El modelo Bukele: seguridad sin derechos y normalización del autoritarismo
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha implementado una serie de medidas de seguridad que, si bien han sido celebradas en algunos sectores por su aparente eficacia, han despertado profundas preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos. En el centro de esta controversia se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para albergar hasta 40,000 personas, que ha sido utilizada como símbolo del “nuevo modelo de seguridad” impulsado por el presidente salvadoreño.
En un contexto donde el estado de excepción —prorrogado ininterrumpidamente desde marzo de 2022— ha permitido detenciones masivas, restricciones al debido proceso y la suspensión de derechos fundamentales, el CECOT representa una infraestructura penitenciaria de gran escala y una narrativa punitiva, en la que la criminalización racial, el aislamiento prolongado y la nula transparencia son moneda común.
Uno de los casos más emblemáticos de esta política es el de Kilmar Abrego García, documentado por el periódico El País, en el que se establece que Kilmar es un trabajador deportado en el pasado mes de marzo desde Estados Unidos, sin antecedentes penales, acusado sin pruebas contundentes y recluido directamente en el CECOT. Su caso expone cómo la presunción de inocencia ha sido sustituida por una lógica de culpabilidad automática basada en la nacionalidad, la apariencia o las supuestas afiliaciones.
El acuerdo reciente entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para transferir a presuntos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha representa una nueva escalada. Las personas trasladadas —muchas sin procesos judiciales en firme y sin garantías de defensa— son privadas de libertad en condiciones que atentan contra su integridad personal y su derecho al contacto con el mundo exterior. Esta dinámica se contrapone a los principios fundamentales establecidos por acuerdos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como las Reglas Mandela de la ONU, que prohíben expresamente la incomunicación indefinida, la tortura y el aislamiento prolongado.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y PROVEA, han alertado sobre las condiciones inhumanas que se viven dentro del CECOT: desde el hacinamiento, acceso restringido a atención médica, ausencia de visitas familiares y de representación legal, hasta maltrato físicos y psicológicos. Este entorno genera un estado constante de estrés, deteriora la salud mental de las personas privadas de libertad y contradice los principios que, según la ONU, deben regir el sistema penitenciario: proteger a la sociedad mediante la rehabilitación y reinserción. En contraste, se impone una lógica de castigo que convierte el encierro en espectáculo y la justicia en una herramienta de control.
Además de los efectos directos sobre la salud física y mental de las personas privadas de libertad, el modelo carcelario del CECOT impacta de forma negativa en el tejido social y perpetúa la estigmatización de familias y comunidades enteras. La criminalización extrema y la exposición mediática de las condiciones de reclusión fomentan una narrativa de “enemigos públicos”, que debilita los principios de presunción de inocencia y dignidad humana. Esta situación debilita la confianza en las instituciones de justicia y limita cualquier posibilidad real de reinserción, ya que el estigma persiste tras el encierro y afecta el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. Igualmente, la opacidad con la que opera el centro impide la rendición de cuentas y debilita el Estado de derecho, al consolidar prácticas autoritarias bajo el discurso de la seguridad pública.
Más preocupante aún es la utilización de mecanismos jurídicos extraordinarios para justificar estas medidas. El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones sin audiencia previa, y la falta de control judicial sobre las condiciones de detención, demuestran una tendencia alarmante: la militarización del sistema penal y la externalización de la represión como moneda de cambio en acuerdos bilaterales. Estos procedimientos carecen de fundamento jurídico claro en el derecho internacional y constituyen violaciones directas a los derechos humanos, al eliminar garantías procesales básicas y someter a las personas a un régimen de excepcionalidad permanente.
