¿Y ahora quién juzgará con perspectiva de género?
La justicia mexicana está a las puertas de una transformación incierta. La próxima elección judicial supone una oportunidad, pero también un enorme riesgo: si quienes hasta ahora estaban “capacitados” para juzgar con perspectiva de género lo hacen sin comprenderla ni aplicarla, ¿qué podemos esperar de quienes lleguen sin formación alguna? En nuestra experiencia como defensores de derechos humanos y acompañantes legales de decenas de mujeres privadas de libertad, esta pregunta no es retórica, sino una alerta.
En los juzgados de ejecución penal —donde se supone que debe garantizarse el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión— se cometen a diario injusticias disfrazadas de legalidad. Hemos presenciado a jueces que, ante una solicitud concreta de que apliquen el Protocolo de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, responden con frases que deberían avergonzar al sistema entero. Uno, en el estado de Guerrero, nos refirió: “Aquí ya hay perspectiva de género. Primero, porque la acusada es mujer. Segundo, porque la fiscal también es mujer. Y tercero, porque en esta sala hay mujeres presentes”. Así, como si el simple hecho de ser mujer —y estar rodeada de mujeres— bastara para garantizar justicia.
Otro caso reciente en Baja California ejemplifica con mayor crudeza las dimensiones de esta negación estructural. Una mujer que ha cumplido más del 80 % de su condena sigue en prisión, mientras su coacusado —procesado por los mismos hechos— fue liberado al cumplir el 50 %. ¿La razón? Ella no tiene una red de apoyo afuera. El juez se negó a concederle la libertad condicionada hasta que consiguiera un trabajo, ignorando que las mujeres privadas de libertad, en su mayoría, enfrentan enormes barreras para reinsertarse por la falta de redes familiares, recursos económicos y programas institucionales. Cuando le explicamos las desigualdades en las condiciones estructurales y socioeconómicas que viven las mujeres que salen de prisión, el juez nos respondió que “decir que las mujeres viven diferente es ser machista”. Entendió la perspectiva de género totalmente al revés.
Hay resoluciones que juzgan con el peso de la moral religiosa (“cómo es posible que, siendo católica, no supiera distinguir entre el bien y el mal”) o con la carga de los estereotipos (“cómo es posible que, siendo mujer, no supiera que estaba embarazada”). Desde los inicios de nuestra preparación profesional, hemos leído sentencias que culpan a las mujeres por estar “en la calle a esas horas” o que afirman que ellas, por ser madres, “deberían entender lo grave de sus actos”. Podríamos seguir, pero es interminable.
En estos años de acompañamiento desde ASILEGAL, hemos visto que muchas mujeres son juzgadas por operadores judiciales que replican discursos punitivos y estereotipos o prejuicios irrazonables. Incontables veces hemos interactuado con autoridades judiciales que ignoran las dinámicas de violencias, las dependencias económicas o afectivas, e incluso la coerción institucional en contra de las mujeres. Más aún, en el caso de los juzgadores especializados en ejecución penal, notamos que siguen sin comprender el impacto diferenciado que una mujer vive al entrar a prisión, como el abandono, la segregación, la falta de condiciones dignas de estancia y alimentación, o la discriminación intracarcelaria.
Lo más grave es que estos jueces dicen aplicar el Protocolo de la Suprema Corte. Lo leen en voz alta, repiten sus seis pasos como si fueran mantras, pero carecen de comprensión real. Lo usan como un amuleto, como una muletilla para legitimar decisiones profundamente sesgadas, estereotípicas o prejuiciosas. No analizan relaciones asimétricas de poder, no reconocen las opresiones cruzadas, no cuestionan los prejuicios de la fiscalía ni las omisiones del sistema penitenciario. Por ello, no sorprende que el 18.3 % de los operadores jurisdiccionales no sepan qué es perspectiva de género ni que la mitad de estos desconozcan cómo incluirla en la labor judicial. 1
Las consecuencias de esta falta de formación no son simbólicas: son devastadoras. Juzgar sin perspectiva de género implica perpetuar estereotipos que culpabilizan a las mujeres por no ajustarse al ideal de madre, esposa o “mujer de bien”. Implica ignorar el contexto de violencia que muchas vivieron antes de delinquir. Implica negar beneficios penitenciarios por motivos que los hombres no enfrentan. Implica, en suma, que el Poder Judicial reproduzca la desigualdad y normalice la violencia institucional.
