hacen que esta información sea fácilmente comparable para su mejor interpretación por parte de los ciudadanos.
2. Informarnos sobre desempeño anterior (acceso a la información pública)
Los dos párrafos anteriores señalan sitios que contienen información de hoy; sin embargo, debemos también revisar qué han hecho los partidos o los mismos contendientes en caso de haber ocupado un cargo público en el pasado. Evaluar el desempeño que han tenido en años anteriores nuestros representantes es igual de importante que entender sus propuestas y posturas actuales.
En México contamos desde el 2002 con el INAI, que es un organismo constitucional autónomo, garante del acceso a la información pública (et al). El INAI existe para garantizar “que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue a los ciudadanos la información pública que puedan llegar solicitan”.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es el órgano que provee de información a ciudadanos, periodistas, académicos y cualquier mexicano que lo solicite, y nos permite revisar cómo se han desempeñado anteriormente los ahora candidatos.
Contar con organismos como éste es de vital importancia para saber cómo, en qué, y con qué resultados se ha gastado el dinero de los mexicanos que administra el gobierno. Se ha estudiado que las democracias son el régimen político más transparente y la presencia de datos relacionados con las políticas públicas está directamente relacionado con este tipo de régimen (Hollyer et al; 2011).
Las críticas y acusaciones falsas <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> al INAI, mencionadas en la conferencia matutina del 11 de enero por el actual Presidente de México, deberían ser alarmantes para los mexicanos. Pues en el supuesto y fatídico caso de la desaparición del INAI, los ciudadanos nos quedaríamos mancos de información: impedidos por la incapacidad de obtener información sobre cualquiera que reciba o ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad. Sin esta información, no podríamos evaluar el desempeño de aquellos quienes han controlado recursos públicos y sólo nos quedaría confiar en las posturas y promesas de hoy, sin poder evaluar cómo es que se han comportado en el pasado.
En México, pocos años después de la creación del INAI, se publicaron artículos académicos donde se vislumbraba una cultura más participativa de los ciudadanos, producto de los esfuerzos de acceso a la información y transparencia (Benavides, 2006 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>). Este 6 de junio podemos personificar esta cultura participativa para elegir a los candidatos que nos representen y juntos fortalecer nuestra democracia. ¡Infórmate, compara, revisa las propuestas y evalúa el desempeño de los contendientes y vota! Votar es tu derecho y es tu deber hacerlo de manera informada para elegir a quien mejor te representa.
* Mercedes Recke (<a href="https://twitter.com/mercedesrecke" target="_blank" rel="noopener">@mercedesrecke</a>) es Gerente de Estrategia y Comunicación Interna en CLEAR LAC.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://micrositios.inai.org.mx/procesoelectoral/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://votoinformado.unam.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="https://home.inai.org.mx/?page_id=1626" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://verificado.com.mx/son-falsos-argumentos-de-amlo-para-desaparecer-al-inai/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Abraham David Benavides, Journal of Public Affairs Education, <a href="https://www.jstor.org/stable/i40007471" target="_blank" rel="noopener">Vol. 12, No. 4 (Fall, 2006)</a>, pp. 461-477 (17 pages) Published By: Taylor &amp; Francis, Ltd.)

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