El modelo Bukele —celebrado por algunos gobiernos por la seguridad aparente— representa una amenaza regional si no se cuestiona su fundamento legal, ético y su compatibilidad con el derecho internacional. La lógica de seguridad no puede prevalecer sobre la dignidad humana ni justificar un sistema sostenido en la suspensión prolongada de derechos. Las personas privadas de libertad, sin importar su nacionalidad, su afinidad biológica o el delito que cometió, conservan derechos que deben ser garantizados por los Estados. La normalización de estas prácticas configura una crisis de derechos humanos, con detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y trato inhumano. El encarcelamiento no debe ser un territorio sin ley, y mucho menos un laboratorio de excepción permanente.
Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible que se garantice el acceso a la justicia, el debido proceso y el respeto a la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, tal como lo exigen las normas internacionales. Ante la falta de mecanismos internos de control y la opacidad institucional, urge la intervención de organismos internacionales como la CIDH del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU, para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por El Salvador y para activar medidas de protección, generar observación internacional y prevenir la consolidación de un régimen punitivo que normaliza la violencia estatal.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para deportar personas sin garantías procesales forma parte de una estrategia compartida por gobiernos que privilegian la mano dura sobre el Estado de derecho. La sintonía entre Trump y Bukele representa un modelo autoritario de gestión migratoria y penal, que también expone una alianza que desprecia abiertamente los marcos internacionales de derechos humanos. Ambos mandatarios promueven discursos que justifican la represión como solución, invisibilizan a las víctimas y refuerzan estructuras de impunidad. Este tipo de gobiernos desgastan la seguridad al omitir las bases mínimas de la justicia, la legalidad y la dignidad humana.
Hacer caso omiso de estas violaciones no puede ser una opción. La sociedad civil, los organismos multilaterales y las defensorías de derechos humanos tienen la obligación de alzar la voz frente a la expansión de un autoritarismo punitivo que desprecia las garantías básicas del debido proceso y convierte el encarcelamiento en una herramienta de control político. Permitir que estas prácticas se normalicen equivale a legitimar la violencia institucional y a abandonar a miles de personas a un sistema que opera al margen de la legalidad. Defender los derechos humanos de quienes están privados de libertad no es opcional: es una prueba de coherencia ética y un imperativo democrático.
*José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adrián Emmanuel Morales Ruiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de Monitoreo y Evaluación en ASILEGAL.
Dos niños de ocho y diez años murieron y otras 17 personas resultaron heridas.
Un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., ha dejado dos niños muertos y 17 personas heridas, según informaron las autoridades estadounidenses.
El ataque ocurrió poco antes de las 08:00 hora local (13:00 GMT) del miércoles en la Iglesia de la escuela católica Anunciación, donde los niños se encontraban celebrando una misa.
El atacante murió en el lugar por una herida de bala autoinfligida.
El FBI está investigando el incidente como un crimen de odio dirigido contra católicos.
“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra los católicos”, afirmó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X.
Un flujo constante de dolientes llegó al lugar el miércoles por la noche, algunos dejaron flores.
Había una sensación de conmoción y enojo por el hecho de que el tiroteo había ocurrido al comienzo de una misa en una iglesia en la que se inauguraba el nuevo período escolar.
El Papa León XIV, el primer Papa estadounidense, estuvo entre quienes rindieron homenaje a las jóvenes víctimas y dijo que estaba “profundamente entristecido” por el ataque.
¿Quién es el presunto atacante, Robin Westman?
El atacante ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años, de un suburbio de Minneapolis.
Actualmente se desconocen sus motivaciones.
Vestido completamente de negro, el atacante se acercó a un lado de la iglesia de la escuela y disparó decenas de tiros a través de las ventanas con tres armas de fuego: un rifle, una escopeta y una pistola.
La policía también encontró una bomba de humo en el lugar.
Las autoridades están investigando si el sospechoso disparó dentro del centro o si todos los disparos vinieron desde afuera. Apuntaron que no encontraron casquillos de bala en el interior.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, precisó que el atacante no tenía “grandes antecedentes penales conocidos” y que actuó solo.
La policía encontró un “manifiesto” que el sospechoso programó para que se publicara en YouTube durante el tiroteo. El FBI colaboró con las autoridades y lo retiró de la plataforma.
