Gisèle Pelicot: la voz que rompió el silencio y puso la vergüenza del lado del violentador
Hay formas de violencia que preferimos pensar que no existen, porque reconocerlas implicaría aceptar lo mal que está nuestra sociedad, lo terribles que podemos ser como seres humanos. La historia de Gisèle Pelicot es una de ellas. Su esposo, Dominique Pelicot, el hombre en quien confiaba, la drogó durante años y ofreció su cuerpo en un sitio de internet francés, donde desconocidos pagaban por violarla en su propia casa.
Este caso es espantoso, sí, pero más aterrador es saber que no es un hecho aislado, se llama sumisión química, y es una de las formas de violencia más invisibilizadas. Implica drogar a una persona sin su consentimiento para someterla sexualmente, y se usa más de lo que imaginamos. No es solo algo que ocurre en bares o fiestas, sino dentro de los hogares, en espacios donde supuestamente deberíamos estar seguras.
De Gisèle a México: la violencia que compartimos
Podría parecer que esto nos queda lejos, que es un problema de otro país, sin embargo, no es así. En México, donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres, donde la impunidad en delitos sexuales supera el 90 %, y donde miles de casos de abuso nunca llegan a una denuncia formal, la historia de Gisèle no solo es cercana, es urgente.
Hace apenas unas semanas, en Puebla, se difundieron testimonios de mujeres que fueron drogadas en bares, con algo llamado burundanga. En Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México hay reportes constantes de jóvenes a las que intentan intoxicar en fiestas y antros. La sumisión química también es una realidad en México y, como en el caso de Gisèle, la mayoría de las víctimas ni siquiera recuerdan lo que les hicieron.
Los medios han señalado que los 50 hombres que pagaron para violar a Gisèle eran «personas comunes, no eran criminales en el sentido clásico de la palabra, sino individuos que “viven entre nosotros”»: vecinos, compañeros de trabajo, incluso padres de familia. Seguimos imaginando a los depredadores como seres monstruosos, distintos, lejanos, cuando en realidad están en nuestras casas, en nuestras reuniones familiares, en nuestra vida cotidiana. Las cifras lo confirman: la mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por personas cercanas a la víctima.
Ninguno de los hombres que accedieron a esta “oferta” denunció. Ninguno. Al contrario, dos de ellos incluso le propusieron al esposo de Gisèle hacer lo mismo con sus propias esposas. Esto no solo revela el nivel de impunidad con el que operan estos agresores, sino lo normalizado que está el abuso.
Por eso marchamos
Este sábado, las calles de México se llenarán de nuevo de mujeres exigiendo justicia. Algunas gritarán por sus hijas, por sus amigas, por ellas mismas. Otras, porque sabemos que la violencia machista es un sistema que opera con la complicidad de instituciones y sociedades enteras.
Marchamos porque el caso de Gisèle no es un hecho aislado, sino un síntoma de lo que nos ocurre en todas partes. Marchamos porque en México la violencia contra las mujeres sigue sin ser una prioridad para nadie, porque demasiados agresores siguen libres, porque la culpa, el juicio y la vergüenza siguen recayendo en las víctimas, cuando debería pesar sobre los agresores y quienes los encubren, porque cada vez se desbloquea un nuevo nivel de violencia, insoportable, inimaginable y necesitamos leyes que nos protejan.
Marchamos porque historias como la de Gisèle nos recuerdan que el silencio no es una opción.
Gisèle supo la verdad solo porque la casualidad intervino. Su esposo fue arrestado en un centro comercial cuando intentaba tomar fotografías por debajo de la falda de una mujer. Fue entonces, al revisar su teléfono, cuando las autoridades encontraron los videos de Gisèle, drogada hasta el borde del coma.
Los otros agresores, en su defensa, declararon que no creían que fuera violación porque “el esposo estaba de acuerdo”. ¡Háganme el favor! El colmo, como si el consentimiento de un tercero pudiera anular el derecho de una mujer sobre su propio cuerpo. Como si la voluntad de un hombre valiera más que la de una mujer.
El lado positivo es que, a diferencia de la mayoría de los casos, este sí llegó a una sentencia. La justicia alcanzó a Gisèle, pero en México, miles de mujeres siguen sin siquiera obtener una denuncia formal. Su caso nos muestra que sí es posible que un agresor reciba castigo, pero también nos recuerda cuántas víctimas quedan en el olvido, cuántas historias ni siquiera llegan a una carpeta de investigación.
La urgencia de legislar sobre la sumisión química
En México, la preocupación por la sumisión química sí ha llegado al ámbito legislativo. En abril de 2023, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, buscando tipificar la sumisión química como un delito específico. Esta propuesta contempla sanciones más severas para quienes suministren sustancias que anulen la voluntad de una persona con fines delictivos.
Además, en octubre de 2023, el Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a una iniciativa similar, reflejando un esfuerzo por abordar este tipo de violencia en distintos niveles gubernamentales. Sin embargo, mientras estas iniciativas avanzan lentamente en el poder legislativo, en las calles y en los hogares, miles de mujeres siguen en riesgo.
No nos callamos
Podríamos decir que todo esto es increíble, pero no lo es. Es real. Es frecuente. Y es la razón por la que seguimos marchando cada 8 de marzo.
