La estadística criminal: un campo en disputa
En México, la seguridad pública se discute cada mes en los canales oficiales, a partir de las actualizaciones de estadística delictiva presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con las conferencias de prensa como mediación, el gobierno federal anuncia reducciones históricas, celebra tendencias a la baja y compara periodos cuidadosamente elegidos para mostrar avances. Sin embargo, cuando uno revisa con detalle los datos completos, la historia es menos lineal y mucho más inquietante.
El informe La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales muestra que la disminución en homicidio doloso —23,374 víctimas en 2025, 22 % menos que en 2024 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— convive con incrementos llamativos en categorías contiguas. Mientras los asesinatos intencionales bajan en el discurso, crecen los registros de “otros delitos contra la vida y la integridad” y, en algunas entidades, los homicidios culposos superan a los dolosos. 1 La pregunta no es menor: ¿estamos ante una reducción real de la violencia letal o ante un reacomodo estadístico? 2
La categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” ha aumentado 114 % desde 2018. Se trata de un cajón de sastre donde se mezclan conductas heterogéneas sin desagregación pública suficiente. 3 Cuando esta bolsa crece al mismo tiempo que el homicidio doloso cae, el diagnóstico exige cautela. Lo mismo ocurre con las desapariciones: en 2025 se registraron 12,961 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), exactamente la misma cifra que en 2024, tras ajustes a la baja realizados en cuestión de días. En entidades como Ciudad de México o Estado de México, las desapariciones superan a los homicidios dolosos. En otras, los descensos en asesinatos coinciden con aumentos significativos en personas desaparecidas. Si parte de la violencia letal se traslada a categorías menos visibles, el resultado es una narrativa optimista construida sobre una base estadística inestable.
Algo similar ocurre con el feminicidio. En 2025 se reportaron 721 víctimas, 15 % menos que el año anterior. Sin embargo, solo el 26 % de las mujeres asesinadas fueron tipificadas como víctimas de feminicidio. Hay estados donde la proporción es dramáticamente menor. La clasificación depende de criterios locales y decisiones ministeriales. Así, la frontera entre homicidio doloso de mujer y feminicidio puede convertirse en una línea políticamente sensible.
La manipulación no siempre implica alterar registros; a veces basta con elegir el comparativo adecuado. En enero de 2026 se presumieron reducciones de hasta 70 % en algunos estados, pero al comparar periodos equivalentes —enero a diciembre contra enero a diciembre— las caídas eran mucho menores e incluso, en el caso de Sinaloa, se convertían en incrementos.
En este contexto surge una novedad relevante: el anuncio de un nuevo sistema de Registro Nacional que promete mejorar la calidad, trazabilidad y apertura de la información delictiva. Voces como Armando Vargas, de México Evalúa, han planteado que este rediseño, cuyos primeros resultados están a la vuelta de la esquina, puede marcar el inicio de una gobernanza más democrática de la seguridad: basada en datos más sólidos, metodologías claras y mayor diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil. 4
La idea es potente. Si la política de seguridad ha estado atrapada entre la opacidad y la propaganda, un sistema de información robusto podría convertirse en la columna vertebral de un nuevo paradigma para el diseño de política pública en la materia. Sin datos confiables no hay política pública seria. Sin diagnósticos transparentes no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, la violencia se reduce a la fatalidad. Todo ello ha marcado la tónica de las administraciones federales de las últimas dos décadas.
Romper con esa inercia no será un resultado sencillo ni inmediato. El lanzamiento de un nuevo registro no garantiza, por sí mismo, un cambio en la lógica política que subordina la estadística a la narrativa. La gobernanza democrática de la seguridad depende de la definición de reglas claras de clasificación, acceso abierto a bases desagregadas, documentación pública de cambios metodológicos y mecanismos permanentes de escrutinio externo. Implica aceptar que los datos pueden incomodar y que reconocer un aumento no es sinónimo de fracaso, sino condición para corregir. Si el nuevo Registro se convierte en un ejercicio técnico aislado, será apenas una capa adicional sobre un sistema armado a base de múltiples fisuras institucionales. 5 Pero si se asume como una oportunidad para transparentar criterios, homologar clasificaciones y someter las cifras al debate público informado, podría marcar un punto de inflexión. Si no, será simplemente otra estadística, presentada en una conferencia matutina.
1 Véase: Causa en Común (2026), La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales. Disponible aquí.
2 El detalle de los posibles ajustes a los registros de homicidio doloso, se documenta exhaustivamente en: Causa en Común (2025), “La transformación de los asesinatos en propaganda”, Nexos. Disponible aquí.