Por eso, en el contexto del relevo judicial que se avecina, urge preguntarnos qué garantías existen para evitar que este déficit estructural se profundice. Si hoy, con jueces supuestamente capacitados, la perspectiva de género se aplica de forma vacía, ritualista o tergiversada, el riesgo con nuevos perfiles sin formación adecuada —o sin sensibilidad frente a los sistemas de opresión que viven las mujeres— es aún mayor. No se trata solo de cambiar nombres o rostros en el Poder Judicial, sino de transformar prácticas, desaprender prejuicios y asegurar que quienes juzguen en el futuro lo hagan desde un compromiso real con los derechos humanos y con una perspectiva interseccional e informada.
Frente la elección judicial de 2025, la preguntas no pueden ser otras: ¿y ahora qué? ¿Quién garantizará que las nuevas personas juzgadoras entiendan lo que significa juzgar con enfoque interseccional? ¿Quién vigilará que no se repita la simulación actual, en la que se presume aplicar la perspectiva de género mientras se perpetúa la discriminación?
Es urgente que el Poder Judicial, las escuelas judiciales, los consejos de la judicatura y la sociedad civil asumamos con seriedad nuestros roles en este momento. No basta con nombrar nuevos jueces o juezas; necesitamos perfiles que comprendan los mecanismos de opresión, los estereotipos y los impactos diferenciados del encarcelamiento. Necesitamos personas que tengan sensibilidad, formación y compromiso frente a los derechos humanos. Pero, sobre todo, necesitamos operadores que entiendan que juzgar con perspectiva de género no es un favor: es una obligación constitucional y una deuda histórica hacia las mujeres en la justicia.
Solo así será posible que el relevo judicial no sea un retroceso ni una continuidad de la simulación, sino un punto de inflexión hacia una justicia verdaderamente transformadora, capaz de reconocer las desigualdades estructurales y de corregirlas desde sus propias sentencias. Que este texto no se lea con indiferencia, sino con indignación y compromiso. Porque mientras la justicia se siga escribiendo con sesgo, las mujeres seguirán esperando una verdadera oportunidad de libertad.
* José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y Representante del Sector de Personas Privadas de la Libertad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación del Estado de México.
El pastor Sergio Amezcua asegura que su iglesia distribuye comida a unas 100 mil personas en Minesota, en su mayoría migrantes que se niegan a abandonar sus casas para evitar ser detenidos en las redadas de las autoridades migratorias de EU
El pastor Sergio Amezcua recibió una llamada de emergencia. Un muchacho se lanzó desde un tercer piso cuando descubrió que agentes uniformados recorrían el edificio donde vivía para detener a migrantes indocumentados.
Amezcua, de 46 años, recuerda que pidió detalles: dónde estaba el muchacho, cómo se encontraba, qué se podía hacer para ayudarlo. Su interlocutor respondió que el joven había resultado herido en la caída.
“El muchacho estaba lavando su ropa en el cuarto de lavandería y cuando escuchó el ruido en el pasillo, rompió la ventana y se tiró para escapar”, explica en una llamada telefónica desde Mineápolis, donde lidera la iglesia evangélica Dios Habla Hoy.
El migrante caminó alrededor de un kilómetro hasta que unos vecinos le dieron refugio, cuenta el pastor. “Cuando se le ayudó, estaba sin zapatos ni camisa, andaba en shorts en temperaturas bajo cero, tocando puertas y llorando”.
Amezcua asegura que recibe llamadas sobre casos diferentes todos los días desde la primera semana de diciembre del año pasado, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) inició las redadas en Minesota.
Una mujer de su congregación se arrodilló con su bebé en brazos ante uniformados de ICE para pedir que no se llevaran a su esposo, un gesto que quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales.
En otro caso, un hombre permaneció escondido en una construcción durante cuatro horas, en temperaturas bajo cero, para escapar de una redada de ICE.
“Me llaman para pedir que ayudemos a localizar a familiares que fueron detenidos, para ver si les podemos conseguir un abogado o para pedir comida, leche y pañales”, detalla Amezcua. “Muchas veces nos piden asistencia para pagar la renta”.
“Los agentes están cazando a la gente común y corriente cuando sale de los apartamentos a tirar la basura. Es muy feo lo que se está viviendo en Minesota”.
En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que más de 2,5 millones de migrantes irregulares abandonaron Estados Unidos en 2025.
Más de 605.000 fueron deportados, en medio de una ofensiva nacional que lanzó el gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes indocumentados.
Feligreses que no se congregan
Amezcua nació en México. Llegó a Minesota hace 24 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense. Hace más de una década, fundó una iglesia evangélica que oficia servicios en inglés y en español para una feligresía mayoritariamente latina.
En mayo del año pasado, la mayor comunidad de migrantes de Minesota provenía de México, con 59.137 habitantes, seguida por ciudadanos somalíes (42.503) e indios (30.632), de acuerdo con cifras de la legislatura estatal.