La madre del atacante, Mary Grace Westman, solía trabajar en la escuela, según un boletín escolar de 2016. Una publicación en Facebook señala que se retiró del cargo en 2021.
Westman cambió legalmente su nombre de Robert a Robin en 2020, según consta en los registros judiciales de Minnesota.
En la solicitud, el juez escribió: “La menor se identifica como mujer y desea que su nombre refleje su identificación”.
En una conferencia de prensa el miércoles, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó el odio dirigido hacia la comunidad transgénero a raíz del ataque.
En sus propias actualizaciones, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Westman era un “hombre que decía ser transgénero”, y en su publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, se refirió a Westman como “un hombre”.
¿Quiénes son las víctimas?
Dos niños, de ocho y diez años, murieron. Diecisiete personas resultaron heridas, 14 de ellas menores de edad.
Los tres adultos que resultaron heridos eran feligreses de entre 80 y 89 años, precisó O’Hara.
Thomas Wyatt, presidente de medicina de emergencia en el Centro Médico del Condado de Hennepin, señaló que siete niños de entre 6 y 14 años fueron trasladados al hospital donde trabaja y se encontraban en estado crítico. Cuatro de ellos necesitaban cirugía.
Los pacientes que no estaban en estados críticos fueron trasladados a otros hospitales.
Se espera que todas las víctimas que resultaron heridas sobrevivan, según las autoridades.
O’Hara aseguró que el departamento de policía estaba “destrozado por las familias que han perdido a sus hijos”, así como por las jóvenes vidas que “luchan por recuperarse” y por “toda la comunidad que ha quedado tan profundamente traumatizada por este ataque sin sentido”.
Un niño de 10 años que sobrevivió al ataque dijo a la cadena de televisión local WCCO, socia de CBS, que un amigo lo salvó de las balas acostándose encima de él.
“Estaba a dos asientos del vitral”, dijo. “Pero mi amigo Víctor me salvó, se echó encima de mí, pero recibió un impacto”.
“A mi amigo le dieron en la espalda y lo llevaron al hospital… Tenía mucho miedo por él, pero creo que ahora está bien”, dijo.
“Estas eran familias de Minneapolis”, señaló el alcalde Jacob Frey durante una sesión informativa. “Eran familias estadounidenses, y el dolor que están sufriendo ahora mismo es inmenso”.
En una clara referencia a lo que algunos perciben como respuestas políticas a los tiroteos masivos, Frey, quien es demócrata, dijo: “No digan que ahora mismo se trata solo de ‘pensamientos y oraciones’. Estos chicos estaban literalmente rezando”.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el presidente Donald Trump y su equipo expresaron sus “profundas condolencias” y ofrecieron ayuda.
Añadió que la situación era “demasiado común, no sólo en Minnesota, sino en todo el país”, y agregó que esperaba que ninguna comunidad o escuela tuviera que pasar por un día como este.
Trump dijo más tarde que la bandera estadounidense ondearía a media asta en la Casa Blanca como muestra de respeto a las víctimas.
¿Qué es la escuela Anunciación?
La escuela católica Anunciaciónn imparte clases para estudiantes desde preescolar (nivel infantil) hasta octavo grado (14 años de edad), según su sitio web.
Está ubicada en una zona residencial del sur de Minneapolis.
El enfoque de la enseñanza en la escuela católica es el de un aprendizaje basado en la fe.
La escuela añadió que la religión la “obliga” a interactuar con su comunidad local. También cuenta con una escuela hermana en Haití.
El director del centro educativo Matt DeBoer habló en una conferencia de prensa el miércoles y comenzó sus comentarios diciendo: “Los amo, lamento mucho que esto haya sucedido hoy”.
Agradeció a los simpatizantes por sus pensamientos y oraciones y pidió a la gente que “oremos con nuestros pies” (mostrar la fe con acciones) para tomar medidas contra futuros tiroteos.
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