3 De acuerdo con la definición del SESNSP, esta última categoría abarca, “entre otros”, los registros de víctimas de inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida.15 No sólo no es posible distinguir a qué delito corresponde cada víctima, dado que se mezclan sin distinción en esta categoría, sino que tampoco se especifican cuáles son los “otros” delitos. En consecuencia, la ambigüedad de la categoría de se presta evidentemente para toda suerte de errores, malentendidos y/o abusos.
4 Véase: Armando Vargas (2026), “Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad”, Expansión Política. Disponible aquí.
5 La estadística criminal, después de todo, es producto de las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia; en concreto: de las fiscalías. Un análisis de Causa en Común muestra el conjunto de debilidades y limitaciones en el desarrollo de estas instituciones: Causa en Común (2025), Una aproximación al estado que guardan las policías y fiscalías y penales estatales. Disponible aquí.
Mountbatten Windsor perdió su título de príncipe por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, aunque él niega haber cometido algún delito.
Andrés Mountbatten Windsor, antiguo príncipe y hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado este jueves por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, según informó la BBC.
Imágenes registraron la llegada de varios vehículos a su residencia en la finca de Sandringham, en Norfolk, al este de Inglaterra, durante la mañana de este mismo día, cuando cumple 66 años.
El arresto se produce después de que la Policía de Thames Valley confirmara que estaba analizando una denuncia por el presunto intercambio de información confidencial entre el exmiembro de la realeza y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk”, sostiene un comunicado de las autoridades.
La semana pasada, la BBC dijo que tuvo acceso a un informe elaborado por Mountbatten Windsor que incluía una lista de “oportunidades comerciales de alto valor” en Afganistán, cuando ejercía como enviado comercial de Reino Unido.
Ese documento fue presuntamente remitido por el expríncipe a Epstein en 2010. No obstante, se desconoce si este episodio en específico es el que investigan las autoridades.
“Mi comprensión es que este arresto se refiere únicamente a la presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público y que, evidentemente, se trata de un momento muy significativo, dado que el expríncipe ha sido arrestado”, señaló Lucy Manning, corresponsal de la BBC.
Mountbatten Windsor ha negado en repetidas ocasiones haber cometido algún delito vinculado a los archivos de Epstein.
El monarca, por su parte, expresó oficialmente sentirse “preocupado” por la noticia de su hermano.
“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”, indicó.
“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación, plenos y sinceros. Permítanme dejarlo claro: ‘la ley debe seguir su curso'”, añadió el rey.
La policía señaló que el detenido permanece bajo custodia, aunque no mencionó directamente a Mountbatten Windsor.
“No revelaremos el nombre del hombre arrestado, según las directrices nacionales. Recuerde también que este caso ya está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal”, comentaron.
El antiguo príncipe fue despojado de sus títulos después de que una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, alegara que había sido traficada para mantener relaciones sexuales con él, algo que Mountbatten Windsor también ha rechazado.
Una controversial amistad
Mountbatten Windsor ha enfrentado años de escrutinio por la estrecha relación que mantuvo con Epstein, quien se quitó la vida en 2019 mientras estaba preso en Nueva York a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.
Ese mismo año, en una entrevista con el programa Newsnight de la BBC, el entonces duque afirmó que la última vez que vio al multimillonario convicto fue en diciembre de 2010, supuestamente para comunicarle que su amistad había llegado a su fin.
Sin embargo, en la víspera de Navidad de ese mismo año, Mountbatten Windsor presuntamente envió a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, que en ese momento estaba bajo supervisión de las fuerzas armadas británicas y financiada con dinero del gobierno del Reino Unido.
Para entonces, Epstein ya era un delincuente sexual condenado.
El episodio que más afectó la imagen del exmiembro de la realeza y que provocó una crisis dentro de la familia real británica fueron las acusaciones de Giuffre en 2014.
La mujer, quien se suicidó en 2025 a los 41 años, afirmó que fue traficada por Epstein y su pareja, la también convicta Ghislaine Maxwell, y que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Mountbatten Windsor.
El antiguo príncipe ha negado estas acusaciones de manera reiterada.
Giuffre presentó una demanda civil contra él en Estados Unidos en 2021, el caso se resolvió por un acuerdo entre las partes en febrero de 2022 por una suma estimada de 12 millones de libras (US$14 millones para la época)
Mountbatten Windsor, tercer hijo de la reina Isabel II, también ostentó el título de duque de York, que entregó el año pasado en medio de los escándalos, antes de que el rey le retirara el rango de príncipe.
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