Aunque Minesota alberga menos del 1% de los cerca de 14 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, según estimaciones del Migration Policy Institute, el gobierno de Trump ordenó el mayor despliegue de ICE precisamente en este estado fronterizo con Canadá.
La Operación Metro Surge supuso la movilización de más de 2.000 agentes federales en Mineápolis desde diciembre del año pasado, con el objetivo de capturar y deportar a migrantes indocumentados.
Esta decisión fue anunciada después de que estallaran varios escándalos de presuntos fraudes de fondos públicos que involucraban a miembros de la comunidad somalí de Minesota.
En uno de estos casos, un YouTuber partidario de Trump mostró en un video supuestas guarderías administradas por somalíes que no estaban operativas, a pesar de que recibían dinero público.
En respuesta a la polémica, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ICE haría una investigación “puerta a puerta” en medio del “fraude” de las guarderías en Minesota.
Sin embargo, los habitantes de Mineápolis salieron a protestar contra la presencia de ICE, especialmente después de que agentes federales dispararan y mataran a Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, dos ciudadanos estadounidenses que se resistieron a la detención de los migrantes.
El arresto de Liam
La indignación provocada por estos casos se agravó luego de que un transeúnte fotografiara a un funcionario de ICE cuando sujetaba por la mochila a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que fue arrestado junto con su padre el 20 de enero a las puertas de su casa, también en Mineápolis.
“¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”, cuestionó en su momento Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.
“ICE NO tenía como objetivo a un niño”, replicó DHS en un comunicado difundido en X.
Días después, Liam y su padre fueron liberados del centro de detención de Texas al que fueron transferidos y regresaron a Mineápolis.
Más allá del debate público, Amezcua advierte que los migrantes han optado por replegarse en sus casas y limitar sus movimientos para evitar toparse con patrullas de ICE, una decisión que repercute incluso en la vida espiritual de los habitantes de Mineápolis.
“El 80% de los feligreses no se están congregando por temor a ICE. Estoy hablando de gente ciudadana, legal, de todo tipo, porque han arrestado ciudadanos y la gente no quiere que sus hijos pasen el trauma de esa experiencia”.
El pastor percibe el temor incluso dentro de su casa, a través de sus hijas adolescentes. “Cuando llega un paquete de Amazon a mi casa, muchas veces los repartidores van con las caras cubiertas por el frío y mis hijas se asustan porque piensan que es ICE”.
“El trauma es colectivo y atraviesa a todas las personas, no solamente a los migrantes sino también a la gente nacida acá”.
“Si necesitas una despensa…”
Amezcua se enfrentó al reto de coordinar ayuda humanitaria para los miembros de la iglesia por primera vez durante la pandemia, cuando las familias se vieron obligadas a permanecer en casa debido al confinamiento.
Pero desde que ICE recorre las calles de Mineápolis, el pastor lidera una operación masiva para llevar comida a los migrantes que temen correr el riesgo de ser capturados en las calles y luego ser deportados a sus países de origen.
La ayuda se anuncia a través de las cuentas de la iglesia en redes sociales. Y desde su chat personal, el pastor responde con un mensaje que invita a inscribirse en una lista para recibir una despensa de comida en los próximos siete días.
“Estamos apoyando a más de 100.000 personas en nuestra comunidad, repartiendo entre 175 a 200 toneladas de comida a la semana”, explica. Los alimentos son costeados por miembros de la iglesia, bancos de comida y fundaciones que los apoyan.
Amezcua asegura que la iglesia entrena a los voluntarios que se ofrecen a repartir la comida. En este momento, 4.000 personas colaboran con esta tarea.
“No puedo dar detalles pero si ellos ven que ICE los está siguiendo, se regresan y no entregan la comida”.
La ayuda para una familia contiene vegetales, frutas, pastas, salsas, proteína, leche y queso.
“Varía un poco todos los días, pero incluye: tortillas, harina, masa, aceite, azúcar, sal, jabón, pañales, fórmula y papel de rollo”.
El reto que busca superar la mañana que conversamos es conseguir un camión propio o rentado y una bodega para almacenar los productos.
“Hay mucha ayuda y no tenemos dónde poner toda esa materia prima”.
Los feligreses no sólo evitan ir al supermercado. Muchos también dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas y no acuden al hospital cuando caen enfermos.
“Es un esfuerzo colectivo”, dice el pastor. “Estamos aquí para ayudar, no para hacerle frente a ningún gobierno. No preguntamos quién tiene documentos. Al que pide ayuda, se le ayuda”.
Aunque prefiere no dar mayores detalles sobre el migrante que se lanzó del tercer piso, el pastor asegura que sobrevivió y se está recuperando.
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