El caso de Gisèle es un recordatorio brutal de por qué la lucha por nuestros derechos no puede cesar. De por qué seguimos denunciando la impunidad y exigiendo justicia. De por qué gritamos en las calles: “No estamos todas, nos falta una”.
Pero también es una historia de resistencia. Gisèle no se ha quedado en la vergüenza, en el dolor ni en el silencio, no tendría por qué. Ha hablado, ha denunciado y ha tomado el control de su propia narrativa. En un mundo que insiste en callarnos, su voz rompe el esquema de la víctima pasiva y se convierte en un símbolo de dignidad y lucha. Ella no solo ha exigido y obtenido justicia, está redefiniendo lo que significa luchar y no permitir que nadie te arrebate tu dignidad y derecho a vivir una vida libre de violencias, se ha convertido en una inspiración. Así que sí, la vergüenza debe quedar del otro lado. ¡Merci Gisèle!
La hospitalización del papa Francisco ha evidenciado, según los expertos, un vacío normativo en el Vaticano que deja varias cuestiones sin resolver.
El papa Francisco, de 88 años, enfrenta una crisis de salud que mantiene en vilo a millones de católicos en todo el mundo.
Desde el 14 de febrero permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía bilateral.
En los últimos días sufrió episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que requirió intervenciones médicas urgentes -como la ventilación mecánica no invasiva- para facilitar su respiración.
Aunque el pontífice está consciente, su estado sigue siendo delicado al presentar un cuadro “complejo”, según los médicos.
Además de las preocupaciones por su salud, la hospitalización de Francisco ha evidenciado, según algunos expertos, un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.
Una de ellas es qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.
Qué ocurre en el Vaticano
El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.
Como solo lleva unos días hospitalizado y mantiene la lucidez, de momento no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede.
“Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Este año se celebra el Jubileo y todo el programa ya estaba previsto”, indica a BBC Mundo Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano.
El experto aclara que “los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión individualmente”.
Algunas tareas específicas sí están reservadas exclusivamente al pontífice, como los nombramientos de obispos, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.
“Estos mensajes están saliendo, pero de manera limitada. Cuando él puede aprobarlos, se publican. Si no puede, tardan más en salir”, explica el experto.
Cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.
“Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual: cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.
Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.
Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa: el secretario de Estado “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subraya Domingues.
“Si el Papa no está consciente, no habrá nuevos nombramientos. Se tendrá que esperar -no existe un ‘vicepapa’- pero pueden seguir ejecutando los proyectos que ya estaban diseñados, manteniendo las prioridades del pontífice”, explica.
Mientras tanto, las celebraciones religiosas y eventos eclesiásticos siguen adelante.
Por ejemplo, el pasado domingo el arzobispo Rino Fisichella presidió la Misa Jubilar en la Basílica de San Pedro que originalmente debía oficiar el Papa.
En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.
Qué dicen las normas
A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.
La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituir temporalmente al pontífice por enfermedad o incapacidad.
El director del Centro Laico atribuye esto, en parte, a la tradición e idiosincrasia de la Iglesia católica.
“Hay una comprensión de que el Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia, y que su papel va más allá de un simple cargo. No es solo un puesto de trabajo que alguien ocupa temporalmente y luego deja”, explica.
Agrega que “uno de los títulos del Papa es ‘Vicario de Cristo’, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra; por eso el planteamiento de ‘si ya no está bien, pongamos a otro’ no encaja con la lógica de la Iglesia”.
“La actitud es más bien: ‘Recemos por él para que mejore o pase por esta situación en paz. Y cuando llegue el momento, haremos lo que tengamos que hacer'”, explica el experto.
Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.
El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.
En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.
Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.
La carta de Francisco
En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia.
Esto ocurrió en 2013 con Benedicto XVI, quien dimitió alegando que su deterioro físico ya no le permitía ejercer su labor.
Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.
Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.
En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia; pero, si Francisco quedara en coma o sufriera una demencia avanzada, se plantea la duda de quién decidiría si su dimisión redactada con anterioridad es válida.
“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, considera Domingues.
“No conocemos los detalles de la carta, pero se mencionó algún tipo de incapacidad. Supongo que se necesitaría una declaración médica que confirmara que la situación será prolongada y que probablemente no podrá recuperarse”, agrega.
Y, si por algún motivo se descarta esta opción, “la Iglesia simplemente continúa hasta que termine el pontificado, lo que sucede cuando el Papa fallece. Así que hay que seguir adelante. No es lo ideal, pero ha ocurrido antes en la historia”, apunta el experto.
Existen precedentes históricos de cartas de renuncia papales, como la de Pablo VI, quien redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si enfermaba gravemente.
Sin embargo, su misiva nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta su fallecimiento en 1978.
¿Habrá reformas?
Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas.
En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.
Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.
Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.
Preguntado sobre si existe debate dentro del Vaticano para reformar el derecho canónico en este sentido, Filipe Domingues dice “no haber escuchado nada al respecto”.
“No creo que haya planes en ese sentido, porque siempre existe la posibilidad de renuncia, y sigue siendo una opción”. afirma el director del Centro Laico.
Y agrega: “Por ahora estamos en una situación en la que él está consciente. Cada día informan de que está lúcido y al tanto de lo que le sucede a él y a la Iglesia. Todavía no hemos llegado a ese otro escenario”.
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